Es evidente que en el auge mundial de la delincuencia concurren múltiples variantes sociales y económicas. La acelerada descomposición del capitalismo salvaje y globalizado, la pesada carga de desempleo y pobreza que el viejo sistema arroja sobre la población, la ola de violencia y glorificación del delito, divulgada a diario por la televisión, y las dolencias de una burguesía enferma cuyas consecuencias influyen sobre toda la sociedad, son algunas de las causas más a la mano.
Sin embargo, como afirmamos en anterior editorial, nos negamos a aceptar que todos estos factores objetivos sean fatales designios para la Venezuela revolucionaria. Nos negamos a aceptar que la revolución bolivariana sea impotente para erradicar o por lo menos disminuir y controlar el desbordamiento de la delincuencia.
La revolución bolivariana debe tener y tiene recursos sociales, ideológicos, políticos, de masas, para enfrentar y derrotar la delincuencia organizada. No podemos admitir como inevitables que los conductores de camionetas o los vecinos de cualquier barrio estén todos los días expuestos a morir víctimas del hampa.
La responsabilidad principal en la tarea de reducir la delincuencia está en los hombros de la propia comunidad. Una comunidad organizada que sea capaz de impulsar una intensa labor ideológica, de conciencia y educación, sería la base. Por supuesto, no podemos esperar que la acción de la comunidad nazca de la espontaneidad e improvisación. Es necesaria una dirección política persistente y eficaz, elevar el papel de las organizaciones revolucionarias a todos los niveles y mejorar la coordinación de los órganos que tienen a su cargo la seguridad ciudadana.
La lucha por la seguridad ciudadana debe colocarse como prioridad de la organización popular. Ahora que se destaca a los Consejos Comunales, éstos deberían tener en su agenda la formación de un sistema popular de seguridad. Por supuesto, en el marco de una política que impulse soluciones a los problemas del desempleo y la pobreza, que impulse el desarrollo de las Misiones y fortalezca la obra social del Gobierno Revolucionario.
Es fundamental aumentar el presupuesto y formación de los cuerpos de policías, su depuración; promover el mejoramiento de la calidad de vida de los funcionarios policiales y la aplicación de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada. Estas y otras propuestas deben integrar un plan del colectivo nacional para enfrentar un flagelo que castiga al país, especialmente a sus capas productoras y trabajadoras.
