En estos momentos se desarrolla un importantísimo debate sobre el significado del decreto de amnistía firmado por el presidente Chávez, que nos obliga a revisar la orientación misma del gobierno nacional. En este marco, Emelina Morillo y Rodrigo Quijada han respondido a mi artículo "El presidente Chávez empezó a cobrarse los votos que le faltaron a su reformismo" ( http://www.aporrea.org/ddhh/a48457.html ). Este debate forma parte de un ejercicio democrático indispensable para el desarrollo de cualquier proceso revolucionario, y la página aporrea.org está sirviendo de medio privilegiado para que esta discusión pueda realizarse. En una coyuntura histórica tan compleja como la actual, hace falta valentía y verdadero compromiso revolucionario para mantener la amplitud democrática necesaria para un debate como el que hoy estamos dando, pues no son pocos los enemigos de la discusión, ni pequeños los intereses afectados por la crítica de izquierda.
Emelina Morillo me ha enviado una breve nota en la que expresa lo siguiente:
"Bueno, ¿No votaron por el No? ¿Que no quieren socialismo, que lo que quieren es a un presidente de la derecha, que vuelva el pacto de Punto Fijo, que regresen las negociaciones, que sea Fedecámaras quien ponga el sueldo mínimo, que ellos sean los que designen al ministro de Finanzas, en fin, que estemos en la IV República? Bueno aquí tienen y no se quejen". El comentario de Morillo viene a justificar el giro a la derecha del gobierno, que se ha acentuado luego del referendo de diciembre, como un pase de factura contra el pueblo que no votó a favor de la reforma. Ha sido el gobierno, empezando por el propio presidente Chávez, quien ha interpretado el resultado electoral en esos términos: el pueblo no está maduro para el socialismo, la reforma era demasiado avanzada, etc. Luego, si el pueblo no quiere socialismo, entendiendo por “socialismo” el proyecto de reforma, porque esa propuesta era demasiado avanzada, cabe esperar un retroceso brutal de parte del gobierno. La anunciada rectificación del gobierno entonces es una mayor derechización, mayores concesiones a la burguesía y a sus apéndices organizativos, como Fedecámaras, la CTV, o los políticos fascistas, hoy beneficiados por la amnistía presidencial.
Ahora bien, si la reforma era tan revolucionaria como planteaba el gobierno, resulta incomprensible que ese mismo gobierno hoy avance en sus negociaciones y pactos con la burguesía. ¿Cómo es eso de que el gobierno es revolucionario un día y al rato ya no, dizque para castigar a la gente? Extraña forma de ser revolucionario. En realidad no hubo un giro espectacular en la política del gobierno, pues esa reforma no era socialista. La intención de alcanzar acuerdos con los capitalistas para lograr un clima estable de gobernabilidad, o minimización de las contradicciones, era un propósito previo al proyecto de reforma, el cual se mantenía vigente en ese proyecto, y que hoy en día se evidencia contundentemente a través de medidas como la liberación de los precios de los alimentos, los acercamientos con la CTV, o la amnistía. El resultado del referendum refleja, sobre todo, la erosión de la confianza popular en el gobierno, pero no porque el gobierno lleve a cabo políticas demasiado revolucionarias, sino por todo lo contrario. No es que el pueblo no esté a la altura del gobierno; es el gobierno el que no satisface las expectativas del pueblo, con sus políticas timoratas e ineficaces, y las tremendas contradicciones entre el discurso y la práctica.
Resulta que la mayoría de la gente que no votó la reforma tampoco quiere que se restaure el pasado neoliberal, ese es un mito estúpido alimentado por ciertos fanáticos enceguecidos por la derrota. Esa mentira le otorga una fuerza a la derecha que ella realmente no posee. Si en Venezuela hubiera cuatro millones de adecos, o de fascistas, nosotros no estaríamos dando esta discusión. La fallida reforma y la amnistía son coherentes en tanto instrumentos que buscan un equilibrio entre clases sociales antagónicas, ambos persiguen la conciliación entre explotadores y explotados, capitalistas y trabajadores. Distintos medios y el mismo fin, se trata de una política impulsada por el gobierno, antes y después del referendo. El resultado del referendo no le da al gobierno carta blanca para entregar las conquistas sociales. Son conquistas sociales porque nos las ganamos en la lucha como movimiento social, no nos las regaló nadie. La UNT es una conquista de los trabajadores venezolanos que el gobierno intenta enterrar, otorgando curúles y el Ministerio del Trabajo a ex dirigentes sindicales de las tendencias burocráticas que no quieren ver una central obrera fortalecida, precisamente para que desde esos espacios en el Estado se ataque a las organizaciones sindicales autónomas y se torpedeen las luchas obreras más emblemáticas; y más recientemente esto se evidencia con el llamado a negociaciones a la CTV, que es un cascarón vacío.
