El proceso de supervisión de precios que se generó en noviembre y diciembre de 2013 dejó los anaqueles de las tiendas de equipos electrónicos vacíos en el estado Nueva Esparta. Largas colas se observaron en el Centro Comercial Sambil, por ejemplo. Hasta enero de 2014 no había ni siquiera una resma de papel. Denuncié los sobreprecios —sin razones aparentes—, de las laptops en setenta y cinco mil bolívares. Promulgada la Ley Orgánica de Costos y Precios Justos el pasado 24 de enero de 2014, en sustitución de la Ley de Costos y Precios Justos del 18 de julio de 2011, se creyó que la honda especulativa y usurera se podía controlar. En lo personal creo que hay una burla hacia las medidas implementadas por el Estado. Las mismas tiendas antes fiscalizadas ofrecen sendas computadoras portátiles en Bs. 47.000, Bs. 54.000, Bs. 57.000 y así sucesivamente. La gente que va a los cajeros del Banco Mercantil en el C.C. Sambil observa los precios y mueve negativamente la cabeza y se marcha en silencio luego de mirar la vidriera.

El gobernador Carlos Mata Figueroa ha expresado en la prensa local que ejercerá medidas de fiscalización y multas a los usureros y especuladores de precios en la isla de Margarita. Eso es esencial y debe ejecutarse de manera integral, efectiva e inmediata. Inclusive, hay que cerrar definitivamente estos comercios reincidentes. La Ley de Costos y Precios Justos prohíbe cargar al precio final del producto los gastos ajenos a la producción, y estos equipos (laptops) no se producen en el país. Las marcas ofertadas son importadas. Tampoco deben incluirse los gastos administrativos. Estas tiendas tienen hasta veinte chamos disfrazados de color amarillo como si fueran un batallón de gualda espaldas o algo así, de manera inexplicable, de modo que no deben cargar al precio de las laptops los costos de personal excesivo. No deben incluirse los gastos de publicidad, representación, de venta ni alquiler del local. Estos aparatos son bienes y equipos terminados, por lo tanto resulta controlable su precio. Para comprobarlo saquemos una simple cuenta.

Una laptop como las que se ofrecen en el Sambil, cuyas prestaciones son de mediana capacidad o potencia pues no se trata de laptops de aluminio ni de un kilogramo de peso como las que internacionalmente se ofrecen como equipos de vanguardia, sino laptops que han pasado de moda fuera del país. Por ello, su costo a precio de importación no alcanza ni siquiera los quinientos dólares. Sin embargo, supongamos que las compran en 500 dólares al valor de Bs. 11,36 por dólar. Eso da un costo de importación de Bs. 5.680. Es decir, venden los equipos diez veces más costosos que su valor real. Aunque se le carguen los costos legales de importación, transporte, aranceles, seguros, almacenamiento y el 30% de la ganancia neta, eso no justifica semejante desproporción. El año pasado argumentaban que el dólar estaba a setenta bolívares y este año argumentan que el dólar paralelo está en ochenta y dos bolívares. En tal sentido, urge una respuesta objetiva y pública por parte del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios y del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de la región insular sobre esta situación. El resto de equipos que ofrecen, en particular las impresoras, presentan la misma irregularidad. La resta de papel bond para fotocopias cuenta hasta Bs. 400. Esto es inadmisible, señores abusadores.

Exigimos transparencia al respecto, tanto del Estado como de los comerciantes. Nuestros salarios no permiten adquirir productos esenciales para los estudios y el trabajo con semejante desproporción. Que se revisen las cadenas de importación en la isla de Margarita y a los proveedores de las tiendas de electrónica. No al abuso de precios.