La nación estremecida, repudia los dos “secuestros”-asesinatos del empresario italiano, Sandoni, los tres niños Fadul, de origen árabe, y del chofer que acompañaba a los tres muchachos el día del secuestro. Los condenamos, exigimos justicia, no a la impunidad y una revisión completa, total, absoluta, sin ambages, estructural, de ¡TODAS! las policías, sean regionales, municipales, de seguridad o criminalística. Porque en todos las policías, herencia de la CUARTA República, se ve fácilmente un hueso en la sopa; no hay que buscar mucho para saber que ellas son un foco perturbador, que allí reside un alto nivel de la criminalidad que estremece nuestra sociedad y que ha llegado el momento de desmantelar todo el siniestro aparataje policial/para militar creado por la oligarquía para subvertir (caso PM, Poli Chacao, Poli Baruta, Poli Miranda, Disip, el 11 de abril de 2002), para matraquear (PM expertos), para robar carros y todo tipo de delitos en connivencia con el hampa civil. 

Los secuestros a personas de origen extranjero por el hampa organizada, nacional y/o extranjera, son manejados mediáticamente por la contrarrevolución que les da un manejo amarillista y proyección internacional para “demostrar” que Venezuela es una país de absoluta inseguridad. Se busca convertir los delitos en escándalos que formen parte de matrices de opinión mundial contra el gobierno bolivariano; para ello cuentan con el apoyo mediático de la prensa burguesa y oligárquica de los países del primer mundo, quienes le sirven de eco subversivo. Eso hace pensar que no es totalmente descabellado suponer una relación entre los secuestradores y quienes les sacan punta política a los mismos a través del más brutal amarillismo.

La forma violenta, rápida y brutal, de insospechados niveles de criminalidad como concluyeron los dos secuestros –hechos absolutamente novedosos en ese tipo de delitos donde por lo regular el secuestrado es liberado después que sus familiares pagan el rescate– llama la atención porque es nueva en Venezuela, es evidentemente importada de uno de los países más violentos y crueles del mundo, donde la vida no vale nada y se violan todos los derechos humanos de sus pobladores: Colombia, donde hay ejércitos de asesinos que parten en dos con una sierra a un ser humano –para sólo hablar de una forma extrema de criminalidad utilizada por los grupos paramilitares colombianos– y asesinan a mansalva a miles de inocentes.

Se quiere, evidentemente, colombianizar el delito en Venezuela y a ello han contribuido, en no poca medida, sectores de la oligarquía que contratan sicarios colombianos para cometer asesinatos –130 campesinos, dirigentes agrarios, asesinados en el campo venezolano en los últimos años por el sicariato colombiano–. Igualmente todos recordarán el apresamiento de 150 paramilitares colombianos en las cercanías de Caracas, vestidos de militares venezolanos, que venían a formar parte de un alzamiento contra el gobierno.

El horrendo asesinato de los tres niños Fadul desató el dolor pero también la subversión de abril. La canalla contrarrevolucionaria trató de capitalizar el dolor de un sector de la ciudadanía, esa clase media que salió a expresar su dolor por el brutal crimen de los tres niños, penetrando las manifestaciones. Los jóvenes estudiantes de la UCAB –epicentro de pasadas conspiraciones contra el régimen democrático bolivariano–, vecinos y amigos de la familia Fadul marcharon pacíficamente y, por supuesto, manifestaron sectores de la clase media del Este de la ciudad, pero los “dirigentes” fascistas promovieron la violencia –caso de las agresiones con piedras y botellas a la GN en la plaza Altamira– y desarrollaron una incipiente guarimba en varias urbanizaciones y desataron acciones de violencia, trancaron avenidas y calles creando el caos automotor.

No es coincidencia que al saberse la noticia de la muerte de los tres niños y del chofer de la familia, Miguel Rivas, estallaron manifestaciones, que Globovisión, por ejemplo, hiciera reiterados llamados a la población a tomar la calle y protestar y se diera el listado de todos los puntos del país donde supuestamente se concentrarían la población a expresar su dolor. Es decir, se pretendió politizar la muerte de los niños e impulsar un plan subversivo que desatara la violencia, plan –de factura norteamericana– deliberadamente planificado para minar el proceso electoral y crear un situación de inestabilidad que pudiera justificar un intervensionismo yanqui en el país. Recordemos que estamos en abril.

La respuesta gubernamental y de otros poderes del Estado, ante los acontecimientos no se hizo esperar. El Alcalde Mayor, Juan Barreto, hizo pública la política de depurar la Policía Metropolitana y el pase de cerca de 800 policías a los tribunales por diversos delitos, a la vez denunció los planes subversivos.

El ministro Jessy Chacón habló de crear un grupo multidiciplinario para generar un plan nacional de seguridad y orden público, sometido a consultas con la población. La debilidad quizás está en poner en ese Comité a un fascista como el comisario Paruta, de muy triste actuación al lado de la contrarrevolución y excluir a las organizaciones populares, como la Coordinadora Popular de Caracas y otras, que tienen propuestas sobre una estrategia de seguridad más a tenor con los intereses de los trabajadores y del pueblo pobre y de la población en general, que incluye desde la inteligencia popular, la contraloría comunitaria y el carácter colectivo de la seguridad, no el carácter clasista que hasta ahora ha tenido.

La oportunidad no puede ser más propicia para darle un vuelco total y absoluto a las políticas de orden público, crear ciertamente una policía nacional, pero sin los miembros de las actuales policías, llena de vicios y torceduras; que a la policía de inteligencia del Estado se le cambie el odioso y tenebroso nombre que tiene y que nos retrotrae a tantos crímenes e injusticias y se construya una policía (y una política) de inteligencia que obedezca a los intereses del proceso revolucionario bolivariano.

Las policías no pueden seguir siendo un tabú, un campo intocable, trinchera de todas las sordideces y rescoldo de todas las maldades imaginables. Aún está fresca la horrible muerte del Fiscal de la Dignidad, Danilo Anderson, asesinado por policías y ex policías. La multiplicidad de policías es una aberración de la estrategia de seguridad y defensa de una nación, es caldo de cultivo para los grupos paramilitares y la entronización de grupos de exterminio como ha ocurrido en el estado Portuguesa, Bolívar y otros. Saber, por ejemplo, que un criminal como López Sisco dirige la policía del estado Zulia, es para estremecer hasta una monja. ¿No es el estado Zulia, acaso, una región estratégica que merece especial atención? Por mucha autonomía que pueda tener un estado federal ¿es poca cosa que un personaje de esa laya esté todavía allí y el gobierno no presiona su salida, precisamente por razones de Estado? ¿Es necesario, acaso, esperar que se apruebe la ley de policía nacional, para exigir la salida de ese criminal de ese alto cargo?

El tema de las policías, las políticas de seguridad nos atañe a todos, sobre al movimiento popular y revolucionario. Pero hay que seguir alertas y no bajar la guardia, la subversión está montada y tantea para ver si puede tomar la calle o aterrorizar al pueblo. ¡Ojo pelao! (07-04-06)

(caracola@cantv.net)