Desde La Casa de Nariño en Bogotá, el vocero del señor Uribe Vélez, el ministro de Comercio e Industria, Jorge H. Botero, hace endemoniados malabarismos conceptuales y retóricos para eludir la responsabilidad política que les cabe en la muerte de La Comunidad Andina de Naciones – CAN, por la firma del TLC con los Estados Unidos.

Según este funcionario, el único culpable de este lamentable y trágico suceso es el Presidente Hugo Chávez. A lo que los analistas de los medios de comunicación dominantes en Colombia, agregan otros venenosos argumentos, bastante débiles, en el sentido de que detrás de todo esto se encuentran los intereses políticos izquierdistas y populistas de Miraflorez.

Por supuesto que el más interesado en que se fortalezca un nuevo modelo de integración solidario y humanista entre las naciones latinoamericanas es el Presidente Chávez, por eso propuso e impulsa La Alternativa Bolivariana – ALBA, menospreciada y estigmatizada por los clanes oligárquicos dominantes en Colombia, mas interesados en pactos neoliberales y coloniales con el imperialismo norteamericano e inspirados en la filosofía neoliberal.

Las Causas.

Las causas de la disolución de la CAN están explícitamente señaladas en la carta oficial del gobierno bolivariano a la Secretaria de la CAN, donde se anuncia su desvinculación de este organismo. Su inspiración es profundamente bolivariana y antiimperialista. Desde luego, hay otras razones no tan explicitas pero de mucho peso como el permanente sabotaje de entidades gubernamentales colombianas contra el proceso revolucionario que lidera el Presidente Chávez. Es natural que si, desde el gobierno de Colombia en Bogota, se gestan planes permanentes para asesinar a los más importantes lideres de la revolución bolivariana y derrocar al Estado legitimo y constitucional por no compartir sus ideales, desde el lado de Caracas se implementen estrategias de defensa y protección de los intereses supremos de la nación y el pueblo venezolano.

A pesar de las notables diferencias ideológicas y políticas, el Presidente Chávez ha dado muestras de la mayor flexibilidad procurando construir, en los dos últimos años, unas relaciones estables y armónicas con Uribe Vélez. No obstante ya conocemos cual ha sido el hipócrita comportamiento neogranadino. El más reciente episodio es el plan orquestado desde el DAS y la propia Casa de Nariño para asesinar a Chávez. Para que mencionar la permanente infiltración de paramilitares y narcotraficantes en el territorio venezolano o la focalización del Plan Colombia en las estrategias de la Casa Blanca para aplastar la revolución bolivariana. Todo esto es harina del mismo costal conspirativo y contrainsurgente.

Las consecuencias de lo que acaba de ocurrir tocaran muchos ámbitos. Jorge H. Botero, Ministro de Comercio y algunos líderes empresariales colombianos intentan minimizarlas y sobredimensionar los efectos negativos en la economía venezolana. Incluso le endilgan un comportamiento antibolivariano a Venezuela. Hágame el favor. Ahora resulta que los bolivarianos están en Bogota. Así es la vida con esta interpretación torcida de la historia y las realidades actuales.

Para evitarnos rodeos, sobre las causas de lo que acaba de ocurrir es importante leer y analizar la Carta Oficial remitida por el gobierno venezolano a la Secretaria de la CAN.

Con su comunicación, la República Bolivariana de Venezuela expresa su decisión de denunciar el Acuerdo de Cartagena, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 del referido instrumento. En dicha misiva se exponen de manera rigurosa las poderosas razones para marginarse del llamado Pacto Andino, que en Colombia tuvo su mas decidido impulsor en el presidente Carlos Lleras Restrepo y sus políticas progresistas de protección del mercado nacional, y con antecedentes tan importantes como la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y el Mercado Común Centroamericano (MCCA) de 1960; el Grupo Andino de 1969; el Mercado Común del Caribe (CARICOM) de 1973; El Sistema Económico Latinoamericano (SELA) de 1975 formado por 25 países con el fin de buscar la convergencia de los otros organismos de integración; La Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) de 1980 y el MERCOSUR.

La primera razón de Venezuela consiste en que las recientes negociaciones y firma de los Tratados de Libre Comercio por parte de Colombia y Perú con los Estados Unidos de Norte América, dieron forma a un nuevo cuerpo legal que pretende asimilar la normativa de los TLC a la Comunidad Andina, cambiando de facto su naturaleza y principios originales.

La segunda aduce que los TLC privilegian los intereses particulares sobre los intereses de los pueblos, incrementando las injusticias sociales e irrespetando los derechos humanos que en nuestro caso, deben garantizarse por mandato expreso de rango constitucional. El Estado democrático y social de derecho y justicia propugna, en nuestro caso, la preeminencia de los derechos humanos como fundamentales. Aceptar la vulneración de éstos, sería, en la práctica, equivalente a derogar nuestra Constitución.

