Cuando los cuerpos de seguridad, protección y vigilancia del estado venezolano detienen a un presunto ladrón o violador, es común observar como a través de los medios tradicionales de comunicación, las redes sociales o en las calles de la ciudad, ciudadanos de la clase media venezolana piden cárcel y a veces hasta la pena capital que en este país no está contemplada. “Que le muestren la cara”, “Que expongan esa alimaña al público”, “Que lo encarcelen de inmediato”, “Que le apliquen todo el peso de la ley” son algunas de las expresiones que reiteradamente se lee o escucha. Generalmente el individuo señalado es de origen social humilde y con una educación tan pobre, que desconoce sus derechos y le resulta muy difícil exponer su defensa ante los periodistas que cubren la fuente y que se le lanzan como jauría rabiosa. No importa que su familia salga a defenderlo, o que algún vecino abogue por el. Aún frente a tal hecho, la respuesta de nuestra clase media tiende a ser: “Claro, como todos son bandidos se defienden entre sí”, “Pero si es la madre la que implora por el, ¿qué esperan que diga?¿que su hijo es un bandido?”, “¿Y dónde están los derechos humanos de sus víctimas? Cero contemplación y tolerancia con ese malvado”. “No me extraña nada que lo defiendan, son seres sin principios ni valores, son como animales”.

Es frecuente además, que esos presuntos delincuentes provengan de los barrios, donde por razones históricas, sociales y económicas del desarrollo de nuestra sociedad, el color de la piel predominante no es la clara y donde la mayoría luce atuendos para nada acordes con lo que se le exige a un ejecutivo o a funcionario de alto cargo. Numerosos gobiernos excluyeron gradualmente a la gente de esas zonas y favorecieron que la delincuencia prosperara allí. Se incumplió con la obligación de gobernar para todos y se concedió tales áreas a la ley del más fuerte. Tal importante consideración parece desvanecerse en la mente de nuestra clase media y por el contrario, cual si nunca hubiese tenido posibilidad de educarse, se favorece el prejuicio de que los delincuentes provienen de los barrios, son de piel oscura y hablan mal.

Pero si el actual gobierno venezolano entra en la tienda de un comerciante con apellido extranjerto y dice que revisó preliminarmente la contabilidad del negocio, y detectó serios indicios de facturación doble, evasión de impuestos y usura, la misma clase media expresa opiniones muy diferentes. Se escuchan defensas del presunto delincuente del tipo: “Eso está por confirmarse”, “No hay porqué hacer un escándalo de eso”, “Que le impongan una multa y le den una oportunidad para rectificar”, “Ese señor tiene familia, hay que respetar sus derechos humanos por encima de todo”, “Ese comerciante pudo haber cometido una falta pero tiene empleados y vende a la sociedad, de modo que no se puede ser severo con el”.

Además no falta el medio que salga a entrevistar a sus empleados, quienes temiendo la posibilidad de perder sus empleos y hasta su bonificación de fin de año, pueden expresar frases como: “Que el gobierno no haga algo contra el porque nos perjudicará a todos y aquí hay padres de familia”, “Si se meten con el dueño, se meten con todos nosotros”. Lo asombroso es que nuevamente gran parte de nuestra clase media apoya tal parecer y lo convalida con expresiones como: “El gobierno va a perjudicar a numerosos trabajadores y creará desempleo”, “Es inaceptable que en esta fechas, se arriesgue el bienestar de tanta gente por algo que se puede resolver sin escándalo”, “En vez de andar persiguiendo delincuentes andan maltratando a gente que es la que produce y hace progresar al país”, “Este país no tiene salvación, los comerciantes honestos y trabajadores son hostigados mientras que los bandidos hacen fiesta en libertad”.

Es decir, hay un doble rasero para medir a dos tipos de “presuntos delincuentes”. Nuestra clase media jamás se pasea por el simple hecho de que para el gobierno ambos tipos de sujetos están al margen de la ley y de que en consecuencia, la autoridad debe investigar y cuidar el cumplimiento de la norma. Y lo más grave, no defiende el cumplimiento de la ley por igual para cualquiera. Presume la inocencia de uno y la culpabilidad del otro. Busca atenuantes para justificar a uno y agravantes para castigar al otro. Y no se trata de que estemos penalizando por igual a quien asesina que a quien especula, no. La misma ley establece sanciones de acuerdo a la gravedad de las faltas. Es acerca de lo que resulta común en ambas situaciones, es que ambas conductas violentan la norma jurídica. El asunto es que nuestra clase media se llena lo boca pidiendo el imperio de la ley, pero cuando le toca actuar en congruencia con eso, se desdice.

“No somos serios” decía Arturo Úslar Pietri y es posible que estuviera en lo correcto. Uno aspiraría a que la clase media, respondiera en modo diferente, que comprendiera la diferencia de oportunidades que la sociedad le ha brindado al ciudadano del barrio y al de la urbanización. Que no fundamentara su juicio únicamente en la apariencia, pero eso es demasiado pedir. Nuestra clase media, ni siquiera asume un rol de defender la ley ante todo. Lamentablemente, acomoda sus valores y principios -de los cuales tan falsamente presume- para responder ante un caso y ante el otro. Deja que el prejuicio la domine, por encima de toda racionalidad.

No ve que así contribuye a fomentar la inseguridad y que se daña a si misma. Mañana gritará: “El crimen nos ahoga y el gobierno no responde apropiadamente” pero no recordará que con su pésimo juicio también contribuye a dejar libre a algunos delincuentes. Que el vándalo sabe reconocer eso fácilmente y que es tradicional que grite su inocencia. Nuestra clase media pasa el día a día, despotricando de lo mal que funciona la nación, declarando que en otros países civilizados las cosas se hacen en modo diferente, pero cuando le toca participar y contribuir a mejorar la sociedad, se deja guiar por evidentes prejuicios, intereses mezquinos, políticos de tercera y medios de comunicación que laboran sin respeto por la ética. Cae víctima de su propia ignorancia y torpeza para descubrir la verdad.

Un comerciante llorando en un vídeo porque el gobierno está obligándole a vender al precio justo es una muestra de la tiranía y falta de libertad en el país, nunca de un posible delincuente que teme se le aplique el castigo por faltar a la sociedad. Mientras que un joven detenido en una motocicleta con varios celulares sin factura alguna, es evidencia clara e irrefutable de que es una amenaza para la ciudadanía y que por ello debe ser alejado por siempre. Así de simple, irreflexiva, maleable, incoherente y llena de prejuicios es nuestra clase media. Su conducta visceral es tal, que no le importa defender a quien la roba o perjudica. Y la industria de la publicidad se ha dado cuenta de ello desde hace más de un siglo; de que, a pesar de presumir de su cultura y de su formación intelectual, es fácil conducirla. Solamente basta con explotar sus temores, prejuicios y favorecer que la conduzca su emotividad. Lo grave es que en las últimas décadas, los malvados también explotar eso. Y ser comerciante, profesional o político, no es vacuna para no ser un criminal. Más aún, si se tiene cierta formación intelectual, posiblemente se tratará de usar tal prejuicio. Tampoco se planteará algún tipo de asociación entre su conducta y alguien que públicamente reconoce cometer un posible delito con alguna frase como: “Puede ser que especulemos, pero también damos empleo”.

Así pues, se confirma una vez más que nuestra clase media presume de ser correcta, justa y racional, pero sus acciones desdicen de eso. Con razón Nicolás Maquiavelo afirmó: “Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos.”


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