La situación conflictiva en la región andina, provocada por la incursión militar de fuerzas militares colombianas, con el apoyo de la inteligencia y la tecnología de los EEUU, en territorio ecuatoriano, para asesinar a un grupo de insurgentes de las FARC, debe ser analizada con mucha precisión, y enmarcado en un escenario geopolítico y estratégico para la seguridad y estabilidad del continente.
Así, el punto central de todo este grave conflicto político y diplomático entre estos países, es la violación de la soberanía del territorio ecuatoriano por el estado colombiano, lo que trae como consecuencia una violación fragante del Derecho Internacional por éste último.
En este sentido, el estado agresor, a pesar de sus iniciales explicaciones al presidente del Ecuador, de una supuesta incursión militar realizada en plena confrontación con los grupos insurgentes, que los obligaría a actuar en legítima defensa, luego fue confrontada por una serie de inconsistencias, y con la verificación in situ hecha por la fuerza pública ecuatoriana, se determinó, que fue una incursión planificada, controlada y monitoreada por las fuerzas armadas de Colombia, que no hubo ningún enfrentamiento armado entre grupos, y que realmente lo sucedido fue una masacre de un grupo de guerrilleros que acampaban en una zona ecuatoriana, que dormían y fueron sorprendidos, sin posibilidades de defensa alguna.
Ahora bien, en este sentido, es un hecho de suma gravedad, que un Estado, so pretexto de una lucha contra cualquier grupo armado, irregular, insurgente o terrorista, pretenda violentar la soberanía territorial de otro país, sin tomar en consideración acuerdos internacionales y los mecanismos de cooperación, que bien han funcionado para otros asuntos y en anteriores oportunidades, como por ejemplo en la lucha contra de grupos narcotraficantes.
Por tal motivo, genera mucha suspicacia ciertos elementos que encontramos en los distintos análisis e información que se van colando con el transcurrir de las horas, en el sentido, que fue precisamente en ese lugar, donde se encontraba uno de los líderes guerrilleros de las FARC, y quien viene siendo, desde hace años, vocero efectivo internacional de esta organización política-militar con gobiernos, personalidades y organizaciones del mundo, que están intermediando en el conflicto armado colombiano, y que están buscando la liberación de los rehenes en manos de las guerrillas colombianas.
Como es sabido por todos, existen enormes esfuerzos internacionales para lograr acuerdos humanitarios, que faciliten el canje de prisioneros entre las FARC y el gobierno colombiano, y que permita a su vez, ir sentando las bases para lograr acuerdos de paz duradera. Estos esfuerzos han venido rindiendo ciertos frutos, como por ejemplo, la liberación en enero y febrero de un grupo de rehenes en manos de las FARC.
Algunas notas y cables internacionales, han señalado que emisarios franceses y ecuatorianos estaban negociando directamente con Raúl Reyes la pronta liberación de la franco-colombiana Ingrid Betancourt, inclusive la respuesta del Ministro Francés de Exteriores, Bernard Kouchner, fue que “no es una buena noticia la muerte de Reyes, el hombre con el que hablábamos, con el que teníamos contactos". Y todo con el pleno conocimiento del presidente Álvaro Uribe. También el analista y periodista Luis Bruschtein, manifestó que “dichos emisarios estaban instalados en la zona cercana a donde se produjo el ataque, y al parecer, el sábado, los tres negociadores franceses se encontraban a 200 kilómetros de la zona del ataque y se dirigían a una reunión con Reyes cuando recibieron un llamado del Comisionado para la Paz, Luís Carlos Restrepo. El les advirtió que en las próximas horas no se acercaran al punto de encuentro”. De esta forma, no existe duda en descifrar la verdadera intencionalidad política por parte del gobierno colombiano, para llegar a un acuerdo de canje de rehenes y paz futura. Más por el contrario, la acción política y militar colombiana está orientada a minar cualquier proceso de facilitación internacional.
En este sentido, se demuestra que los éxitos en las liberaciones y el avance de negociaciones entre emisarios de gobiernos internacionales estaban muy adelantados, y este escenario político venía colocando contra las cuerdas al gobierno de Uribe, al que se le estaba exigiendo desde todos los rincones del mundo mayor disposición para la negociación política, tal como lo venían asumiendo las FARC.
Por tanto, la estrategia a seguir por el gobierno de Uribe, era desmontar ese escenario, colocando un cerco a las facilitaciones internacionales, y presionar a las FARC a actuar con suma crudeza por la muerte de uno de sus principales líderes. Pero con la respuesta otorgada por la FARC, reflejando su disposición de continuar con el diálogo con agentes internacionales, hace que el gobierno colombiano reciba mayor presión, máxime cuando su beligerante y atroz acción ahora le trae consecuencias diplomáticas de enormes dimensiones. Ya que abre una enorme preocupación por parte de los vecinos, quienes ya no piensan en considerar, sino en confirmar, que la política de Seguridad Democrática planteada por Uribe, es una copia fiel y exacta de la receta de la lucha preventiva contra el terrorismo impulsada por el gobierno de Bush, que por cierto, no cuenta con el beneplácito de casi ningún país en la región. De ahí, la enérgica protesta del gobierno venezolano, quien ve en esta situación algo mucho más complejo que lo sucedido, es decir, ve un escenario de conflicto que busca la inestabilidad del continente.
Es por ello, que el gobierno colombiano no tiene otra opción que actuar desesperadamente, buscando lanzar una cortina de humo, por medio de unas “cajas negras” (computadores portátiles) que le permita distraer la atención de lo anteriormente analizado. Y es allí, donde comienza una brutal escalada de declaraciones y acusaciones en contra del gobierno de Ecuador y de Venezuela. Precisamente los países que han actuado con firmeza, ante los hechos ya conocidos por todos.
En este sentido, queda claro entonces que la actuación del gobierno, las fuerzas armadas y el Estado colombiano ha sido violatorio del Derecho Internacional, siguiendo pautas y directrices de una política de guerra impulsada y financiada desde los EEUU, y que a su vez, despeja las intenciones del gobierno de Uribe que busca mantener el conflicto, pues los intereses económicos y políticos le rinden muchas ganancias a la oligarquía que detenta el poder político en Colombia.
De igual forma, este hecho deja una enorme preocupación en la región, pues se acrecienta los vínculos en la política de guerra preventiva contra el “terrorismo” entre los EEUU y Colombia, no en vano, las fuerzas armadas norteamericanas tienen en suelo colombiano tres bases militares, y no precisamente para la lucha contra el narcotráfico.
Y por último, este último elemento de carácter geopolítico, representa una real amenaza a los intereses políticos y económicos de sus vecinos, en particular a Venezuela, quien tiene la mayor reserva probada de petróleo del mundo (principal alimento del gobierno e imperio norteamericano), ubicada en la faja petrolífera del Orinoco. De esta forma, se puede responder fácilmente a las “ingenuas” preguntas de muchas personas dentro y fuera de Venezuela, que señalan: ¿y si ese hecho es un conflicto entre Colombia y Ecuador, para que Venezuela se mete en ese problema?
La situación tensa de la región generado por la ya internacionalización del conflicto político, social y armado colombiano, auspiciado por su oligarquía y su principal financista, el gobierno de George W. Bush, denota una inquietante preocupación por parte de los países andinos y del Mercosur, que debe ser contenida con firmeza y sin titubeos por todos los países latinoamericanos.
(*) Polítologo
josermendoza@hotmail.com
