Los gobiernos de Venezuela, Bolivia y Ecuador no abandonaron el modelo productivista y extractivo,[2] aunque, regularmente, tienen cuidado en su discurso de distanciarse del mismo. Alberto Acosta lo explica muy bien en una entrevista reciente: «Los gobiernos de la llamada corriente progresista de América Latina no han discutido ni han puesto en cuestionamiento el modelo extractivista. Ecuador, Venezuela y Bolivia, para citar a los países que están de más avanzada en Suramérica, no han puesto todavía en tela de juicio la validez de un modelo extractivista, siguen creyendo que mediante la extracción de los recursos naturales vamos a encontrar el camino del desarrollo. Eso sabemos que será imposible. No sólo se trata de usar adecuadamente los recursos, sino de cambiar esa modalidad primario exportadora, que nos ha subordinado en el contexto internacional. […] Es que el IIRSA[3] responde a la lógica del modelo extractivista atado a las demandas de acumulación del capital transnacional. Estos canales interoceánicos no buscan la integración de los pueblos, sino la integración de nuestras economías al mercado mundial. En tanto que suministradores de recursos naturales como petróleo y minería, por ejemplo, también de productos agrícolas, el control de la biodiversidad y las fuentes de agua (son) para el capital transnacional. Y todo esto en el marco de la ampliación de mercados, de la conformación de espacios donde se puedan crear mayores consumidores y no la conformación de la ciudadanía regional y menos de la ciudadanía global. El IIRSA todavía está vigente porque los gobernantes de América Latina de la tendencia progresista como Chávez, Lula, Evo, Correa y Fernández, no están cuestionando el modelo extractivista ni la forma de inserción sumisa en el mercado mundial.» [4] 

 De hecho, en un gran número de países en desarrollo se asiste a una reafirmación del modelo «desarrollista extractivo productivista». Este fenómeno se debe a la coyuntura internacional excepcionalmente favorable entre los años 2004 y 2008, que se prolongó en el 2009 a pesar de la caída vertical del precio del crudo en el segundo semestre del 2008.

 Esto hace recordar el precedente de los años 70 y su brusco final a comienzos de los años 80, cuando se hundieron los precios de las materias primas. Fue entonces cuando explotó el coste de la refinanciación de las deudas contraídas, especialmente para sostener las enormes inversiones en las industrias extractivas, provocando la crisis de la deuda del Tercer Mundo y su secuela de nefastos planes de ajuste estructural.

 No es razonable que un gobierno de izquierda se alimente de las falsas esperanzas de unas repercusiones positivas y duraderas de un boom de los bienes primarios. Sobre todo cuando actualmente se tiene en cuenta mucho más que en los años 70 los efectos extremadamente negativos de la sobreexplotación de los recursos no renovables sobre los ecosistemas, y sobre el modo y la calidad de vida de la población (en especial, los pueblos originarios) e incluso, para los que estos argumentos dejan fríos, sobre el equilibrio presupuestario del Estado. En efecto, un período de altos precios en las materias primas genera una gran dependencia en relación con los ingresos que origina su explotación. Con mucha frecuencia, los poderes públicos se endeudan masivamente para invertir en actividades extractivas o para sostener un tren de vida ligado a la euforia de elevados ingresos provenientes de la exportación de bienes primarios. Cuando el precio de éstos baja, el peso del reembolso de la deuda obliga a los gobiernos a comprimir los gastos, con dramáticas consecuencias para los presupuestos sociales.

 Por lo tanto, en lugar de recaer en el mito «desarrollista extractivo-productivista», es mejor tener un programa a largo plazo cuyo objetivo sea disminuir la dependencia de las exportaciones y mejor aún, repartir la producción de la riqueza nacional en un círculo virtuoso basado en la satisfacción y la promoción de la demanda interior, lo que implica dar prioridad y garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de toda la población (en detrimento del frenético consumo de lujo de las clases sociales más ricas).

