En los más de 6 meses que la Mesa de Unidad Democrática asumió por mayoría la Asamblea Nacional deja claro sus intereses: 1) seguir instrucciones del Gobierno y el Departamento de Estado de los EEUU; 2) privatizar; y 3) apropiarse de logros del Gobierno Revolucionario, o sabotearlos.
En consonancia con la Ley de Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela, promulgada en 2014 por Barack Obama, para sancionar a quienes trataron de contener las guarimbas, aprobó la Ley de Amnistía para amparar a los que promovieron estos actos violentos que ocasionaron cuarenta y tres asesinatos.
Para privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela, presentó la Ley de Títulos de Propiedad que privilegia el derecho a la propiedad privada sobre el derecho a la vivienda, el cual garantiza a la familia un lugar donde vivir. Con el instrumento legal capitalista, la AN también busca atribuirse el éxito de la GMVV, más de un millón de unidades habitacionales al cierre del 2015.
Asimismo, promovió la Ley de cesta tickets para jubilados, declarada constitucional por el Tribunal Supremo de Justicia, aunque fue Hugo Chávez quien homologó el pago de pensiones a un salario mínimo: antes estos devengaban solo el 20% del mismo y lo recibían de manera irregular.
Luego de que en la recolección del 1% de firmas para activar el referéndum revocatorio aparecen las rúbricas de delincuentes y privados de libertad, insiste en desactivar la Operación de Liberación del Pueblo, OLP, exitosa en la captura de criminales como El Picure cuya cuenta de Twitter era manejada por Gustavo Tovar, prófugo de la justicia que financió la Fiesta Mexicana donde se orquestó un plan para derrocar al ex presidente Chávez.
En definitiva, ese Parlamento Legislativo –pidiendo la activación de la Carta Democrática contra Venezuela, como lo solicitó Obama- arroja un saldo rojo por favorecer la injerencia, el capitalismo y la impunidad.
