"Nos hemos visto obligados a señalar la falta de autoridad moral y el interés tergiversado de aquellos que se cobijan en la Sociedad Interamericana de Prensa."
Salador Allende, presidente de Chile. 12 de Febrero de 1973

"No puede ser que quienes vengan a decir cómo funciona la libertad de prensa son aquellos que para imponer sus ideas mataron, asesinaron y secuestraron."
Néstor Kirchner, Presidente de Argentina. 4 de Marzo de 2005

"La próxima amenaza a la libertad de prensa puede surgir en cualquier momento, en cualquier parte del Hemisferio. Llene el formulario de solicitud y envíelo por correo. Más abajo le ofrecemos información sobre las cuotas."
Sociedad Interamericana de Prensa (Pagina Web)

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) acaba de condenar al gobierno del presidente Chávez por violar "la libertad de expresión y el derecho a la información." (El Nacional, 21 de Marzo de 2006) Esta "primicia" fue difundida y reseñada ampliamente por todos los medios de comunicación privados antichavistas, lo cual no resulta extraño, toda vez que son sus propios dueños quienes integran el tren ejecutivo y la vocería principal de la SIP.

En efecto, la SIP está conformada por una élite de dueños de medios corporativos vinculados al exilio anticastrista de Miami y a extremistas antichavistas de Venezuela que usurpan la representación legítima de los periodistas para atacar de manera sistemática a cualquier gobierno que intente democratizar el poder de los medios en beneficio de la colectividad.

En su Junta de Directores se pueden observar los nombres de furibundos antichavistas como Miguel Henrique Otero y Andrés Mata Osorio, dueños de El Nacional y El Universal respectivamente, comprometidos con la desestabilización del gobierno venezolano y protagonistas del golpe de Estado del 11 de abril de 2002. Igualmente, la SIP alberga en su seno a los dueños de los diarios El Impulso, El Carabobeño y Diario del Caroní, furibundos antichavistas que conforman las comisiones de "Libertad de Prensa e Información" e "Impunidad", entre otras.

La SIP dice contar con mas de mil 300 afiliados dueños de periódicos y revistas de América. Se autodefine como una organización "sin fines de lucro" que "defiende" la libertad de expresión en todo el continente americano, y reconoce que su fuerza deriva de la "unidad de propósito" que muestren sus "socios" mas allá de las "barreras geográficas y culturales", lo cual utiliza como justificación para interferir en los asuntos internos de cualquier país del hemisferio que considere contrario a sus intereses.

La SIP es quizás la única federación de empresarios cuyo sindicato es representado por la misma élite que domina la producción, mano de obra y propiedad intelectual de lo que sus trabajadores producen. Resulta paradójico que el mismo grupo de dueños de medios sea el que asuma la representación de periodistas y consumidores al erguirse como defensor de la labor periodística y la libertad de expresión cuando en realidad solo velan por sus intereses capitalistas.

Los dueños de medios no buscan la noticia como le corresponde al periodista sino como lo indica un empresario. Ellos deciden cómo y cuándo se publica determinada información en relación directa con sus intereses económicos y políticos, los cuales suelen imponerse sobre los derechos laborales y profesionales de los trabajadores que dicen representar. Esta contradicción entre su naturaleza corporativa y la "misión" social que dicen defender, es lo que ha dado origen a la utilización de la SIP como agente intervencionista y desestabilizador de gobiernos progresistas en América Latina y el Caribe, lo cual se puede observar por el estrecho vínculo que mantiene con la derecha ultrareaccionaria de Miami, donde se encuentra su sede, su ferviente afecto con los antiguos regímenes totalitarios de derecha en Latinoamérica, y los ataques despiadados que hoy libran contra los gobiernos democráticos de Venezuela, Argentina y Brasil.

Origen y financiamiento

De acuerdo al periodista español, Pascual Serrano (Rebelión, 22 de Octubre de 2003), la SIP fue creada en 1943 y refundada en 1950 por los agentes de la CIA Jules Dubois y Joshua Powers así como por Tom Wallace del Departamento de Estado. Su misión era apoyar la política exterior antisindicalista y anticomunista de la era macartista, y la promoción del liberalismo económico.

Además de maniobrar contra la UNESCO cuando debatía sobre la democratización del control de la información, la SIP desarrolló una campaña mediática contra el gobierno democrático de Salvador Allende que fomentó la intervención militar y coadyuvó a su derrocamiento en 1973. De acuerdo al periodista chileno Hernán Uribe (2002 y 2003), la CIA "manejó o guió a la gran prensa local y a los afiliados de la SIP en una campaña de propaganda negra contra Allende." Así lo corrobora además un informe del senado estadounidense, el cual señala que "el tema de la libertad de prensa fue el más importante dentro de la campaña internacional contra Allende…"

"La CIA financió un variado surtido... Producía varias revistas de circulación nacional. Elaboraba materiales para colocarlos en la cadena El Mercurio; en todos los diarios de oposición; en todas las estaciones radiales controladas por los partidos de oposición, y en varios programas regulares de televisión en tres canales."

