“¡Maduro vete ya! y por supuesto “la salida”, que como piezas musicales, han tenido un montaje trágico e infernal con las guarimbas ya en una etapa de criminalidad o de guerra de exterminio, que han intentado acabar con la vida hasta de bebés en conocidas guarderías, se justificaron políticamente en la estrecha ventaja alcanzada por el actual presidente.

En efecto, los números que he recogido hoy, en la primera página que tuve a mano, hablan de la manera siguiente:

Maduro alcanzó la cifra de 7.587.579, lo que representa un porcentaje del 50.61 % del total de votos depositados. Su opositor más cercano, 7.363.980 lo que significa el 49.12%. Una simple operación de resta indica que el ganador obtuvo una ventaja de 223.599 votos; es decir, el 1.49 %. La ventaja es estrecha, sobre todo, si tomamos en cuenta que el año anterior, en unas elecciones signadas por la enfermedad el ganador, Hugo Chávez Frías, quien hizo campaña a medias e invirtió la mayor parte de su tiempo luchando contra la cruel enfermedad que le acosaba, obtuvo el 54.12 % de los votos, una ventaja holgada de 11 puntos porcentuales.

Pero es de sobras conocido en el ámbito mundial que el sistema electoral venezolano es el más moderno, eficiente, confiable del mundo, al mismo tiempo que el menos vulnerable y proclive a cambiar los datos que las máquinas arrojan desde el mismo momento que electoral oprime la pantalla para decidir su voto. Por eso, argumentaciones que corren aún por tuitters, según las cuales, al final del proceso, “cuando los representantes y testigos electorales opositores abandonaran las mesas se cambiaron los resultados”, dados para estimular las protestas incluyendo las violentas, no san más que cuentos infantiles. Tanto como ellos podrían servir para afirmar que Capriles Radonski, es un gobernador ilegítimo, porque no cumple con sus funciones, asunto que persistentemente afirma el Consejo Legislativo del Estado Miranda, al cual debe rendir cuenta, sino también el pueblo de la capital Los Teques, el cual vota contra él y sus candidatos, sino porque ganó con una diferencia microscópica.

No obstante, por el asunto de la supuesta ilegitimidad del gobierno venezolano, pese a los resultados electorales de Dic. 2013, cuando derrotó ampliamente por un margen de 12 % y más a sus opositores, a quienes les sacó más de 1 millón 300 mil votos, es valedero señalar varios casos del ámbito latinoamericano, acerca de los cuales nadie discute, censura, desconoce o guarimbea.

En Chile, en las elecciones que eligieron presidenta a Michel Bachelet por segunda vez, la abstención fue superior al 60 %. Menos del 30% de los votos de los ciudadanos con derecho a sufragar, se los repartieron la presidente electa y su contendiente, la candidata oficialista o mejor dicho la de Sebastián Piñera, quien ejercía la presidencia del país austral.

Ahora mismo, en este mes de marzo del 2014. Las elecciones parlamentarias de Colombia, arrojaron los siguientes resultados:

De un total de 32 millones de ciudadanos con derecho a votar, solo votaron 14 millones. Es decir el 43.75 %, lo que cual equivale a una abstención de 56.25%.

Pero hay más. Entre votos nulos y en blanco no marcados, es decir que no expresaban opinión alguna, sino el simple deseo de no querer votar a favor de nadie, hubo un total 2.301.182. Lo que equivale a un 7 % aproximado del universo con derecho a voto. Lo que restado al porcentaje de ciudadanos que votaron, reduce el número de votos válidos al 36.75 %.

A lo anterior habría que agregar la cantidad de votos blancos marcados; es decir, aquellos ciudadanos que manifestaron de esa manera su protesta contra el modelo colombiano, que alcanzó un total de 745.659, lo que produce la suma de 3.046.841 votos nulos y en blanco. La cifra anterior, la de votos blancos marcados, representa un 2.33 %. Lo que reduce el número de votos válidos a 11 millones 953 mil 159. Entonces el porcentaje de votos válidos, partiendo del universo con derecho a votar se reduce a 34.42%. Este reducido guarismo, o número de votantes es el que “legitima” al Congreso de Colombia.

A favor de los candidatos de Santos, votaron 2 millones 230 mil 208 ciudadanos. Es decir el 15.5 del total de votos depositados.

Por los de Uribe lo hicieron 2 millones 45 mil 564, lo que equivale al 14.29 del mismo pequeño universo.

Pero todavía falta por agregar algo más, entre los votantes a favor de la tendencia del Presidente Santos, o la oficialista y la del señor Uribe Vélez, sumados, apenas se llega al pírrico, esquelético porcentaje de 29.79 %.

