La historia reciente de las relaciones entre el gobierno venezolano y el régimen colombiano es una demostración palmaria del modo en que se expresan los intereses de la burguesía emergente chavista en la política internacional. Como su máximo representante político, el Presidente promueve un proyecto nacionalista al cual resulta ajeno el internacionalismo revolucionario, y un antiimperialismo discursivo que contrasta con una disposición cada vez mayor a ceder en todos los terrenos a los requerimientos del gobierno de los EEUU y sus aliados.
La razón de fondo es que el sector social al que representa no aspira a realizar ninguna revolución social, su proyecto es sostenerse en la administración del Estado capitalista y cerrar la crisis abierta con la rebelión popular de febrero de 1989. En esta perspectiva, las acciones gubernamentales no se explican como una serie incoherente y desordenada de inexplicables “errores”, como prefieren llamarlos los seguidores del Presidente, sino como el reflejo zigzagueante de su debilidad intrínseca, la de un gobierno burgués que no logra cerrar una etapa de crisis y por lo tanto oscila entre reformas y contrarreformas, posiciones independientes y claudicaciones al imperialismo, entre apoyarse en la movilización popular para presionar a sus enemigos burgueses y apoyarse en el aparato estatal burgués para golpear a la movilización popular.
La captura y entrega ilegal del refugiado político de nacionalidad sueca Joaquín Pérez Becerra en abril de este año por parte del gobierno de Chávez, así como la actual detención e incomunicación de Julian Conrado, más decenas de casos en los que se ha procedido a detener y deportar a presuntos guerrilleros a Colombia sin que medien los procedimientos establecidos en la Constitución, las leyes venezolanas y los tratados internacionales, han evidenciado la naturaleza de los acuerdos en materia militar y de inteligencia entre Chávez y Juan Manuel Santos; entre los cuerpos represivos venezolanos y el tenebroso aparato responsable de décadas de terrorismo de Estado en Colombia. La respuesta de Chávez a las protestas por la entrega de Pérez Becerra provocó una indignación aún mayor. “Que Chávez es un contrarrevolucionario, el que quiera decirlo que lo diga”, respondió, e indicó que en vez de quemar la imagen de sus ministros, quienes estuvieran en desacuerdo con las entregas debían quemar la imagen presidencial, ya que él personalmente había ordenado las acciones contra Pérez Becerra (1). Pero es el propio Chávez, con sus acciones, quien se está encargando de quitarse la máscara de dirigente revolucionario que ha venido ostentando.
Santos, el "nuevo mejor amigo" de Chávez
Dime con quién pactas y te diré quién eres. Pocas horas después de la toma de posesión de Santos, Chávez viajó a Colombia para acordar la normalización de las relaciones. Santos es un estrecho aliado de los EEUU, como ministro uribista ordenó el ataque de Sucumbíos, en territorio ecuatoriano e implementó la política de los falsos positivos, mediante la cual fueron ejecutados miles de civiles. En la reunión de Santa Marta, en agosto de 2010, Chávez no se limitó a establecer acuerdos en el ámbito diplomático y económico, sino que estableció las bases de una coordinación militar y de inteligencia de alto nivel para la lucha contrainsurgente. En lo sucesivo, el presidente Chávez no sólo se involucraría en el conflicto interno colombiano, sino que avalaría públicamente la presencia permanente de fuerzas militares yanquis en el vecino país. "Colombia (...) es un país soberano para establecer convenios económicos, sociales y militares con cualquier país del mundo", aseguró Chávez, en alusión directa a la presencia militar yanqui en el vecino país (2). Su activo rol como aliado militar y político del régimen colombiano, se complementó con la claudicación al imperialismo en el terreno de la "lucha contra el terrorismo". El nuevo escenario lo sintetizó algunos meses después, afirmando que Santos era su "nuevo mejor amigo" y que no permitiría que nada descarrilara su alianza (3).
