**** En la inédita entrevista que a continuación se reproduce, se descubre el descaro supremo de quien se mantuvo desde la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial Lara, aupando a la garra golpista hace cinco años, y que ahora actúa como Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con sede en San Carlos, estado central de la República Bolivariana de Venezuela 
 

Bastó que el Fiscal Superior, Julián Isaías Rodríguez Díaz, irrumpiera en la pantalla denunciando el zarpazo golpista de Carmona, para que la angustiosa tartamudez de la Fiscal Superior del Ministerio Público en Lara,  Gilda Sequera Yépez, se dejara oír tras el hilo telefónico en la redacción del diario barquisimetano EL IMPULSO, con un pedido a secas: “no publiques la entrevista”, que ofreció sin cortapisas ese 12 de abril de 2002.

Inusual tartamudez, si se advierte la pulcra dicción de quien momentos antes, y con triunfal serenidad justificó la arremetida golpista y ofreció una interpretación tan particular, descabellada e insostenible del texto constitucional, según la cual Chávez no estaba preso sino protegido y “el artículo 350 da para todo…es como borrón y cuenta nueva”.

Comprensible la urgencia de la fiscal, si se comparan las marcadas diferencias interpretativas y de opiniones que surgieron –imprevistamente- entre ambos funcionarios. La voz de Rodríguez que denunciaba con firmeza el golpe de Estado, develando la ruptura de un hilo constitucional que a juicio de la fiscal en Lara, permanecía con perfecto e inalterable tejido. Menuda discrepancia. 

“Te di las declaraciones porque no tenía jefe, pero el fiscal superior apareció y tengo prohibido declarar” dijo en un nuevo intento de borrar y contar otra vez. “Voy a hablar con los dueños del periódico, si lo publicas, diré que no te ofrecí esa entrevista”, que ya había sido redactada y enviada a la editora de redacción, de cuya computadora, nunca salió. Nunca salió por decisión soberana de un diario eufórico, que afinaba los detalles para celebrar por todo lo alto y con chin-chin de copas la asunción al poder de Pedro el empresario, hijo de Roberto Carmona y de Doña Elena, hermano de Juan Carmona, director emérito del rotativo. Fiesta familiar pues.

“Somos gobierno”, se escuchó en la redacción del periódico “cuyas páginas han sido por años tribuna semanal del pensamiento e ideas de este hombre llamado a dirigir los destinos del país”, dice el editorial del 13, en directo elogio empalagoso al pariente-presidente.

Semanas después, el 8 de mayo de 2002, la Fiscal Superior de Lara,  involuntariamente, cesó en su crisis de bajo perfil mediático y cobró notoriedad en la página A-4 del diario El Informador de Barquisimeto, donde apareció la reproducción de una carta fechada el 12 de abril, en la que Gilda Sequera Yépez saludaba al “excelentísimo coordinador del partido Primero Justicia en Lara, Henry Alviárez”, por su participación positiva en el derrocamiento de Chávez y le anuncia que la Fiscalía de Lara  no reconocerá a Luis Reyes Reyes como gobernador de estado.

Al reverso de la página, en la A-3, de ese mismo día, el señor Henry Alviárez se desbordó en elogios para la fiscal, describiéndola como una doctora cuya “hoja de servicio habla de su persona, de lo que fue ella frente a la Fiscalía del Ministerio Público. Es una persona seria, responsable. Una mujer que ha venido enfrentando, a pesar de todas las debilidades y carencias del Ministerio Público, el ejercicio con gran responsabilidad”.

En tanto, Gilda Sequera, a través de El Informador, en cortas líneas emplazó a que sus denunciantes emeverristas mostraran la poderosa prueba de rigor: el original de una misiva sobre la cual, en este entramado de intereses, seguramente Henry Alviárez diría –como efecto lo juró- que nunca  recibió de su intachable fiscal.  

Así las cosas, sin pruebas, sin carta original, se diluyó el tema en la prensa local de Barquisimeto, y se aplacaron las inquietudes de sus denunciantes, tras la confirmación de que Gilda Sequera Yépez abandonaría su cargo en la Fiscalía Superior, como efectivamente ocurrió.

El Impulso no sacó ni la carta, ni una nota sobre la carta, ni aprobó que se hiciera pública la entrevista del 12 abril concedida a EL Impulso, considerando el absurdo argumento de que es un tema calichozo, que perdió vigencia y “obviando” que esa entrevista demostraría claramente la certeza de las denuncias formuladas por los dirigentes del MVR.

