Hace unos pocos meses escribimos un artículo titulado “Qué diferencia al Leopoldo sentenciado del Capriles drenador”, con cuya pregunta intentábamos reflejar la inquietud captada entre ciudadanos mirandinos que observan, con preocupación, que, si bien, tanto el uno como el otro han hecho méritos para estar presos, sin embargo, el que está resguardado en Ramo Verde, es Leopoldo López y, en cambio, Capriles Radonski, con también faltas graves a cuestas, si acaso, más recurrentes, está libre y continúa jorungándole la paciencia a los venezolanos.
Todo indica que estamos en presencia de un notorio caso de impunidad, aún cuando en el artículo de marras formulábamos la hipótesis de que el dato de no inculpar a Capriles por sus delitos, los cuales, por cierto, no prescriben, podría, simplemente, obedecer a la realidad política, es decir, a eso que en la narrativa política se conoce como la correlación de fuerzas, que no es otra cosa que ponderar las circunstancias en las que se está inmerso para actuar según la fuerza de que se dispone en un momento y sentido determinado.
Pero, las circunstancias de hoy no son las del 2013, es evidente que han variado y la correlación de fuerzas también ha tenido cambios que hay que tener presente. Ya Capriles no es el líder aceptado por el amplio abanico opositor; en el seno de la oposición hay varios aspirantes que le disputan el liderazgo de cara al 2018.
¿Llegó el momento?
Siendo así las cosas, ahora, habría que hacerse una nueva pregunta ¿Habrá llegado el momento para que Capriles comparezca ante la justicia para rendir cuenta de sus tortuosas actuaciones?
Lo cierto es que su prontuario aumenta a medida que pasa el tiempo, afirmándose cada vez una trayectoria ya dilatada que combina la transgresión de las leyes con una deficiente gestión gubernamental generando grandes perjuicios, especialmente, a la comunidad mirandina.
Revisar la trayectoria de Capriles, tanto en su accionar político y como funcionario público, aunque sea a grosso modo, es encontrarse con una serie de actuaciones que evidencian toda una conducta irregular merecedora tanto de sanción penal como de reconvención administrativa, moral y política.
Basta con acopiar los delitos cometidos por Capriles que han sido reseñados por diferentes medios de comunicación.
Obviando los antecedentes, se puede comenzar por reseñar el famoso caso de la Luna Llena. Fue sancionado a pagar 300 unidades tributarias por actos lascivos en la vía pública. En esta oportunidad, él mismo se perdonó la deuda cuando recibió la alcaldía de Baruta, quemó el expediente y acosó y botó al policía que lo consiguió en flagrancia.
Luego acontecieron los gravísimo hechos que se sucedieron en el marco del golpe de estado de abril de 2002 de los cuales Capriles fue uno de los actores principales; se dedicó junto con Leopoldo López, usurpando funciones, a “cazar” funcionarios del gobierno de Chávez violándole sus derechos y sometiéndolos al escarnio público. Además del grotesco asedio a la Embajada de Cuba en Venezuela, con la violación flagrante de Leyes internacionales.
Malversación
Ahora se suma la investigación que, por malversación de fondos, lleva a cabo la Controlaría General de la República entorno a la gestión del gobernador de Miranda y otros funcionarios de la gobernación de la entidad.
Mediante rueda de prensa, el Contralor General de la República, Manuel Galindo, anunció, en días pasados, que este procedimiento, se inició mediante citación del 07 de septiembre de 2016 por la dirección de Determinación de Responsabilidades con fundamento en los resultados obtenidos de las actuaciones fiscales efectuadas en la Gobernación del estado Bolivariano de Miranda por la Dirección de Control de Administración Central de la Contraloría de la referida entidad.
En este sentido, detalló que la audiencia oral y pública fue realizada con el objeto de la defensa de los ciudadanos: Henrique Capriles Radonski, Adriana María D’Elia Briceño, Ana María Fernández, Miguel Morales Lainette, Melvin Benitez Rossi, Carlos Alberto Ibarra Villamizar, Olimpia Cecilia Marcela Rotundo, Jennifer Gaggia Urtado y Ungalina Josefina Mendoza Chávez.
Al menos, dos de estos funcionarios, Morales Lainette y Benites Rossi, de tesorería de la administración de Henrique Capriles en la Gobernación de Miranda ya habían sido sancionados por la CGR por irregularidades cometidas durante su ejercicio como alcalde del Municipio Baruta en el año 2002.
Cabe destacar que Benitez Rossi , adicionalmente, propietario de un apartamento valorado en 1 millón de dólares, ubicado en un lujoso condominio de Miami, está casado con Dorisabel Briquet Mármol, hermana del dirigente de Primero Justicia, Armando Briquet, involucrado, a su vez, con Capriles en el escabroso caso ya mencionado de la Luna Llena.
Por otra parte, se puede sostener que Capriles, fue el autor intelectual del asesinato de 11 personas porque al salir derrotado en las elecciones del 14 de abril de 2013, no aceptó los resultados anunciados por el poder electoral y, lo peor, llamó a través de la televisión a sus seguidores, a salir a la calle "a drenar su arrechera" con el saldo trágico ya mencionado.
Otro delito del que se puede acusar a Capriles es el de traición a la patria. En más de una oportunidad ha declarado públicamente solicitando la intervención extranjera en nuestro país.
Basta de impunidad
Además como reiteradamente ha señalado el CLEBM este gobernador no cumple con las funciones que le competen. Destacándose la manifiesta desidia que en materia de seguridad ha demostrado, desmantelando intencionalmente la Policía de Miranda, con la intención de profundizar la situación existente en esa área y asumiendo una actitud ´ displicente con relación a los problemas del desabastecimiento de alimentos que tanto afectan a las comunidades mirandinas, en especial a las de más bajo recurso.
Suficiente prontuario como para ser enjuiciado. Hasta cuando Capriles, el gobernador ausente gozará de impunidad.
