Quisiera comenzar este artículo expresando mi total solidaridad con los compañeros que en estos momentos mantienen la toma del Ministerio del Trabajo reclamando se abra una negociación transparente y por la base de la convención colectiva a nivel de la administración pública. Esperemos victoria en este caso tomando en cuenta que el actual ministro de trabajo, José Ramón Rivero, es sin duda uno de los personajes más oscuros del actual gabinete presidencial. Hombre nacido políticamente en cuna trotskista, hoy se convierte en un enemigo declarado de todo el movimiento autónomo y revolucionario que se gesta desde los trabajador@s; típico personaje detrás del cual el “estado contrarrevolucionario” en formación avanza sin vergüenza ni límite explotando el esfuerzo y el imaginario revolucionario de millones (con ganas por cierto de meterle mano a los muy peleados “consejos obreros”, decretándolos a su imagen y semejanza, imagen y semejanza de la archioficialista FBT) .
Pasando al punto de la reforma, primero queremos reiterar nuestra tristeza por el empecinamento del presidente de mantener vigente su propuesta de la reelección continúa además de la cuestión sobre las vicepresidencias regionales. Insistencias que abren el peligro de convertir esta humilde república en una autocracia social-liberal. El esquema de extrema centralización territorial sobre la presidencia se mantiene sin cambio, lo cual a nuestro parecer es un grave error entre otros cometidos por el compañero. Podemos reconocer que al menos este se bifurca entre un conjunto de conceptos territoriales (provincias federales, municipios federales, ciudades federales, regiones funcionales, regiones marítimas) que, aunque se mantienen bajo el mando único presidencial, están condicionadas a la decisión refrendaria. Estamos en todo caso ante territorialidades a constituir –no preconcebidas hasta los momentos- y que seguramente evolucionen bajo una permanente y desigual tensión entre el poder central –representado en comisarios presidenciales- y los poderes difusos inmanentes al movimiento popular (tensión entre autocracia y revolución). Para romper la potencial autocracia, apostamos a la larga por la hegemonía de estos últimos y donde se imponga el principio del “mando que obedece”, pero esto nos obliga a un “salto político” que todavía no llega y que nos obliga a romper la relación caudillo-pueblo.
Pero más allá de los detalles que duelen a nuestra alma “liberal”, reiteramos que esta reforma constitucional, si hay algo de “crudo” en ella, es la manera en que ella misma, superponiéndose al esquema constitucional del 99, subsume en su forma y sosteniéndose materialmente en la renta del estado (la mitad de la cual es renta directamente petrolera), todas las formas posibles de gobernabilidad dentro del orden nacional constituido. En principio y si los hechos no lo niegan, desde diciembre próximo el estado se estructurará en tres grandes regiones: Una región “trascendental” y por encima de todo interés (o lo que sería según dicen los teóricos el “interés nacional-popular”): el poder central presidencializado, que tendría bajo su manejo directo una proporción gigantesca de los recursos públicos (presupuesto nacional, fondem-PDVSA, reservas internacionales). Una región “liberal y pluralista” integrada por los poderes regionales, judiciales y legislativos que le dan espacio al pluralismo democrático-burgués dominado fundamentalmente por los partidos políticos de cualquier color (situado constitucional, impuestos regionales, impuestos sobre el valor agregado, IVA). Y la región propia del poder popular que en tanto poder “mimado” de la revolución le serían cedidas un conjunto de responsabilidades y recursos que según las palabras del compañero Chávez se centran en el área de servicios, algunas empresas de dominio y propiedad social y el autogobierno comunitario; región que en estos momentos, por recursos trasladados directamente a los Consejos Comunales (únicas instancias del poder popular que manejan y gobiernan recursos directos del estado) sólo maneja alrededor del 2% del presupuesto nacional.
