Ya no sólo es el robo, las 24 horas del día, del combustible, llámese gasolina o gasoil. Millones de litros atraviesan ilegalmente la frontera entre Venezuela y Colombia. Los estados venezolanos involucrados son Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Los métodos son muy variados, desde tanques de motos, hasta gandolas, lanchas y gabarras, pasando por bidones, pipotes o tambores. Cualquier envase o forma de contener un líquido es utilizada. El fin es el mismo: robarse el combustible venezolano, barato y subsidiado por Estado, para venderlo a cifras muy elevadas en territorio colombiano. Las ganancias por el ilegal negocio son monstruosas. Se habla de miles de millones de dólares. Se dice, además, que medio mundo está involucrado, incluyendo autoridades civiles y militares de ambos países.
Ahora se llevan, también, todos los alimentos subsidiados por el Estado venezolano. Incluso compran cualquier cosa para revenderlo en Colombia. El diferencial cambiario los favorece y, porque no admitirlo, la blandenguería de algunas de nuestras autoridades también. Es fácil, encontrar a cientos de colombianos en los sitios de ventas al por mayor, en los abastos, supermercados, bodegas y mercados adquiriendo cualquier cantidad y variedad de productos. Esto ocurre todos los días de la semana, a cualquier hora. En supermercados tan emblemáticos en San Cristóbal, como El Garzón o Baratta, por ejemplo, es común encontrar familias enteras de colombianos, con los carritos llenos de desodorantes. Obviamente, no son productos para el uso familiar, lo cual pudiera en cierta forma justificarse; son para la venta. La muestra está que en Cúcuta es más fácil conseguir productos venezolanos que están desaparecidos de los anaqueles en el Táchira.
Es vox populi que familias colombianas radicadas en territorios fronterizos venezolanos, incluso en barriadas populares, compran productos en Mercal y PDVAL, los almacenan y luego los llevan hasta territorio colombiano para venderlos. Toda esta situación hace que a la escasez provocada por la oposición, se sume el problema del desabastecimiento originado por la compra excesiva, con fines comerciales, por parte de los colombianos.
Pero además de estos productos, combustibles y alimentos, también se llevan de contrabando materiales de construcción, como cemento y cabillas. Ambos también subsidiados, incluso con prohibición de venta, como es el caso del cemento para los consejos comunales. También se comercializan las medicinas. De igual modo, se ven las largas colas de personas, casi todas colombianas o de origen colombiano, todos los días de la semana, en las agencias que permiten enviar remesas al exterior. Son miles los que, en apariencia, tienen a sus familiares estudiando en Colombia. El negocio redondo es enviar los dólares mensuales que permiten las remesas, ir por carretera a Cúcuta, la cual está apenas a unos 50 Kms. de San Cristóbal, traer los dólares y venderlos en el mercado negro o con los pesos comprar bolívares.Lo llaman la triangulación. Por cada remesa se comenta que se obtienen unos 5 mil bolívares mensuales en ganancias. Familias enteras se lucran con este negocio. Son millones de dólares los que se movilizan. Millones de bolívares las ganancias. En este ilegal negocio, participa cualquier persona, no importa su condición, pues se comenta que señoras que antes se dedicaban al servicio doméstico, obreros especializados, trabajadores universitarios y profesionales de distintas ramas se lucran.
Los problemas que esta situación ha generado son muchos, además de los mencionados, esto ha provocado que el Estado venezolano tenga que invertir, innecesariamente, en tecnología como la instalación de chips y sistemas computarizados en todas las estaciones de servicio de combustibles en varios estados del país afectados por el contrabando de extracción. De igual modo demanda una mayor inversión en términos de mayor número de efectivos, puestos de control, vehículos, entre otros, para poder combatir este flagelo. A parte, las molestias que causan a los que habitan en estos estados fronterizos, para conseguir los productos alimenticios, medicinas, para la construcción o tener que pasar por hacer largas colas para colocar combustible. Amén de la fuga de divisas.
Adicionalmente se comenta que, producto del robo de combustible hacia Colombia, la escasez generada hace que en el propio territorio venezolano el combustible se venda de manera ilegal en algunos sectores de las entidades arriba mencionadas, con los mismos precios elevados con que se venden en el territorio colombiano. Como referencia, se habla de unos 100 a 130 bolívares por una pimpina de 20 litros en Colombia.
Algunos entendidos en la materia sugieren que la causa principal de todo este problema, que afecta a millones de venezolanos, es el diferencial cambiario. Hacer valer el valor real, como debería ser, entre el bolívar y el peso, acabaría con buena parte de estos desajustes y el terrible contrabando desde Venezuela hacia Colombia. Se comenta, que el precio de la moneda colombiana en la frontera lo establecenlas casas de cambio de Cúcuta, no el Banco de la República de Colombia. El gobierno venezolano debería solicitar al gobierno colombiano, que en términos de la buena convivencia entre ambos países vecinos, este problema del diferencial cambiario sea resuelto.Que el Banco de la República de Colombia sea quien fije el precio de la moneda, tal como lo hace lo hace el Banco Central de Venezuela para todo el país. Que la solicitud la haga nuestro Presidente en la próxima reunión que sostendrá con el mandatario colombiano; reunión que persigue mejorar las relaciones.
(*) Profesor Titular, ULA