La tercera indica que los TLC propulsan una injusta distribución de la riqueza y frenan el impulso del desarrollo integral del pueblo, provocando la progresiva desaparición de sectores productivos nacionales y la consecuente pérdida de soberanía económica.

La cuarta muestra como en general, los TLC, poseen la misma concepción neoliberal del ALCA, traduciéndose en injusticia, desigualdad, exclusión, privilegios de las minorías, discriminación y quebrantamiento de los principios de igualdad y progresividad en la garantía y disfrute de derechos, estableciendo nuevas formas de colonialismo. Y,

La quinta razón explicita cómo la autorización otorgada a través de la decisión 598 de 2004 mediante la cual se aprobó, por respeto a la soberanía de los países miembros de la CAN, el permiso para la negociación con terceros países, no significa que la República Bolivariana de Venezuela esté dispuesta a asumir la normativa de los TLC con los Estados Unidos de Norte América, toda vez que éstos implican el establecimiento de principios y normativas similares a los propuestos en el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Como es bien conocido por los demás miembros y por la opinión pública, Venezuela ha mantenido una clara oposición a la idea del ALCA, al igual que otros países de Suramérica. Es cierto que para las negociaciones del TLC se obtuvo la autorización del Consejo Andino de Ministros, a través de la Decisión 598, pero en ella se recomendaba “resguardar los valores, principios y ventajas de la integración andina” y “negociar comunitariamente”. Las negociaciones bilaterales se autorizaron de manera excepcional y sujetas a requisitos como “tomar en cuenta las sensibilidades comerciales de los otros socios andinos” y “mantener un apropiado intercambio de información y consulta”, condiciones que no se cumplieron como se ha hecho evidente con la soya boliviana.

Con las anteriores razones el gobierno de Venezuela expresa claramente la decisión de denunciar el Acuerdo de la CAN conforme a lo establecido en su propia normativa, contando con el apropiado desempeño de la Comisión en la tramitación pertinente y haciendo reserva del ejercicio oportuno de los derechos contenidos en el artículo 135 del tantas veces mencionado Acuerdo de Cartagena.

La Ministra venezolana de Industrias Ligeras y Comercio ha indicado que ya se habló con el secretario general de la CAN para que se convoque la semana que viene, a más tardar el miércoles 26 de abril, una reunión de la Comisión Andina, que reúne a los ministros de Comercio e Industria del bloque, con la intención de iniciar el proceso de transición para materializar la salida de Venezuela de la CAN. Explico que la salida será un proceso largo que dura aproximadamente 5 años, y en algunos casos específicos pudiera ser un poco más.

Para complementar la batería de argumentos, El Canciller Ali Rodríguez ha destacado en sus intervenciones los efectos negativos de los TLC: la flexibilización laboral que desmejora al trabajador, nuevos fenómenos de concentración de capital, renuncia del Estado a la generación de políticas públicas, daño al desarrollo agrícola autónomo por la entrada de productos altamente subsidiados y bloqueo del "desarrollo endógeno" (hacia lo interno) que impulsa Venezuela.

Más contundente el Presidente Chávez al afirmar que lo que se ha hecho es salir de la tutela de esos concentrados de malignidad que son los TLC, acto absolutamente saludable para la industria nacional. Dijo que el retiro de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), es una posición estratégica para salvaguardar los intereses económicos del país y es irrevocable.

Queda sin fundamento el argumento de Colombia que pretende eximir de responsabilidad al presidente Uribe en el entierro de la CAN, aduciendo que Venezuela ingresó al MERCOSUR, pues como han observado ciertos expertos de RECALCA, algunos fundamentalistas del libre comercio afirman que quien comenzó la debacle fue Venezuela con su adhesión al MERCOSUR. Pero todos los miembros de la CAN son miembros asociados del MERCOSUR y testigos de toda su evolución. Por otra parte, mientras que las negociaciones de Venezuela con este grupo apenas comenzarán el 15 de mayo, el TLC del Perú y Colombia con EEUU ya está negociado y en trance de ser firmado y ratificado. Por otra parte, hasta ahora el eventual ingreso de Venezuela al MERCOSUR no ha obligado a cambios en la normatividad andina, mientras que el TLC con EEUU no solo ha obligado a cambiar normas de propiedad intelectual, sino que implica esfuerzos por ejemplo para el patentamiento de plantas que está expresamente prohibido por la CAN, así como a otros cambios normativos, como los relativos a las franjas de precios, el arancel externo común.

Las consecuencias.

