Mientras opositores de clase media se plantean reunir 15% de los electores inscritos en el registro civil y electoral (Art. 348 CRBV) para convocar a una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución antibolivariana, sus jefes oligarcas siguen probando suerte con la doble agenda, actuando tanto en la luz (democracia) como en la sombra (conspiración guarimbera).
En la zona VIP de la oposición, los planes son privatizar la industria petrolera y devolverla a las manos del imperialismo, eliminar las nuevas formas de organización del Poder Popular y que la democracia se limite a un pueblo sometido que vote cada cinco años por sus propios explotadores en tarjetas de partidos burgueses.
Anhelan aniquilar la inversión social (porque para el neoliberalismo es gasto improductivo) y dirigir los mayores fondos de la nación al financiamiento de empresas capitalistas que exploten la mano de obra barata de los obreros venezolanos sin leyes laborales que nos protejan.
Buscan eliminar las normas que amparan a los sectores especiales de la sociedad (mujeres, niños, discapacitados, adultos mayores, artesanos, etc.) y darles igual tratamiento jurídico frente a los grupos pudientes del país como empresarios, banqueros y terratenientes. Desean retornar a un modelo nacional donde el capitalismo se expanda sin regulaciones, mientras profesionales y técnicos escasamente sobrevivimos del salario.
No vacilarían en reimplantar su antiguo terrorismo de Estado popularizado por Rómulo Betancourt como "Disparen primero y averigüen después", mediante el cual los asesinatos por motivos políticos, las desapariciones forzadas, las torturas y demás crímenes contra los derechos humanos sean aplicados como en febrero 1989 y otras épocas.
