Luego de la prolongación (07 y 18/02/ y 05/03/2013) de la fase de sustanciación de la Audiencia Preliminar la Ciudadana Jueza Oviedo Contreras del Tribunal Octavo (8º) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional ordena la continuidad del juicio, ya que las razones emitidas por los abogados defensores de la Sociedad Homo et Natura y de Provea relacionadas a la extemporaneidad de la acción y vicios procesales son “cuestiones de fondo” que exceden las funciones de dicho Tribunal, que se encarga de resolver sólo “cuestiones formales”.

Resulta contradictoria la posición de la ciudadana Jueza Oviedo Contreras al afirmar que en la Audiencia Preliminar sólo atiende “cuestiones formales”, cuando ella misma en la audiencia realizada el lunes 18 de febrero de 2013 citó a la Defensora Pública la abogada Amelia Rodríguez y a la abogada Yasmín López Defensora Pública Indígena para conocer otras opiniones acerca de las costumbres de los pueblos indígenas; entonces si se trataba de cuestiones de fondo. Las exposiciones de las abogadas Defensoras Públicas coincidieron con parte de las razones emitidas por el profesor Lusbi Portillo y de los abogados de la Sociedad Homo et Natura y Provea en la audiencia del 7 de febrero: las costumbres de los Yukpa es movilizarse siempre con sus hijos, lo extemporáneo de dicho juicio y los vicios procesales.

El Martes 14 del mes en curso a las 9 de la mañana está pautado el Juicio contra el dirigente social y ecologista Lusbi Portillo en representación de la organización Social Homo et Natura por una Acción de Protección en su contra introducida por el Fiscal 106 del Ministerio Público, Ramón Lizcano, así también contra el abogado Marino Alvarado de la Asociación Civil Programa Venezolano de Educción Acción en Derechos Humanos- Provea.
Se les acusa de haber puesto en riesgo a 50 niños, niñas y adolescentes, en julio de 2010, cuando sus familiares se concentraron frente a la puerta principal del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por 11 días exigiendo, ya que habían pasado 6 meses, que la Sala Constitucional se pronunciara sobre un Recurso de Amparo introducido el 24 de noviembre de 2009 por el Dr. Ricardo Colmenares, uno de los abogados Ad Honorem de Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández, por haberse violado el Artículo 260 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Municipio Rosario de Perijá del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, a cargo de la Jueza Judith Esperanza Rojas, y la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia.

Desde que el Juicio Preliminar se inicia el 15 de enero de 2010 en el Juzgado de Primera Instancia de la Villa del Rosario, los abogados Leonel Galindo y Ricardo Colmenares argumentaron que según el artículo 260 cuando ocurre un hecho violento en territorio indígena, entre indígenas, y existe ley y encargados indígena de ejercerlas, entonces es ventilado dicho conflicto por la ley especial indígena y no ordinaria. Por lo tanto el paso inmediato era introducir un recurso de Amparo ante la Sala Constitucional del TSJ, cuya Magistrada Presidenta era la Dra. Luisa Estela Morales Lamuño, quien a su vez era la Magistrada Presidenta del mismo TSJ. Pero tan importante señora no decidía o respondía, ni entendía mucho menos las visitas y protestas de más de 60 familiares, dirigentes Yukpa y sociales, que en dos oportunidades se habían concentrado frente a la puerta principal del TSJ exigiendo justicia y respeto a la Constitución Bolivariana y que en la tercera oportunidad decidieron plantarse frente a la puerta principal del TSJ hasta tanto la señora magistrada de doble función, no se pronunciara para decidir si a Sabino y Alexander, y por tanto a Olegario Romero Romero, se les juzgaría por justicia Yukpa o por justicia ordinaria o “Ley Romana”, como decía Sabino. Es la señora magistrada Morales Lamuño la que debería ser enjuiciada por violar y dejar violar la Constitución Bolivariana, pues debía haberse pronunciado en 3 o 4 días y no a los 6 meses, luego de 11 días de presión, hecho que deviene en un nuevo juicio en contra de dos organizaciones defensoras de los Derechos Humanos en Venezuela.

