La propuesta concreta de La Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu) planteada ante la plenaria de la Asamblea Nacional, para considerar la posibilidad de exonerar el pago de impuesto sobre la renta y el de valor agregado a los trabajadores universitarios, no resulta descabellada, ni es un antojo político de estas instituciones adversas al gobierno a nivel directivo.
El salario devaluado de empleados y profesores crea un cuadro socio-económico dramático en estos servidores públicos. Si la canasta alimenticia tiene en realidad un costo aproximado de noventa mil bolívares, y la cesta básica familiar otro valor cercano a los ciento cuarenta mil bolívares, demás está suponer los milagros y las penas que padecen estos venezolanos y venezolanas sometidos ya a más de sesenta años de precariedades materiales y salariales. Por otro lado, quienes tienen hijos estudiando en otras universidades, con el correspondiente pago de alquiler y manutención, sienten con amargura las privaciones económicas devenidas de una pobreza forzada por la falta de sensibilidad política hacia las universidades nacionales, instituciones estas tan sensibles y esenciales para ese cacareado "desarrollo nacional productivo".
Las universidades de Venezuela siempre han sido productivas. Los médicos, los abogados, los ingenieros, los economistas, los sociólogos, los politólogos, los docentes universitarios, los historiadores, los odontólogos, etcétera, que ha tenido este país no los sacó el gobierno de un día para otro de debajo de la manga. Estos profesionales prestan servicios útiles en los organismos públicos y en el sector privado, y si cada cual tiene una preferencia política determinada esa es harina de otro costal; pero están ahí, son un producto concreto y un recurso humano de incalculable valor.
El salario del personal universitario no alcanza ya ni para el mantenimiento de los vehículos que los transporta de mañana a noche a su lugar de trabajo. El bono de aguinaldos, por ejemplo, de un profesor titular alcanzó en diciembre los ciento cincuenta mil bolívares. Si este docente compró los cauchos de su vehículo y una batería, no le quedó para pagar los sesenta mil bolívares del Impuesto sobre La Renta que debe declarar antes de finales de marzo. Además, si percibió en bono de doctorado, suponiendo que tenga este posgrado en su haber, el bono respectivo de setenta y cinco mil bolívares una vez al año no alcanza ni para los cambios de aceite del automóvil. Demás está suponer cómo vive un profesional de estos en su hogar y el desánimo notorio que manifiestan al momento de asistir a sus lugares de trabajo. Nunca se les incluyó en la Misión Vivienda y muchos viven arrimados entre sus familiares.
Las renuncias masivas de docentes universitarios para irse fuera de Venezuela, principalmente hacia Ecuador, no sorprende. Allá ganan siete mil dólares y pueden cubrir todas sus necesidades materiales. Por otro lado, un docente con la categoría de Profesor Asociado que se haya jubilado en junio pasado, y tenga dos hijos menores de edad, no cobrará de prestaciones sociales más de un millón ochocientos mil bolívares después de veinticinco años de servicio. Con ese dinero sólo podrá adquirir un par de aires acondicionados, una nevera grande, un tv y una computadora. Si se trata de una laptop o portátil, ésta tiene un costo en el mercado nacional cercano a los cuatrocientos mil bolívares. Las impresoras sobrepasan los cien bolívares. Es decir, ese profesor jubilado ni reparará su casa ni podrá cambiar de vehículo, o invertir en algo productivo ni adquirir un bien inmueble para algún hijo. Tampoco podrá viajar al exterior a realizar algún estudio o mejoramiento, ni de placer, por cuanto sólo el boleto aéreo le consume el esfuerzo de veinticinco años de trabajo. Esto es insólito.
Aunque la propuesta de AVERU no alienta en sí ninguna esperanza, su aplicación sí puede ayudar, en esta coyuntura crítica del país, a dignificar al personal universitario. Da tristeza ver a profesionales jóvenes que el gobierno absorbió para embestirlos de ministros y jefes de direcciones administrativas claves, en su mayoría jóvenes profesionales menores de cuarenta años, quienes se convirtieron en pocos años en magnates, en ricachones, sin ningún tapujo y hoy son los dueños de las grandes propiedades en la isla de Margarita, con mansiones en Pampatar, Guarame y el municipio Antolín del Campo, con terrenos para futuras propiedades, camionetas de ochenta mil dólares, moto playeras, negocios de lujo, camiones, y para usted de contar. Pero son estos personajes quienes al lado del Presidente Maduro acarean el ataque a la corrupción y hasta los ponen a enfrentar a la corrupción. Insólito también. Sin embargo, con apoyo o no del Estado venezolano, y más allá del texto Constitucional, las universidades estarán siempre presentes en la lucha por el bienestar de este gran país. Con hambre y con dolor, con frustración e impotencia, pero en la lucha y la batalla más allá de esos políticos de izquierda y derecha que sólo se ven sus bolsillos y cuidan sus intereses partidistas. No lo justo pero es la práctica. Ni capitalismo no socialismo siglo veintiuno, ni socialismo siglo veintiuno ni capitalismo, (al revés y al derecho), han aportado a estas instituciones el trato que en justicia se merecen. Aún así, se aspira a convertir a Venezuela en una nación desarrollada y potencia. Con hambre, penuria y miseria no se potencia nada. Son cuentos de camino. La corrupción gobierna fuera de las universidades y dentro de las universidades también. Los trabajadores sufren, callan y esperan. Así de simple.