Nota: Pareciera que en cierta forma con esta tríada de elementos que sintetizan los principios autoridad, liberalismo y socialización, el compañero Chávez al fin descubre, desde su punto de vista y bajo las condiciones de la tierra propia, lo que sería el formato general del “socialismo del siglo XXI”, cosa tan indefinida hasta los momentos. Tres grandes áreas diversas de gobernabilidad, un partido que las transversaliza a todas, y un liderazgo único que cimenta su cohesión general. A las par: tres áreas de propiedad: pública, social y privada, con una desproporción igualmente gigantesca entre ellas (la social –además mediatizada por la posible y segura intervención de la propiedad pública y privada en ella- es la enanita del caso). Se supone entonces que el concepto de “transición al socialismo”, en este caso operaría como la búsqueda en el mediano y largo plazo del equilibrio final entre estas tres franjas de poder y de propiedad…¿ilusas utopías que todavía funcionan?… En todo caso, es bajo esta fórmula y estas ilusiones que renace el socialismo en el mundo, y con él el “estado socialista”; felicitamos al compañero Chávez por esto, ha sido su obra. No obstante, mucha intuición de lucha, mucho autor, muchas verificaciones, mucha búsqueda con cierta certeza, nos dicen que no hay nada en sí “contra el socialismo” (de ayer y de hoy), mucho menos de las luchas que se han dado por él, pero sin duda ya es hora de “ir más allá del socialismo”, otros prefieren hasta olvidarse del trillado y traicionado término. En otras palabras nuestra pelea ya no está en definir “cual es el verdadero socialismo” ni mucho menos, el problema está en cómo nos despedimos de este maravilloso sueño con un buen paso hacia delante. Las consideraciones que hago sobre la reforma siento que están muy impregnadas por esta necesidad de acompañar esta nueva aventura.
Como se hace evidente, si a la revolución la evaluamos desde el punto de vista de la apropiación de la renta del estado (y a ver si al menos aprendemos a examinar la realidad desde un punto de vista marxista y nos salimos de tanto populismo) lo que hemos ganado no pasa en tamaño, por los momentos, de algún cuarto de conserje en el sótano de las torres gemelas (y con peligro de que las tumben). Pero si a ello le sumamos la renta estrictamente capitalista (y en particular la “renta metropolitana” de la cual habla Negri, es decir, todo lo que supone la inversión inmobiliaria y de servicios que en Venezuela es enorme en proporción a la renta industrial y de la tierra), la cosa se pone un “pocote” triste. A ella no le hemos quitado todavía ni la mitad del uno por ciento. Existen, claro está, algunos puntos en esta reforma que avanzan en algo sobre este horizonte (aunque con mucha sorpresa del porqué se elimina todo concepto de autogestión y cogestión, reemplazado por la frase aérea “participación de los trabajadores”, ¿cuál es la intención?). Uno es el aligeramiento de los mecanismos de expropiación al capital por interés público, debilitando el principio de propiedad, y el otro, más importante aún, es la jornada de seis horas como formula de autovaloración del trabajo y recuperación del tiempo de vida. Eso es algo muy valioso que ahora estaríamos en posibilidad de expropiarle al capital; en concreto, le estamos expropiado dos horas del tiempo de explotación, y eso es sin duda muy importante para un proceso tan lejano hasta los momentos de toda lectura estructural directamente inscrita en las relaciones de producción. (Se le agradece en ese sentido el esfuerzo empecinado que ha hecho Carlos Lanz por tratar de develar este problema y llevarlo hasta su últimas consecuencias tanto en la teoría como en la práctica). De todas formas, si el ideal ya estrictamente comunista y libertario mucho tiene que ver con la posibilidad de liberar el trabajo arrancándole al capital y al estado toda posibilidad de acumulación de riqueza y poder a partir de lo que es, en estricto sentido, creación del mundo del trabajo, con reforma o sin ella, aún ni hemos nacido.
Claro, sabemos que esta visión de la situación posterior a la reforma, sería cuestionada por el muy extendido criterio de que, lo de la desproporción abismal en el reparto de la renta de estado, estaría superada por la fórmula que dice: “Chávez es el pueblo-con Chávez manda el pueblo”. Según esta fórmula esa gigantesca proporción de la renta en manos directas de la presidencia, en realidad está en manos del pueblo. No sabemos si el mismo Chávez está de acuerdo con esto, consideramos que por lo menos no lo tiene muy claro y con fuertes dudas. Pero más allá de él, este absurdo es lo que “tiene loco” al movimiento popular, en buena parte convencido de que es así, y no obstante viviendo unos odios contra la burocracias, nuestros queridos representantes y el entorno presidencial, que ya se les sale por los ojos. Sea lo que sea que quede bien claro que Chávez no es el pueblo (al menos que algún fascismo mitológico colado entre nosotros quiera arraigarse a la equívoca fórmula). Chávez es en todo caso lo que él mismo emana en el virtual y mágico mundo del espectáculo de los medios, es su “governaza” directa sobre la políticas de estado, y sobretodo, es el entorno que lo acompaña en el ejercicio del poder. Digamos entonces, que si una de las grandes peleas palaciegas de este proceso ha sido la penetración del entorno presidencial (el mando unidireccional y unipersonal de Chávez se presta para que “su soledad” se convierta en la más acérrima lucha por “acompañarla”), y al mismo tiempo, ha sido el manejo de ese mismo entorno uno de los puntos más fallos y de extrema impotencia por parte del compañero Chávez, podemos concluir que esta reforma tiene como punto extremo de debilidad la formación de un verdadero “estado contrarrevolucionario” manejado por un entorno presidencial que en una colosal proporción ya demasiadas pruebas nos ha dado de su condición reaccionaria, corrupta y tremendamente conservadora. Llegamos a la paradoja de que Chávez se convierta en la única salvación frente a sí mismo...y más si hay Chávez “pa’rato”. De lo que si estamos convencidos es que si no hay una rebelión contra este sistema perverso de poder, cuyo objetivo, más allá del desplazamiento de personajes se haga en función de la apropiación directa del mando sobre la renta de estado, haga lo que haga el compañero por lo mínimo es bastante probable que Chávez se haga “cada vez menos el pueblo”.
