Desde luego que Alemania ha hecho algunas cosas bien, pero su fórmula no ha incluido el tipo de políticas pro-cíclicas –austeridad fiscal cuando la economía se contrae o está creciendo débilmente— que las autoridades europeas y el FMI están exigiendo a España. En efecto: los últimos datos presupuestarios dados a conocer esta semana muestran que el déficit presupuestario alemán en el primer semestre del presente año se ha multiplicado por dos en relación con el año pasado. Situado en el 3,5% del PIB, aún es más bajo que el de muchos otros países europeos. Pero lo cierto es que los alemanes no recortaron su déficit presupuestario durante la recesión, como en cambio está haciendo ahora España.

La mejor política alemana ha sido la que mantenido baja su tasa de desempleo (actualmente situada en el 7%), al mismo nivel o aun por debajo que el de antes de la recesión, y ello a pesar de una caída de la economía más profunda –un 4,5%, en 2009— que la experimentada por los EEUU. Se trata de una política de subsidio de los empleadores para mantener a los trabajadores en su puesto de trabajo en jornada reducida, en vez de despedirlos. Esa política ha salvado cientos de miles de puestos de trabajo en Alemania, y podría salvar millones en los EEUU, si tuviéramos aquí una dirección política con el coraje necesario para dar estos modestos pero obvios pasos.  

Irónicamente, sin embargo, las reformas cuya adopción se exige a España van sentido opuesto: las autoridades europeas quieren que España facilite a los empresarios el despido de los trabajadores.

Otra falacia en el argumento: el crecimiento alemán registrado en el segundo trimestre –un 2,2% en relación con el trimestre anterior, o un 9% a tasa anual— fue básicamente impulsado por las exportaciones, que crecieron un 8,2% en relación con el trimestre anterior, o un 37% a tasa anual. Como ha observado el South Center, en el período 2002-2007, la exportaciones representaron el 143% del crecimiento alemán, lo que significa que la economía alemana se habría contraído estos años de no ser por el crecimiento de la exportación.

Puesto que el grueso de la exportación alemana va a parar a los países de la eurozona, resulta patente que no todos los países de la eurozona podrían seguir el ejemplo alemán, aun disponiendo de la competitividad industrial para hacerlo.  

Lo que nos lleva al otro asunto que se utiliza como arma arrojadiza contra España y a favor de imponerle medidas de austeridad, y es a saber: que España necesita salarios más bajos para poder competir con la superior productividad industrial de Alemania. Es verdad que la productividad manufacturera de Alemania es superior a la española y que el hiato se ha ensanchado desde la adopción del euro en 2002. Además, el hiato en relación con los costes por unidad de trabajo se ha ensanchado todavía más, puesto que los salaros crecieron en España más rápidamente que en Alemania durante ese período, al tiempo que la productividad alemana crecía más rápidamente que la española.

Mas, a efectos prácticos, esto monta tanto como un argumento cuya conclusión es que España no puede pertenecer a la eurozona junto con a Alemania. Si España dispusiera de su propia moneda, podría aumentar su productividad en relación con Alemania mediante una devaluación que abaratara sus exportaciones. La moneda común impide la opción de la devaluación.

Lo que deja como única posibilidad la de la "devaluación interna", esto es, restaurar la competitividad exportadora a través de unos salarios más bajos. Hacerlo requiere una recesión profunda y prolongada, con un desempleo tan alto, que genere una enorme presión a la baja sobre los salarios. Letonia, que mantiene una tasa fija de cambio con el euro no ha llegado precisamente muy lejos con esa estrategia, a pesar de un desplome récord de más de un 25% de su PIB en sólo dos años. Estonia intentó una estrategia similar, perdiendo cerca de un 20% de su PIB y llevando el desempleo del 2% al 16%. Pero incluso este severo castigo ha tenido poco impacto en la tasa real de cambio del país.

Los problemas dimanantes de una moneda común entre países con niveles harto diferentes de productividad tendrá que afrontarlos la eurozona tarde o temprano. Pero no se resolverán imponiendo políticas pro-cíclicas a España o a cualquier otro país de la eurozona. Y la recuperación económica de Alemania no proporciona la menor prueba a favor de esas políticas autodestructivas.

Mark Weisbrot es co-director, junto a Dean Baker, del Center for Economic and Policy Research de Washington, D.C. Doctorado en economía por la Universidad de Michigan,  ha escrito numerosos trabajos sobre política económica, centrándose especiamente en Latinoamérica y la política económica internacional. Es autor, con Baker, de Social Security: The Phony Crisis (University of Chicago Press, 2000). Colaborador ocasional de The New York Times, The Washington Post y Los Angeles Times, y regularmente de The Guardian y Folha de Sao Paulo, el mayor diario brasileño, a través de McClatchy-Tribune Information Services sus artículos se difunden en más de 550 periódicos. Preside además Just Foreign Policy, una organización independiente que intenta reformar la política exterior estadounidense.