En 1999, se produjo por primera vez en Venezuela el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas. Desde entonces, el gobierno bolivariano ha implementado diversas políticas públicas orientadas a cumplir con este mandato histórico, que reivindica la dignidad de los pueblos originarios.

No obstante, un requerimiento vital para su bienestar como pueblos como lo es el reconocimiento y demarcación de tierra y territorio se ha visto aplazado, lo que compromete la concreción del nuevo orden constitucional, les priva de la seguridad jurídica y les somete a la continuidad de las amenazas de terceros.

En ese contexto, la voluntad del Presidente Hugo Chávez, expresada en reiteradas ocasiones, y orientadora de la gran tarea de saldar la deuda histórica contraída con los pueblos indígenas, contrasta con la falta de cumplimiento de las políticas que deben garantizar el mandato constitucional y las propias órdenes presidenciales.

En concreto, las comunidades Yukpa de la Cuenca del Río Yaza están protagonizando una lucha por el derecho a su territorio ancestral, usurpado desde tiempos coloniales, y más recientemente, durante los últimos setenta años del siglo XX, cuando fueron desplazados violentamente para dar paso a las haciendas ganaderas de Perijá que hoy usurpan territorios que les pertenecen a los Yukpa y Barí – como el mismo Presidente denunció el pasado mes de agosto.

Esta situación pone al descubierto el entramado de relaciones de poder, local y nacional, que ha sido construido por los hacendados y empresarios durante décadas y que derivan en la suspensión de los altos propósitos de la Revolución Bolivariana para las comunidades indígenas de la Sierra de Perijá y su sustitución por grandes proyectos de explotación y transporte de recursos en la zona. El mantenimiento de estos privilegios hace que la Revolución Bolivariana no llegue al Zulia, a Machiques y menos a las comunidades indígenas.

Como reacción a la indefensión derivada de la falta de resultados de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas, a inicios del 2008, las comunidades Yukpa de la Cuenca del Río Yaza decidieron ejercer presión para que se diera cumplimiento al mandato constitucional de demarcar sus tierras y las del resto de pueblos indígenas de la nación, recuperando varias haciendas ubicadas en sus tierras originales o ancestrales.

Desde entonces, las comunidades han sido victimas de hostigamiento por parte de sicarios contratados por los ganaderos de la zona, sufriendo desalojos violentos, agresiones físicas y amenazas de muerte. El 22 de julio de 2008, el anciano de 109 años José Manuel Romero, y padre de Sabino Romero, Cacique de la comunidad Chaktapa, murió días después de los golpes causados por Alejandro Chávez Vargas, dueño de la hacienda Kusare. Hasta la fecha, la investigación a cargo del Ministerio Público no ha avanzado, ni se concreta en sanción a los responsables.

Funcionarios del Ejército y la Guardia Nacional también han hostigado a las comunidades Yukpa, creando un cerco militar y propiciando un clima de represión contra los indígenas y los grupos sociales que les prestan solidaridad. A seis meses de los hechos ocurridos el 22 de agosto de 2008, hay 4 activistas que están siendo procesados judicialmente luego de haber sido detenidos arbitrariamente por defender derechos, mientras que los funcionarios militares que pusieron en riesgo la vida e integridad física del grupo están a la espera de que el Ministro de la Defensa les autorice a rendir la declaración correspondiente ante el Ministerio Público.

Reivindicamos la legitimidad de las luchas del Pueblo Yukpa, porque son expresión de la confrontación con las relaciones históricas de dominación coloniales, post-coloniales y capitalistas que persisten en nuestra sociedad, y son consecuencia directa de la falta de cumplimiento del mandato constitucional de demarcación de sus tierras.

Nos pronunciamos en contra de la implementación en la zona de un modelo de desarrollo depredador, de enclave minero exportador, que cuenta con el apoyo tácito o expreso de instituciones del Estado, y cuyo único interés es la extracción de recursos para producir riqueza, sin importar las consecuencias ambientales, sociales y de destrucción cultural.

Exigimos que se sancionen a los responsables por la muerte del Abuelo, se sobresean las causas de los compañeros y compañeras que se encuentran bajo acusación penal y se investigue y sancione a los funcionarios militares que puedan haber incurrido en violaciones a derechos humanos.

Es de destacar que en países de América Latina que no cuentan con una Constitución tan avanzada ni que atraviesan un proceso revolucionario como el nuestro, se han producido avances significativos en la entrega de títulos colectivos a comunidades indígenas. Ello evidencia que es posible adelantar rápidamente en el cumplimiento del mandato constitucional bolivariano, siempre que se prioricen los intereses generales y de los pueblos indígenas por encima de los intereses de poder que obstaculizan la concreción de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, respaldamos el anuncio del Presidente Chávez del pasado mes de agosto, que instó a la compra de las haciendas como paso inicial necesario para la demarcación del territorio que corresponde a las comunidades Yukpa y Barí.

Nosotras y nosotros los abajo firmantes, nos pronunciamos inequívocamente por la plena restitución de los derechos y dignidad de los pueblos originarios de nuestra patria, desde una crítica solidaria, responsable y comprometidamente revolucionaria.

 
Organizaciones

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, Cooperativa Editorial La Mancha, Periódico Proceso, Periódico INFOCOAS, Ojos Rojos Percepción Colectiva, Escuela Popular de Formación Chema Saher , Programa Venezolano de Educación -Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Sociedad Homo et Natura, Fundacion Tukui Ingakuna,  La Voz de los Aburridos, NUDE Cultural Capirugente, Colectivo de Lesbianas Feministas Josefa Camejo, Colectivo Social Surco-DP, Periódico Alternativo Ñangara, Grupo ambientalista del instituto de yoga de Valera- Trujillo, WWW.SINNOMBRES.ORG.VE, ANMCLA-Amazonas.  