En el marco de la relación bilateral con Uribe, ya Chávez había dado muestras de disposición a claudicar al régimen antidemocrático que azota al pueblo colombiano. En 2007, Chávez indultó a decenas de paramilitares que habían sido detenidos cerca de Caracas y condenados por conspiración (4). Luego del bombardeo de Sucumbíos y tras una breve ruptura de relaciones diplomáticas, Chávez cedió unilateralmente a la posición uribista en la cumbre del Grupo de Río, realizada en marzo de 2008 en Santo Domingo, y en julio concertó una reunión en la que presentó a Uribe como su "amigo y hermano". (5) Ante la protesta organizada por decenas de organizaciones de izquierda contra la visita de Uribe a Caracas, Chávez cambió el sitio de reunión a Punto Fijo y atacó públicamente a los convocantes de dicha protesta (6).
Chávez capitula a la doctrina “antiterrorista” de Bush
El 23 de abril de este año, el Ministerio de Comunicación e Información difundió una declaración en la que reconoce que con la entrega de Pérez Becerra a las autoridades colombianas, el gobierno de Chávez ratifica "su compromiso inquebrantable en la lucha contra el terrorismo, la delincuencia y el crimen organizado, en estricto cumplimiento de los compromisos y de la cooperación internacional".(6) En estos términos se justificó la violación de las leyes venezolanas y el Derecho Humanitario Internacional, al entregar un refugiado político a sus perseguidores, negándole el derecho a la defensa y a la asistencia consular, como luego denunciaría la propia delegación diplomática sueca en el país (7).
Esta
orientación de atropellar los derechos humanos de personas acusadas de
colaborar con actividades “terroristas” no se ha aplicado únicamente en
contra de perseguidos colombianos, sino también en perjuicio de
refugiados políticos vascos.
A raíz de la detención arbitraria del
refugiado Iñaki Etxeberria, en abril de 2009, el portal Kaosenlared.net
hizo un recuento de las acciones del gobierno venezolano contra miembros
de la comunidad vasca. “El Gobierno de Hugo Chávez detuvo el 31 de mayo
de 2002 a Juan Víctor Galarza Mendiola, el 17 de diciembre del mismo
año a Sebastián Etxaniz Alkorta y el 24 de septiembre de 2003 a José
Ramón Foruria Zubialdea. Los tres fueron deportados al estado español y
encarcelados. Una de las personas se comprobó posteriormente que había
sido sometida a tortura y apremios ilegales por parte de las fuerzas de
seguridad del estado español y que el proceso judicial a que fue
sometido se encontraba viciado de irregularidades. Ante demandas
efectuadas ante organismos interamericanos de DDHH, en el transcurso de
este proceso, se reconoció que las deportaciones habían sido ilegales y
que no procedían siendo las mismas violatorias de los derechos humanos”.
(8)
En marzo de 2010, el gobierno de Chávez suscribe una declaración
conjunta con el gobierno del Estado español en la que ambos gobiernos
rechazan el "terrorismo en todas sus manifestaciones", brindando de esa
manera un apoyo irrestricto a la política represiva y de restricción de
las libertades democráticas en el País Vasco, amparada demagógicamente
en una supuesta lucha contra el terrorismo. (9) Tres semanas después, el
gobierno venezolano da una muestra de su compromiso antidemocrático con
el Estado español al detener arbitrariamente en la sede del Sebin y
luego expulsar al activista
Walter Wendelin (10), quien viajó a Caracas para dictar una charla
sobre una propuesta de proceso de Paz para el País Vasco, patrocinada
entre otras personalidades por el senador estadounidense George
Mitchell. Según los gobiernos de Venezuela y del Estado español, el
“terrorismo en todas sus manifestaciones”, incluye un amplio abanico de
actividades políticas legales y pacíficas, como las desarrolladas por
Wendelin.
La doctrina a la que capitula Chávez propone que los sospechosos de colaborar con organizaciones terroristas (de acuerdo a la clasificación que a tal efecto establezcan el gobierno de los EEUU y sus aliados) no son beneficiarios de garantía legal alguna. En la versión extrema de esta política ejecutada por el gobierno estadounidense, incluso se autorizó la incomunicación, tortura y reclusión de los sospechosos en cárceles secretas y campos de concentración. El resultado ha sido los miles de torturados de Abu Ghraib y otras cárceles de Irak, los centenares de presos en cárceles secretas en Europa, la instalación de un campo de concentración en Guantánamo, los escuadrones de la muerte del ejército yanqui en Afganistán, que realizan asesinatos aleatorios de civiles y castigos colectivos semejantes a las prácticas nazis en la Europa ocupada, crímenes expuestos a la luz pública gracias a la divulgación de documentos internos del gobierno yanqui por parte de Wikileaks.
