La vida cotidiana del pueblo que vive de su trabajo se ha convertido en un calvario. Carestía sin control, desabastecimiento programado por el capital local, problemas agravados por la ineficiencia del Estado para desarrollar políticas que lo resuelvan. En la crisis destaca el papel de la especulación financiera que persigue presionar para una distribución de la Renta Petrolera que rompa con la apropiación y distribución estatal del dólar, para perforar los recursos que deben ser usados para montar un nuevo modelo productivo y mantener las políticas sociales.

A esto se suma, ahora, una ola de despidos en la empresa privada (caso automotriz entre otros), los obstáculos en la discusión de contratos colectivos, la aplicación de rebajas salariales y un golpe general al salario directo y al salario social del pueblo que vive de su trabajo. Este cuadro conforma el angustiante paisaje diario al que se enfrenta el venezolano común.

Esta situación provocada y que no se corresponde con la realidad económica del país. Pone en riesgo la estabilidad política del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Al que nosotros, como la mayoría del chavismo, consideramos una conquista del proceso bolivariano. Conseguida en medio del dolor provocado por el fallecimiento del Comandante Chávez.

Sin embargo, la parálisis y vacilación del gobierno por la presión de los grandes actores económicos y por la propia incapacidad en algunos casos o complicidad en otros de un sector de altos funcionarios, facilita el trabajo de una derecha política inepta, que tiene como objetivo recuperar el país que rescatamos de sus manos en 1998, para volver a ponerlo a su servicio.

En este marco de incertidumbre la situación se vuelve incomprensible para el ciudadano de a pie. Hay confusión y pesimismo sobre el futuro del proceso y de las conquistas logradas. Es en estas circunstancias que se realiza el III Congreso del PSUV, el partido de gobierno, al que el presidente Maduro le ha pedido la construcción de propuestas.

Desde Marea Socialista, por las razones que ya hemos expuesto en documentos anteriores, convocamos a una Conferencia Nacional Abierta para el 19 de julio en la Ciudad de Caracas, en donde someteremos al debate y resolución de los voceros electos de los estados, regiones y equipos este documento de propuestas. Lo hacemos de manera pública y abierta para que puedan aportar todos aquellos a los que les preocupa el destino del proceso y del pueblo que vive de su trabajo.

Este Documento, una vez aprobado en la Conferencia de Marea Socialista, al igual que los anteriores, será entregado a los delegados del III Congreso del partido, al conjunto de militantes de las UBCH, y al Presidente Maduro como un aporte para la elaboración de políticas desde el punto de vista de los trabajadores y el proyecto de independencia nacional del Comandante Chávez.

Porque confiamos en el pueblo que derrotó el golpe de Abril y el sabotaje petrolero, lo hacemos de cara a toda la sociedad. Sin temores ni prevenciones. Como lo que somos: parte inseparable del pueblo que parió a Bolívar y a Chávez.

1.- Para derrotar la corrupción y la acumulación mafiosa de capital. Proponemos una Auditoria Pública e Independiente, con participación ciudadana, convocando a expertos nacionales e internacionales, para demostrar que esa supuesta deuda no existe.

Fedecamaras, Venamcham y otros sectores de la burguesía y la derecha política han logrado instalar en el debate público que la causa fundamental del desabastecimiento, la caída de la producción local de mercancías y también una de las razones fundamentales de la carestía en los precios, es una supuesta deuda en dólares que el Estado mantendría con los empresarios. Nosotros sostenemos que esto es falso. Afirmamos aquí y de cara al país que esas deudas no existen.

Por otra parte y sin que haya reclamos sobre el tema por parte de estos mismos empresarios, importadores y banqueros, el país debate diariamente la corrupción escandalosa que ha tomado forma de raspadera de olla sobre los fondos públicos y los dólares de la renta petrolera.

El ex ministro Giordani denunció en el año 2013 en un Foro abierto y público realizado por el periódico Últimas Noticias, la estafa por más 20.000 millones de dólares otorgados por el desaparecido SITME en el año 2012. Luego el Vicepresidente del área económica Rafael Ramírez habló de un desfalco similar, pero esta vez a CADIVI.

