Recientemente, la prensa regional informó que, por actos vandálicos cometidos contra la UDO, en Puerto La Cruz, atribuidos al hampa común, asociados esta vez a una medida de suspensión contra “estudiantes” de muy bajo rendimiento, según las autoridades universitarias, éstas y la policía llegaron a un entendimiento, según el cual, ésta actuaría para reprimir o contener aquellos, en caso se repitiesen.
La información le dejó a uno en un mar de confusiones. Pues si las acciones violentas se producen fuera del espacio físico universitario, no es necesario que las autoridades en éste, autoricen a la policía a intervenir. De donde uno dedujo, quizás por falta de explícita información reporteril, que aquello significaba una autorización para que las fuerzas públicas pudiesen intervenir a sofocar actos de violencia o delincuenciales dentro del territorio de la UDO. Nos llamó la atención, en principio, que la representación estudiantil no hubiese hecho objeciones, pero lo atribuimos a la gravedad de lo que estaba aconteciendo y la frecuencia.
La UDO como la UCV y otras tantas universidades venezolanas, gozan del amparo de la “Autonomía Universitaria”, que como sabemos, entre muchas cosas, contempla que la vigilancia y seguridad interna, corresponden a las autoridades de aquellas. Esto significa que los cuerpos policiales del Estado, nacionales, estadales o municipales, no pueden actuar dentro de aquellos espacios.
Muy pocos días después, la misma prensa informó acerca de una denuncia enérgica, de las mismas autoridades universitarias, en la cual acusaban a la policía de invadir en persecución de personas que allí se refugiaron. Una de las presunciones lógicas, es que los perseguidos pudieron ser considerados por la policía envueltos en actos ilegales o contrarios a la tranquilidad, en los alrededores o dentro del espacio físico de la escuela de educación superior.
Toda esa situación descrita le dejó a uno en una confusión mayor.
Lo que parece a todas luces obvio, por esas cosas señaladas, declaraciones frecuentes de los mismos estudiantes e informaciones de prensa, que en veces son dadas por quienes gobiernan la universidad portocruzana, en esos espacios se producen abundantes hechos delictivos y violentos relacionados o no con la vida universitaria. Y también que los cuerpos de seguridad interna, por distintas razones, no están en capacidad de contenerlos y menos evitarlos.
Esa percepción parece confirmarse con las declaraciones dadas a “Últimas Noticias”, por el señor Enrique Rada, identificado como “Jefe de Operaciones de la División de Seguridad de la UCV”, quien confesó “Nosotros no estamos en condiciones de enfrentar, ni estamos para eso, ni para repeler a los grupos armados que vengan a agredir a cualquier miembro de la comunidad” y agregó, con presunta sensatez, “como te le metes tú a 10 hombres solamente con un radio”.
Es decir, quien debe vigilar por la seguridad dentro de La UCV, se declara impotente y sus razones tiene. Pero, si se toma en cuenta que la “autonomía”, sirve entre otras cosas, para que quienes gobiernan las universidades, prohíban a los cuerpos del Estado intervenir aún siendo necesario, entonces estamos expuestos a que esos espacios se conviertan no en territorio “de nadie”, sino lo que es peor, del hampa y los violentos.
Tanto es verdadero lo dicho anteriormente que Rada, se vio obligado a desahogarse y admitir al reportero del periódico antes mencionado que, la UCV “vive la acechanza de grupos delincuenciales que se llevan dos laptop diariamente, jorungan los 400 carros estacionados alrededor del clínico y roban decenas de celulares de las muchachas de Trabajo Social”. Y rememorando el pasado, agregó como con melancolía “Ya la universidad no es aquella tranquila donde tu podías estar tranquilo (¡!) en tierra de nadie y no te asaltaban”.
No es necesario, por ahora, abrir una investigación muy seria y rígida, es suficiente suponer, para concluir que en las otras universidades autónomas, sobre todo aquellas que concentran gran población estudiantil, sin hacer mención a hechos que uno ha conocido, la situación es en algo parecida a la que describió Enrique Rada.
Pero Rada, funcionario ucevista al fin, espera que a ese asunto le pongan freno el Cipc y el Ministerio Público. Piensa que estos organismos deben investigar los hechos y, no como debe hacerse, sino con los “informes que nosotros hagamos: Son informes descriptivos”. Es decir, según Rada, los organismos del Estado “deben establecer responsabilidades”, pero sustentándose en lo que el cuerpo de seguridad ucevista, que no es especializado, ni dispone de la tecnología adecuada y menos la autoridad de la ley, determine.
Por estas cosas es procedente la declaración de la Fiscal General de República, mediante las cuales anuncia abrir una investigación a las autoridades universitarias de obstruir la justicia. Y esto hacen al impedir el ingreso a las autoridades competentes a investigar hechos punibles. Y en veces, cuando autorizan la entrada la escena del crimen ha sido modificada.
Pese a lo agobiada y desbordada que se encuentra la vigilancia universitaria toda, demostrada con la alarmante confesión del señor Rada, no se avizoraba que alguien comenzara a pensar que de alguna manera, parece llegado el momento de revisar el concepto de autonomía y las relaciones de las casas de estudio bajo esa circunstancia, con el Estado y la sociedad toda, aunque sea por asuntos de seguridad. Pero los anuncios de la FGR parecieran querer cambiar esa conducta.
Aunque muchas cosas parecen reclamar se le revisen.
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