Es indiscutible que esta nueva catástrofe natural ha causado daños materiales y humanos tan enormes como imprevistos. Una ayuda de urgencia es por lo tanto necesaria y todo el mundo está de acuerdo con eso. Sin embargo, la pobreza y la miseria de Haití no provienen de ese terrible temblor de tierra. Es necesario reconstruir el país porque éste ya había sido despojado de los medios para construirse. Haití no es un país libre ni siquiera soberano. Durante los últimos años, la política interior es realizada por un gobierno que está constantemente bajo la presión de las órdenes llegadas del exterior y de las maniobras de los grupos de poder locales.

 Haití ha sido tradicionalmente denigrado y a menudo descrito como un país violento, pobre y represivo en el mejor de los casos. Casi no hay comentarios que nos recuerden la independencia conquistada en 1804 tras una cruenta lucha contra las tropas francesas de Napoleón. En vez de subrayar la gestión humanitaria y el combate por los Derechos Humanos, serán el salvajismo y la violencia las características asignadas a los haitianos. Eduardo Galeano habla de la «maldición blanca»: «En la frontera donde termina la República Dominicana y empieza Haití, hay un gran cartel que advierte: El mal paso. Al otro lado está el infierno negro. Sangre y hambre, miseria, pestes.»[2]

 Es indispensable recordar la lucha de emancipación llevada a cabo por el pueblo haitiano, porque en represalia a esa doble revolución, a la vez antiesclavista y anticolonial, el país heredó «el rescate francés de la independencia», correspondiente a 150 millones de francos oro (o sea, el presupuesto anual de Francia en esa época). En 1825, Francia decidió que «los habitantes actuales de la parte francesa de Santo Domingo pagarán a la caja federal de depósitos y consignas de Francia, en cinco plazos iguales, año a año, el primero expirando el 31 de diciembre de 1825, la suma de ciento cincuenta millones de francos, destinada a indemnizar a los antiguos colonos que reclamaron una indemnización.»[3] Esto equivaldría a cerca de 21.000 millones de dólares actuales. Desde el comienzo, Haití tiene que pagar un alto precio, la deuda sería el instrumento neocolonial para facilitar el acceso a los múltiples recursos naturales de este país.

 El pago de este rescate fue por lo tanto un elemento fundador del Estado haitiano. En términos jurídicos, esto significa que fue contraído por un régimen despótico y utilizado contra el interés de la población. Francia y después Estados Unidos, cuya zona de influencia se va ampliando en Haití desde 1915, son totalmente responsables. Mientras que habría sido posible enfrentarse a las dolorosas responsabilidades del pasado en 2004, la comisión Régis Debray[4] prefirió descartar la idea de una restitución de esta suma, con el pretexto de que no tenía «fundamento jurídico» y que eso podría abrir la «caja de Pandora». Las demandas del gobierno haitiano vigente fueron rechazadas por Francia: no ha lugar a reparaciones. Francia no reconoció tampoco su papel en el ignominioso regalo que hizo al dictador «Baby Doc» Duvalier en su exilio, ofreciéndole el estatuto de refugiado político y la inmunidad.

 El reino de los Duvalier comenzó con la ayuda de Estados Unidos en 1957 y duró hasta 1986, fecha en que el hijo, «Baby Doc», fue derrocado por una rebelión popular. La violenta dictadura, ampliamente respaldada por los países occidentales, reinó durante cerca de 30 años. Estuvo marcada por un crecimiento exponencial de la deuda. Entre 1957 y 1986, la deuda externa se multiplicó por 17,5. En el momento de la fuga de Duvalier, representaba 750 millones de dólares. Posteriormente, aumentó, con los intereses y penalidades a más de 1.884 millones de dólares.[5] Esta deuda, lejos de servir a la población, que siguió empobreciéndose, estaba destinada a enriquecer al régimen. Por lo tanto es una deuda odiosa. Una investigación reciente demostró que la fortuna personal de la familia Duvalier (bien resguardada en cuentas de bancos occidentales) representaba unos 900 millones de dólares, o sea, una suma mayor que la deuda total del país en el momento de la fuga de «Baby Doc». Existe un proceso en curso ante la justicia suiza para la restitución al Estado haitiano de haberes y bienes mal adquiridos durante la dictadura de los Duvalier. Esos haberes están por el momento congelados por el banco suizo UBS, que impone unas condiciones intolerables en cuanto a la restitución de esos fondos.[6] Jean Baptiste Aristide, inicialmente elegido con un gran entusiasmo popular, fue posteriormente acusado de corrupcion y depuesto. A costa de convertirse en una marioneta de los Estados Unidos fue restablecido en el poder, solo para ser finalmente capturado y expulsado por las tropas de dicho pais. Aristide, desgraciadamente, tampoco fue innmune a la tragica malversacion de fondos y al endeudamiento establecidos por los Duvalier. Por otro lado, según el Banco Mundial, entre 1995 y 2001, el servicio de la deuda, es decir los intereses más la amortización de capital, alcanzó el considerable monto de 321 millones de dólares.