Otras voces autorizadas afirman que el volumen de fuga de divisas al exterior por parte del sector privado (capitalista) de la economía, alcanza en los últimos diez años una cifra cercana a los 20.000 millones de dólares anuales. Cifra que coincide con los 190.000 millones de dólares depositados en el exterior por privados venezolanos, esto último según datos que se pueden constatar en el sitio web del Banco Central de Venezuela.

Al mismo tiempo, en nuestro pueblo existe la certeza, que compartimos, que ese tipo de operaciones criminales de los sectores empresariales no pueden hacerse sin la complicidad de altos funcionarios del Estado. Esta idea se afirma sobre todo cuando no hay investigaciones que se hayan hecho públicas ni listas serias con los nombres y filiación de los implicados. Estamos presenciando el desarrollo de un patrón mafioso de acumulación de capital por parte de la burguesía parasita venezolana y un sector de la alta burocracia corrupta, una casta de privilegiados.

Por todo esto proponemos:

a) Rechazar la supuesta deuda en dólares, exigida por los empresarios hasta tanto quede demostrada su legalidad y legitimidad de manera transparente.

b) Convocar a una Auditoria Pública, de cara a toda la sociedad. Realizada por una comisión independiente de las cámaras empresarias y autónoma del Estado. Integrada por expertos nacionales e internacionales de reconocida probidad y honestidad y con participación ciudadana. Que determine si los reclamos empresariales son reales o no. Y que construya la lista de empresas y funcionarios que estafaron al país. Para que de acuerdo a las leyes venezolanas y a la Constitución Bolivariana, se los castigue ejemplarmente.

Cómo militantes revolucionarios involucrados con el proceso, ponemos a la orden para esta tarea, nuestros cuadros capacitados y con experiencia en la investigación de la fraudulenta deuda externa de la IV República: Gonzalo Gómez y Juan García, que junto a otros destacados cuadros revolucionarios son integrantes de la Red Venezolana contra la Deuda espacio que realizó aquella investigación. Proponemos que ellos junto a decenas de probados técnicos y cuadros políticos venezolanos, honestos y capacitados puedan asumir esa investigación.

Al mismo tiempo, transmitimos la voluntad de participar de una instancia de este tipo, si se considera necesario, del amigo y camarada internacionalista, Erick Toussaint, solidario con Marea Socialista. Erick fue miembro principal de la Auditoria de la deuda externa de Ecuador, ordenada por el Presidente Correa. En esa investigación se determinó que gran parte de la deuda ecuatoriana era ilegitima y fraudulenta. Lo mismo que nos ofrecemos a gestionar la participación de otros integrantes de esa comisión presidencial del Ecuador y de otros cuadros y expertos latinoamericanos solidariamente relacionados con nuestro proceso.

2.- Planificar las Importaciones de acuerdo a las prioridades del pueblo trabajador y la soberanía económica del país. Monopolio Público del Comercio Exterior. Concentración de todo el crédito nacional para solventar la crisis.

Estamos en una situación de crisis grave que es urgente abordar. Según informes del Banco Central de Venezuela el desabastecimiento de los productos de consumo masivo alcanza para el mes de junio, el 30% en Caracas que es el único sitio donde se mide esa estadística oficialmente. Los que recorremos el país o tenemos familia en el interior, sabemos que en los estados esta cifra es muy superior. Además de alimentos, faltan medicinas, repuestos, maquinas, herramientas, artículos de mantenimiento del hogar, higiene, y una larga lista de otros productos.

Pero toda crisis puede convertirse en una oportunidad. La concentración en manos estatales con control público y de cara a la sociedad de todas las importaciones, permitirá planificar las necesidades reales y urgentes de importaciones para nuestro pueblo. Y será el primer paso para instalar y probar un Monopolio Público del Comercio Exterior para que los dólares de nuestra renta petrolera vayan a las importaciones imprescindibles y gradual y progresivamente al desarrollo del nuevo modelo productivo soberano que necesitamos construir. En especial para que empecemos a Sembrar Petróleo en nuestra agricultura e industria.