 Lo importante es priorizar la integración regional entre los países cuyos gobiernos comparten una misma visión de los cambios estructurales necesarios (en el ámbito de la propiedad, de los derechos sociales, de los derechos de las mujeres, de los derechos de los pueblos originarios, de los derechos culturales, civiles y políticos...), rechazando la lógica capitalista y productivista.

 En la parte positiva vemos que Venezuela, Bolivia y Ecuador tienen, junto a Cuba, un papel de aguijón en el ámbito del conjunto de Latinoamérica para favorecer, en diferentes niveles, una mejor integración: ALBA, UNASUR, Banco del Sur, la puesta en marcha de una nueva unidad de cuenta monetaria, el SUCRE, con el fin de reducir la preponderancia del dólar en los intercambios entre los países de la región.[5] Sin embargo, a pesar de los esfuerzos positivos de los tres países, se está perdiendo un tiempo precioso y el significado dado al proyecto del Banco del Sur no marca ninguna profunda ruptura con las instituciones multilaterales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y el FMI. Y es otra ocasión que puede perderse.

Retraso en el lanzamiento del Banco del Sur

En el momento en que se escriben estas líneas, ya han pasado 22 meses desde la firma en Buenos Aires, el 9 de diciembre de 2007, del acta fundacional del Banco del Sur por los jefes de Estado de Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Algunas divergencias entre los gobiernos retardaron el comienzo de las actividades de la nueva institución, que se cree que reforzará la integración latinoamericana. Al ritmo en que van las cosas, y a pesar de las declaraciones de buenas intenciones y la firma a finales de septiembre del 2009 del acta constitutiva por los 7 presidentes respectivos, el Banco del Sur no entrará en actividad antes del 2012 ya que se debe esperar a que los parlamentos de los países miembros ratifiquen el acta constitutiva que lo pondrá en marcha. Los acuerdos firmados en el acta fundacional designan a Caracas como la sede principal del Banco. Los países se pusieron de acuerdo sobre el principio de «un país = un voto» (mientras que en el Banco Mundial y en el FMI, los derechos de voto están ligados al poder económico y a la influencia política), y sobre el monto del capital inicial (7.000 millones de dólares[6], que podrían llegar a 20.000 millones si otros países se adhieren a la nueva institución).

 Dicho esto, se debe señalar que se concretó una evolución negativa durante los largos meses de negociaciones que siguieron a la firma de la creación del Banco: Brasil consiguió edulcorar el principio de un país un voto, al limitar su aplicación sólo a algunas decisiones. En realidad, Brasil no tiene una verdadera necesidad de un nuevo banco multilateral para América Latina, puesto que dispone de un banco público de desarrollo muy importante el BNDES, que controla totalmente y que tiene una cartera de préstamos muy superior a la del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y del futuro Banco del Sur. Este gran banco financia una gran cantidad de proyectos en toda Latinoamérica y en otros lados, con la condición de que los países receptores compren «brasileño». Esto ha permitido a las empresas brasileñas exportar sus mercaderías y sus servicios o realizar grandes trabajos de infraestructuras. En consecuencia, el gobierno brasileño se adhirió con desgana a este proyecto de Banco del Sur, y tanto más que esta nueva institución fue iniciada por Hugo Chávez, con una línea política más radical que Lula, en particular, con respecto a Washington y Bruselas.

 Más allá de los términos en los que se expresan las divergencias entre los negociadores, existen dos opciones a escoger.[7] O bien, se pone en marcha un banco que sostenga un proyecto neodesarrollista extractivo-productivista, que es el que desean las grandes empresas privadas o mixtas, principalmente brasileñas y argentinas, y que es apoyado por Brasilia y Buenos Aires, sobre el modelo de la Unión Europea donde dominan los intereses del gran capital. O bien, Latinoamérica se dota de un instrumento de financiación de políticas económicas, sociales y culturales que se aleje de la lógica del beneficio y que dé prioridad a la integración al aplicar los pactos que garantizan los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. En concreto, el Banco del Sur debería financiar una política latinoamericana de soberanía alimentaria y de reforma agraria. En el ámbito de la sanidad, sería necesario dotar a la región de una industria farmacéutica pública para la producción de medicamentos genéricos de alta calidad. Sería necesario revitalizar y conectar las redes ferroviarias. También, estos países deberían dotarse de una política común en diferentes sectores como la investigación y desarrollo, la educación, el ambiente. Priorizar el retorno del control público sobre los recursos naturales. Financiar la reducción de las asimetrías existentes entre, por un lado, países como Bolivia, Paraguay y Ecuador, con ingresos netamente inferiores, con países como Brasil, Argentina o Venezuela. En resumen, una política cuyo objetivo sea nivelar por arriba los derechos sociales.

