El mandato de la violencia y fascismo contra el pueblo yukpa que se ha manifestado en asesinatos, violación contra niñas y mujeres, intimidación, intoxicación masiva sin asomo de investigación, secuestro, indiferencia a la hora de hacer denuncias, vilipendio en distintos medios de comunicación de la zona, revela, entre otros aspectos, la tensión y pugna por mantener la ordenación jerárquica asimétrica de esta parte de la sociedad venezolana.

La violencia en el pueblo yukpa, en términos de Silvia Federici, ha sido y es “el principal medio, el poder económico más importante” en el proceso de sostenimiento de las relaciones entre poderosos e indígenas. El desarrollo capitalista en la región oeste de Zulia (ganadería, narcotráfico, contrabando de madera, monocultivo extensivo) no solo se ha valido de la apropiación de la tierra y del territorio sino no la acumulación de la fuerza de trabajo “trabajo muerte” de otros bienes robados y “trabajo vivo” en la forma como los yukpas han sido puestos al servicio de la explotación y los que no han sido asesinados y desaparecidos.

La naturalización del maltrato contra los indígenas nos habla de una especie de fuerza que parece inmortal, fuerzade la colonialidad del poder en el ordenamiento cognitivo de la realidad y en consecuencia en las acciones de los perpetradores quienes pactan en complicidad explícita o implícita su carga de violencia contra el “cuerpo del indio”. “Cuerpo del indio” que representa el conjunto de la humanidad del pueblo yukpa. Humanidad vista como animalidad en los ojos de los ejecutores y responsables de la violencia cuyo carácter coercitivo e intimidador busca mantener a la fuerza “las cosas como deben de ser” en la realidad de frontera que representa el oeste del estado Zulia. Y como contradicción, la “agresión por agresión” entre quienes son identificados como la familia de Sabino y de Ana Fernández, compone una “extraña contradicción entre moralidad y legalidad” pues funge como un “efecto disciplinador” contra la “conducta rebelde, sin razón de estos indios”.

La violencia generalizada contra los yukpas como mandato transcribe el impulso de la intimidación en el acto de violación contra las mujeres pues este se sitúa como “un acto que se ampara en el mandato de punir y retirarle su vitalidad a una mujer percibida como desacatando y abandonando la posición a ella destinada en el sistema de status de la moral tradicional” (Rita Segato,2003).

En este sentido, para parte de la sociedad y de la institucionalidad como el MINPI y algunos militares, policías de polimachiques, en lugar de crímenes contra los más débiles, la violencia, la violación a la humanidad yukpa constituye una “punición, y el violador, en lugar de un criminal, se percibe [y es percibido] a sí mismo muchas veces como un moralizador o un vengador de la moral”.

En parte, lo anterior explica el hecho de que la violencia contra el pueblo yukpa se refuerce con la impunidad y con el silencio de autoridades regionales y nacionales las cuales han asumido en su mayoría el no pronunciarse en parte porque el ministerio del poder popular para pueblos indígenas, con su lógica del espectáculo en la entrega de recursos para los indígenas, ha optado por dejar pasar todo acontecimiento violento a merced de la integridad física y moral de mujeres ancianos y niños indígenas. Las razones son varias pero todas responden a una mentalidad colonial herencia de una violencia simbólica que justifica la violencia física y argumenta de forma débil que lo que pasa es producto de esos mismos indios que o son manipulados, o son alcohólicos,
son rebeldes sin causa, o son ladrones, o son escuálidos, o mal portados entre otros juicos de valor en contra el cuerpo del indio.

El análisis estructural de esta violencia es la continuidad la violencia que llevaron a la fundación de la Villa del Rosario por las fuerzas colonizadoras de Don Juan de Chourio en 1722 y de la posterior venganza contra los yukpas en manos de las tropas de Venancio Pulgar conocido por “quemar indios vivos”. La fundación de Machiques de Perijá está cimentada en sangre. En 1920, a los hermanos García, quien fuera el presidente provisional Vitorino Marques Bustillos les regaló “tres lotes de terrenos de 4500 hectáreas al oeste de la Sierra de Perijá con indios, bosques, montañas, faunas y ríos” instalando así lo que hasta hoy presenciamos.

La hacienda el Capitán guarda el recuerdo de los asesinatos de cientos de yukpas en siglo XX. Y las haciendas y fundos como el parcelamiento Las Flores, hacienda Medellín Tokuko, lugares donde se han suscitados los asesinatos más recientes, guardan hoy la impunidad mas inadmisible contra los indígenas. El robo de las tierras más productivas del piedemonte de la Sierra de Perijá y la fallida liquidación física del pueblo yukpa aunado al proceso revolucionario que sin duda ha sido esperanza para el pueblo yukpa, junto con la postura del Presidente Chávez quien en el 2009 afirmó que entre los ganaderos y los yukpas el gobierno optaba por el apoyo para el pueblo yukpa – dichos sea de paso, el único que hasta el momento ha tenido la fortaleza de enviar públicamente un mensaje de fuerza a los asesinos e intimidadores del pueblo yukpa-, ha conllevado a un recrudecimiento en la arremetida violenta de las alianzas entre el poder económico, liderado por los ganaderos y contrabandistas, algunos sectores militares que desde Fuerte Macoa han jugado como jueces al margen de la ley para la “caza” de yukpas “roba tierras” y que por tradición han colaborado con el “cuido y protección” de la propiedad privada ganadera y corredores para el trafico de “bienes preciados para la economía de la violencia”, así como la impunidad amparada por el silencio de un alcalde conspirador con la violencia, componen en sí las fuerzas genocidas que están exterminando con el tejido comunitario del pueblo yukpa.