De la misma manera, la concentración de todo el crédito existente en el país, producto del ahorro nacional público y privado, facilitará un plan de inversiones simultáneo al control de importaciones que permitirá dar los primeros pasos para poner en pie un nuevo modelo productivo, que utilice nuestras ventajas comparativas con el mercado mundial y la calidad de nuestro recurso humano.

No es posible que la banca privada o la estatal manejen discrecionalmente el crédito, violando en algunos casos leyes nacionales. El crédito debe ser monopolizado y controlado públicamente para que esté al servicio de vencer la crisis actual y desarrollar el nuevo modelo productivo que rompa con el modelo de capitalismo rentístico dependiente. El control social y público realizado por instancias alejadas de los empresarios y el Estado de esa concentración del crédito es fundamental.

3.- Derrotar el desabastecimiento programado. Imponer un efectivo control público de precios. Y construir un efectivo control sobre los planes de producción de los grandes poderes económicos privados locales.

Otra de las ideas que buscan imponer las usinas del pensamiento neoliberal al servicio del gran capital, y que lamentablemente tienen voceros en el alto gobierno, los llamados “pragmáticos”, es que los controles y regulaciones le hacen daño al funcionamiento de la economía.

En el caso del desabastecimiento, ellos sostienen que esto ocurre a causa de las regulaciones de precios y el control de cambios. En el caso de la carestía también culpan al control de cambios, la supuesta deuda en dólares que tendría el Estado y a que el Estado gasta mucho, y en el caso de la caída de la producción, además de todo lo anterior le echan la responsabilidad a los supuestos privilegios que tendrían los trabajadores debido la LOTTT, la LOTCYMAT y el resto de la legislación laboral progresiva que conquistamos durante estos 15 años.

Pero la realidad es distinta. Lo que estamos presenciando es un complot empresarial similar al ocurrido en 98/99 y en el 2002/3 y en otras oportunidades. Esto es completamente demostrable. El mecanismo de suspender la producción de productos, o de desviar los mismos por medios de las redes de distribución privada se puede constatar inmediatamente.

Los productos alimenticios desaparecen por momentos y en otros momentos vuelven a aparecer en los anaqueles de los mercados. Cuando hay harina de maíz, no se encuentra harina de trigo. Cuando hay aceite, no hay mantequilla y así con todo.

En el caso del café, producto que industrializa en parte el sector estatal, afirmamos y podemos demostrar, que hay suficiente producción para satisfacer el mercado venezolano. Sin embargo, salido de las puertas de las empresas torrefactoras, las redes de distribución privadas lo desvían de los mercados formales. Pero todos sabemos que no es difícil encontrarlo en la venta informal solo que a precios escandalosos. Por otra parte los pequeños productores agrícolas de este producto tienen que soportar bajísimos precios por su producción y maltrato por los entes estatales de control y concentración del producto, sin que eso se refleje en el precio final de venta al público.

La política de las Mesas de Paz Económica ha sido utilizada por las cámaras empresarias como tapadera de este complot. En ellas exigen por unas deudas que no existen. Cambios en la política de precios. Devoluciones de hatos, bancos, hoteles, centro comerciales, edificios y empresas recuperadas por la revolución. La eliminación de las conquistas sociales y económicas de nuestros trabajadores. Y el desmantelamiento de la política social del proceso. Mientras tanto desde el gobierno se ha cedido en algunos de estos reclamos y no se escuchan a los verdaderos actores productivos y consumidores del país: Los trabajadores y las comunidades. La verdadera Mesa Productiva es otra, con los trabajadores, los comuneros, los movimientos campesinos... En fin con los que vivimos de nuestro trabajo.

Para nuestro pueblo, es también evidente que sin una complicidad desde el alto gobierno o por lo menos el grave error de aceptar los reclamos de los empresarios esta situación no se hubiera dado.