 La negociación sobre el Banco del Sur no debe, por lo tanto, quedar estancada en el nivel gubernamental. Por otra parte, en cuatro veces por lo menos, los movimientos sociales de los países miembros dirigieron cartas a los jefes de Estado correspondientes, con toda una serie de propuestas.[8] Por ejemplo, los movimientos sociales firmantes de la carta se oponen a que los funcionarios de la nueva institución gocen de los privilegios y la impunidad de la que gozan los funcionarios del FMI, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo y de otras instituciones internacionales (pero el último proyecto de constitución adoptado por los ministros en junio de 2009, prevé la inmunidad de los funcionarios. Véase más adelante). Los movimientos sociales quieren garantías de transparencia y control.

Recuadro

 El último acuerdo ministerial respecto al Banco del Sur

De acuerdo con las informaciones más recientes que hemos podido obtener,[9] los gobiernos de los siete países comprometidos en la creación del Banco del Sur se pusieron de acuerdo sobre los puntos siguientes:

- El banco podrá financiar empresas privadas o empresas públicas, mixtas, cooperativas, etc., para proyectos de desarrollo en los sectores económicos y sociales clave, fundamentalmente con el fin de mejorar la infraestructura regional y de reducir las asimetrías regionales. El acuerdo habla de soberanía en materia alimentaria y energética, sobre los recursos naturales, el saber y la salud (los proyectos financiados deben realizarse en estos sectores) lo que es muy positivo. Por el contrario, el acuerdo habla de mejorar la competitividad, que permanece dentro de un modelo influenciado por la continuidad socioliberal.

- El país beneficiado por un proyecto financiado por el Banco debe dar su conformidad sobre la elegibilidad de los proyectos.

- El Banco puede emitir bonos y financiarse por cualquier medio.

- Podrán ser accionistas los países de la UNASUR (accionistas de clase A), de otros países (clase B), de los Bancos Centrales, de entidades financieras públicas o mixtas (con un mínimo del 50 % de propiedad estatal) y por los organismos multilaterales de crédito (clase C).

- Si los países aumentan su participación, ello no afectará los derechos de voto ya convenidos en el acuerdo.

- Los diferentes Órganos de dirección del Banco Mundial son los siguientes:

• El Consejo de Ministros: Responsable de las políticas generales a medio y largo término. Se reúne anualmente y entre otras funciones tiene la de nombrar los miembros del Directorio y del Consejo de Administración, y la de admitir los nuevos accionistas. Está compuesto por los ministros de los países miembros. Las decisiones son tomadas por una mayoría de ¾, según la regla de «un país=un voto».

• El Consejo de Administración: Se reúne trimestralmente y garantiza el seguimiento de la gestión económica, financiera y de crédito. Los administradores (dos por cada país miembro) serán nombrados por 3 años. Se aplica también la regla de «un país=un voto». Para que las decisiones sean válidas, es necesario un quórum de ¾ de los miembros, y deben ser aprobadas por mayoría absoluta de los miembros presentes.

• El Directorio Ejecutivo: Se reúne todas las semanas y está constituido por un director por cada uno de los países de UNASUR, miembros del Banco (accionistas de clase A), un director para el conjunto de accionistas de clase B y uno para el conjunto de accionistas de clase C. Los que tienen más peso son los accionistas de clase A. Los directores son nombrados por tres años.