Otra de las consideraciones que quisiera tocar gira alrededor del establecimiento del “Poder Popular” como sexto poder del estado. Prestarse al reconocimiento del “conjunto abierto” de instancias nacidas y constituidas desde la dinámica del poder popular (consejismo comunal, obrero, campesino, estudiantil, pesquero, etc, instancias comunales de producción, fórmulas del poder funcional de base: comités de tierras, de salud, de agua, de energía, etc) es mucho y en realidad todo lo que tenemos que pedirle a una constitución. Y se lo pedimos de ese modo en que se reforma el artículo 70 y otros más adelante, precisamente porque al fin se está reconociendo este poder como un poder inmanente y por tanto sujeto a la infinita potencialidad constitutiva que ninguna “constitución” ni ley podrá delimitar. El poder popular (y ahora lo digo con mucha mas fuerza y “legalidad”, después de los repetidos elogios y referencias del presidente hacia el camarada Tony Negri) no es un poder institucional es un poder constituyente e insurreccional en el sentido propio de la palabra (si esto suena demasiado ultroso, obligado me remito al primer capítulo del libro de Negri “El poder Constituyente”, y perdonen la ladilla “del librito que me leí” pero fue Chávez quien lo sacó a mano alzada en la asamblea: orden de leerlo entonces).
Sin embargo, y en contra de todo este avance inicial, a la hora de ratificar la arquitectura general del estado nacional, la reforma propone incluir el “poder popular” como sexto poder del estado… Sabe Dios como se come ese sancocho… Esto remite a su vez, por un lado, a la delimitación y definición legal de las instancias particulares del poder popular, y luego, a una “ley orgánica del poder popular” que le daría su máxima norma jurídica y delimitación genérica. ¡No por favor!. Incluir el poder popular como un poder institucional más, pacificado y burocratizado, soporte de la paz impuesta por el estado, es herirlo por el pecho, cosificarlo y alienarlo de su propia naturaleza. Pero subsumirlo a un orden de redistribución absolutamente desigual de la renta de estado y atado al orden constituido de la acumulación de capital, es matarlo por completo. Cadáver que además estará obligado a acompañar y legitimar el “estado contrarrevolucionario” que se ha multiplicado forrado de banderas rojas. Preguntamos, ¿quién tendrá –de manera obligada según la escala de representaciones del estado- la potestad de “representar” el poder popular?, ¿qué forma tendrá aquella pirámide vertical que será la negación misma de ese poder?, ¿quién y con qué derecho es el que va a estar sentad@ al lado del presidente, de la presidenta de la asamblea nacional, del resto de poderes, en sesiones solemnes, en nombre del “poder popular”?.
En conclusión y por petición de mínima congruencia y lealtad, por favor busquemos como sea la manera de eliminar esto del “sexto poder” a la hora del referendum de la reforma. Al menos dejemos libre y en lucha el poder popular que es nuestra tasita de oro y la esperanza primera de esta revolución. Al menos en este punto, en bloque, votemos ¡NO!. Reiteramos de todas formas:
-El poder popular no es un “poder nacional”: es decir, nada, ni en su génesis ni en su horizonte futuro el “poder popular” tiene que ver con el estado-nacional en tanto formación jurídica dispuesta por las burguesías del mundo para facilitar y normar los procesos de acumulación, e impuestas a nosotros por los poderes coloniales e imperiales del siglo XIX. El poder popular no cree en fronteras nacionales, reivindica tierras y territorios, identidades patrióticas, étnicas y sociales que nada tienen que ver con el viejo principio de nación y nacionalismo.