Por esto proponemos:

a) Seguimiento y control de los planes de producción: Creación de una instancia pública, no estatal de seguimiento de la producción, la distribución, la venta y la fijación de precios de productos esenciales. Esta instancia no debe estar bajo la órbita de ningún ministerio ni debe tener injerencia de las cámaras del gran capital. Tiene que ser autónoma y publica. Construida por los sindicatos de base, los consejos de trabajadores, las organizaciones comunales y las instancias organizativas que decidan los trabajadores de las empresas de alimentos y productos esenciales como higiene, medicamentos, etcétera. Deben tener poder para abrir libros contables, revisar inventarios, niveles y ritmos de producción y cumplimiento de los derechos laborales y de salud y seguridad en el trabajo de los planteles de trabajadores.

b) De la misma manera proponemos la creación de una instancia de control de precios y de inventarios comerciales también pública y abierta, sin injerencia estatal, ni de las cámaras empresarias, que use como instrumentos de coordinación, inspección y sanción, a las instancias del poder popular. Sumadas a las anteriores de organizaciones de trabajadores y comunidades, los trabadores de las empresas comerciales y de distribución.

c) Proponemos para articular nacionalmente, coordinar y orientar esta tarea revolucionaria, un Consejo que no esté limitado por ningún órgano del Estado ni económico del gran capital, al que proponemos que integre, entre otros, el Camarada Eduardo Samán: Cuadro de probada trayectoria y experiencia, conciencia revolucionaria, eficiencia y honestidad y que nos adelantó su disposición a asumir ese puesto de lucha. Ese Consejo debe surgir de las bases del pueblo que vive de su trabajo, y de expertos de moral incuestionable, con la condición de que no estén en cargos oficiales ni en niveles gerenciales de la empresa privada.

4.- Salario mínimo ajustado mensualmente de acuerdo a la cesta alimenticia. Reimpulso de las Misiones Sociales de alimentación, salud, educación y vivienda. Reforma impositiva integral para el financiamiento del Estado.

Los empresarios y los políticos de la MUD, avalados por el sector “pragmático” de derecha que presiona desde el interior del gobierno, culpan de la inflación y la carestía a las leyes laborales y a nuestros trabajadores. Dicen que son flojos, locheros y consumistas. Se niegan a discutir nuevos acuerdos salariales justos en los contratos colectivos de sus empresas. Un caso extremo es del Empresas Polar. Pero es una práctica generalizada en el sector privado y público. Y el otro argumento que usan es el déficit fiscal, es decir el supuesto gasto excesivo por parte del gobierno. Todo esto es tan falso como los argumentos anteriores.

Sólo la comparación del salario mínimo actual con el costo de la cesta alimentaria, muestra una pérdida del poder de compra del salario grave y preocupante. Mientras que el salario mínimo, que es el que percibe la mayoría de los trabajadores de nuestro país y las pensiones, que es el ingreso del sector más vulnerable de la población, no superan los 5.000 bs., la cesta de alimentos según el INE está cercana a los 9.000 bs. Y esta diferencia se agiganta en contra del salario si se lo compara con la cesta básica, que incorpora entre otros, salud y educación y está cerca de los 19.000 Bs.

El pueblo que vive de su trabajo está sufriendo una enorme merma en el salario social. Es decir en el acceso a servicios esenciales que se resolvía en parte por el papel principal que juegan las Misiones Sociales fundamentales.

Así estamos asistiendo al desmantelamiento de los CDI, los Mercales y Pdvales, el robo descarado del sistema privado de Salud, parálisis de la Gran Misión Vivienda y muchos otros aspectos que hacen que el empobrecimiento de nuestro pueblo tenga niveles alarmantes.

Por otra parte desde las voces oficiales del gobierno se señala que el déficit del Estado es producto esencialmente del precio de la Gasolina y otros subsidios, algunos de los cuales ya han sido eliminados como el del consumo eléctrico.

Pero se oculta, para nosotros deliberadamente, que por ejemplo, el sector bancario, uno de los que más ha ganado en los últimos años y que además es el responsable del manejo discrecional de dólares de nuestra Renta Petrolera, no paga impuestos.