• El Comité Ejecutivo, integrado por el presidente del Directorio y tres directores.

• El Consejo de Auditoría.

- Brasil, Venezuela y Argentina ( los tres «grandes» entre los siete) podrán pedir préstamos de hasta 4 veces el capital aportado, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Uruguay (los cuatro pequeños entre los siete) hasta ocho veces. Para el resto de los países de UNASUR, el monto será determinado más adelante.

- En caso de litigio, la jurisdicción competente será la jurisdicción de un país miembro, u otra jurisdicción, conforme a la dirección del Directorio Ejecutivo.

- El personal del Banco goza de inmunidad y de exenciones fiscales (como los del Banco Mundial, FMI BID, etc.)

Fin del recuadro

El Banco del Sur es una reacción a la hegemonía de los países del Norte. Su creación fue posible y necesaria gracias a la conjunción de muchos factores:

1.- El Banco Mundial y el FMI están en crisis en diferentes niveles, y es el resultado de las consecuencias catastróficas para los pueblos del Consenso de Washington. Brasil y Argentina reembolsaron en forma anticipada al FMI, Venezuela hizo lo mismo con el Banco Mundial. Ecuador expulsó en abril de 2007 al representante permanente del Banco Mundial en Quito y creó una comisión de auditoría de todas las deudas públicas, comprendidas las multilaterales. Bolivia se retiró en mayo de 2007 del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones), una especie de tribunal de justicia del Banco Mundial. Ecuador también anunció en julio de 2009 su salida del CIADI.

2. Los países adheridos al Banco del Sur poseen unas reservas de cambio de más de 300.000 millones de dólares. Pueden poner parte de esa suma en común en lugar de continuar prestando al gobierno de Estados Unidos mediante la compra de los bonos del Tesoro estadounidense, que se remuneran con un interés muy bajo.

3. Los gobiernos de estos siete países son de izquierda o centro izquierda.

 El Banco del Sur debería constituir una auténtica alternativa al Banco Mundial. Los países que se adhieran deberían retirarse de él. Por otra parte, debería crearse un Fondo Monetario del Sur (éste también como alternativa al FMI) y, si fuera posible, caminar hacia una moneda única del Sur. Otras regiones del Sur podrían dotarse de un instrumento comparable, y los diferentes Bancos del Sur podrían desarrollar una colaboración Sur-Sur.

 Es evidente que las instituciones de Bretton Woods están muy inquietas con esta situación y desearían ser invitadas a participar del Banco del Sur, o conseguir, por lo menos, un estatuto de observador.

  El Banco del Sur suscita muchas esperanzas, ya que los ciudadanos latinoamericanos quieren que los gobiernos que eligieron aprovechen la oportunidad histórica favorable para poner en práctica una política de integración alternativa al modelo neoliberal. Recordemos que en la Declaración Ministerial de Quito del 3 de mayo de 2007 se indica que: «Los pueblos dieron a sus Gobiernos los mandatos de dotar a la región de nuevos instrumentos de integración para el desarrollo, que deben basarse en esquemas democráticos, transparentes, participativos y responsables ante sus mandantes».

 Además, algunos de los siete gobiernos tienen la voluntad de crear un fondo monetario de estabilización.[10] Ya existe un Fondo Latinoamericano de Reserva (FLAR), del que forman parte cinco países andinos (Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela) y un país de América Central, Costa rica. Este fondo podría transformarse y, si esto se viera imposible, tendría que crearse un nuevo fondo. Su finalidad sería hacer frente a los ataques especulativos y a otros choques externos poniendo en común una parte de las reservas de cambio de los países miembro.