En última instancia, se trataría el tema si la propia fiscal lo autorizaba, posibilidad que quedó destruida con una respuesta implacable: Gilda Sequera Yépez expresó no poder sostener lo que dijo el 12 de abril, porque eso implicaría acabar con su trayectoria de 15 años en el Ministerio Público. Esa negación estuvo acompañada de una recomendación para quien la entrevistó ese día y que ahora escribe esta nota: Yo le recomendaría destruir esa grabación, recuerde que podemos ordenar un allanamiento a su casa, si es pertinente, para buscar esa grabación.

Igual que la carta original dirigida a Primero Justicia, no hay manera de escuchar de nuevo estas veintidós palabras de Gilda Sequera Yépez, porque esas no están grabadas. Cierto. Lo que sí está grabado, es la inédita entrevista que a continuación se reproduce, en la que se descubre el descaro supremo de quien se mantuvo desde la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la Circunscripción Judicial Lara, aupando a la garra golpista de hace cinco años, y que se mantiene como Fiscal Segundo del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, con sede en San Carlos, estado central de la República Bolivariana de Venezuela, defendiendo –ahora no 15- sino 20 años de trayectoria en el Ministerio Público. ¿Surtió efecto el borrón y cuenta nueva? O es posible refrescarle esta historia y que vuelva a contar.  

-¿Cómo quedan en los estados las representaciones del Ministerio Público, están a la espera de que sea designado otro fiscal general de la República?

La mayoría de nosotros somos funcionarios de carrera, no fuimos puestos por este gobierno, tengo 15 años en la Administración Pública, no me debo a ningún partido político o a algún presidente. Indistintamente de que el fiscal general sea este o sea otro, nosotros estamos dentro de la institución por vocación de servicio. Por trayectoria o por meritocracia, como lo quieras llamar, porque son muchos años dentro de la institución y nos debemos al Ministerio Público no a algún partido político. 

-¿Cree que la Junta de Gobierno se extralimitó al destituir al fiscal general de la República, al defensor del pueblo y al Tribunal Supremo de Justicia? ¿Qué consecuencias jurídicas tiene esto en las regiones?

-Mira, el artículo 350 de la Constitución Nacional es muy amplio. Considero que la instalación de la Junta no es ilegal. En mi opinión es completamente legal, el problema que se nos puede presentar es el siguiente: Si no se llena hoy, o a mas tardar el' lunes, el vacío de poder que existe en cuanto a los otros cuatro poderes, el Legislativo, el Judicial, el Electoral y el Ciudadano, ¿quién va a enjuiciar al Presidente de la República?

Recuerda que ¿a quién le correspondería enjuiciarlo?, al fiscal general ante el TSJ y si no tenemos estos poderes constituidos no hay quién enjuicie al Presidente. 

-Pero sin estos poderes constituidos se logró la detención del Presidente y se dice que fue sin la presencia de un fiscal del Ministerio Público? ¿Cómo evalúa usted eso?

Efectivamente, ante cualquier detención que se produzca debe ser puesto el detenido, dentro de las 12 horas siguientes, como lo dice la Ley, a disposición del Ministerio Público, eso no ocurrió en este caso.

"Ahora bien, si enfocamos lo ocurrido con en el expresidente no como una detención sino como una medida -si se quiere- de protección, es viable esperar que se constituyan los poderes legalmente y sea en ese momento cuando se ponga a disposición del fiscal general de la República. Porque lo estamos viendo como una detención, pero ¿quién nos dice que realmente se trata de una detención y no que el mismo esté pidiendo protección?

-Pero lo lógico sería que él saliera ante la opinión pública a fijar su posición ¿Es legal que lo tengan incomunicado?

-No, no es legal

-De manera que él debería expresar lo que piensa

-Si lo vemos como una detención, si.

¿Qué nos permite saber si está o no detenido, quién es el vocero porque hasta ahora se dice que está retenido?

-Debería ser al Alto Mando Militar y en ningún momento se ha hablado de detención, simplemente podemos pensar que lo están protegiendo.

¿Cree que ese puede ser un argumento que justificaría esta situación?