Lo mismo sucede con las grandes fortunas, los ultra millonarios, los que tienen apartamentos y empresas en Panamá y en Miami, lo los que compran Bancos de primera línea en España como el señor Escoté, que los han conseguido con los recursos que le quitaron a nuestro pueblo, no pagan un impuesto especial por sus exorbitantes ganancias. Se llega así al extremo vergonzoso que los millonarios, solo pagan lo mismo que cualquier ciudadano que vive de su salario, el IVA y los impuestos indirectos y en algunos casos el impuesto a la Renta. Por lo tanto es falso que el aumento de la gasolina resolvería de manera justa el problema del financiamiento del Estado. Sin una verdadera revolución impositiva para que paguen los que más tienen no habrá solución tampoco a este problema.

Para sostener el nivel de vida de nuestro pueblo de manera digna y hacerle frente al financiamiento del Estado con recursos genuinos proponemos:

a) Llevar el salario mínimo y las pensiones al valor de la cesta de alimentos. Y actualizarlo mensualmente de acuerdo a los índices de evolución de esa cesta.

b) Reimpulso de las Misiones esenciales, concentrando todos los recursos, en Alimentación, Salud, Educación, Vivienda y otras fundamentales.

c) Reforma impositiva integral. Cambiando el criterio de tributación universal por uno solidario, en el cual paguen más los que más tienen. Proponemos cuatro impuestos fundamentales:

1. Impuesto de emergencia a las grandes empresas, bancos, compañías de seguros, Clínicas que viven de los HCM y otros especuladores. Este impuesto deberá llegar al 50% de las ganancias registradas en balances mensuales.
2. Impuesto al patrimonio personal del 5% sobre el total bruto a las grandes fortunas personales. El piso mínimo debe ser determinado en relación al salario más alto de los niveles gerenciales de empresas y bancos y debe crecer proporcionalmente de acuerdo al nivel de tasación de propiedades inmobiliarias y de otras propiedades muebles como automóviles, yates o aviones.
3. Impuestos y aranceles superiores al 100% para las mercancías que en esta coyuntura puedan considerarse de lujo, y de entre el 50% y el 100% para frenar la importación de mercancías que puedan ser producidas en el país.
4. Impuestos extraordinario a la ganancia del capital financiero.

d) Sólo en este marco, puede pensarse en un ajuste del precio de la gasolina para uso familiar. Teniendo en cuenta que se deben buscar mecanismo para que no afecte los precios del resto de la economía. Y que la eliminación del actual subsidio debe ser parte de un plan gradual de al menos 5 años de duración.

Que quede claro que no planteamos un modelo impositivo socialista. Este tipo de impuestos son propios de países capitalistas y son aceptados por la burguesía de esos países. Si nuestros empresarios y banqueros parasitos, vividores de la renta petrolera dicen que el capitalismo es un mejor sistema, que paguen su modelo.

f) Con el mismo criterio anterior de que las medidas sean diseñadas y seguido su cumplimiento, por un consejo asesor y contralor, que no tengan relación con las cámaras empresarias del gran capital. Proponemos la creación de una Comisión de cuadros políticos y técnicos del proceso, aceptados por el pueblo de manera democrática, que hayan demostrado capacidad para elaborar una reforma impositiva que apunte a la distribución progresiva de la riqueza. Y que no tengan cargos en el Estado. Para que presente, además de estos puntos que estamos proponiendo, un plan completo de reforma fiscal progresiva integral.

5. Para frenar la crisis gobernar con el pueblo y por sus intereses, activando el Poder Constituyente. “Sacudón al Gobierno”.

Tiene razón el presidente Nicolás Maduro cuando señala que es necesaria una política de “sacudón” al gobierno. Estamos dispuestos a apoyarlo. Porque es eso lo que pide el pueblo que vive de su trabajo. Nuestro planteo es que este sacudón debe orientarse de acuerdo a los preceptos del Golpe de Timón y del Plan de la Patria. Y del camino de construcción del Estado Comunal.

Sin embargo, no es sólo un problema de nombres para ocupar cargos. El actual Estado y el actual funcionamiento del gobierno, donde conviven distintos grupos de poder, es un obstáculo para la aplicación de ese sacudón sino se cambian estructuras y se rompe con la lógica del Capital para imponer la lógica del Trabajo, es decir, de instancias que regulen a favor del pueblo que vive de su trabajo.

