No es nueva la costumbre de los magnates empresariales de sabotear a los gobiernos que no les son simpáticos por medio del acaparamiento de los productos esenciales para la mayoría del pueblo. Todo eso con la finalidad de generar un fuerte descontento de la gente hacia los gobernantes en cuestión. Ese descontento, a su vez, les facilitaría la tarea de deponer al gobierno, ya sea por un golpe militar tradicional o por una de las nuevas versiones de las revoluciones de colores. Ya la han puesto en práctica exitosamente en varios países a lo largo de la historia. El ejemplo más conocido es el de Chile durante el gobierno de Salvador Allende.
Ahora (o mejor, en los últimos 10 años) le ha tocado el turno a la Venezuela bolivariana. Todo se hace para fomentar la insatisfacción popular en contra del presidente Hugo Chávez. Ya lo han intentado con diferentes productos: el petróleo, la leche, el azúcar, el papel higiénico, etc., etc. El producto escogido para este preciso momento es el arroz. Los grandes grupos empresariales no aceptan entregar el arroz común con base en los precios regulados. Y, entonces, pasan a suministrarles a los supermercados o bodegas solo las variantes de arroz no reguladas: los arroces saborizados, que cuestan cerca de tres veces más que el común.
He visto y escuchado por televisión al presidente de la federación de los dueños de supermercados decir que el Gobierno no tiene cómo impedir que los empresarios se salgan con la suya. Según sus palabras, basta que, cuando aparezcan los agentes gubernamentales para inspeccionar la situación de un supermercado, el responsable del establecimiento les diga que ya no queda más del arroz regulado porque todo lo que había ha sido comprado y solo quedaría, en cambio, los arroces saborizados no sujetos a regulación.
Muy bien que lo hagan así. Basta que el Gobierno bolivariano apruebe de inmediato una ley que establezca lo siguiente: “En el caso de que un establecimiento comercial cualquiera no tenga disponible para la adquisición del público general el arroz común con precio regulado, el cliente tendrá el derecho de adquirir cualquiera de las vertientes de arroz saborizado disponibles pagando por la misma el mismo precio estipulado para el arroz regulado.” Esta medida podría ser extendida a todos los demás productos que vengan a ser objeto de especulaciones similares, el pan, la leche, la carne, etc.
De tal manera, o los empresarios se deciden a no vender nada y quedarse sin ninguna ganancia, o tendrán que someterse a las normas legales y suministrarle al pueblo el arroz común, a menos que prefieran ofrecerle los saborizados por el mismo precio.
Claro, como son bastante creativos cuando se trata de burlar las leyes, puede ser que pronto encuentren otras maneras de zafarse de esta dificultad, pero tendrán, por lo menos, que trabajar un poquito más.
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