La verdadera justicia social y democrática llegó al fin a las universidades autónomas: la propuesta de reformar el Artículo 109 de la Constitución dándole la posibilidad de mayor participación y de ejercicio democrático a todos y cada uno de los miembros que hacen vida en nuestras casas de estudios.
Además de respetarse la autonomía universitaria, para la nueva constitución se propone: “ La ley garantizará el voto paritario de las y los estudiantes, las profesoras y profesores, trabajadores y trabajadoras para elegir las autoridades universitarias; consagrará el derecho al sufragio a todos los y las docentes que hayan ingresado por concurso de oposición, desde la categoría de instructor o instructora hasta titular y establecerá las normas para que las elecciones universitarias se decidan en una sola vuelta”.
En efecto, hasta la presente fecha la elección de las autoridades de las universidades, es decir, decanos, secretarios, vicerrectores y rectores sólo es potestad de una élite, o selecto grupo, conformado por docentes de escalafón y una desproporcionada y minoritaria participación del sector estudiantil. Los obreros y empleados de la universidad, los cuales son una pieza clave en el desarrollo y funcionamiento de las universidades no son tomados en cuenta en dicho proceso electoral. En otras palabras, son cercenados sus derechos democráticos al no poder elegir a sus propias autoridades. Son considerados, por más decirlo, como elementos de segunda, aún cuando sin su contribución es imposible el funcionamiento de dichas instituciones. Demás está señalar, que en las universidades el papel que juegan obreros y empleados no es solamente el de un operador técnico o administrativo. También tienen gran relevancia en la toma de decisiones de las cuales depende la buena marcha de las universidades y por ende el desarrollo normal del proceso de enseñanza-aprendizaje, investigación y extensión. Con esta propuesta quedan plenamente reivindicados.
Tampoco los estudiantes pueden elegir con su voto directo a las autoridades universitarias. Existe en la actual ley una suerte de maquiavélica proporcionalidad donde cada 40 ó 50 votos de estudiantes equivalen a un voto de profesor de escalafón. Es decir, que si en la ULA hay 25 mil estudiantes, y todos participan sus votos sólo valen en realidad más o menos 6.500 votos. Obviamente que esto es una total aberración antidemocrática, siendo los estudiantes el deber ser de las universidades. La propuesta exige, entonces, que se elimine el claustro universitario y por el contrario se imponga el criterio democrático de participación de la totalidad de la población estudiantil para elegir. En la nueva Constitución, valdrá por igual el voto de cada uno de los estudiantes al de cada profesor. Pero además la propuesta corrige el histórico error que no permitía que un profesor o profesora, que a pesar de ingresar a través de las difíciles pruebas de oposición al grado de instructor, pudiera votar para elegir a las autoridades. Con la reforma todo docente universitario ordinario, sin importar su escalafón, cuenta.
Esta propuesta pone en evidencia, de forma inequívoca, el sentido socialista que desde el Gobierno nacional viene impulsando el Presidente Hugo Chávez. Es darle el poder al pueblo. En nuestras casas de estudio esto obligará, obviamente, a redimensionar y readaptar la conformación de las estructuras de cogobierno respecto a la participación en ellas de otros miembros de la comunidad ignorados hasta ahora. Es decir, la mayor presencia de estudiantes en los Consejos de Escuelas, Consejos de Facultades y Consejos Universitarios, la cual en la actualidad es pírrica. Pero lo más novedoso aún será la participación de empleados y obreros en esas instancias de toma de decisiones.
