Los hechos acaecidos durante la última semana en el Centro Penitenciario de El Rodeo I y II, debe llamarnos a la reflexión sobre la situación del sistema penitenciario nacional, la administración de justicia y lo que ha sido la política del gobierno nacional frente a este tema en los últimos años.
Las cárceles venezolanas tienen el poco honroso sitial de ser unas de las más violentas de toda América Latina, donde otros elementos como el hacinamiento, la falta de servicios básicos, la existencia de bandas de reos que literalmente controlan los penales y la presencia de armas de todo tipo y calibre y drogas, hacen de estos sitios de reclusión territorios sin ley, auténticos infiernos en la tierra.
El problema no se puede analizar como una simple situación intramuros, en él influye el sistema de administración de justicia, el cual a pesar de notables esfuerzos por dignificarlo, sigue presentando problemas de corrupción, lentitud procesal, ineficiencia, burocratismo, entre otros.
Esta situación no es nada nueva, ya desde los tiempos de los gobiernos del “Pacto de Punto Fijo”, la situación carcelaria era dramática, buena parte de los problemas que aquejan hoy a los penales venezolanos, tienen su origen en esa época, sobre todo por el gran desorden interno de estos lugares, la corrupción campante a nivel de las autoridades, las condiciones infrahumanas en que vive la población reclusa y la ausencia de una política de Estado que permita que el sistema penitenciario cumpla con la función de castigar al transgresor a la ley, pero también generar las condiciones que permitan su reinserción a la sociedad.
En la actualidad han surgido nuevas variantes que han empeorado la situación, pese a que el gobierno del presidente Hugo Chávez, ha impulsado algunas políticas bien intencionadas dirigidas hacia el sector penitenciario, como el programa de humanización, que incluye llevar misiones educativas a las cárceles, mejorar algunos servicios, entre otros, sin embargo, existen otros factores que nos llevan a situaciones como la que se vive hoy en El Rodeo I y II.
Uno de estos factores es el surgimiento y tolerancia de su existencia, de líderes negativos conocidos con el nombre de “pranes”, quienes no son otra cosa que reclusos de alta peligrosidad, quienes se hacen con el control de pabellones del penal, apoyados por una banda que se hace llamar “carro negro”, los cuales poseen armas de fuego de todo tipo (incluidos fusiles y granadas), las cuales le sirven para someter al resto de la población penal, gestionar el comercio de drogas, alcohol, armas y objetos de todo tipo, vender espacios dentro de la cárcel dependiendo de la capacidad de pago del reo, lo cual constituye un jugoso negocio ilegal que genera millones de bolívares. Esto por no hablar de crímenes que han estremecido a la opinión pública nacional, los cuales han sido ordenados por estos “pranes” desde sus propios sitios de reclusión.
En este sentido, los hechos demuestran que en los penales venezolanos quien ejerce el control, lejos de ser sus autoridades, son estos líderes negativos quienes imponen su propia “ley”, en una situación insoportable en cualquier país civilizado, mucho menos en uno cuyo enunciado constitucional lo califique como “Estado social de derecho y de justicia”.
Lo peor del caso, es que el preso común y corriente, a ese a quien algunas ONG de dudosa reputación y politiqueros de baja factura dicen defender tras los últimos acontecimientos, está doblemente cautivo, por un lado a manos del Estado por el delito cometido y por el otro secuestrado por los pranes que le ponen precio a su vida, atentan contra su dignidad humana y nada ni nadie hace nada para evitar que esto ocurra.
Esto ha sido denunciado a través de diversos medios durante años, así como el ingreso de armas a los penales, entre otros elementos, sin embargo la existencia de una respuesta que ataque el problema de raíz no se había producido, quizá por desidia o para evitar situaciones conflictivas como la que nos ha ocupado en la última semana.
También es pertinente destacar que esto no pudiera ocurrir, sin que existiera algún tipo de complicidad por parte de las autoridades, como consecuencia del deterioro institucional que gira alrededor del sistema penitenciario y redes de corrupción, razón por la cual pueden surgir dudas razonables sobre la honestidad tanto de las autoridades civiles del penal, como del personal militar que cumple funciones de resguardo.
No obstante, el gobierno nacional y en particular el ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, han decidido dar un paso al frente y enfrentar el problema, encontrando una resistencia que va más allá de los pranes fuertemente armados y sus secuaces, que al momento se han cobrado la vida de 2 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y han dejado a caso dos decenas heridos, además de un reo muerto durante los enfrentamientos de ayer.
Junto a los pranes amotinados, la acción de algunos medios de comunicación que ha ido más allá de la labor de informar, ha servido para echar más leña al fuego, diversos voceros han constituido un apoyo mediático invaluable para estos sujetos, se he hecho una apología al motín carcelario, se ha especulado sobre una supuesta masacre que estaría llevando en el penal amotinado y en el peor de los casos, se ha procurado extender esta situación a otras cárceles del país.
Los políticos de oposición hablan irresponsablemente de una supuesta masacre que estaría llevando a cabo la Guardia Nacional, sin embargo los únicos muertos que se han contabilizado desde el pasado viernes 17 son efectivos castrenses, asimismo se está jugando irresponsablemente con la incertidumbre de familiares de los prisioneros, quienes no han tenido ninguna actitud positiva ante el caso, ya que han protagonizado motines en las adyacencias del penal.
Una solución definitiva a esta problemática, sin que se apliquen medidas severas por parte del Estado luce distante, sin embargo la medida gubernamental es positiva, es imperante restablecer el control por parte del Estado de los penales venezolanos, los pranes deben ser sometidos al imperio de la ley y desarmados, solo después de esto se puede hablar efectivamente de una humanización penitenciaria que mejore las condiciones de vida de la población privada de libertad y que permita cumplir con la función punitiva y de reeducación y reinserción que debe tener el sistema penitenciario.
La tarea no es fácil, pero el ministro Tarek El Aissami, con el apoyo de las instituciones del Estado con competencia en la materia como el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana están dando unos pasos importantes que ya han dejado algunos frutos positivos en otros planteles penitenciarios que también han sido intervenidos.
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