La enmienda constitucional que el pueblo venezolano aprobó ayer puso en evidencia la desesperación de los adversarios, de adentro y de afuera, de la Revolución Bolivariana. Son conscientes de que la consolidación del liderazgo de Chávez y la continuidad de su proyecto afianzarán el fiel de la balanza política regional en el espacio de la izquierda, y eso es una muy mala noticia para el imperio.
Si hay alguien que tiene capacidad para percibir los significados históricos de estas cosas es Fidel. Y en su Reflexión del 13 de febrero escribió que “nuestro futuro es inseparable de lo que ocurra el próximo domingo. El destino de los pueblos de ‘Nuestra América’ dependerá mucho de esa victoria y será un hecho que influirá en el resto del planeta”. Es precisamente por eso que la voz de orden de la derecha imperial es desembarazarse de Chávez lo antes posible. Si se puede por la vía institucional, bien; si no, deberá recurrirse a los métodos tradicionales que la CIA conoce a la perfección. Recordemos que la legislación estadounidense faculta al presidente a ordenar el asesinato de un mandatario extranjero, o la tortura a prisioneros, en caso de que la seguridad nacional del país se vea amenazada por tan temibles sujetos.
Esta es la clave que permite entender la feroz agresividad en contra de la figura de Chávez y la campaña en contra de la enmienda constitucional. Y las innumerables provocaciones que continuamente lo acosan. La última, un par de días atrás, a cargo del eurodiputado por el Partido Popular, Luis Herrero, quien llegó a Caracas en calidad de “observador” del referéndum y al rato se inmiscuyó en la política interna venezolana al aconsejar a los electores que no se amedrentaran ante “un dictador” como Chávez. Herrero cometió una grosería que lo descalifica de su pretendido papel de “observador” y que lo desenmascara por completo: es un provocador profesional que pertenece al partido que agrupa a la derecha más cavernícola de España, a los herederos del franquismo y a los nostálgicos de los buenos tiempos de la Inquisición y la alianza de la cruz y la espada. Su exabrupto fue recibido por toda la “prensa seria” como una prueba más del carácter dictatorial de la Revolución Bolivariana, lo que demuestra por enésima vez su incurable mendacidad y su total falta de escrúpulos morales.
Una prensa que, por ejemplo, jamás dijo una palabra con relación al escandaloso proceso que llevó a la reelección de Alvaro Uribe en Colombia y que la Justicia de ese país demostró que fue posible mediante el soborno a dos diputados de la oposición que, con el paso del tiempo, confesaron su delito. El operador de todo este escándalo fue el ministro de Gobierno de Uribe, quien al conocerse la sentencia del Tribunal Supremo fue velozmente designado embajador en la Santa Sede, que al no ser divorciado lo recibió alborozada en su seno sin hacer pregunta alguna. Y en cuanto a la nueva propuesta de re-reelección de Uribe, los sedicentes defensores de la democracia que se rasgan las vestiduras ante un gobernante como Chávez, que en diez años convocó a quince elecciones generales, nada dicen que aquél logró que la Cámara de Diputados aprobara su proyecto de reelección en una sesión extraordinaria, convocada de extrema urgencia y en cuestión de horas por el oficialismo para las 12 de la noche y ante la casi total ausencia de la desprevenida oposición. Pero eso es democracia; lo de Chávez, que siguió todos los pasos que manda la legalidad vigente, es dictadura.
Los publicistas del Imperio y la plutocracia venezolana machacaron continuamente que la aprobación de la enmienda significaría que Chávez iría a gobernar indefinidamente. Fieles a su tradición, tergiversaron lo que estaba en discusión, procurando de ese modo engañar a la opinión pública. Ocultaron a sabiendas que la enmienda lo único que hace es habilitar la reelección de un presidente, un gobernador o un alcalde. Hay varios gobernadores y alcaldes que se oponen a Chávez y que podrán aprovecharse de esta reforma. De hecho, uno de esos gobernadores participó en el Comando del Sí, lo que ahorra mayores comentarios.
La existencia de una norma semejante rige en los principales países de Europa: es por eso que Helmut Kohl pudo ser canciller de Alemania durante dieciséis años y si no continuó en el poder fue debido a un escándalo financiero que lo desacreditó ante la opinión pública de su país. Felipe González fue presidente del gobierno de España durante catorce años y Margaret Thatcher, primera ministra del Reino Unido por once años.
Si no continuaron en sus cargos fue porque perdieron el consenso popular, no porque hubiera una cláusula de “no reelección” que lo impidiera. Hay varios casos similares en Europa. Francia, sin ir más lejos, autoriza una reelección presidencial para un mandato de siete años cada uno. Todos los últimos presidentes de Francia duraron catorce años en el poder.
En suma: la cláusula aprobada ayer (en Venezuela) es la contrapartida de otra, profundamente democrática también, que le otorga a la ciudadanía la capacidad para desalojar de su cargo a quien mal se desempeñe en el mismo. Esta cláusula revocatoria es un arma formidable que la Constitución Bolivariana puso en manos del pueblo; pero todavía no le ofrecía la necesaria contraparte: la capacidad para reelegir a quien había gobernado bien.
Se podía castigar a un mal gobierno, pero el pueblo era impotente para garantizar la continuación de uno bueno. Esa paradoja constitucional ha sido resuelta y ahora tiene esa capacidad, con lo cual la democracia bolivariana adquiere una densidad y una profundidad casi sin parangón en el concierto mundial.
(*) Politólogo
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