Avalar que el gobierno de EEUU y sus aliados ejecuten desapariciones forzadas, torturen, y encierren en cárceles secretas y campos de concentración a todas las personas que declaren terroristas, es avalar el fascismo. Es importante subrayar que, para el imperialismo, toda resistencia es terrorismo. El Congreso Nacional Africano, el partido de Stephen Biko y Nelson Mandela que luchaba contra el apartheid en Sudáfrica, era considerado por los EEUU como una organización terrorista. La resistencia libanesa, que luchaba por expulsar a los invasores israelíes de su país, también era y sigue siendo considerada por el imperialismo como terrorista., al igual que las organizaciones palestinas que luchan contra el colonialismo sionista, o los independentistas kurdos.
Como revolucionarios, tenemos importantes diferencias con las Farc. No creemos que pueda suplantarse la lucha de masas con acciones de vanguardia, ni compartimos la estrategia de propugnar la participación en un gobierno socialdemócrata, de unidad con sectores burgueses, como planteara Raúl Reyes en una entrevista a El Clarín en agosto de 2007 (11). Rechazamos su violencia indiscriminada contra civiles no involucrados en el conflicto, como en el caso de los ataques al pueblo indígena Awá (12). Y evidentemente no compartimos su valoración del gobierno de Chávez como un gobierno “socialista y revolucionario”.(13)
Pero estamos categóricamente en contra de las detenciones arbitrarias y violaciones a los derechos humanos de las personas acusadas de pertenecer a la guerrilla por parte de los gobiernos de Chávez y Santos. Entregar perseguidos y refugiados políticos colombianos a sus perseguidores es convertirse en aliado de un aparato terrorista de Estado que es responsable de al menos 57 mil desapariciones forzadas, millones de desplazados, y miles de torturas y otras atrocidades. (14)
Chavismo o Revolución
La deriva reaccionaria que se pone de manifiesto en la política exterior de Chávez, es una extensión de la política interna venezolana, y obedece a los mismos intereses. Estamos ante la etapa regresiva de un gobierno que se apoyó en la movilización popular durante sus primeros años, en los que enfrentó al golpismo, pero que cada vez más se apoya en el aparato represivo y administrativo del Estado para aplastar las luchas del pueblo, al tiempo que normaliza sus relaciones con la burguesía opositora. La prisión política del cacique yukpa Sabino Romero y el dirigente obrero Rubén González, recientemente liberados gracias a importantes procesos de movilización y denuncia, demostró hasta qué punto el gobierno venezolano está dispuesto a utilizar todo el peso del aparato judicial para acallar la voz de la protesta. Más de 200 dirigentes obreros y 1000 dirigentes campesinos tienen juicios abiertos por hacer huelga o recuperar tierras cultivables, una realidad que echa por tierra las consignas oficiales acerca del "obrerismo" y la "revolución agraria". Más de 60 dirigentes sindicales y 200 campesinos han sido asesinados por sicarios, sin que el gobierno haga nada por castigar estos crímenes, mientras que por el contrario en las empresas básicas de Guayana la burocracia chavista apela a bandas de rompehuelgas armados para ahogar los reclamos obreros (15). Un plan de ajuste descarga sobre el pueblo el costo de la crisis, con la inflación más alta del continente, espoleada por una devaluación del 100%, la liberación de los precios de los alimentos y el aumento del IVA. Como contracara, el gobierno otorga amnistía a los golpistas (16), entrega los yacimientos petrolíferos a las transnacionales a través de las empresas mixtas, y brinda generosos subsidios al sector empresarial, pagando las compras de empresas (expropiaciones) a "precios de mercado”. La gran mayoría de las violaciones de derechos humanos del período puntofijista no ha sido objeto de investigaciones ni han sido castigados sus responsables. Incluso el Psuv ha llevado al cargo de diputado a uno de los autores materiales de la Masacre de Cantaura, para brindarle la cobertura de la inmunidad parlamentaria. (17)
Esta es la realidad del llamado "socialismo del siglo XXI". Se constata, una vez más, que ningún sector burgués, así se haga llamar “bolivariano”, “nacionalista”, o incluso “socialista”, puede jugar un papel revolucionario en la Latinoamérica de hoy. De ahí la bancarrota de las tesis del “frente popular”, el “frente antiimperialista”, y todas las variantes bajo las que se presenta una estrategia de conciliación de clases y revolución por etapas, con la cual se constriñe la independencia política de los trabajadores y demás sectores explotados al marco de acuerdos para gobernar con sectores burgueses supuestamente “progresistas”, “no monopólicos”, “no subordinados al imperialismo”, etc. Hasta ahora la mayoría de la izquierda en Venezuela y Latinoamérica ha establecido un paralelismo entre “chavismo” y “revolución”. A la luz de las recientes acciones contrarrevolucionarias del gobierno venezolano, quizás por primera vez estos términos empiezan a encerrar para miles de luchadores una disyuntiva histórica: o apoyar el proyecto burgués de Chávez o luchar por la revolución socialista.