Exactamente, es un argumento: Si esta persona, por ejemplo, se mantiene en libertad mientras es juzgada puede ser víctima de un atentado y estamos obligados a proteger la porque nos guste o no nos guste es un ex presidente. Sea quien sea el funcionario estamos obligados a protegerle la vida.

Pero hablamos que es ilegal mantenerlo incomunicado, ¿Qué recursos tiene el presidente o ex presidente, en este momento para hacer valer su derecho?

-Si fuese así, que se encuentra incomunicado, partiendo del supuesto de que esta detenido, tendría que apelar por la vía de amparo, ¿pero amparo ante quién?, porque es lo que te decía, si no se cubren los poderes públicos inmediatamente hay un total vacío de poderes. El único poder que en este momento está constituido es el Ejecutivo.

¿Y cuáles son las consecuencias de ese vacío de poder en Lara? Hay una ola especulativa e cuanto a la realización de allanamiento a personas vinculadas al MVR, ¿cuál es la legalidad de esos procedimientos?

El hecho de que no exista el TSJ no quiere decir que no existan los tribunales, los tribunales siguen funcionando normalmente al igual como estamos funcionando los fiscales del Ministerio Público, acuérdate que a falta del fiscal general lo suple la vice fiscal.

¡Pero eso no se ha dicho

No se ha dicho pero legalmente es así, quien en principio suple la falta del fiscal general es la vice fiscal. De manera que el organismo no está acéfalo, podría estar acéfalo el TSJ, pero sin embargo, los tribunales a nivel nacional siguen funcionando normalmente, estos allanamientos se están practicando con órdenes de allanamiento.

-¿Están saliendo las órdenes de allanamiento en los casos de detenciones Caracas?

Y aquí mismo, en caso de que se requiera los tribunales están trabajando los fiscales  del MP estamos trabajando.

-¿No le luce posible por ejemplo, que el lunes se produzca la destitución de todos los fiscales del Ministerio Público en las regiones?

-No lo pueden hacer..

- ¿No lo pueden hacer?

Bueno, ahorita yo te diría que no lo pueden hacer por la sencilla razón que nosotros nos regimos por una ley orgánica que está vigente y no tiene nada que ver con la Habilitante, la cual es la Ley Orgánica del Ministerio Público. Y si a eso le agregas que somos funcionarios de carrera, la única forma de destituirnos es a través de un procedimiento administrativo. No somos de libre nombramiento y remoción como ocurre con los Ministros.

-¿Por qué se destituye a todos los poderes?

Porque fueron electos ilegalmente. Ese es el alegato que dio el presidente actual, el doctor Pedro Carmona Estanga, y es cierto, todo el mundo sabe que el TSJ se constituyó sin concurso porque ellos mismos dictaron una sentencia donde decían que ellos no tenían porqué ir a concurso. Nosotros en cambio hemos venido funcionando desde hace muchísimos años, fuimos nombrados legítimamente por el fiscal general de la República para la fecha. En mi caso, por ejemplo, fui nombrada por el fiscal Ramón Escovar Salóm, ahora yo que tengo que ver con todo esto. No tengo absolutamente nada que ver con todo esto.

-¿Usted considera legal todas las partes del decreto que anunciaron ayer en el cual se dice que tienen potestad para remover a los alcaldes, a los gobernadores y hasta a las juntas parroquiales en todo el país?

Mira, el artículo 350 de la Constitución es muy amplio, da para eso y para más, acuérdate que todos estos organismos fueron electos por votación popular y si se habla de una destitución, será hasta tanto se convoquen nuevas elecciones. No es que lo sacaron para poner a quien yo quiera de por vida. Fíjate que el nombramiento de Carmona Estanga  esta limitado a 365 días y con la observación de que no puede ser reelecto.

-¿Cree que está vigente la Constitución actual?

Porqué no lo sería. 

-Eso lo escuché esta mañana, incluso ya se habla de la Constitución de Venezuela y no de la República Bolivariana de Venezuela. Si el Presidente es ilegal, si el TSJ es ilegal, todas las actuaciones serían ilegales, de manera que la ilegalidad sería tan amplia que llama la atención ¿qué opina usted de eso?

Considero que para el momento cuando se constituyeron si bien es cierto que no se llenaron los requisitos para ser nombrados, no quiere decir necesariamente que todas sus actuaciones estén viciadas de nulidad.

Por ejemplo, están diciendo que no reconocerán las leyes de La Habilitante.

