Fue
en el 2002, también bajo la égida del Presidente Chávez - quien una
y otra vez conminaba a la Asamblea para que legislara en la materia
- cuando se logró la aprobación de la Ley de los Consejos Locales
de Planificación Pública. A pesar de lo novedoso de la figura, el
poder constituido de alcaldes y concejales, se ocupó de “neutralizar”
la participación popular y de minimizar y de controlar su rol revolucionario.
Una
vez más y dando siempre muestra de su coherencia en la acción, el
Presidente auspició la modificación de la Ley del Fondo Intergubernamental
para la Descentralización, posibilitando la creación de los consejos
parroquiales y comunales como estructuras organizativas a ser consultadas
en la activación de los procesos de los Consejos Locales de Planificación
Pública.
En
junio de 2005 se logra la aprobación de la Ley Orgánica del Poder
Público Municipal, en la cual se establece la obligatoriedad de crear
los consejos comunales y parroquiales. Se trataba de un audaz acercamiento
estratégico de nuestro líder para hacer posible la transferencia de
poder y responsabilidades a los colectivos organizados.
En los primeros meses del año 2006, el Presidente hace un llamado a
la población para que conforme los consejos parroquiales y comunales,
y en forma casi inmediata conmina a la Asamblea y logra la promulgación
en abril del 2006 de la Ley de los Consejos Comunales de Planificación
Local.
Nunca
antes una intención gubernamental guardó tal grado de persistencia
estratégica y claridad de objetivos: el pueblo debía comenzar a asumir
las responsabilidades inherentes a las tareas de gobierno, porque sólo
así podría ir configurando sus potencialidades para ejercer el poder
político sin traicionar su conciencia de clase y el proyecto de transformación
de una sociedad justa y con sentido de equidad social.
Pero
si coherente fue el Presidente Chávez con su compromiso de “empoderar”
a los colectivos populares, la lógica de nuestros procesos de enajenación
cultural también cumplió su papel. En ellas se dieron cita nuestras
percepciones episódicas de la realidad, exteriorizadas en prácticas
egoístas y personalistas, actitudes clientelistas y nepotistas... A
la par, las instituciones públicas seguían ignorando o manipulando
las tímidas organizaciones que a duras penas lograban sobreponerse
a la falta de comprensión de los colectivos sobre la necesidad de participación,
y el cada vez más creciente burocratismo de las instituciones del Estado.
Se
trataba, según la perspectiva de Lebowitz, del intento deliberado
de crear el hombre y la mujer nueva: sólo bajo el concurso del desarrollo
humano y el apoyo de unas instituciones con objetivos y metas cónsonos
con este fin.
En
ese punto neurálgico del proceso nos encontramos hoy. Y asombrosamente
no son las fuerzas de la oposición las que en este instante revisten
un peligro inminente para la consolidación de estas estructuras organizativas.
El peligro nace y vive en nosotros. El mal, como decía un hombre sencillo
e inteligente de nuestro pueblo, se nos metió en los huesos y no advertimos
el desgaste, ni nos sometemos al “arriesgado” proceso de la radiografía
personal. El pensamiento aldeano del cual nos alertaba nuestro gran
José Martí, tiene plena vigencia en la Venezuela de principios del
siglo XXI.
Nuestras
propias contradicciones personales nos hacen víctima de prácticas
destructivas que terminan por hacer de los consejos comunales un mecanismo
de prebendas personales y de avances politiqueros. Se recurre a la política
del “cumplo” y “miento” de la cual intentaba alertarnos Carlos
Lanz, y se conforman Consejos Comunales sin el concurso de los colectivos,
y amparados en procesos amañados en virtud de la poca participación
comunitaria. Participación que sin duda no se alcanza por la
ausencia de verdaderos líderes que puedan esgrimir trabajo voluntario
y desinteresado en beneficio de los colectivos populares.
¿Y
cuál ha sido el papel de las instituciones en el acompañamiento de
los procesos organizativos?
Celebramos
una propuesta de Ley que elimina la inscripción del órgano financiero
como cooperativa, trámite engorroso que desgastaba a sus integrantes
en tareas administrativas burocratizadas que robaban tiempo y espacio
para el trabajo comunal. Celebramos el surgimiento del Ministerio del
Poder Popular para las Comunas y Protección Social a cargo de una mujer
joven y revolucionaria como Érika Farías y las competencias del ente
ministerial en el funcionamiento de estas organizaciones populares.
Celebramos la activación - dentro de la ley - de mecanismos para impedir
que esta revolucionaria estructura comunitaria se convierta en un instrumento
para el beneficio de minorías…
Por
ello me atrevo de hacer un llamado público a la Ministra Farías y
a su viceministra, la compatriota Isis Ochoa: ejerzan control sobre
los funcionarios a su cargo, no permitan que los promotores comunales
legalicen consejos comunales de “papel”. Acompañen los procesos
de conformación del mayor número de organizaciones populares, permitiendo
que los vecinos e integrantes desarrollen plenamente sus potencialidades
humanas y consoliden su formación política. No le entreguen a la triste
oposición venezolana un argumento convincente para declarar fallidos
nuestros procesos de concienciación social.
Espero
que las experiencias vividas en el distrito Guaicaipuro del Estado Bolivariano
de Miranda con el Promotor Cultural de este nuevo Ministerio, no sea
el común denominador de los procederes de los funcionarios a su cargo.
Las invito a ejercer supervisión sobre todos y cada uno de los funcionarios
responsables de orientar y acompañar el proceso de gestación del principal
ariete en la larga e inmensa batalla que hemos de librar contra los
únicos enemigos que pueden vencernos: la ignorancia, el pensamiento
superficial, las perspectivas egocéntricas, la deshonestidad y la falta
de visión política.
