Es inviable
el argumento esgrimido por el Ministerio del Ambiente a través de la
Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de Pueblos
y Comunidades Indígenas de pretender dejar encerrado en las poligonales
que limitan los territorios de los pueblos indígenas Barí y Yukpa
a casi 80 hacendados y más de 150 parceleros, así como a centenares
desplazados y refugiados colombianos, y varias concesiones de carbón
y fosfatos otorgadas por el Estado venezolano a Corpozulia ya los capitales
multinacionales energético mineros.
Más aún,
resulta propio del imaginario urbano gubernamental, la propuesta de
la señora ministra Ortega de Carrizales de pretender que las partes
encerradas en estas poligonales firmen cartas de convivencias. Lo más
sensato sería escuchar los planteamientos expresados en distintas ocasiones
por los mismos líderes indígenas y de los supuestos terceros, llámese
éstos campesinos, parceleros Wayuu o hacendados; pues con los desplazados
y refugiados colombianos ubicados dentro de las poligonales demarcadoras
de las tierras indígenas ameritan otro tratamiento en el que no tiene
la primera voz el Ministerio del Ambiente.
El enfrentamiento
entre dirigentes Yukpa de la comunidad Koropo/Yushubirí con el dirigente
campesino/parcelero Wayuu Oscar Carrillo en el sector del río Negro
del Territorio Yukpa es casi un hecho cotidiano, es una muestra más
de cómo es inviable la propuesta de convivencia pacifica entre los
Yukpa con los terceros ocupantes extraños de su territorio. El proceder
psicosocial o la conducta del hombre y mujer Yukpa entra en contradicción
con el derecho consuetudinario del pueblo Wayuu; la actitud protocolar
del Wayuu no encaja con la manera inmediata y temperamental de abordar
los Yukpa sus asuntos.
Dado la pobreza
y el mal tratamiento socio antropológico a la que han sido sometidos
el pueblo Yukpa por los gobiernos de turno, ante la solución a un problema
o carencia los Yukpa acostumbra cerrar la vía con un mecate para pedir
dinero a toda los transeúntes, esto es muy común observarlos en Maracaibo,
San Francisco, Cabimas, Valencia, Maracay u otras ciudades donde se
desplazan a vender artesanía; y se forma un alboroto con gritos, piedras
y palo si la policía o algún particular trata de quitarlos de la vía
o escaparse en el vehículo sin entregarle una moneda o una ropa vieja.
Ahora bien,
más derecho sienten poseer si esta operación conductual la realizan
dentro de su territorio, quizás esta fue la causa que originó los
golpes propiciados al líder campesino/parcelero Wayuu Carrillo, quien
ha manifestado, al igual que los ganaderos la necesidad de que el Estado
gobierno les indemnice según estipula la ley para poder salir del territorio
Yukpa.
Igual situación
viven de las comunidades Barí. No existe un Barí que no solicite al
Estado gobierno, llámese Ministerio del Ambiente, Educación, INTI,
MIJ, que no le solicite la necesidad de mudar de sus territorios a los
parceleros Wayuu, colombianos o criollos venezolanos de sus territorios
auto demarcados. Ese mismo día de los hechos narrados (jueves 02/04/09),
en horas de la mañana en la sede de Asocbariven los lideres Barí y
en especial su presidenta Aminta Achirododa le manifestaban al Ing.
Edgardo Reina, Director del Ambiente Zulia y responsable regional de
la demarcación de sus tierras la misma inquietud, y la necesidad de
ampliar el espacio de las doce comunidades asentadas en su territorio
original a ambas márgenes de la carretera Machiques Colón con la adquisición
de las bienhechurías de 22 haciendas invasoras.
Pero el Ministerio
del Ambiente a través de su Ministra y del Secretario Ejecutivo Sergio
Rodríguez de la comisión demarcadora hacen caso omiso a tales peticiones
sustentada en el derecho interno venezolano e internacional, en contraposición
prefieren, haciendo como la avestruz, que la violencia siga imperando
al interior de los territorios fronterizos Yukpa. En este mismo orden
de idea, luce, manchada por la ignorancia o por un rancio y absurdo
racismo, la propuesta formulada por el Ing. Rodríguez de que las comunidades
que forman los pueblos Yukpa y Barí no se le puede entregar sus territorios
ancestrales a ambas márgenes de la carretera Machiques Colón porque
estos espacios no son ya selvas sino potreros de haciendas, que esa
“propuesta evolutiva” de llevar de indio a hacendados no es cónsona
con la propuesta de desarrollo socialista que tiene el Gobierno Nacional
pautado para estas comunidades indígenas.
Esta extraña
argumentación gubernamental no amerita respuesta, entendemos que ha
sido parida desde la prepotencia que le otorga el poder al señor Sergio
para ser usada sólo como justificadora al reconocimiento al pueblo
Barí por parte del Estado gobierno de doce parcelas la mayoría con
títulos otorgados por el extinto IAN, parcelas cuya sumatoria no llegan
a 1.500 hectáreas en tierras aledañas a la carretera Machiques Colón
y 206 mil hectáreas más en la altas montañas del Parque Nacional
Perijá, ocupadas en el lindero este de la poligonal por 105 mil hectáreas
de superficie otorgadas para abrir minas de carbón por parte de Corpozulia,
Minera MAICCA, CARBOCA, CONSULMINCA y Carbonífera Carbones del Perijá,
cuatro haciendas, 30 parceleros Wayuu, colombianos y criollos venezolanos
en el piedemonte perijanero, varias familias de refugiados colombianos
a orilla de Río de Oro límites con Colombia en lindero sur, así como
haciendas y sembradíos de amapolas en el lindero oeste de la poligonal
límite con Colombia.