 La lentitud en el lanzamiento del Banco del Sur está provocando algunas veleidades en los gobiernos venezolano, brasileño y ecuatoriano de dejar de lado a Brasil. Se han hecho declaraciones en ese sentido en la primera quincena de septiembre de 2009. El diario financiero ecuatoriano El Comercio titulaba el 15 de septiembre de 2009: «Gobierno: el Banco del Sur funcionará con o sin Brasil»[11] La agencia oficial venezolana, ABN, retomaba el 17 de septiembre de 2009 las palabras siguientes de Hugo Chávez: «El Banco del Sur puede comenzar sus actividades con dos o tres países»,[12] en clara alusión a la posibilidad de comenzar las actividades del Banco con Venezuela, Bolivia y Ecuador, sin esperar a Brasil. Dicho esto, parece poco probable que Rafael Correa, Hugo Chávez y Evo Morales avancen en ese sentido. Se trata más bien de ejercer presión sobre Brasil con el fin de que se defina con respecto al Banco del Sur. El futuro dirá si el acta constitutiva firmada por los siete presidentes a fines de septiembre del 2009 en Isla Margarita (Venezuela) será más efectiva que el acta fundacional firmada en diciembre de 2007.

 Es evidente que el lanzamiento del Banco del Sur está muy retrasado. Las discusiones no tocaron los problemas de fondo. Se debe salir de la confusión y dar un contenido claramente progresista a esta nueva institución. Lo más importante, en el comienzo, es tener criterios políticos coherentes respecto a un proyecto de integración favorable a los pueblos.

Por una integración regional en ruptura parcial con el mercado mundial capitalista

En este comienzo del siglo, el proyecto bolivariano[13] de integración de los pueblos de la región ha tenido un nuevo impulso. Si se quiere llevar más lejos este nuevo ciclo ascendente es necesario aprender las lecciones del pasado. Lo que le faltó, en particular, a Latinoamérica durante las décadas de 1940 a 1970 fue un auténtico proyecto de integración de las economías y de los pueblos, combinado con una verdadera redistribución de la riqueza en favor de las clases trabajadoras.[14] Ahora bien, es vital tener conciencia de que hoy en Latinoamérica existe una disputa entre dos proyectos de integración, que tienen un contenido de clase antagónico y que reflejan perfectamente las opciones a las que se debe enfrentar el Banco del Sur

 Como ya se ha mencionado, las clases capitalistas brasileña y argentina (las dos principales economías de América del Sur) son partidarias de una integración que favorezca su dominación económica sobre el resto de la región. Los intereses de las empresas brasileñas, sobre todo, así como de las argentinas, son muy importantes: petróleo y gas, grandes obras de infraestructuras, minería, metalurgia, agronegocios, industrias alimentarias, etc. Para ellas, la construcción europea, que terminó en un mercado único dominado por el gran capital, es el modelo a seguir. Las clases capitalistas brasileña y argentina quieren que los trabajadores de los diferentes países de la región compitan entre sí, para conseguir el máximo beneficio y ser competitivas en el mercado mundial. Desde el punto de vista de la izquierda, sería un trágico error apoyar una integración latinoamericana según el modelo europeo dominado por el gran capital, con la ilusoria esperanza de darle más tarde un contenido socialmente emancipador. Tal apoyo implica ponerse al servicio de los intereses capitalistas. No hay que entrar en su juego, intentando ser el más astuto mientras se deja que éstos dicten las reglas.

 La segunda opción, que se inscribe en el pensamiento bolivariano, quiere dar un contenido de justicia social a la integración continental. Esto implica la recuperación del control público sobre los recursos naturales de la región y sobre los grandes medios de producción, de crédito y de comercialización. Se debe nivelar por arriba las conquistas sociales de los trabajadores y de los pequeños productores, reduciendo al mismo tiempo las asimetrías entre las economías de la región. Hay que mejorar sustancialmente las vías de comunicación entre los países de la región, respetando rigurosamente el ambiente (por ejemplo, desarrollando el ferrocarril y otros medios de transporte colectivos antes que las autopistas). Es necesario dotar, mediante un vasto plan público, al conjunto de la población de viviendas de calidad gracias a la renovación de los barrios existentes y a la construcción de otros nuevos. Hay que apoyar a los pequeños productores privados en numerosas actividades: agricultura, artesanado, comercio, servicios. El proceso de emancipación social que persigue el proyecto bolivariano del siglo xxi pretende liberar la sociedad de la dominación capitalista, apoyando las formas de propiedad que tienen una función social positiva. Como se ha señalado en el punto 4 de la parte I, se trata de poner fin a la propiedad capitalista de los grandes medios de producción, de servicio, de comercio y de comunicación, transfiriéndolos hacia el sector público y desarrollando o reforzando otras formas de propiedad con función social: la pequeña propiedad privada (especialmente en agricultura, pequeña industria, comercio y servicios), la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva y las formas de propiedad tradicional de los pueblos originarios (que tienen generalmente un alto grado de propiedad colectiva). Es una condición sine qua non del socialismo del siglo xxi. Por supuesto, los ritmos de avance pueden diferir en función de la relación de fuerzas y de madurez, tanto de las condiciones objetivas como de las subjetivas.

