Los ocho ministerios y entes gubernamentales que por ley forman parte de la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas a través del Viceministro de Ambiente ingeniero Sergio Rodríguez parten de varios supuestos falsos para imponer su propuesta excluyente etnocida de demarcación de los territorios Yukpa y Barí, y no a partir del ordenamiento jurídico vigente y de los proyecto de vida de los pueblos o naciones indígenas, pretende pues el Estado gobierno actual decidir el área y el proyecto, es decir dónde y cómo estos dos pueblos indígenas deben desarrollar sus vidas.
Esta inaudita pretensión de asimilación o integración forzada, muy común entre los gobernantes del mundo, quedó prohibida a partir del 2007 con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, muy en espacial en sus artículos 8, 21, 23, 24 y 26.
Esta obligación de los Estados Nacionales debe ser tomada en cuenta en estos momentos por las ministras y ministros Ortega de Carrizales, Maldonado y El Aissami, que se inmiscuye este último en tan delicado asunto con los mamotretos excluyentes de las llamadas Vitrinas Indígenas en Centros Pilotos, sustentadas por un cuestionado proyecto cívico militar fronterizo mil millonario llamado “Plan de Acción del Gobierno Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación de los Municipios Fronterizos Machiques de Perijá, Rosario de Perijá y Jesús Enrique Losada del Estado Zulia”, donde de abre boca violan los territorios indígenas y las leyes que los amparan con la construcción de Bases de Seguridad Fronterizas en los Centros Pilotos Tukuko y Toromo “No se desarrollarán actividades militares en las tierras o territorios de los pueblos indígenas, a menos que lo justifique una razón de interés público pertinente o que se haya acordado libremente con los pueblos indígenas interesados, o que éstos lo hayan solicitado” (Art. 30 numeral 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas).
Demarcar los territorios Yukpa y Barí sí pasa Presidente Chávez por pagar las bienhechurías de las haciendas y parcelas que Auto demarcaron los indígenas como sus territorios originales despojados a sangre y fuerza años antes (1910-1970) por compañías petroleras y hacendados con el apoyo o iniciativa del Estado gobierno venezolano, y como garantías jurídicas necesarias para indemnizar el Gobierno los derechos de terceros y de esta manera plasmar con hechos, en los albores del Socialismo del Siglo XXI, el reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos Yukpa y Barí del estado Zulia.
En ningún momento la ministra Ortega de Carrizales responsable de llevar el normal funcionamiento de la demarcación de las tierras de los pueblos Yukpa y Barí ha buscado una salida justa a favor de los planteamientos de estos pueblos amerindios violando así el Convenio 169 de la OIT, de rango constitucional, en su artículo 14 numeral 1º que obliga al Gobierno firmante a buscar soluciones adecuadas para honrar sus deberes para con los pueblos indígenas “Deberán instituirse procedimientos adecuados en el marco del sistema jurídico nacional para solucionar las reivindicaciones de tierras formuladas por los pueblos interesados”.
En el Aló Presidente del domingo 24 de Agosto de 2008, el Presidente constitucional de la Republica Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Fría, ordenó el pago de las haciendas para los Yukpas en guerra para aquel entonces contra los hacendados, el Ejército y la Guardia Nacional, y a la Ministra del Poder Popular para el Ambiente Ortega de Carrizales le ordenó además demarcar sus tierras para “saldar un saldo histórico”; comisión de demarcación paralizada ilegalmente desde Octubre de 2006; pero más que una orden presidencial pagar las bienhechurías de las haciendas es una norma jurídica violada por estas ochos instituciones del Estado venezolano, ya que el artículo 43 y 46 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) obligaba a la Ministra Ortega de Carrizales a pagar a los hacendados y parceleros las bienhechurías en pleno proceso de demarcación “Los conflictos inherentes al procedimiento de demarcación, que se presenten entre el pueblo o pueblos y comunidad o comunidades indígenas con cualquier persona natural o jurídica (…) e los acuerdos alcanzados se dejará expresa constancia por escrito en el expediente firmado por las partes, sus representantes y los funcionarios que intervienen en el acto. Si se acuerda el pago de cantidades de dinero por derechos de terceros, la Comisión Nacional de Demarcación del Hábitat y Tierras de los Pueblos y Comunidades Indígenas queda encargada de realizar el pago directamente” (Art. 46). Pero el Viceministro Rodríguez continúa públicamente con el cacareo que “el proceso de demarcación no es pagar haciendas”.
Los pueblos amerindios no están exigiendo haciendas por las haciendas mismas, porque hoy pretendan ser hacendados como irónicamente hace dejar ver el Viceministro Rodríguez, todo lo contrario, están exigiéndole al Gobierno el reconocimiento de sus derechos territoriales de una pequeña parte de sus territorios originales que producto de la violencia les fueron arrebatadas a sangre y fuego hace 50 años, no aceptar la ministra Ortega de Carrizales esta propuesta en nombre del Ejecutivo es violar la LOPCI en su artículo 24 “Los pueblos y comunidades indígenas que por medios violentos o vías de hecho hayan sido desplazados de su hábitat y tierras, o por razones de seguridad se hayan visto forzados a ocupar otras, tienen derecho a la restitución de su hábitat y tierras originarios” y el artículo 28 numeral 1 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”, pues bien, estos pueblos o naciones amerindias están exigiendo el pago de las bienhechurías que sobre sus tierras han construido los hacendados, parceleros y desplazados colombianos. Están exigiendo que se les devuelva lo que es de ellos, que el Estado le garantice y facilite este proceso; ya Sabino Romero Izarra, por ejemplo, y allí se cae la teoría del sofista Rodríguez, transformó la hacienda Tizina que ocupó a la fuerza con su pueblo Chaktapa en el 2004 y al ser desalojado por sicarios/ganaderos la retomó en marzo de 2008 para convertirla en un campo cultivado, transformó con sangre en sus manos, sudor y lágrimas de su pueblo y familia la rebelde paja de los potreros en campos cultivables, Sabino y su pueblo no querían una hacienda como permanentemente afirma el arrogante Viceministro Rodríguez en representación de la ministra Ortega de Carrizales y del resto de los ministros que representan la comisión nacional de demarcación, Sabino sí quería las tierras, sus tierra despojadas y violadas por los Vargas en tiempo de la llamada cuarta república.
Queda fuera de toda lógica jurídica formal y de todo proceso de construcción socialista libertaria que en los territorios indígenas vayan a prevalecer los derechos de terceros sobre de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, mas cuando hasta las leyes liberales le obliga a los Estados a indemnizar a los terceros a través del pago de las bienhechurías de las haciendas de su propiedad.
Todo parece indicar que el Gobierno, al margen del discurso indio americano y protector de los derechos humanos que promueve en eventos, está ganado de mantener la violencia en esta zona fronteriza del Zulia y ser demandado en una corte internacional por violar el derecho a la tierra, es decir el derecho a la vida de los pueblos o naciones indígenas Yukpa y Barí.