La más grave debilidad que enfrenta el gobierno en la actualidad es el declive de apoyo político, por parte del pueblo chavista que está confundido y en algunos casos paralizado. De nada sirve ocultar este hecho. No se puede tapar el sol con un dedo. La fortaleza política conquistada por el presidente Maduro luego de las elecciones municipales de diciembre pasado, se está evaporando.

Y esto ocurre al ritmo de las vacilaciones y las indecisiones de las políticas del gobierno, que llevan a cederle a las presiones económicas del gran capital local e internacional. El sacudón que hay que darle al gobierno tiene que servir para dar un cambio de rumbo radical.

En primer lugar para recuperar la esperanza y el apoyo decidido del pueblo chavista, es necesario gobernar recuperando las claves del proceso bolivariano y de nuestra revolución. La principal de ellas es la movilización popular.

Pero no se trata de convocar marchas o concentraciones forzadas donde se obliga a participar a nuestra gente para que escuche discursos de dirigentes que no hablan el lenguaje de las necesidades del pueblo que vive de su trabajo. Se trata de una movilización para tomar decisiones, donde el poder popular sea protagonista en el diseño de su propio destino.

Para recuperar la fortaleza política y social de nuestro proceso y de nuestro gobierno se trata de activar el Poder Constituyente. El presidente tiene las herramientas legales para hacerlo, para esto lo Habilitamos en septiembre de 2013.

Por eso proponemos:

a) Toda decisión estratégica debe ser Refrendada en elección popular, como autoriza nuestra constitución. Por ejemplo: la sanción a los corruptos. El cambio radical en modelo impositivo para que paguen los que más tienen. El no pago de la deuda a los empresarios hasta que se demuestre si es legítima. El control de la producción y la distribución por parte de los trabajadores de las empresas. El control de precios y del abastecimiento. En fin, la defensa del control y distribución de la renta petrolera y de los dólares de la nación en los que esa renta se expresa.

b) Esta movilización, esta activación del Poder Constituyente, es posible si enviamos a decenas de miles de cuadros y militantes revolucionarios a abrir espacios para estos debates de fondo en todo el país. En cada empresa, en cada comunidad, en cada universidad y liceo. En las urbanizaciones y los barrios de las ciudades. En los pueblos y en los campos. Tenemos que poner a debatir y decidir sobre el rumbo que necesita nuestro proceso y sobre las medidas concretas de ese rumbo a nuestro pueblo. A ese pueblo capaz de protagonizar hechos verdaderamente revolucionarios.

c) Sería útil a este propósito que el sistema de medios públicos se abriera de una vez a escuchar, divulgar y reproducir las voces hoy censuradas de nuestro pueblo, sus angustias y propuestas.

d) Rescatar la importancia de la planificación, esencial para el diseño del nuevo modelo productivo. Rescatando también para esta tarea fundamental, la claves constituyentes de la Revolución Bolivariana. Debemos poner en pie una planificación democrática, inclusiva, en función de las necesidades del proyecto bolivariano de independencia nacional, soberanía económica y justicia social. Se debe planificar en una relación de ida y vuelta entre el nivel central y los niveles locales, con una verdadera participación popular protagónica.

Ese es el “sacudón” que necesita nuestro gobierno.

Esta tarea es la que se ha asignado para sí Marea Socialista. Más allá de nuestras limitadas fuerzas, comprendemos la hora histórica de definiciones que vive nuestro proceso. Y porque junto a Chávez hemos aprendido a vivir sin miedo, conscientes de la fuerza de nuestro pueblo es que hacemos este llamamiento. Porque así es que, según nuestro punto de vista, ayudamos al presidente Maduro.

Lo que se debatirá en la Conferencia Nacional Abierta de Marea Socialista son propuestas de lucha. Propuestas dirigidas a los Delegados al III Congreso del PSUV para que las hagan propias. Propuestas que compartiremos con nuestros iguales, los militantes de base de las UBCH y el pueblo chavista. Propuestas para defender las conquistas del Proceso y defenderlas sin dar un paso atrás. Como aprendimos juntos Chávez y el pueblo bolivariano.