 Entre las prioridades figuran las auditorías y el control estricto de los bancos privados, con el objetivo de evitar que el Estado se vea constreñido a nacionalizar las pérdidas de las instituciones bancarias, como ha pasado tantas veces (Chile bajo Pinochet, México en 1995, Ecuador en 1999-2000, etc.) Es necesario nacionalizar los bancos sin indemnizaciones y ejercer un derecho de reparación sobre el patrimonio de sus propietarios.

 Por otra parte, se debe romper con el modelo productivista y extractivista y reemplazarlo por una dinámica ecosocialista.

 Es fundamental:

 - Apoyar los colectivos de trabajadores que quieran ejercer un control obrero sobre la gestión de las empresas capitalistas.

 - Poner en marcha mecanismos para evitar dos grandes escollos: 1) La monopolización de las decisiones por la burocracia del Estado. 2) La emergencia de una nueva burguesía desde el seno del nuevo régimen.[15] El mecanismo indispensable, y ciertamente el más eficaz, es la aplicación, allí también, de una política de control obrero y de control ciudadano sobre la contabilidad y la gestión de las empresas y de las instituciones públicas. Es necesario también, por supuesto, mejorar la formación de gestores de las empresas públicas.

 - Establecer una relación interactiva entre los gobiernos de izquierda y el pueblo, que debe reforzar su nivel de autogestión y construir desde abajo las estructuras de poder popular.

 - El respeto y la promoción de las culturas y de los derechos de los pueblos originarios debe constituir una prioridad. La realización efectiva de la igualdad hombre/mujer debe ser otra.

 No se construirá el socialismo del siglo xxi en un solo país. La integración latinoamericana implica dotarse de una arquitectura financiera, jurídica y política común.

 Numerosos litigios surgieron en estos últimos años entre los Estados de la región y las multinacionales, ya sean del Norte o del Sur. En lugar de remitirse al CIADI, dominado por un puñado de países industrializados, los países de la región deberían crear un organismo regional de resolución de litigios en materia de inversiones. En materia jurídica, los Estados latinoamericanos deberían aplicar la doctrina Calvo[16], y rechazar la renuncia a su propia jurisdicción en caso de litigio con otros Estados o con empresas privadas. ¿Cómo puede ser que todavía se firmen contratos de préstamos o contratos comerciales que prevén que, en caso de litigio, sólo sean competentes las jurisdicciones de Estados Unidos, Gran Bretaña u otros países del Norte?

Dimensión política de la integración

Está claro que es necesaria una dimensión política a la integración y por lo tanto la instauración de un Parlamento latinoamericano elegido por sufragio universal en cada uno de los países miembro, y provisto de verdaderos poderes legislativos. En el marco de la construcción política, se debe evitar la reproducción del mal ejemplo europeo donde la Comisión Europea (es decir, el gobierno europeo) dispone de poderes exagerados en relación al Parlamento. Es necesario caminar hacia un proceso constituyente democrático, con el fin de adoptar una Constitución política común. En eso también, hay que evitar la reproducción del proceso antidemocrático utilizado por la Comisión Europea para intentar imponer un tratado constitucional sin la participación activa de los ciudadanos y sin siquiera someter el proyecto a un referéndum en cada país miembro. Por el contrario, es necesario seguir el ejemplo de Venezuela (1999), Bolivia (2007) y Ecuador (2007-2008). Los avances democráticos importantes que fueron conquistados durante estos tres procesos deberían ser integrados en un proceso constituyente bolivariano. Si se tiene que comenzar por Venezuela, Ecuador y Bolivia.¿No se estaría reviviendo el Parlamento Andino? O darle la prioridad al ALBA, que corresponde a un conjunto de países más grande —tres países andinos y varios de América Central y Caribe—.