En efecto, el diario El Mercurio, cuyo director y propietario, Agustín Edwards, fungía además como el vicepresidente de la SIP, recibió millones de dólares para librar una campaña mediática de descrédito contra el presidente Allende.

Las semejanzas con El Nacional del antichavista y miembro activo del tren ejecutivo de la SIP, Miguel Henrique Otero, no son meras coincidencias. A mas de 30 años del golpe de Estado contra Allende, Otero desata una campaña similar desde las páginas de su diario con pleno apoyo de la SIP.

El diario La Prensa de Santiago, por ejemplo, acusó al gobierno de Allende de instalar una base de submarinos soviéticos. De la misma forma, la prensa venezolana antichavista acusa hoy al gobierno venezolano de armar a la guerrilla colombiana y financiar organizaciones "desestabilizadoras" en toda América Latina, así como de enriquecer uranio con el apoyo de Irán para la fabricación de bombas nucleares.

La SIP asegura que no recibe financiamiento de gobiernos. Sin embargo, la CIA, el Departamento de Estado, la Asociación Mundial de Diarios (WAN), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y otras instituciones estadounidenses han contribuido monetariamente con sus afiliados con el fin de controlar la información que producen sus medios. En abril de 2003, por ejemplo, la SIP recibió $3.6 millones por su "lucha a favor de la libertad en las Américas" por parte de la Knight Foundation for Press Freedom Project que hoy dirige el furibundo antichavista Alberto Ibargüen, quien además se ha desempeñado como director de la propia SIP y ejecutivo del Miami Herald, bunker del exilio anticastrista de Miami y de la ultraderecha venezolana.

Silencio de la SIP

La usurpación de la representación del gremio periodístico por parte de la SIP se pone de manifiesto cada vez que sus afiliados guardan silencio cuando diarios y periodistas que no se identifican con sus intereses son asesinados, perseguidos y encarcelados. (Rodríguez Álvarez, Enero de 2004)

Cuando en 2005, el ex presidente de la SIP, Danilo Arbilla, acusó al gobierno argentino de "manejar la publicidad de manera selectiva", "tratar con desconsideración" a los medios de comunicación, "despreciar el periodismo" y contar con un proyecto de ley "secreto" para "limitar las actividades de los periodistas", el presidente Kirchner reveló el parentesco entre la SIP y el subdirector del diario La Nación, Claudio Escribano, quien mantuvo una plena complacencia sobre las atrocidades cometidas en Argentina contra la libertad de prensa, así como la tortura y desapariciones de periodistas durante la dictadura. (Red Voltair, 5 de Marzo de 2005) Kirchner dejó también en evidencia el origen reaccionario de Arbilla, jefe de prensa de la dictadura en Uruguay que "persiguió, torturó y mató a ciudadanos uruguayos."

En efecto, el uruguayo Danilo Arbilla, presidente honorario y miembro del tren ejecutivo de la SIP, se desempeñó como director de prensa de la última dictadura militar uruguaya que reprimió la disidencia y la libertad de expresión por medio de tortura, encarcelamiento y desapariciones. De acuerdo al diario La República, "Arbilla había sido designado en el cargo por el presidente Juan María Bordaberry, permaneció en funciones luego de que el mandatario eliminara con respaldo militar las instituciones republicanas y continuó también cuando las Fuerzas Armadas desplazaron a Bordaberry y se hicieron cargo directamente del país." Durante su gestión, Urbilla fue cómplice del decreto presidencial del 27 de junio de 1973 que prohibía expresamente "la divulgación por la prensa oral, escrita o televisada de todo tipo de información, comentario o grabación que, directa o indirectamente mencione o se refiera a lo dispuesto por el presente decreto atribuyendo propósitos dictatoriales al Poder
Ejecutivo, o pueda perturbar la tranquilidad y el orden públicos"; del brutal asesinato del director del semanario Marcha, Julio Castro; y de la serie de secuestros y desapariciones de periodistas como Carlos Quijano, Carlos Borche y Santiago Puchet y del poeta Juan Carlos Onetti. Por si fuera poco, Urbilla fue copartícipe del cierre de 173 medios de comunicación entre 1973 y 1976 y de la intervención de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), cuyos integrantes fueron encarcelados y torturados. Asimismo, Urbilla fue responsable del decomiso de ediciones de periódicos argentinos como Mayoría, La Opinión y La Nación, y la revista internacional de cultura "El Correo de la UNESCO", así como en el cierre de los diarios La Gaceta de San Ramón, Ultima Hora, La Mañana, Ahora, Crónica, El Popular, Marcha, Idealismo, El Faro de Sauce, Ahora, Mensajero, Valdense, 9 de Febrero, Víspera, Darbas, La Idea Nueva, Civismo, Perspectiva y Acción del ex presidente Jorge Batlle. (Red Voltair, 16 de
Noviembre de 2000)

Según el director del diario Últimas Noticias, Eleazar Díaz Rangel ( 2001), las amenazas contra la libertad de prensa durante los gobiernos de Raúl Leoni, Carlos Andrés Pérez y Jaime Lusinchi en Venezuela tampoco fueron condenadas por la SIP, a pesar de las clausuras, censuras por decreto y chantajes con la compra de insumos importados que fueron objeto los medios. De igual manera, la SIP guardó silencio cuando el ex presidente Alberto Fujimori y su asesor de seguridad, Vladimiro Montesinos, sobornaban a medios y periodistas para controlar el contenido de la información que producían (Carazo, 8 de Marzo de 2005), aunque una vez entrado el gobierno peruano en franco proceso de descomposición, el director del diario el Comercio y ex presidente de la SIP, Alejo Miró Quesada, se apresuró en condenarlo.

