El Ministro Osorio afirmó que el 20 % de la producción nacional de alimentos se fuga hacia Colombia y otros países fronterizos. Simultáneamente Diosdado Cabello denunció que entre el 30% y el 40 % de los alimentos que se importan siguen la misma ruta. El índice de escasés, que estimó el BCV para diciembre de 2013 fue de 22.2%, se aproxima a la demanda transfronteriza, especialmente de gasolina, insumos agrícola y alimentos básicos, atendida por las mafias del contrabando con un potencial que ronda los 5 millones de personas. Demanda que crece proporcionalmente a la brecha entre los precios internos y los de allende fronteras. Se estima que el plus-mercado de la gasolina contrabandeada captura unos 38.000 b/d, el equivalente al consumo de la Gran Caracas.
Esta es una economía que mueve miles de millones de dólares y miles de empleos de acá y de allá, a través de una poderosa red logística, sin la que sería imposible la distribución, el financiamiento y la gestión de un mercado de esas dimensiones, constituído por un entramado social y económico en el que se diluyen los límites entre lo lícito y lo ilícito. En el que la corrupción y el crimen transnacional juegan un papel protagónico.
Esta realidad coloca al gobierno ante un enorme desafío en su estrategia para vencer la escasés y la espiral inflacionaria, que tiene como epicentro el mercado especulativo cambiario fronterizo, legitimado por las casas de cambio colombianas que proveen los canales institucionales para magnificar al innombrable. Esto exige una acción que vaya más allá de fiscalizaciones y operativos, sin negarle a estos su importancia. Pero, esta debría enfocándose en la perspectiva binacional, reconociendo que el territorio fronterizo constituye una región especial interdependiente, con alto impacto para la estabilidad y el desarrollo de ambos países.
El diálogo Maduro-Santos debería explorar un acuerdo de largo aliento para el desarrollo fronterizo binacional, que comprometa la presencia de ambos Estados en la región para garantizar el imperio de la Ley, que promueva el equilibrio económico y la paridad cambiaria entre ambos países, en un marco de respeto a la soberanía de cada Estado. Es un un paso dificil pero indispensable.