Rodrigo Quijada ha escrito un artículo titulado "Respuesta a los camaradas opositores" ( http://www.aporrea.org/ddhh/a48496.html ), y aclara que se refiere a con ese título a "ciertos camaradas, que se han dado a la tarea de querer ser más marxistas que Marx, y más revolucionarios que el Ché". Y, más concretamente, aclara que se refiere a mi persona, y a Jesús Rivas, quien ha publicado un artículo proponiendo un referéndum abrogatorio contra el decreto de amnistía. Quijada no aclara de dónde infiere la intención de ser más marxistas o guevaristas de la cuenta. El articulista cita a David Karvala para sentenciar que no se puede calificar al Presidente, o más propiamente a su política, de reformista. La cita que utiliza en realidad es muy buena para explicar por qué la política del gobierno sí es reformista. Veamos lo que dice Karvala:
“La esencia del reformismo es la búsqueda de reformas en el capitalismo, sin romper con este sistema. En el período de boom, esto era posible. Pero desde los años 70 en adelante, hemos vivido varias crisis importantes. Ya no se permite la ambigüedad; se puede luchar por mejorar la vida de la mayoría de la gente o se puede defender al sistema. No se puede hacer ambas cosas a la vez.”
Lo que define básicamente al capitalismo es el predominio de la propiedad privada de los medios de producción. Romper con este sistema es socializar la gran propiedad productiva y avanzar hacia la planificación democrática de la economía. Sólo por la vía del socialismo se pueden atender los intereses de las mayorías populares, y por el carácter antagónico de las clases sociales, no se puede favorecer al mismo tiempo a quienes se lucran de la injusticia y quienes son sus víctimas. Cuando Karvala señala que el reformismo es inviable, no dice nada que no forme parte del debate clásico sobre reforma y revolución. La política del gobierno no busca para nada “romper con este sistema”, sino que trata de hacer algo imposible a juicio de Karvala y de cualquier socialista revolucionario, a saber: mejorar las condiciones generales de vida de la población y mantener al capital en una actitud de cooperación con ese proyecto. Es por esa razón que ese socialismo del siglo XXI es un socialismo utópico.
Para nadie es un secreto que Venezuela vive un período de boom petrolero, y que el Estado rentista dispone de muchos recursos para financiar programas sociales que ciertamente mejoran la calidad de vida de la población. El sentido político de la asistencia social puede tener signos distintos: si estimula la organización social y la movilización popular, se trata de una política progresista; si desmoviliza y se alimentan clientelas, entonces estamos ante una política populista y reaccionaria. Karvala está en lo correcto cuando dice que no se puede luchar por mejorar las condiciones de vida de las mayorías sin, al mismo tiempo, luchar en contra del sistema capitalista. Eso está relacionado con lo que Trotsky llamó la disolución de la diferencia entre programa mínimo y programa máximo, y lo que significa es que si se toman medidas populares, aún en el marco capitalista, ellas desencadenarán una reacción adversa por parte de la burguesía, la cual utilizará los medios a su disposición para revertir las medidas. Para defender esas medidas mínimas, un gobierno independiente, aún cuando no tenga inicialmente un programa revolucionario, se verá forzado a disputarle a la burguesía la base material de su poder, para poder sobrevivir. Es decir, para defender conquistas mínimas, las perspectivas de la lucha tienen que forzosamente profundizarse hacia medidas revolucionarias, ya con carácter de transición hacia el socialismo. De lo contrario, lo que ocurre es la remisión de las conquistas iniciales. Esto último es apreciable en Venezuela, donde el gran impacto que tuvieron las misiones sociales al momento de su lanzamiento ha dado paso, con los años, a la degeneración burocrática de estos programas y a su ineficiencia para atender los problemas que justificaron su implementación.