A finales de los noventa, la SIP acusó al gobierno de Caldera de ser "uno de los principales enemigos de la prensa" y de ejercer la "represión comunicacional" por el solo hecho de haber planteado la necesidad de una ley que regulara a los medios de comunicación venezolanos (El Nacional, 17 Marzo de 1997) y de no querer que los periódicos opinaran libremente sobre su gestión, buscando así evitar que el gobierno venezolano llevará su propuesta del "derecho a la información veraz" a la VII Cumbre Iberoamericana, porque con ella se "determinaría de hecho la desaparición de la libertad de expresión en nuestros pueblos." (El Nacional, 21 Octubre 1997)

En este sentido, no deja de sorprender que al precandidato Teodoro Petkoff se la haya olvidado este episodio vivido durante su gestión en Cordiplan para cuadrarse con los mismos mercenarios que lo vilipendiaron y de esta manera silenciar los atropellos que comete la SIP en nombre de la "libertad de prensa".

La SIP tampoco ha condenado las amenazas que gobiernos de derecha en Centroamérica han realizado constantemente contra diarios y periodistas, como cuando el ex presidente de El Salvador y ex candidato de Estados Unidos a dirigir la OEA, Francisco Flores, descargó su furia contra el Canal 12 de televisión durante su mandato (Proceso, 21 de Febrero de 2001), y tras la confiscación de las publicaciones Pulso y El Diario durante los hechos que condujeron a la caída del ex presidente boliviano Sánchez de Losada. (Serrano, 2003) De igual manera, la SIP dejó de pronunciarse sobre los cierres de VTV y Catia TV a manos de dirigentes opositores, sino que por el contrario, le brindó plena solidaridad al ex gobernador Enrique Mendoza tras ser imputado por el "uso de la violencia para impedir el funcionamiento de un cuerpo legítimamente constituido, incitación a delinquir e interrupción de las telecomunicaciones" durante el golpe de Estado del 11 de abril de 2002.

Precisamente, la SIP guardó un escandaloso silencio acerca de la conducta de los medios privados durante los hechos de abril de 2001, quienes en un primer momento manipularon la información de manera descarada para involucrar al gobierno venezolano con la masacre que efectuaron los golpistas, y luego se autocensuraron mientras el pueblo se rebelaba contra la dictadura de Pedro Carmona y el poder mediático. La SIP tampoco hizo referencia alguna a la grosera propaganda política antichavista que transmitieron los medios privados venezolanos de manera contínua y permanente durante el sabotaje petrolero.

La SIP golpista

En Marzo de 2002, a escasos días del golpe de Estado, la SIP reprodujo su papel durante el derrocamiento del presidente Allende cuando aprobó una resolución que condenaba "las violaciones a la libertad de prensa y la libertad de expresión" en Venezuela", al tiempo que aupaban la bochornosa conducta de periodistas y medios que realizaban una abierta campaña contra el gobierno incitando a la desobediencia como. Una "edición especial" del diario El Nacional el propio 11 de abril, llamaba a la manifestación antichavista para que se desviara hacia Miraflores. Asimismo, la SIP acusó al gobierno de practicar una "deliberada política… para restringir el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información", practicar el "terrorismo de estado" contra periodistas, utilizar a círculos bolivarianos para agredir a los medios, conformar "Tribunales Populares" para juzgar a periodistas y medios y declararlos "objetivos de guerra", entre otras mentiras que formaban parte de la misma
estrategia golpista.

En pleno golpe de Estado, la SIP (11 de abril del 2002) condenó el cierre de canales privados de televisión venezolanos, cuando estos violaron la ley de telecomunicaciones al alterar la transmisión de la cadena presidencial.

La desfachatez de la SIP llegó al extremo de asegurar que las plantas de televisión privadas "fueron los medios más afectados en estos dos días ya que fueron obligadas a transmitir las continuas cadenas informativas que emanaba el gobierno para contrarrestar la información que los periodistas transmitían sobre el paro."

La SIP argumentaba que el presidente Chávez no tenía derecho a suspender la transmisión de las plantas privadas porque en "momentos de confusión es donde necesita mayor cantidad de información y orientación", lo cual efectivamente hicieron los medios al manipular descaradamente lo que ocurría en las calles de Caracas y silenciar la rebelión cívico militar que derrocó la breve dictadura de Pedro Carmona.

El 12 de abril de 2002, en plena efervescencia golpista, el entonces presidente de la SIP y editor del diario estadounidense "Post and Courier", