La referencia a la inseguridad personal se ha convertido en un lugar común para académicos, políticos, planificadores, medios de comunicación y para la opinión pública en general.
¿Vivimos realmente en un mundo más violento? ¿Más violencia en relación a que época y a qué situación? ¿Cuál es la cualidad de la violencia hoy? ¿Qué papel tienen los medios de comunicación en la promoción y reproducción de la violencia y el miedo? Debemos dar respuesta a interrogantes que nos acerquen a alternativas validas de resolución de los conflictos cruciales de la sociedad actual.
Al margen de las controversias en torno al concepto de violencia y a la obtención de los datos sobre su comportamiento, la información disponible denota el aumento de la inseguridad personal a nivel mundial.
Las principales ciudades de nuestro país no escapan al fenómeno. El registro de la criminalidad violenta indica que las muertes son, fundamentalmente, de varones, jóvenes y pobres y, que la inseguridad, asociada a la ocurrencia de delitos contra las personas y los bienes, no sólo se ha visto incrementada en las tres últimas décadas, sino que ha cambiado cualitativamente. Los reportes de hechos en los que pierden la vida jóvenes por motivos fútiles (robo de un par de zapatos de goma, guerras de pandillas, tráfico de drogas) hablan de la banalización de la vida, ejemplo del deterioro en el sistema de valores en los que históricamente nos hemos socializado.
Además de la dimensión fáctica queremos llamar la atención sobre la dimensión subjetiva de la inseguridad. Hay suficientes elementos confirmatorios de que la conformación del miedo de los ciudadanos tiene un fuerte componente comunicacional.
Algunos criminólogos han analizado cómo la noticia amarillista y sensacionalista genera sentimientos de inseguridad, que traducidos en requerimiento de castigo, sirven para justificar la ampliación del control y la implementación de políticas de represión selectiva. Conformación de policías, contratación de nuevos funcionarios, compra de equipos policiales, contratación de formación policial, conformación de empresas privadas de vigilancia, contratación de funcionarios dentro de la administración de justicia, comercio de armas y dispositivos de seguridad, venta de espacios cerrados por parte de urbanizadoras, importación de estrategias de control, venta del producto de los medios de comunicación (cine, prensa, televisión, radio); es difícil sacar la cuenta de todos los beneficios que genera la empresa de promoción de la violencia y de los negocios y las personas que dependen de la empresa de control. Siendo esto así, se entiende que el clima de pánico colectivo resulta funcional a intereses concretos.
En este sentido, producto del manejo mediático del fenómeno de la criminalidad, pareciera que la víctimización se produjera mayoritariamente entre los sectores medios y altos, los cuales, producto del miedo, han generado mecanismos de autoprotección que pueden implicar, incluso mas violencia (cierre de espacios residencias, privatización de espacios públicos, contratación de vigilancia privada formal e informal, afiliación a organizaciones delictivas pagando vacuna por la protección de bienes, etc.).
Los eventos donde hay víctimas pertenecientes a estos grupos son ampliamente cubiertos y publicitados, abandonándose la función informativa al privilegiar el manejo emocional del discurso. Aniyar, Delgado Rosales, Baratta A, etc. han resaltado el papel político que cumple la construcción subjetiva de la criminalidad. Las grandes empresas mediáticas venezolanas ya han demostrado su afiliación al golpismo nacional y trasnacional, cabria preguntar ¿el manejo emocional que están haciendo de la inseguridad personal responde a los inconfesables intereses de calentar las calles nuevamente para la siembra de la inestabilidad política con el objetivo de generar otro evento de ruptura constitucional?, o peor aún, ¿es posibles que los últimos sucesos hayan sido planificados y ejecutados respondiendo al mismo fin inconfensable?
Es interesante analizar cómo en contraposición a la abultada publicidad de los lamentables hechos donde perdieron la vida los niños Faddul y el señor Rivas, el empresario Sindoni, el reportero grafico Jorge Aguirre y el Subsecretario de la Conferencia Episcopalel (CEV), padre Piñango; los homicidios que se suceden en los sectores populares son utilizados selectivamente de acuerdo a los intereses de la empresa mediática. En realidad, cuando estos llegan a ser noticia, o son utilizados para alimentar el sentimiento de inseguridad con información dramatizada y amarillista, o son tratados marginalmente como porcentajes. Por ejemplo, sobre el asesinato sistemático de campesinos en manos de sicarios de la oligarquía golpista, los medios han permanecido mudos. Una pregunta: ¿Por qué los homicidios culposos en accidentes de transito, en su mayoría como producto del consumo etílico, son tratados por los medios tan benignamente? ¿Será que la simple reseña de la cantidad de muertos y heridos en accidentes de transito por consumo de licor, puede afectar la comercialización de las grandes empresas licoreras?