Individualidades

Wilman Verdú C.I. V- 6.300.170; Antonio González Plessman C.I. V- 10.866.332;; Santiago Arconada C.I. V-  3.512.089; Erick Gutiérrez C.I. V- 6.976.990; Edgardo Ramírez C.I. V-  8.137.540; Manuel Gandara C.I. V-  9.823.244; Lusbi Portillo C.I. V-4.527.834; Gregorio Pérez C.I. V- 637.307; Maryluz Guillén  C.I. V- 11.557.841; Jesús Machado C.I. V-  8.137.540; Barbara Tineo C.I. V- 14.531.267; Luis E. Lander  C.I. V-3.180.027 ; Esther Rojas C.I. V-6.352.061; Nicanor Cifuentes C.I. V-14.208.465; Gorka Llona Abreu,  C.I. V-10.284.808; Joaquín Martínez Picazo Pasaporte Nº AA601854; Raúl Cubas C.I. V-24.315.549; María de los Ángeles Peña Fonseca C.I. V- 14.876. 342; Daniel Rojas C.I. V- 10.445.815; María Alejandra Morales Hackett  C.I. V- 10.310.372; Pablo Siris Seade, C.I. V-24.524.204, Oscar Sotillo Meneses C.I. V-9. 486. 083; Janette Rodríguez Herrera C.I. V-6.125.388; Francisco Issa C.I. V-6.445.831; Juan Carlos Sotillo C.I. V-2.230.965; Leila Medina C.I. V-3.870.816; Hely Uzcategui  C.I. V-6.464.457; Solangel Morales C.I. V-10.280.242; Oscar Fernández   C.I. V-11.178.201; César Santana C.I. V-16.876.555; Moises Mirele    C.I. V-8.676.552; Antulio Rosales C.I. V-16.340.384, Ana Maldonado C.I. V-10.788.295; Adriana Ovalles CIV- 12.815.937; Tomas Antonio Becerra Ramírez, CIV- 15.566.758; Luis Delgado C.I. V-5.495.670; Rubén Zambrano C.I. V-9.156.674; Lía Bruno DNI 2972681; Thais Guerra C.I.V- 10.118.137; Jenny Farías C.I. V-11.287.348; Miguel Fuenmayor C.I. V-7.771.407; Héctor Barros C.I. V- 12.257.191; Rosa M. Pena C.I.V- 8.604.383; Siulypin García C.I. V-13.474.907; Miriheles López C.I.V- 13.301.142; Jackeline Escalona C.I.V- 14.136.752, Raiza Chourio C.I. V- 5.038.237; Carmen Jiménez C.I. V- 4.746.131; Roxana Rodríguez C.I. V- 7.766.917; Neida Larreal C.I. V-10.017.044, Zora Marín C.I. V-6. 747.350; Carlos Bracho C.I.V- 13.529.833; Claudia Rodríguez C.I.V-10.107.137; Reinaldo Guillén C.I.V- 13.494.735;  Rosaines Villalobos C.I.V-10.474.725; Amparo Gil Vanegas C.I.V-11.285.718; Nicanor Cifuentes Gómez C.I.V-7.812.228; Belkis Borgues C.I.V-7.606.845; Lenin I, Parra M C.I.V-10.430.422; Duvis Laguna C.I.V-7.973.255;  Asmery González C.I.V-7.836.612; Cristóbal García Pachano C.I.V-3.850.750; Polly Anna Urribarri V C.I.V-9.740.226; Elisander Sánchez C.I.V-10.478.390; Lisseth Luzardo C.I.V-11.282.939; Dignoris Barreto C.I.V-5.047.090; Jesús Medina C.I.V-7.820.169; Ely Saúl González C.I.V-7.721.710; Deinys León C.I.V- 10.405.136; Evaristo Suárez C.I.V-7.715.550; Juan Carlos Sotillo C.I.V- 6.230.965; Fátima Morales C.I.V-9.721.318; Luis Adolfo Pérez C.I.V-4.994.327; Elpidio J. González C.I.V-4.521.827; Jesús R. Toledo Nuñez C.I.V-5.082.255; Carlos A. Paredes B. C.I.V-13.495.029; Nereyda Pérez C.I.V-7.739.901; Samael Nalul C.I.V-10.406.412; Yalitza Ramos C.I.V-11.897.976; María Alexandra Portillo C.I.V-12.305.750; María Isabel Portillo C.I.V-12.305.753; José A. Fuenmayor C.I.V-7.886.413; Maira Reyes C.I.V-15.260.201; Elaine Centeno Álvarez C.I.V- 25.659.908; Rafael Boscan Arrueta C.I.V-9.785.992; David Morillo Ferrer C.I.V-12.257.772; Manuel Aranaga C.I.V-12.466.644; Delia Urdaneta C.I.V-14.496.973; Rosa Nuñez C.I.V-13.021.445; Ingle Fernández C.I.V-9.796.297; Jesubil Reyes C.I.V-13.028.464; Isabel Rumary C.I.V-7. 822.259; José Sánchez C.I.V-5.851.171; Coribell Nava C.I.V-10.451.974; Ninoska Pineda C.I.V-12.946.914; José Javier León C.I.V-10.406.683; Adriana Bermúdez C.I.V-12.099.956; Gisela Farías C.I.V-11.287.349; Antonio Fernández C.I.V- 11.393.522; Verónica Pirela C.I.V-6.747.425; Tatiana Arcos C.I. V- 17.298.388; Keymer Avila C.I. V-14.128.739; Gioconda Mota Gutiérrez C.I.V-11.917.394; Eduardo Viloria Daboín C.I.V-12.907.657; Raquel Aristimuño C.I.V- 4.336.482.