En una democracia, la soberanía popular es absoluta; es el pueblo quien decide sus alcances, sus condiciones, su legitimidad, y crea sus propias instituciones como instrumento para expresar su voluntad, que puede ser manifestada, también, directamente por medio del referéndum. La usurpación de esa voluntad es un crimen contra la democracia, como ocurre cuando una dirigencia asume la potestad de dictar las normas de desenvolvimiento constitucional, como en 1961, cuando los dirigentes de los partidos políticos, sin mandato expreso, con espíritu totalitario, a puerta cerrada, sin conocimiento de más nadie –y menos del pueblo–, dictó la famosa Constitución que más tarde enmendó para inhabilitar políticamente a Marcos Pérez Jiménez, una aberración jurídica.
En una democracia es el pueblo el que tiene que decidir quién lo gobierna y hasta cuándo; de ahí la justificación del referendo revocatorio, consulta para la cesación del mandato para el Presidente de la República y que sólo existe en Venezuela.
En un régimen democrático, el secreto para ejercer la Presidencia por varios períodos es proporcionar al pueblo la máxima felicidad posible, por lo cual no son las élites ni cierta clase social las que están llamadas a decidir el tipo de gobierno y la duración que más conviene. El respaldo popular es lo que indica cuándo se está ante un buen gobierno y cuándo la democracia y la libertad están vigentes. La opinión de los medios de información carece de valor porque responden a los intereses de sus dueños, muchas veces espurios.
La enmienda que se propone para establecer la postulación indefinida para Presidente de la República es completamente legítima, principalmente porque es el pueblo quien lo decidiría y, también, porque la Constitución actual lo permite, al establecer en su Título IX dos Capítulos, uno que regula la enmienda a realizarse y el otro que se refiere a la reforma constitucional, ya agotada con el Referéndum del año pasado.
Discutir esta realidad es un absurdo como lo fue aquella ridícula discusión de hace unos años cuando la oposición intentó darle al referéndum consultivo carácter revocatorio.
Abogado
