Ignoro el porqué si apenas ha comenzado el debate sobre el Proyecto de Ley Orgánica de Educación (LOE) existen sectores retrógrados y apátridas quienes intentan por cualquier medio politizar el tema sobre tan importante ley, la cual no sólo resulta imperiosa en tiempos de Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna), sino que parte de los desmanes que aún ocurren en nuestro sistema educativo se deben fundamentalmente a una LOE caduca, la cual está acompañada de un reglamento del ejercicio de la profesión docente, cuyas principales normas fueron redactadas para corromper el quehacer pedagógico, y cuya premisa central ha sido la usurpación de “sindicalistas” quienes llevan casi 30 años cobrando a los diversos entes del Estado sin trabajar, siendo cómplices de “educadores” reposeros y mafias educativas, quienes a su vez, controlan la designación de coordinaciones y direcciones en liceos y escuelas, sin olvidar que la misma desidia laboral ha sido mampuesta en personal “administrativo” y “obreros” los cuales nunca laboran ocho diarias, sino cuatro, pero el Ministerio del Poder Popular para la Educación, gobernaciones y alcaldías han tenido la obligación de pagarles jornada completa.
Son estos mismos sectores los interesados en hacer del debate de la LOE un caos jurídico y político, valiéndose de campañas mediáticas en las cuales hablan de una supuesta “cubanización” de la educación, adoctrinamiento de nuestros hijos a través del currículo y contenidos que serían impartidos, y peor aún, alegando que este proyecto de ley quitará la Patria Potestad a los padres y representantes cuando los niños y niñas alcancen determinada edad.
Todas esas mentiras se contradicen no sólo por lo que ha sido la orientación curricular y filosófica de la educación bolivariana en los últimos 10 años, en donde la matrícula escolar ha aumentado de manera considerable, sino que el Estado asegura la alimentación escolar en más del 90% los estudiantes; y se ha hecho un esfuerzo importante en recuperar la maltrecha planta física de los planteles, cuya herencia del gobierno de Caldera (1999), dejó prácticamente destruida el 80% de las instituciones educativas, para lo cual sólo bastaría revisar el propio plan de inversión que tenía proyectado el inefable “vamos bien, pero estamos mal”, ministro de planificación y desarrollo para la época.
El actual proyecto de educación consta de 57 artículos, y propone la creación de cuatro leyes especiales que regulen los diferentes subsistemas, otorgando a la República su rol de Estado Docente, entendiendo que los principios religiosos son compatibles con una educación laica, cuyo propósito fundamental es la formación de nuevos(as) republicanos(as) para la participación activa en los procesos de transformación individual y social, identificada con los valores de la identidad nacional, con una visión latinoamericana, caribeña y universal, fundamentada en los idearios de Simón Bolívar y Simón Rodríguez, centrada en el humanismo social y abierta a todas las corrientes del pensamiento. El debate apenas comienza.