Lo anterior no cuenta con ningún contrapoder que pudiese estar liderado por el Ministerio de Pueblos Iindígenas. Por el contrario, este en ocasiones recientes y con la ex ministra Maldonado, ha jugado al lado de la parte acusatoria de medios como el periódico La Verdad – instrumento de influencia en la opinión de los habitantes de Machiques y del poder económico responsable de la campaña de odio y racismo contra los yukpas-. Que débil ha sido el rol de este Ministerio. Cuanto chantaje como mecanismo psicológico y condicionante en su gestión. Cuanto racismo implícito en sus políticas públicas. Cuanta mentira comunicada como verdad a los máximos líderes del proceso que lamentablemente han tenido al MINPI como la única fuente de la “verdad” que acontece en la realidad indígena del país. Este Ministerio ha tenido todo para haber escrito una historia distinta a favor de los pueblos indígenas del país.

Pero al mejor estilo de lo analizado por Frank Fanon en su lúcido análisis sobre “piel negra, mascaras blancas” en analogía con el MINPI podemos decir “piel indígena, mascara colonizadora”. El MINPI ha defraudado el mandado de justicia histórica encriptando a los indígenas en actos de esencialismo étnico folclorizado, despojándolos de su potencial para revelar, pese al exterminio gradual, experiencias de socialismo comunitario haciéndolos ver ante los ojos del país únicamente como receptores de recursos pues ante el MINPI, los indígenas están para recibir las ayudas asistenciales espasmódicas y no para revitalizar sus culturas o para potenciar su vitalidad como pueblos. El MINPI lo ha tenido todo, pero opta por sus bellos discursos, todos vacios de acciones concretas y lo peor, ha jugado del lado de los poderosos. MINPI: mentira, racismo, cuantiosas cantidades de dinero puestas al servicio del debilitamiento de los indígenas. Cuanta creatividad le ha hecho falta. Cuanta carencia de responsabilidad. Les ha sobrado quienes han querido apoyar a una dignar dirección de sus políticas, pero su soberbia y la defensa de sus cargos han descartado toda colaboración y estrategias para la paz.

Abruma tanta injusticia contra el pueblo yukpa. Entristece como este profundo mandato de la violencia ha llevado a líderes indígenas a convertirse en operadores para la continuidad de las jerarquías de poder en la zona -que en momentos han estado en peligro por la recuperación de las tierras en manos de yukpas- aspecto que nos hace más difícil el análisis y la compresión de la realidad en virtud de que inmediatamente al presenciar protestas de algunos yukpas contra los atropellos, o la huelga de hambre del hermano Korta, no tarda en aparecer un autobús que habilitado por algunos viceministros indígenas, llevan a otros yukpas a contradecir a sus hermanos. “El cuerpo del indio” ya visto en términos de género, ha instituido el sometimiento de mujeres que como Ana Fernández, Lucia Romero, Zenaida Romero, han llevado a cabo las denuncias para que cese la violencia y se haga justicia de los asesinatos que selectivamente cegaron la vida de sus hijos, compañeros, nietos y sobrinos.

La nueva arremetida de violencia se ha centrado en debilitar a estas mujeres. Se ha centrado en intentar callar sus voces hasta el punto de que algunos hombres “encargados de la protección” de Lucia, han amenazado sexualmente a sus hijas y les han llegado a requerir felación a cambio de 200 bolívares. Estamos siendo testigos de una economía de la violencia que sostenida por la explotación indígena, la alianza de poder ganadera militar política, la acumulación y robo del territorio, algunas representantes religiosos de la misión del Tokuko encargados de condenar y negarle protecciona la familia de Sabino, se ha engrosado gracias a otras jerarquías “construidas a partir del género, la “raza” y la impunidad. Sostengo que la impunidad se ha convertido en una jerarquía de poder por cuanto ha servido para la licencia que otorga el permiso: “el matar indios no se condena”. Vale la pena decir que el hecho de que los asesinos materiales de Sabino hayan sido identificados y quizá ya puestos en vía de juicio ha sido en gran parte por el esfuerzo de colectivos sociales por romper el cerco y por desafiar la premisa del MINPI y de algunos integrantes de la indiocracia revolucionaria (miembros de la comisión permanente de pueblos indígenas de la AN; parlamento indígena latinoamericano, viceministros entre otros) quienes escudan su mentalidad colonial y su excesivo cuido de sus cargos -por ello su cobardía para pronunciarse-, con decir “ el problema de los indios en este país le corresponde solo a los indios”, pseuda síntesis de un análisis ramplón que obvia la realidad histórica, las relaciones de opresión y el racismo acumulado.

¿Hasta cuando estaremos como mudos testigos de esta realidad?; ¿hasta cuándo estaremos aguantando la “verdad” de que el envenenamiento de niños yukpas se produjo cuando una galletitas se mojaron con el licor Antioqueño?

¿Hasta cuándo nos mostraremos impávidos ante el genocidio cotidiano de los yukpas?.