 También se necesita reforzar las competencias de la Corte Interamericana de Justicia, especialmente en materia de garantía del respeto a los derechos humanos que son indivisibles.

 Hasta ahora coexisten diversos procesos de integración: Comunidad Andina de Naciones, MERCOSUR, UNASUR, CARICOM, ALBA... Es importante evitar la dispersión y adoptar un proceso integrador con una definición política y social basada en la justicia social. El proceso bolivariano debería reunir los países de América Latina (América del Sur, América Central y Caribe) que se adhirieran a esta orientación. Es mejor comenzar una construcción común con un núcleo restringido pero coherente que con un conjunto heterogéneo de Estados cuyos gobiernos aplican políticas sociales y políticas económicas contradictorias, incluso antagónicas.

La integración bolivariana debe ir acompañada de una desconexión parcial del mercado capitalista mundial

Las fronteras que separan los Estados que participan en este proyecto se deberían ir suprimiendo, al mismo tiempo que se reducen las asimetrías entre los países miembro, gracias a un mecanismo de transferencia de riquezas de los Estados más «ricos» a los Estados más «pobres». Eso permitiría ampliar considerablemente el mercado interior y favorecer el desarrollo de los productores locales bajo diferentes formas de propiedad. Se reforzaría el proceso de desarrollo (no sólo el de industrialización) por sustitución de importaciones. Por supuesto, esto implica, por ejemplo, desarrollar una política de soberanía alimentaria. Al mismo tiempo, los países miembros que constituyen el conjunto bolivariano deberán desconectarse parcialmente del mercado capitalista mundial. Y ello conlleva la abrogación de los tratados bilaterales en materia de inversiones y de comercio. También deberían retirarse de instituciones como el Banco Mundial, el FMI, y la OMC, promoviendo simultáneamente la creación de nuevas instancias mundiales democráticas y respetuosas de los derechos humanos indivisibles.

 Como se indicó más arriba, los Estados miembros del nuevo conjunto bolivariano deben dotarse de nuevas instituciones regionales (como el Banco del Sur) que desarrollen las relaciones de colaboración con otras instituciones similares que reúnen a Estados en otras regiones del mundo.

 También se debería declarar en el ámbito de la nueva entidad constituida que en el territorio común no puede haber ninguna base extranjera, tal como ya lo prevén las nuevas Constituciones boliviana y ecuatoriana.

 Los Estados miembros del nuevo conjunto bolivariano actuarán junto al máximo posible de terceros Estados en la consecución de una reforma radical del sistema de Naciones Unidas, con el fin de que se ponga finalmente en práctica la Carta de la ONU y los numerosos instrumentos internacionales favorables a la aplicación de los derechos humanos, como el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, la Carta de los Derechos y Deberes de los Estados de 1974, la Declaración sobre el derecho al Desarrollo de 1986, la Resolución sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. Así mismo, colaborarán en la acción del Tribunal Penal Internacional y en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya. También favorecerán el entendimiento entre los Estados y los pueblos para poder actuar en la máxima reducción del cambio climático, ya que éste representa un terrible peligro para la humanidad.

 La tarea es ardua, pero las perspectivas están trazadas —y son particularmente esperanzadoras— hacia un mundo basado en el respeto absoluto de lo humano y de la Tierra. Y se debe hacer sin pérdida de tiempo.

Traducido por Griselda Pinero y Raul Quiroz