Del lado de las consecuencias, es evidente que la más afectada por lo que ocurrirá con la CAN al materializarse el retiro de Venezuela, será la economía colombiana y los industriales que han dedicado años de esfuerzo a sus proyectos productivos y comerciales. Colombia verá severamente afectado su comercio con Venezuela, un país al que vende unos 2.100 millones de dólares al año, y el futuro de empresas automotrices, textileras y petroquímicas que emplean a centenares de miles de personas, es bastante negro.

También se pondrá en riesgo una recuperación que tiene creciendo la economía en un 5 por ciento anual. Pues el mejor crecimiento del PIB colombiano en los últimos 24 meses, tiene su explicación en le tironeo que produce la espectacular recuperación de la economía venezolana en los últimos años.

Para adentrarnos en las catastróficas consecuencias de la irresponsabilidad del gobierno de Uribe Vélez, al propiciar la quiebra de la CAN con la firma del TLC, es conveniente observar lo que sucede por regiones.

Cinco regiones colombianas concentran hoy el 78,1% de las exportaciones hacia Venezuela. Son ellas, en su orden, Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca y Cesar. Esos departamentos exportaron en total US$1.636 millones el año pasado, alimentando así el comercio binacional.

La capital colombiana tuvo una participación del 25,8% en las ventas dirigidas a Venezuela, mientras Antioquia se quedó con el 21,8% y el Valle con el 12,4%. Cundinamarca y Cesar participaron con el 10,8% y el 7,3%, respectivamente dentro del comercio hecho con dicha nación.

En el caso de departamentos vecinos como Cauca y Nariño, sus exportaciones a Venezuela fueron de US$10,4 millones y US$791.174, respectivamente el año pasado.

Será descomunal la debacle social en estos lugares con el cierre de fábricas e industrias que emplean centenares de trabajadores.

Es cierto que Venezuela se verá perjudicada toda vez que desde allí hay exportaciones hacia Colombia de aluminio, hierro, acero, incluso electricidad, por más de 1.000 millones de dólares al año, que se verán afectadas por la decisión colombiana de abrirles las puertas a las exportaciones súper subsidiadas de E.U. Sin embargo, frente a los US$60 mil millones que este año alcanzarán las exportaciones venezolanas, sus ventas a Colombia, del orden de US$1.000 millones, lucen prescindibles, para que no nos digamos mentiras.

Para entender la magnitud del daño hecho por el gobierno de Uribe Vélez al interés nacional colombiano, conviene destacar como mientras que en promedio en el período 2000-2005 más del 60% de las exportaciones de Colombia a Estados Unidos fueron productos tradicionales – café, carbón, ferro níquel y petróleo y sus derivados, de las cuales, atención, petróleo crudo representó más del 40%-, las exportaciones a Venezuela, por el contrario estaban constituidas por productos no tradicionales (99%) y principalmente industriales, 87% en promedio durante este mismo período, según cifras del Banco de la República. ¿Puede alguien dudar de la superioridad de la estructura del intercambio bilateral con Venezuela?

Según un estudio de la Secretaría de la Comunidad Andina, casi la mitad de nuestras exportaciones a Venezuela, (47%), gozan del mayor margen de preferencia (arancel de 20% o más) dado por el Arancel Externo Común -AEC-. Perderlas será muy lamentable. Aquellos cálculos que suponen que el déficit frente a Estados Unidos que arrojará el TLC para Colombia sería compensado en parte por un mayor superávit con Venezuela gracias al abaratamiento de insumos importados de USA y utilizados en dichas ventas, padecen de una gravísima ingenuidad; si no intuían que la perforación al AEC tendría consecuencias, estas ya habían sido anunciadas por el presidente Chávez en el curso de las lesivas negociaciones para Colombia del TLC con Estados Unidos.

La Secretaria de la CAN ha señalado en sus cálculos que las preferencias arancelarias que Colombia le concede a Venezuela (y que ese país perderá en buena parte por nuestro TLC con E.U.) valen US$140 millones por año y las que Venezuela le concede a Colombia valen más del doble de eso, 335 millones. Ello es así porque el margen de preferencia que Venezuela concede a Colombia es mucho mayor y porque Colombia le vende a Venezuela el doble de lo que le compra.

Es, entonces, bastante preocupante la suerte de la industria colombiana, tan cerca de perder las preferencias de Venezuela y de ser inundada por importaciones, y tan lejos de poder reorientar al resto del mundo sus actuales ventas al país vecino.

Se supone que este desorden económico se verá reflejado, en el próximo futuro, en el espacio político colombiano; los empresarios deben reaccionar frente a semejante desatino, con mayor razón los trabajadores que ven amenazada su estabilidad por este aventurerismo del régimen narcoparamiltar de Bogota.

San Cristóbal, 23 de abril de 2006.