El crimen no paga ni la corrupción prescribe, pero ante la falta de investigación y hacer seguimimiento a quienes cometen hechos irregulares, los que están detrás de la oscuridad, se burlan de las Leyes y de la Contraloría General de Republica, es el caso de hechos que han pasado en el Ipasme por parte de políticos de la oposición y que hoy ocupan la dirección de la Federación Venezolana de Maestros, engañando vilmente al magisterio, haciendo uso de sus dineros para buscar lucrarse a nivel personal.
Nunca realicé indagaciones para limpiar o ensuciar la reputación de nadie, pero está claro después de tantas inconsistencias, que el o los cerebros del crimen jamás pagaron. Resulta imposible ya a estas alturas, basados en las premisas de cita del criminalista Edmond Locard, que aseguraba que ´El Tiempo que pasa, es la verdad que huye´, podamos determinar responsabilidades hoy día, sin embargo, es menester de esta profesión demostrarle a un país, que la verdad no prescribe."
Todo parece señalar presuntamente a Orlando Alzuru Mendoza, portador de la C.I. v-4285092, quien pese de tener en su contra supuestos hechos de malversación de fondos del Ipasme, cometidas bajo acta de formulación de cargos de fecha 11 de octubre del 2002 (folios 362 – 364) presentadas por la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la Contraloría General de Republica, donde señalaba que ninguno de los que representaban la directiva del Ipasme (entre ellos Vicente Martínez, Carlos Andueza, Edgar Bazán y el propio Alzuru Mendoza),para el año 1997, quienes no podían manejar fondos públicos o ir a un proceso eleccionario, hizo caso omiso al competir para la Presidencia de la Federación Venezolana de Maestros, ganando y siendo actual Presidente, y con aspiración a reelegirse para las elecciones a efectuarse en el mes de noviembre, por los hechos que se señalan a continuación:
1.- El Ipasme adquirió en el mes de octubre de 1997, el local comercial Nro. 9, situado en el nivel Planta baja del Edificio Sur- 2, calle SUR, ubicado entre la esquina de Miracielos a Hospital, relativo a instalar un comedor para sus trabajadores en atención a la Clausula 8 del Contrato Colectivo de los Trabajadores, por un monto de Bs. Ciento sesenta y cinco millones (165.000.000,oo)no obstante que dicho inmueble no reunía las condiciones ofertadas y requeridas para el cumplimiento del fin a la cual estaba destinado, requiriendo la realización de remodelaciones que fueron contratadas con la empresa Constructora Rour, C.A. , Constructora Jamper, C.A. y H.A. Equipo Técnico, C.A. por Bs. 68.993.094,76; Bs. 13.801.962,oo y Bs. 39.319.915,oo respectivamente, todo lo cual causó daño al Patrimonio Público por la cantidad de Bs. 287.114.971,76.
2,- El Ipasme aprobó en el mes de octubre de 1997, el pago de Bs. 25 millones de bolívares, por concepto de adquisición del Fondo de Comercio del Restaurant Bar “El Marañón S.R.L.“, que incluía patente de Industria y Comercio y Licencia de Expendio de Licores, conceptos estos no susceptibles de adquisición por parte de dicho organismo, a los fines del cumplimiento del objeto al que estaría destinado el local comercial Nro. 9 antes identificado, que sería utilizado supuestamente, para un comedor al servicio de los trabajadores; cuando el Ipasme tenía para ese entonces 1200 trabajadores y su capacidad era para doscientas persona, hecho este que hace presumir la utilización indebida de Fondos Públicos.
Quiere perpetuarse en el cargo al irrespetar el reglamento interno de la Federación Venezolana de Maestros, ya que pasando por encima de la resolución de la Contraloría General de la Republica, fue a elecciones de la FVM, resultando ser electo Presidente del gremio magisterial en el periodo, 2005-2008.luego ser reelecto para el periodo 2008-2011.Pidio una prorroga al CNE por un año 2012 y al no convocar elecciones hasta la fecha tiene dos años adicionales (2012-2014). Hoy al presentarse de nuevo elecciones en el gremio de los Maestros, a realizarse el 20 de noviembre del presente año, pasan por encima de los Estatutos, al inscribirse de nuevo como candidato a la Presidencia ya que estos contemplan que una persona puede ocupar ese cargo por dos periodos consecutivos, una elección y otra reelección, pisoteando los derechos de los agremiados.
Formulación de Cargos:
La Contraloría General de la Republica formulo cargos, primero por haber aprobado mediante acta Nro. 12019 de fecha 24 de septiembre, la adquisición del local comercial Nro. 9, que con su costo y el de las remodelaciones se causó un daño al Patrimonio Público por la cantidad total de Bs. 287.114.971,76, hecho este generador de responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el articulo 113 numeral 3 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica vigente para el momento de los hechos, y en la actual en su artículo 91 numeral 2. Segundo, por haber aprobado mediante Acta Nro. 1209 de fecha 24 de septiembre de 1997, el pago de Bs. 25 millones, por concepto de la adquisición del Fondo de Comercio del “Restaurant Bar El Marañon, SRL” que incluía patente de industria y comercio y Licencia de expedio de licores, configura generador de responsabilidad administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Público, cuyo carácter de ilícito administrativo persiste en la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica en su artículo 91 numeral 15.
Dispositiva de la Contraloría General de la Republica.
1.- Se declara la responsabilidad administrativa del ciudadano Orlando Alzuru Mendoza, C.I. 4285092, por los hechos que se le imputaron mediante acta de formulación de cargos de fecha 11 de octubre de 2002 (folios 362-364).
2.- En atención a lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la Republica vigente para el momento de la ocurrencia de los hechos irregulares se le impuso una multa de 729 mil bolívares (viejos), así también aplicando el art. 122, la Contraloría lo inhabilita para el ejercicio de funciones públicas por un periodo de tres años, cuestión que presuntamente el actual Presidente de la Federación Venezolana de Maestros obvio e hizo caso omiso, burlando la disposición de la Contraloría General y ley de Salvaguarda.
Por Enrique Paredes. CNP 3660