En otro orden de ideas, la realidad del control social formal, contribuye a la profundización del problema. El sistema penal (policías, tribunales penales y penitenciarías) sigue siendo corrupto e ineficiente.
Las policías -nacionales, regionales y municipales- resultan incapaces en la atención de las denuncias que reciben cotidianamente y en el abordaje de los conflictos propios de la vida urbana. Estos cuerpos tienen entre sus filas un número importante de policías no profesionalizados, represivos, corruptos y envilecidos. Adicionalmente, es preocupante el desenvolvimiento de algunas policías municipales y regionales que han sido utilizadas como ejércitos particulares de alcaldes y gobernadores golpistas.
Además de temerle a las bandas, malandros y pandilleros, la gente no confía en los policías. La inseguridad ciudadana es igualmente alarmante producto de lo que ha representado la actuación de los cuerpos de seguridad fuera de los límites del Estado de Derecho.
El comportamiento fáctico de la criminalidad violenta, el miedo y el sentimiento de inseguridad (como problemas con entidad propia) y la escasa, ambigua y tardía respuesta del Sistema Penal, se han traducido, por un lado, en la exigencia del endurecimiento de la represión, favoreciendo la actuación con criterios de control selectivo y antidemocrático (como la importación acrítica de la doctrina de la tolerancia cero de Bratton por parte del anterior Alcalde Mayor de Caracas Alfredo Peña) y, por el otro, en que ciertos colectivos decidan motu propio implementar alternativas que consideran, les resguardan de los embates de la inseguridad.
Ahora bien, ¿debemos sólo ocuparnos del control represivo de la violencia? ¿La pobreza no es acaso el signo más claro de la violencia infringida por medio siglo de accionar de un Estado comprometido con el neoliberalismo? Pasear la mirada crítica por la historia del país permite que las estadísticas adquieran contenido más allá de las lecturas superficiales de la pobreza, más allá de su asunción como el fardo inevitable por la búsqueda del desarrollo económico. ¿Que puede justificar que Venezuela con sus ingentes riquezas exhibiera a la entrada del nuevo milenio cifras vergonzosas de analfabetismo, deserción escolar, exclusión de los servicios básicos, delincuencia, población en calle, etc.?
El sentido común puede decirnos que exijamos mas policía y hasta la pena de muerte, que pasemos el tiempo libre con seguridad en el Sambil, que nos fortifiquemos y afiliemos a “ACIDO” (asociación de comerciantes e industriales duros organizados); es comprensible que el sentido común así reaccione. Sin embargo, si como principio, no renunciamos a vivir en un Estado de Derecho, hay que partir de que la coerción debe ser una facultad exclusiva del Estado y la política criminal debe contener además del ámbito del control represivo de la delincuencia, el ámbito de la política social, entendida en su sentido más amplio.
Desde 1999, en el marco del proceso revolucionario que lidera nuestro presidente, se emprendió la lucha sin cuartel por la refundación del Estado en función de que responda a la real búsqueda del bienestar colectivo. Ya son más de una docena las misiones emprendidas por el ejecutivo que inciden de manera directa en la superación de la exclusión y la pobreza. El control de la violencia delincuencial no puede decretarse y debe ser el producto del equilibrio entre el ejercicio de la coerción y la ejecución de la política social. Fortalecimiento de las misiones y de la organización comunitaria, fortalecimiento del sistema de administración de justicia, redefinición cualitativa, reorganización y control de las policías, profundización del proceso de desburocratización del aparato del Estado, erradicación de la corrupción, etc., son elementos sobre los que se debe continuar trabajando. La responsabilidad de ello atañe, no sólo al gobierno nacional, atañe también al resto de los poderes y a los gobiernos locales y regionales, todos con competencia y obligaciones en la generación de espacios de resolución de los problemas que confrontamos como país.
Considero que la nueva fase estratégica de la oposición, se afincará aún más en la construcción del miedo a partir del tema de la inseguridad personal, con el objeto evidente de generar el clima que necesitan desesperadamente para evitar el inminente triunfo del presidente y con ello, de la revolución. Conciencia, conciencia y más conciencia.
*Socióloga, Magíster en Ciencias Penales y Criminológicas, Profesora de la UBV-Bolívar.
E-mail: irimoli@hotmail.com