En sentencia Nº 810 de fecha 30 de julio de 2010, la Sala Constitucional del TSJ inadmitió la Acción de Amparo que interpusiéramos en nombre de los indígenas Sabino Romero Izarra y Alexander Fernández Fernández, en contra de la decisión de fecha 24 de noviembre de 2009, signada con el Nº 436-09, emanada de la Sala Nº 2 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Zulia, que declaró sin lugar los recursos de apelación de todos los defensores respecto del motivo de la competencia material, negando declinar a la jurisdicción indígena y confirmando la decisión de la primera instancia de mantener el conocimiento de la causa en la jurisdicción penal ordinaria. La sentencia no decía otra cosa que en el juicio a realizarse en Trujillo, los abogados Galindo y Colmenares podrían hacer el mismo planteamiento, es decir la Sala Constitucional el 30 julio de 2010 se lavó las manos como hizo el 5 de marzo de 2013 en la Audiencia Preliminar la Ciudadana Jueza Oviedo Contreras del Tribunal Octavo (8º) de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación, Ejecución y Régimen Transitorio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y Nacional de Adopción Internacional.

Pero ya días antes al pronunciamiento de la señora magistrada Morales Lamuño, la Sala Penal a cargo de un Magistrado de mucha confianza de ciertos personeros del chavismo y tribus judiciales dejadas cuando Miquelena, el Dr. Aponte Aponte (hoy “odiado” por vínculos con el narcotráfico y prófugo de la justicia) por presión de unas manos peludas que conocemos muy bien traslada el juicio del Tribunal de Juicio de Maracaibo a cargo de la Jueza Quinta Ericka Carroz al Circuito Judicial de Trujillo y a Sabino, Alexander y a Olegario Romero Romero lo sacan del Fuerte Macoa de Machiques a cargo del General Izquierdo Torres y lo trasladan a nada menos que la cárcel Nacional de Trujillo, violando todas sus garantías y consideraciones que le correspondían según la constitución, la Ley Orgánica de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros cuerpos jurídicos internacionales, ratificados. Cuando de la Villa del Rosario pasa el juicio a Maracaibo en la primera audiencia afirma la Jueza Carroz que ella declina el juicio por no pertenecer a la justicia ordinaria, sino a la justicia indígena Yukpa. Y que los Yukpa deberían ser reubicados en un sitio apropiado en sus comunidades, en la Sierra de Perijá. Los 7 Fiscales del Ministerio Público orientados por el Fiscal Víctor Raúl Valbuena comenzaron a gritar y a ofender a la señora jueza. Este es un estado cruel y colonial. Por esas razones y por otras tantas más ya expuestas en otros artículos este Gobierno en nombre del Comandante Hugo Chávez debe pedirle perdón a Sabino y a Alexander, quizás si estuvieran vivos a estas alturas de esta larga lucha ya le hubiesen perdido perdón a Sabino o ya hubiesen aparecido los que le pagaron a los asesinos y además se hubiesen comenzado a pagar todas las 70 haciendas y más de 1000 parcelas invasoras de su territorio. El 24 de Mayo de este año se vence el plazo de los 60 días que el señor Canciller Elías Jaua prometió en su despacho a Sabino hijo, a su viuda e hijos, a Carmen Fernández, mamá de Alexander y José Luis, y a los Caciques del Centro Originario Chaktapa, Kuse, Karañi, Citakai, Guamo y Chaktapa.

Debe demandarse al Estado ante instancias internacionales por violar estos derechos del pueblo Yukpa, en este caso los familiares de Sabino y Alexander, asesinados por incumplimiento de la constitución y las leyes, fue el Estado gobierno quien creo por omisión y negligencias las condiciones para que asesinaran a Sabino y Alexander, y otros dirigentes Yukpa, todos del Centro Originario Chaktapa. A más de 2 meses del asesinato del último dirigente, el Cacique Romero Izarra, ni el Ministerio Público ni el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz/CICPC determinan quienes pagaron los asesinatos de Sabino, o de Alexander; dice el Gobernador del Zulia que ya están identificados los sicarios, pero también es vox populi en Machiques que “hay mucho dinero por el medio”, o sea nunca sabremos quien mandó a asesinar a Sabino, Alexander, José Luis, Leonel, Lorenzo, Wilfrido, Darío Segundo y el viejo José Manuel Romero, padre de Sabino.

Pero lo que sí sabemos es que por ser solidarios con esta lucha del pueblo Yukpa, por estar convencidos de que es totalmente justa, el 14 de Mayo vamos a un juicio que en el año 2010 promovió llena de impotencia, la exministra indígena Nicia Maldonado por orden de otros ministros.