¡Las mujeres venezolanas exigimos que este hecho no quede impune!
En vísperas de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, leo con una mezcla de rabia, dolor e indignación la denuncia que formula el Colectivo Creador de la Muestra de Cine Indígena en Venezuela, sobre lo sucedido a la compañera Leiqui Uriana en las instalaciones del Aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando funcionarios adscritos a esta dependencia, junto a integrantes de la Guardia Nacional Bolivariana, aplicaron una serie de procedimientos ilegales y humillantes a esta cultora indígena.
Sé perfectamente cómo funciona la enajenación cultural en nuestro continente. He vivido en carne propia actitudes discriminatorias contra mí en muchas instituciones públicas y privadas, por el solo hecho de no vestir ropas elegantes o que reflejen, para ciertas mentalidades obtusas, grado de profesionalización, influencias politiqueras o estatus social elevado. En una ocasión fui prácticamente botada de uno de los pasillos de la Zona Educativa de Miranda en Altamira, cuando en mi condición de subdirectora de un plantel educativo acudí a consignar los documentos de solicitud de pago del personal suplente de la institución, y una funcionaria consideró que mi presencia en la cola de taquilla estaba fuera de contexto porque allí sólo podían estar directivos, y según su apreciación visual sobre mi aspecto general, yo no debía pertenecer a ese gremio celestial que debe invertir en “una buena pinta” para que el resto de las personas lo respete y valore en el ejercicio de sus funciones.
Lamentablemente el endorracismo y la enajenación cultural viajan con nosotros, y aún dejan saldos tan desoladores como este que se denuncia en relación con Leiqui Uriana. No se trata de hechos aislados, Se trata de un mal que se vierte sobre nosotros a través de una sociedad definitivamente reproductora de una educación formal e informal colonizadora.
Aunque el hecho que se quiere destacar en esta denuncia es la política discriminatoria de seguridad que pudiera estar perpetuándose en una empresa perteneciente al Estado venezolano, sé que muy en el fondo de todo no se trata de eso. No puede ser política del Estado Bolivariano que hechos tan lamentables como esos puedan ocurrir, porque es ese mismo Estado el que ha impulsado en forma sostenida y coherente, por diferentes vías y como es su deber, el respeto y reconocimientos a los pueblos originarios y a todas aquellas personas que pertenecen a grupos vulnerables sujetos a discriminación.
En materia jurídica, los avances que se observan más recientemente se proyectan en la nueva Ley Orgánica Contra la Discriminación Racial y la Ley Orgánica Sobre el Derecho de la Mujer a una Vida Libre de Violencia.
La responsabilidad mayúscula del Estado se encuentra en su incapacidad para desestancar los esquemas cognitivos enajenados de un significativo número de funcionarios, enquistados precisamente en organismos públicos. Y por supuesto, en la penalización efectiva de conductas discriminatorias. Si no somos eficaces en eso, estamos siendo cómplices en la reproducción del mal.
Por ello exigimos que este hecho no quede impune, y particularmente hago un llamado a la movilización popular para denunciar atropellos como estos, mucho más indignantes si se hacen sobre personas pertenecientes a grupos étnicos que han sido sistemática e históricamente ofendidos y vejados por colonizados opresores y por los herederos culturales de la opresión.
Si la situación de Leiqui Uriana no es aclarada y sancionados los responsables de estos delitos, se hace imprescindible que el Colectivo Creador de la Muestra de Cine Indígena en Venezuela llame a movilización popular, para que el poder constituido en el que hemos confiado la gerencia institucional, nos demuestre que no avala un suceso como el que ahora pretende manchar nuestra justa celebración del Día Internacional de la Mujer.
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