He sido condenado a cumplir la pena de tres años de prisión. Lo primero que debo señalar es, que para un auténtico luchador social, recibir una sentencia condenatoria del actual poder judicial venezolano, es un honor. Es del total conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, que en Venezuela, es tradicional e histórico, que toda conducta anti-corrupción que corresponda a cualquier gestión, es condenada por el alto poder político e institucional.
En lo que a mí persona respecta, el día 19 de octubre de 2015, el Tribunal Cuarto de Juicio del estado Barinas, publicó la sentencia mediante la cual me condenó a cumplir la pena de tres años de prisión por la supuesta comisión del delito de Difamación, previsto en el artículo 442 del Código Penal.
El hecho por el cual fui juzgado, consiste en la denuncia pública que formulé sobre la utilización de una alta cantidad de dinero del patrimonio púbico para la adquisición en la República de Brasil de ONCE MIL semovientes, con el falso propósito de ser distribuidos entre numerosos ganaderos para fortalecer la producción nacional de carne y productos lácteos, para de esa manera contribuir a la seguridad agroalimentaria de la población y a la soberanía nacional.
Lamentablemente una sola persona, el denunciado, dispuso para el exclusivo provecho de él y de su entorno, la venta del total de semovientes a productores de otro país, inclusive a precios muy por encima a los que correspondían a la adquisición en dólares preferenciales.
Hechos como éste, han caracterizado a la actual administración pública provocando la ruina de Venezuela y el empobrecimiento generalizado de la población venezolana. Miles de millones de dólares han sido entregados a grandes corruptos con la justificación de importar alimentos y medicinas para el consumo nacional, siendo esta la principal causa de la trágica crisis que dolorosamente enfrenta el pueblo de Venezuela.
De tal manera, el delito de difamación es utilizado para criminalizar la defensa del patrimonio público de los Derechos Sociales, de la seguridad agroalimentaria y la soberanía del país.
Cabe destacar que la tendencia mundial es eliminar el delito de difamación, precisamente porque a través del mismo, se coarta el derecho a la libertad de expresión para denunciar públicamente toda conducta que desde el poder público atente contra el patrimonio de la nación y los derechos sociales. Denunciar la corrupción administrativa no es un delito. Menos aún, cuando dicho flagelo es considerado una grave violación de los Derechos Humanos, robarse los dineros públicos impide satisfacer el derecho a la salud, a la educación, a la alimentación, al deporte, al servicio de agua potable y electricidad, a la seguridad personal, etc.
En ese sentido, el único propósito de esta comunicación que dirijo a la opinión pública es ratificar mi total compromiso con las luchas sociales del pueblo venezolano, las cuales he asumido a lo largo de toda mi vida.
Debo señalar que en mi condición de luchador social nunca he ignorado la maldad y bajeza de los enemigos del pueblo, ante lo cual siempre he mantenido en alto la consigna:
¡LUCHAR HASTA VENCER!