Toda la ayuda financiera anunciada en este momento debido al terremoto ya está comprometida en el pago de la deuda

Según las últimas estimaciones, más del 80 % de la deuda externa de Haití está en propiedad del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cada uno con un 40 %. Bajo su férula, el gobierno aplica los «planes de ajuste estructural», maquillados como «Documentos Estratégicos para la Reducción de la Pobreza» (DSRP). A cambio del recomienzo de los préstamos, se le concedió a Haití algunas anulaciones o alivios de la deuda, insignificantes pero que dan una imagen de buena voluntad de los acreedores. La Iniciativa Países Pobres Muy Endeudados (PPME), en la que Haití fue admitido es una maniobra típica de blanqueo de la deuda odiosa, como fue el caso con la República Democrática del Congo.[7] Así se reemplaza la deuda odiosa por nuevos préstamos, que se suponen legítimos. El CADTM considera estos nuevos préstamos como parte de la deuda odiosa, ya que sirven para pagar esa antigua deuda. Existe, por lo tanto, una continuidad del delito.

 En 2006, cuando el FMI, el Banco Mundial y el Club de París aceptaron que Haití entrara en la iniciativa PPME, el stock de la deuda externa pública total era de 1.337 millones de dólares. En el punto de culminación de la iniciativa (en junio de 2009), la deuda era de 1.884 millones de dólares. Se decidió una anulación de la deuda de un monto de 1.200 millones de dólares para que «ésta fuera sostenible». Mientras tanto, los planes de ajuste estructural arrasaban el país, especialmente en el sector agrícola, cuyos efectos culminaron con la crisis alimentaria de 2008. La agricultura campesina haitiana sufrió el dumping de los productos agrícolas estadounidenses. «Las políticas macroeconómicas apoyadas por Washington, la ONU, el FMI y el Banco Mundial no se preocupan en absoluto de la necesidad de desarrollo y de la protección del mercado nacional. La única preocupación de estas políticas es la producción a bajo coste para la exportación hacia el mercado mundial».[8] Por consiguiente, es escandaloso oír que FMI diga que «está listo para ejercer su función con el apoyo apropiado en los dominios de su competencia».[9]

 Como se expresa en el reciente llamamiento internacional, «Haití nos llama a la solidaridad y al respeto de la soberanía popular»: «A lo largo de los últimos años y junto con muchas organizaciones haitianas, hemos denunciado la ocupación militar por parte de las tropas de la ONU y los impactos de la dominación impuesta por medio de la deuda, el libre comercio, el saqueo de su naturaleza y la invasión de intereses transnacionales. La condición de vulnerabilidad del país a las tragedias naturales –provocada en gran medida por la devastación del medio ambiente, por la inexistencia de infraestructura básica, por el debilitamiento de la capacidad de acción del estado- no está desconectada de esas acciones, que atentan históricamente contra la soberanía del pueblo.

»Es momento de que los gobiernos que forman parte de la MINUSTAH, las Naciones Unidas y especialmente Francia y Estados Unidos, los gobiernos hermanos de América Latina, revean esas políticas a contramano de las necesidades básicas de la población haitiana. Exigimos a esos gobiernos y organizaciones internacionales sustituir la ocupación militar por una verdadera misión de solidaridad, así como la urgente anulación de la ilegítima deuda que hasta el día de hoy se cobra a Haití.»[10] 

 Independientemente de la cuestión de la deuda, se teme que la ayuda tome la misma forma que la que acompañó al tsunami que devastó, a fines de diciembre de 2004, varios países de Asia (Sri Lanka, Indonesia, India y Bangladesh),[11] o incluso la ayuda después del ciclón Jeanne en Haití en 2004. Las promesas no se cumplieron y una gran parte de los fondos sirvieron para enriquecer a las compañías extranjeras o a las cúpulas locales. Esas «generosas donaciones» provienen mayoritariamente de los acreedores del país. En lugar de hacer donaciones, sería preferible que anularan las deudas que tiene Haití con ellos: totalmente, sin condiciones e inmediatamente. ¿Podemos realmente hablar de donaciones cuando sabemos que la mayor parte de ese dinero servirá para el pago de la deuda externa o para el desarrollo de «proyectos de desarrollo nacional», decididos de acuerdo con los intereses de esos mismos acreedores y de las oligarquías locales? Es evidente que sin esas donaciones inmediatas sería imposible pedir el reembolso de una deuda cuya mitad, por lo menos, corresponde a una deuda odiosa. Las grandes conferencias internacionales de cualquier G8 o G20, ampliado a las IFIS, no harán avanzar en nada el desarrollo de Haití sino que reconstruirán los instrumentos que les sirven para establecer sólidamente el control neocolonial del país. Tratarán de garantizar la continuidad en el reembolso de la deuda, base de la sumisión, al igual que en recientes iniciativas de alivio de la deuda.

 Por el contrario, para que Haití pueda construirse dignamente, la soberanía nacional es el desafío fundamental. Una anulación total e incondicional de la deuda reclamada a Haití debe ser el primer paso de una política más general. Un nuevo modelo de desarrollo alternativo a las políticas de las IFIs y a los acuerdos de partenariado económico (APE firmado en diciembre de 2008, Acuerdo Hope II, etc.) es necesario y urgente. Los países más industrializados que sistemáticamente explotaron Haití, comenzando por Francia y Estados Unidos, deben pagar reparaciones con un fondo de financiación para la reconstrucción controlada por las organizaciones populares haitianas.

Traducido por Griselda Pinero y Raúl Quiroz

[11] Ver Damien Millet y Eric Toussaint, Los Tsunamis de la deuda, editorial Icaria, Barcelona, 2006