Desde 1721, cuando se funda la Real y Pontificia Universidad de Caracas, hoy Universidad Central de Venezuela, se nos ha acostumbrado a que en las elecciones de autoridades universitarias, tanto a nivel de rectorado como de decanatos, el voto de un estudiante sólo valía fracciones del voto de un profesor.
Hoy, a raíz de la promulgación de la nueva Ley Orgánica de Educación -dejando a un lado las discusiones entre una y otra posición política sobre su contenido-, el estudiantado venezolano ve reivindicada su posición ante la comunidad universitaria, luego de siglos de anhelo. Y es que ahora el voto de un estudiante tiene el mismo peso en la decisión de quiénes serán las nuevas autoridades de su universidad o su facultad ante el voto de un profesor, de la mano con la inclusión del personal administrativo y obrero.
Esta reivindicación, tanto para estudiantes como trabajadores, debe ser caracterizada como una de las más importantes de los últimos tiempos, debido a que nos da legítima e igual participación al momento de expresar nuestras voluntades en los distintos procesos electorales de nuestras casas de estudio.
Es importante aclarar que esto no podrá ser en ninguna circunstancia -para quienes comienzan a plantear este tipo de casos como posibles- un mecanismo para la injerencia de algún gremio (estudiantil, docente o de trabajadores) en las elecciones internas de otro: los movimientos estudiantiles seremos quienes escojamos a nuestros representantes estudiantiles, de la misma manera los grupos docentes, igual en el sector obrero.
La diferencia es que ahora, cada tantos años, nos encontraremos todos juntos, como iguales, al momento de apoyar a quienes consideremos deberán llevar la administración y dirección de nuestras universidades.