Estamos en
la última etapa de esta larga lucha solidaria con los pueblos amerindios
Yukpa y Barí por sus territorios y contra los megaproyectos minero
portuario viales carboníferos apadrinados hoy por la llamada Geometría
del Poder que amenazan la existencia de todo ser vivo en el piedemonte
de la Sierra de Perijá.
No es un problema
de la demagogia de un ministro o ministra amiga, es un problema del
poder, es una rivalidad contra el Estado Gobierno y, más allá, es
un problema con el modelo de desarrollo impuesto para América Latina
por las multinacionales energéticas, mineras, financieras, o agropecuarias.
Es al reacomodo socio económico de América Latina en tiempo de globalización,
para en nombre del bienestar y progreso o de convertirse alguno de sus
países en una potencia mundial sacrifica a los débiles; y los indios
quedan excluidos como tales, deben vivir en parcelas productivas como
campesinos o granjeros, no pueden ser pueblos originarios poseedores
de amplios territorios regidos al fin por los derechos conquistados
en las Naciones Unidas a la Libre Determinación, a la Autonomía o
Autogobierno, a la participación y uso de los recursos naturales existentes
en dichos territorios, a leyes propias, a culturas y cosmovisiones distintas
o opuestas al pensamiento único judaico cristiano y a su lógica colonial
del bienestar y progreso.
No hay territorios,
sólo parcelas productivas, no hay leyes indígenas derivadas de los
nuevos derechos defendidos y conquistados en la ONU, pero que son tan
viejos como el indio mismo. Estos derechos territoriales fueron teñidos,
ocultados o negados otros en la llamada LOPCI (ley orgánica de pueblos
y comunidades indígenas), o en lo que fue peor en la ley de demarcación
y garantía del hábitat y tierras de los pueblos indígenas, ninguna
sirve de mucho antes los artículos energético minero 12 de Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y 11 de Ley de Minas (tan
viejo como la constitución) o militarista 56 y 57 de la Ley Orgánica
de Frontera (Fecha de aprobación de la 1º Discusión: 03/08/2004).
Donde hay hidrocarburos,
minas y fronteras no puede existir territorios indígenas pues estos
son de exclusividad del Estado o de sus empresas mixtas, y los espacios
fronterizos de los militares. Para el estamento cívico/militar bolivariano
en la línea fronteriza debe existir una Franja Productiva Fronteriza
(Art. 56) de exclusiva presencia y administración militar “con el
objeto de contribuir a la seguridad nacional, poblar y desarrollar nuestra
frontera y generar trabajo productivo posterior al servicio militar,
“dentro de la Franja de Seguridad Fronteriza, el Ejecutivo Nacional
por medio de la Fuerza Armada Nacional creará Unidades de Producción
y Seguridad, integradas por la reserva” (Art. 57).
El Estado cívico/militar
productivo no permite a través de su excluyente Geometría del Poder
territorios indígenas, cuando mucho parcelas sometidas a las leyes
agrarias, más no a las conquistas en las Naciones Unidas después de
más de 20 años de movilización permanente; si en Venezuela quieren
tierras tendrán que movilizarse, y la alta dirigencia indígena no
anda en esto, como nunca lo ha estado en suelo patrio o en las Naciones
Unidas, como lo atestigua la historia, al contrario están ahora aupando
la nueva geometría.