El gobierno puede bien proclamar la prohibición del latifundio o de los monopolios en la reforma constitucional. En realidad esto no añade nada nuevo al marco legal vigente, sólo elevaría a rango constitucional estas disposiciones, que por lo demás no son anticapitalistas. Todos los países capitalistas proclaman el principio de la libre competencia, y muchos países tienen legislaciones que definen al latifundio en términos mucho más restrictivos que la Ley de Tierras promulgada en el año 2001. Y sin embargo las tendencias monopolistas están presentes en todas las economías capitalistas, y los seis años desde la promulgación de la ley que prohíbe el latifundio no han sido suficientes para acabar con este flagelo en Venezuela. Como vemos, no bastan las proclamas, que pueden incluso ser revolucionarias, si no son acompañadas en la práctica por las políticas del gobierno. Para hacer una revolución es necesaria la voluntad para enfrentar a los capitalistas hasta las últimas consecuencias, nunca cediendo a sus intereses en perjuicio del pueblo. Vamos a un par de ejemplos concretos de la inviabilidad del reformismo en Venezuela. Los fascistas se lanzan a la aventura del sabotaje petrolero y paralizan las redes de distribución de alimentos. El gobierno responde creando la red Mercal, como un instrumento antimonopólico. Cómo no hubo voluntad en el gobierno para expropiar la infraestructura del monopolio del almacenamiento y la distribución de los alimentos, hoy en día el mayor proveedor de Mercal es precisamente el monopolio agroindustrial de las empresas Polar. Este ejemplo es muy claro para entender la necesidad de que las medidas mínimas den paso a medidas de transición al socialismo, so pena de perder el pequeño avance inicial, pérdida que el estado actual de Mercal viene a confirmar.
Otro caso: ante la ofensiva de los paros patronales, el presidente Chávez llama a los trabajadores a tomar las empresas que sean cerradas por los patronos, y asegura que nacionalizará las empresas tomadas. El capitalista Álvaro Pocaterra, relacionado con el partido Acción Democrática, suma la empresa Sanitarios Maracay a cada paro patronal organizado por los fascistas. Los trabajadores resisten dignamente contra las maniobras golpistas del patrono y finalmente, ante el abandono del capitalista, toman la fábrica y la ponen a producir bajo control obrero. El gobierno declara, a los seis meses de toma, que la empresa no es estratégica, y le recomienda a los trabajadores que entreguen la fábrica y negocien con el patrono el pago de las deudas pendientes. En agosto de 2007, la burocracia sindical, el patrono, y el gobierno nacional logran quebrar la lucha y acabar con el control obrero. Al día de hoy los trabajadores no han recibido pago alguno por concepto de las deudas acumuladas por la empresa. El gobierno demuestra la vigencia del planteamiento de Karvala: por mucho que se hable de socialismo, no se puede favorecer a las mayorías trabajadoras y al capitalista, todo al mismo tiempo. Ser revolucionario o reformista es sobre todo una opción de clase, o se está con los trabajadores o se está con los explotadores. La política de este gobierno es muy clara cuando las contradicciones se agudizan.
Quijada asegura que la amnistía no perdona a los asesinos del golpe de abril, o el sabotaje petrolero. No hay duda de que los autores intelectuales de los asesinatos de abril son los integrantes del gobierno de Carmona, quienes redactaron y firmaron el decreto dictatorial, y ellos son beneficiarios del decreto. No se puede separar los crímenes de lesa humanidad del propósito al que sirvieron, o la responsabilidad de quienes planificaron esos hechos como un elemento imprescindible del golpe de estado. Quijada considera que Chávez no pisotea con su decreto la memoria del fiscal Danilo Anderson, quien fue asesinado por luchar contra la impunidad, sino que quienes realmente lo insultan son los fiscales que quedaron a cargo de sus investigaciones luego de su muerte. Debemos recordar que precisamente una de las fiscales que quedó a cargo de varios de los casos que dejó pendientes Anderson fue Luisa Ortega Díaz, quien ha sido premiada con su nombramiento como nueva Fiscal General de la República. Desde la perspectiva del gobierno, Ortega Díaz cumplió con su deber. Es imposible deslindar la responsabilidad de los fiscales de la que corresponde al gobierno nacional en el tema de la impunidad, y mucho menos en el caso de los fiscales que sucedieron a Danilo Anderson.
¿Acaso no debemos oponernos como revolucionarios a aquellas políticas del gobierno que van en contra de los intereses de las mayorías y que alejan la posibilidad de una revolución socialista? ¿Hay que ser ultraizquierdista para estar a la izquierda de las políticas que he descrito? Todos estamos llamados a reflexionar honestamente sobre la coyuntura que estamos transitando, y a emplear nuestro mejor esfuerzo en interpretar las señales que envió el pueblo el 2 de diciembre, y las que ha enviado el gobierno luego de esa fecha. Como pueblo organizado tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas y movilizarnos por la defensa y profundización del proceso revolucionario, emprender jornadas de lucha en contra de la impunidad, contra la liberación de los precios de los alimentos, contra la negociación del salario mínimo con Fedecámaras y la CTV, y a partir de allí ir conformando una agenda popular más amplia, independiente del gobierno. Al calor de la movilización y las luchas nacerán instrumentos organizativos, como lo sería un partido de la clase trabajadora, que nos permitan disputar el poder del Estado y conquistar un gobierno verdaderamente revolucionario y socialista.