Estos números derrotan la prédica de Uribe, en el espacio mundial donde se mueve, de la supuesta ilegitimidad del gobierno venezolano y si aplicamos su lógica contra Venezuela, se le “vuelve la tortilla”, como decía la letra de una vieja canción de los republicanos de la guerra civil española. Pues podríamos afirmar que el “senador” Uribe Velez, es ilegítimo y en verdad que hay fundamentos para decirlo.

Las últimas elecciones venezolanas, siendo apenas municipales, atrajo más del 70% de votantes, un hecho sin precedente en el mundo y el gobierno logró el 54.2 % de esos sufragios. A estas elecciones, la oposición, quien en todo tiempo juega a lo ilegal, le dio un carácter plebiscitario. Según ellos, si las ganaban, era una demostración irrefutable que Maduro era ilegal y debía irse, pero los números le estallaron en la cara y siguieron campantes. No fueron nada consecuentes con su prédica.

Pero veamos otros ejemplos recientes; en las elecciones de El Salvador, donde gobierna el FMLN, por intermedio del periodista Mauricio Funes, el candidato, llamémosle oficialista, aunque uno no sabe con certeza cómo andan por allá las cosas, pero con toda seguridad si lo fue del Frente Farabundo Martí, Salvador Sánchez Cerán, obtuvo la mayoría con 50.11 % de los votos; mientras que el de ARENA, partido de la ultraderecha y de la última dictadura de ese país, Norman Quijano, alcanzó el 49.89 %. Eso significa una brevísima diferencia de apenas 0.22 %. En votos, el ganador alcanzó un total de 1.495.815 contra 1.489.451 de su contrincante, siendo la diferencia de sólo SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (6.364.oo).

Tomemos ojo ejemplo más reciente, el de Costa Rica:

En la primera vuelta, Luis Guillermo Solís, ganó con el 30.95 % de los votos, contra el candidato oficialista Jhony Araya, quien obtuvo el 29.56%.

En la segunda vuelta, de este domingo de ayer, Solís, candidato opositor ganó con el 77.8 % de los votos. Pero hubo una abstención del 44 %, tanta para ese país, que “Univisión Noticias”, uno no sabe con qué finalidad, calificó que el ganador alcanzó su triunfo “en medio de una enorme abstención”.

Pero en todos los ejemplos electorales tomados del exterior, donde el sistema electoral no goza de la imparcialidad, limpidez e invulnerabilidad del venezolano, todos los perdedores optaron por reconocer sus derrotas.

Hasta Uribe, arriba a su senaduría, pese a la pírrica cantidad de votos obtenidos, si tomamos en cuenta el universo total de votantes en Colombia, sin a nadie se le haya ocurrido de llamarle ilegítimo.

Quienes aspiran que quien ejerce la presidencia deje de hacerlo, tienen la opción del revocatorio, previsto en la constitución. Pero para ello habría que esperar hasta la mitad del período de gobierno y para eso hay una buena distancia. No hay otra opción. Volverse a parapetar detrás del artículo 350 constitucional, como en el pasado, es volver a transitar una vía que se sabe cerrada legalmente. El TSJ, en su oportunidad, sentenció que lo previsto en ese artículo remite al artículo 72 de la misma Carta Magna, es decir al revocatorio.

El legislador o constituyentista de 1999, que elaboró la constitución vigente, consideró necesario que transcurriese un período de tres años para juzgar o evaluar el desempeño de un presidente. Lo que parece por demás razonable y sabia determinación. Además, es notable que, precisamente la legalidad venezolana, surgida de la gestión del movimiento bolivariano, haya previsto esa salida, desconocida en el mundo entero y que precisamente es como una espita para bajar las tensiones y garantizar la paz.

Sería contra toda lógica aceptar, en cualquier instancia, que en cualquier momento, un grupo, por muy importante que sea, se considere con derecho a anular los resultados electorales y pedir la salida de las autoridades cuando le venga en gana y según su conveniencia o estado de ánimo. Eso sería un atentado a la soberanía popular expresamente determinada en la Carta Magna.

Siendo así, las consignas “Maduro vete ya” o “la salida es ahora”, fuera de tiempo, legalidad y procedimientos, acompañadas de acciones por demás violentas y sin antecedentes en Venezuela, parecieran insertas en lo que ahora se llama inapropiadamente “golpe suave”. Se intenta desatar un enfrentamiento de los sectores que protestan violentamente contra los cuerpos policiales, militares y hasta los partidarios del gobierno, para conseguir un pronunciamiento militar interno o justificar una intermediación internacional más violenta todavía. Se procura, sin que muchos de aquellos que participan en las acciones lo hayan entendido y en consecuencia aceptado racionalmente, enfrentar a los venezolanos, hermanos, unos contra otros; en eso que, en ciertos niveles del aparato militar y de “inteligencia” gringos, en su lenguaje escatológico, llaman “pelea de perros”.

Estas afirmaciones parecen confirmarse con los hechos citados con respecto a las elecciones en diferentes ámbitos de América Latina.