* Simón Rodríguez Porras es militante de la Unidad Socialista de Izquierda
Notas
1.- http://laclase.info/
1.- http://laclase.info/
En
noviembre de 2010, Chávez aseguró que la alianza con Santos era
fundamental para la unidad latinoamericana: "Hermanos somos y hermanos
seremos para siempre. Que no haya fuerza alguna que sea capaz de generar
ningún tipo de daño. Sólo juntos podremos construir la Patria Grande". (http://laclase.info/
3.- http://www.minci.gob.ve/
4.- http://venezuelareal.
5.- Ver respuesta de Miguel Angel Hernández a las declaraciones de Chávez:http://www.kaosenlared.
6.- http://www.minci.gob.ve/a_
7.- http://www.jornada.unam.
Marino
Alvarado, coordinador de la organización de derechos humanos Provea,
también hace un recuento de estos casos. “Recordemos que el 02 de junio
de 2002 el gobierno deportó a Víctor Galarza ciudadano de origen vasco
quien se encontraba con toda su documentación en Venezuela y tenía más
de 12 años residenciado en el país. Luego, en diciembre de ese mismo
año, es decir, seis meses después de Galarza entregó al gobierno de
España a Sebastián Echaniz
Alcorta. Por estas deportaciones arbitrarias el gobierno fue demandado
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuatro años después
ante la contundencia de las pruebas de que se había violado la
Constitución Venezolana y la Convención Americana de Derechos Humanos el
gobierno admitió los hechos y suscribió el 21 de junio de 2006 un
acuerdo amistoso (caso 12.555) (http://www.cidh.org/
10.-
“Durante cuarenta y ocho horas
Wendelin fue detenido de manera arbitraria por el gobierno venezolano.
El domingo policías del Servicio Bolivariano de Inteligencia procedieron
a privarlo de libertad cuando presentó su pasaporte a funcionarios de
inmigración. Inmediatamente fue trasladado a la sede de dicho organismo
policial en Caracas. La detención se produjo violando las normas
establecidas en la Constitución venezolana que establecen que nadie
puede ser privado de la libertad salvo que sea capturado infraganti
cometiendo un delito o mediante orden judicial. Wendelin no había
cometido delito alguno en Venezuela. Tampoco le era aplicable una
detención preventiva prevista en el Tratado de Extradición Venezuela-
España puesto como bien lo confirmó en embajador de España en Venezuela a
medios de comunicación de Europa, el dirigente político no tenía
ninguna solicitud judicial por parte de órganos de administración de
justicia de España”. (http://www.derechos.org.ve/
11.- http://www.tribuna-
12.-
En la misma entrevista citada anteriormente, Reyes se refiere al
gobierno venezolano en los siguientes términos: “En el caso de Venezuela
vemos a un gobierno revolucionario, que quiere llegar al socialismo, un
gobierno apoyado por la inmensa mayoría, que también dispone de
muchísimos recursos y que sabe administrar bien”. Las Farc no se han
pronunciado hasta ahora acerca de los acuerdos entre Chávez y Santos. (http://www.tribuna-popular.
13.- Declaración de las Farc sobre ejecución de 8
indígenas Awá
http://www.kaosenlared.net/
Carta abierta a las Farc por parte de autoridades indígenas
http://www.kaosenlared.net/
15.- http://venezuela.
