Ante la posibilidad de una ruptura de relaciones con Colombia, se debe evaluar las consecuencias, desde distintos puntos de vista, para comprender cabalmente la medida, cuya decisión le corresponde al presidente de la República. Como nos ocurre con casi todos los países, la balanza comercial es negativa para Venezuela, es decir, importamos más de lo que exportamos a Colombia. Así, se acumula una capacidad de demanda de la economía colombiana sobre la nuestra y, si nuestra capacidad de oferta es reducida, tendremos más inflación. Si a ello le sumamos la revaluación del peso frente al bolívar, la cuestión se agrava.

En la práctica, tenemos una afluencia creciente de compradores colombianos hacia Venezuela, especialmente en los estados fronterizos. Si los precios no suben más, en perjuicio de los nacionales, es porque muchos de los productos que se llevan los extranjeros están subsidiados, directamente, en el caso de aquellos que compra el Estado para abastecer a la población de menores recursos o, indirectamente, en el caso de artículos que se han importado con dólares suministrados por CADIVI al tipo de cambio oficial.

Una regulación o restricción del ingreso de compradores colombianos a Venezuela, contribuiría a mejorar los niveles de abastecimiento regional y nacional y a atenuar la inflación. Seguramente se generaría una tendencia al contrabando, pero sería más controlable en una situación de interrupción de las relaciones. La sustitución de las importaciones desde Colombia debería ser uno de los factores a planificar, en caso de una decisión drástica del gobierno venezolano.

Desde el punto de vista demográfico, igualmente, la ruptura de relaciones aminoraría el flujo legal e ilegal de colombianos hacia nuestro territorio. Dicho flujo también tiene consecuencias sobre la población nacional, porque compite por las fuentes de trabajo e ingreso y por los servicios públicos (agua potable, electricidad, transporte, salud, aseo urbano, educación, vivienda, aguas servidas, etc.).

Este flujo tiene dos vertientes: una, transitoria, de colombianos que viven en Colombia y trabajan en Venezuela, principalmente en actividades informales. Otra, permanente, de quienes vienen a establecerse en nuestro país, por razones diversas. En ninguno de los casos existen políticas regulatorias del flujo: No hay selección de los inmigrantes, que responda al interés nacional, que filtre el tipo de inmigración aceptable. Con los inmigrantes que vienen a buscar solución a sus necesidades básicas, mediante el trabajo, llegan también delincuentes y mendigos, que trasladan a nuestro territorio problemas sociales y económicos de Colombia, que debería atender el gobierno colombiano.

Si realmente se trata de refugiados, expulsados por la guerra civil colombiana, deberían registrarse como tales y ser confinados en lugares supervisados por organismos internacionales, que puedan exigirle al gobierno colombiano asumir la responsabilidad para con sus nacionales. Mientras se siga procediendo por vías informales e ilegales, Venezuela seguirá acarreando los costos de un problema interno colombiano y el gobierno colombiano seguirá ignorando la situación.

Ante la mención de una posible ruptura, se alzan voces de sectores económicos que se oponen, pero ellos defienden intereses particulares y no pueden imponerse sobre el interés colectivo. Otros asumen un punto de vista político y argumentan la fraternidad histórica o revolucionaria, pero todos deberían reconocer que la fraternidad debe canalizarse legalmente y dentro de las normas del derecho internacional, para neutralizar los efectos perversos de la inmigración ilegal y el desequilibrio económico.

Reconocemos los principios revolucionarios internacionalistas, pero se debe discutir el tema abiertamente, poniendo sobre la mesa los aspectos a favor y en contra, en busca de la mejor política para el país y la revolución y para la integración suramericana, poniendo aparte las posiciones idealistas, que pueden favorecer intereses nefastos, amparándose en valores bolivarianos y revolucionarios.

Es cierto que a lo largo del tiempo la balanza se ha inclinado a uno y otro lado de la frontera, que durante unos períodos fuimos nosotros los compradores en Colombia o los que requeríamos la mano de obra agrícola colombiana, para recoger las cosechas de café, pero, la situación actual es otra, más compleja, teñida de amenazas, como el narcotráfico, el lavado de dinero y el paramilitarismo, que pueden poner en riesgo la revolución bolivariana. Eso hay que sopesarlo con toda la responsabilidad y la gravedad del caso.

S. C. 27-07-09