Y de hecho ya las derogaron, las van a someter a nuevas consultas, fueron 48 las leyes habilitantes. Pero fueron leyes muy específicas, no estamos hablando de la Constitución. Acuérdate que la Constitución fue sometida a un referéndum consultivo, fue aprobada por el pueblo, tú no me puedes decir ahora que no tiene vigencia, claro que la tiene y legalidad también tiene.

-¿Usted piensa que se rompió el hilo constitucional? ¿Estamos frente a un golpe de Estado? ¿Cómo lo calificaría usted?

No, yo considero que no. 

-¿No se rompió el hilo constitucional?

No, simplemente si partimos del principio de que el Presidente renunció, no se ha roto el hilo constitucional.

-¿Habría que verificar si ciertamente renunció?

Ciertamente. No sabemos si renunció o no renunció. Todos estamos partiendo de que sí lo hizo, porque el Alto Mando Militar lo dijo. Por eso puedo partir del principio de que no está detenido sino que recibe protección para ser entregado al fiscal general que se designe y sea enjuiciado de conformidad con un debido proceso y con el respeto a las garantías y derechos constitucionales. Yo puedo pensar eso, ¿y quién me dice que no es así?

- ¡Pero lo grave es que esté incomunicado¡

Y eso es otra cosa que no la sabemos. No sabemos si es él quien no quiere dar declaraciones. Tú lo dijiste cuando me llamaste, estamos partiendo de puras especulaciones, de casos hipotéticos, por eso te digo, si yo quisiera pensar lo mejor, diría que no quiere declarar.

-¿Qué es lo más grave de este vacío jurídico que existe en el país?

Que prácticamente estamos atados de manos porque la situación del expresidente puede seguir así hasta tanto no se designen los poderes públicos. Sobre todo por lo peculiar del caso porque él, como alto funcionario, como primer mandatario debe ser enjuiciado por el fiscal general de la República ante el TSJ. Si no hay fiscal general ni TSJ ¿quién lo va a enjuiciar?

-Otros cuestionan la designación de la Junta de Gobierno, usted lo justifica con esa amplitud de la Constitución.

-Si, el mismo artículo 350. 

-¿Qué es lo que más le inquieta como fiscal superior del estado Lara, cual es su mayor inquietud a propósito de este escenario político de cambios que vive Venezuela?

-Me preocupa, no es que me preocupa sino que considero que la sociedad civil tiene que unirse para mantener esta calma que gracias a dios ha reinado en Lara. Con todo y que los organismos públicos de aquí, en su mayoría eran afectos al gobierno del ex presidente, mira, se ha mantenido una calma admirable, hemos dado una demostración de civismo.

-¿Doctora pero si en un momento determinado la Junta de Gobierno decide remover al gobernador del estado Lara y al alcalde Henri Falcón, pueden hacerlo? - Pueden hacerlo.

-¿No tendríamos pataleo, como quien dice?

Es que la propia Constitución de Lara te habla de las faltas temporales del  gobernador, no te habla de las faltas absolutas y se supone que la falta temporal debería ser cubierta por el secretario general del gobierno. Ahora, nosotros presumimos que en caso de renuncia, renunciaría todo el tren ejecutivo.

-¿Y en el caso de que la Junta de Gobierno los remueva de sus cargos? ¿Puede

remover al Consejo Legislativo Estadal completo, al Consejo Municipal completo y al alcalde?

De hecho, si lo hizo con la Asamblea Nacional, por supuesto que lo puede hacer con el Consejo Legislativo.

-¿Y cuál sería el argumento doctora?

El mismo artículo 350 de la Constitución. Tendrían que fijar un plazo para convocar elecciones.

-¿Los estarían removiendo por ilegítimos?

No, no por ilegítimos, sino por el mismo argumento que utilizaron para remover a la Asamblea Nacional: casi borrón y cuenta nueva.

-¿Y eso lo tenemos que aceptar eso como legal y válido?

Mira, vuelvo y te repito, si seguimos partiendo del 350 de la Constitución, pueden hacerlo.

-¿Quisiera usted hacer un comentario adicional que considere oportuno en este momento, cuando aún no sabemos lo que ocurrirá el lunes 15 de abril?

Considero que no debe pasar de hoy el nombramiento de todos los poderes públicos.

-Le agradezco muchísimo, muchísimo sus declaraciones doctora.