-El poder popular no es parte del “poder constituido”, se enfrenta a él: habiéndose logrado la identificación del poder popular como “poder constituyente”, al menos entre nosotros (una pelea hegemónica ganada como dirían los gramscianos), al aceptar que lo introduzcan como una fuente más, entre otras, de las estructuras estatales del orden, caemos en una contradicción suprema. Cuando nos remitimos al poder popular vemos en este una multiplicidad social, derivada de las clases más empobrecidas, que se manifiesta como un sujeto político en permanente creación de sucesos insurgentes e instrumentos orgánicos destinados a la liberación de todas las relaciones sociales, normas y principios que históricamente han sujetado a los seres humanos a la esclavitud y el sometimiento; normas cristalizadas y normalizadas en las leyes y máximas constitucionales de lo que llamamos el “poder constituido” a nivel político como económico.
-El poder popular no es una institución de estado: efectivamente, el poder popular ha evolucionado entre nosotros mostrándose como la célula matriz de un orden no estatal basado en la soberanía colectiva (soberanía inmanente al sujeto social que se “alza” –se hace político- contra el orden de relaciones establecido). Las instituciones de estado, por el contrario, hacen parte de un aparato forjado en el mejor de los casos por el principio de “soberanía popular”; soberanía que es delegada a los “representantes de estado” según el modelo constitucional respectivo. Las instituciones de estado se diseñan por tanto a nivel del campo trascendental y vertical del estado, todo lo contrario de lo que pasa con las instancias del poder popular que son instancias que emanan de la propia lucha popular contra el orden constituido.
-El poder popular no es un poder para la mediación y administración de intereses sociales enfrentados: todo estado nacional, si eso quiere ser, querrá convertirse en una instancia de mediación y administración de los intereses contradictorios que surgen a partir del suelo social atado a las cadenas de la acumulación de capital y la venta –o sobrevivencia- de la fuerza de trabajo. El “estado socialista”, ni el que ahora define Chávez ni los tantos modelos que se han definido históricamente, han escapado de este principio básico a todo estado. Contrariamente a esta constante, el poder popular no se ata a interés alguno, ni mucho menos se hace instrumento de una mediación administrativa de intereses que a la final solo sirve a ricos y explotadores (como bien claro dejó el “socialismo científico” al cual tantos ideólogos se remiten). El poder popular es sustancia de sí mismo, por más efímero e inconsistente que aún se presente como conjunto creador. Trabaja únicamente en pro de las necesidades emancipatorias que insurgen de las clases populares, siendo al mismo tiempo una creación exclusiva de estas. No es por tanto un “Uno” –como todo estado, como todo poder nacido del dinero-, es una multiplicidad abierta y en permanente transformación.
En definitiva, el poder popular es efectivamente un poder constituyente e insurreccional: esto quiere decir que su labor es una labor eminentemente insurgente y constructiva que no se encadena a teorías de la transición ni modelos societarios preelaborados. La transición es el mismo, es su actualidad, su evolución, su expansión, su capacidad de organización y autogobierno, su combate abierto a toda la lógica del capital. Tránsito que no tiene un comienzo y un fin, actúa desde otro criterio del tiempo, del espacio y la necesidad política totalmente distintos a los tiempos de la valorización del trabajo y la representación política. Su tarea estratégica dentro del momento que vivimos, es ir arraigando territorios y relaciones de soberanía colectiva e imponer su derecho a la “equivalencia” frente al resto de los poderes dominantes. Es en ese sentido un poder “más allá de todo socialismo”.
Terminamos esta consideración sobre la reforma reiterando que en efecto, con ella se termina de diseñar el esqueleto mínimo pero definitivo del socialismo del siglo XXI. Hecho que nos obliga a decidir entre dos caminos muy distintos: o nos acoplamos a ese nuevo modelo en los años venideros y al “estado socialista” o entendemos que con él se concluye una gran etapa de este proceso que nos ha dado mucha ganancia sin duda (espacios, reconocimientos, derechos, libertades) pero donde aún ni siquiera hemos nacido, apenas estamos anunciados en la lejanía. Una nueva errancia, un nuevo “exilio constituyente” como diría Negri, mucho más exigente y fascinante, se vislumbra desde ahora. Algunos camaradas lo han querido llamar “la constituyente continental”, visión a la cual nos sumamos. En la próxima hablamos sobre ello.
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