No tenemos ningún complejo en reconocer que las elecciones primarias del oposicionismo, conducidos por la MUD, han sido bien interesantes y pedagógicas para comprender aún más, el lento pero decidido proceso de cambio que transita la sociedad venezolana en este inicio de la segunda década del siglo XXI. Nos ha permitido contractar las profundas debilidades de algunos postulados y premisas que soportan endeblemente el discurso de muchos voceros de los partidos de la derecha. Ha sido muy difícil para ellos justificar la tipología de Dictadura que dicen, se vive en nuestro país.
El pueblo chavista se pregunta cómo es posible que estos actores políticos, de manera descarada, continúen enunciando problemas de libertades políticas. Todos hemos observado detenidamente el uso formal de sus derechos civiles cuando se ha tenido la oportunidad de manifestar la libertad de conciencia con el respaldo institucional del Estado a través del Poder Publico Nacional representado en el CNE y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.
Bastaría cuantificar la inversión financiera de la movilización del Plan República en todo el territorio nacional, para percatarse de las inmensas responsabilidades que tiene la institución Armada con los postulados de la constitución bolivariana en esta materia de índole eleccionaria. El sagrado derecho de concurrir por parte de los opositores a este proceso electoral también estaba asociado a los mecanismos de control que aseguren la pulcritud de los mismos. Por muy independientes que sean los axiomas del oposicionismo, y por muy desacuerdo que estén ellos de política nacional y de los Poderes Públicos, el evento electoral de las primarias de la MUD, es de hecho y de derecho un acto administrativo de la sociedad venezolana debidamente regulado por los preceptos constitucionales. Son asuntos de Estado que siempre deberán fundamentarse en principios de honestidad, participación, celeridad, eficacia, eficiencia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidades en el ejercicio de esta importante función pública que son cualquier tipo de elección tipificada como asunto de alto interés nacional.
No obstante, es menester recordar que la democracia tiene su principal soporte en el sometimiento pleno a la ley y el derecho; y ningún ciudadano o ciudadana no puede invocar su objeción de conciencia para eludir el cumplimiento de la ley o impedir a otros compatriotas su incumplimiento o ejercicio de sus derechos. Cuando los candidatos opositores percibieron un atisbo de alguna anomalía, fraude o inconsistencia del proceso electoral interno, tenían el pleno derecho en solicitar en cualquier instancia la revisión de sus demandas.
Digan lo que digan los voceros del liderazgo opositor, nunca podrán justificar que la quema de los cuadernos electorales fue un acto de barbarie, desconocimiento pleno de las libertades civiles que abundan en la constitución del 99, o simplemente provocación inmadura de una minoría que se siente acorralada y gritó: Con mi fraude no te metas. Indudablemente que este hecho público ofrece la oportunidad de contraponer los dos modelos que se confrontan como parte de la dialéctica del pueblo venezolano en sus luchas por su redención.
Al finalizar este segundo mes del año, será recordado nuevamente, el acto de barbarie más descomunal que esta misma dirigencia de la burguesía cometió criminalmente contra los sectores populares durante los acontecimientos del 27 de febrero del 1989. El pueblo humilde y sencillo que es mayoría no olvida y la expectación continúa.
Se captan ya las costuras de una derrota en puertas de la burguesía venezolana. La mentira como supuesto de la discusión de temas de alto interés para la población cada vez mas consiente y madura desmonta las intenciones de esta derecha sin rumbo que permiten darle continuidad al proceso revolucionario y en especial darle fortalecimiento a la construcción de esta etapa de transición hacia el socialismo del siglo XXI.
Viviremos y venceremos.
arizaidaarcia1@gmail.com
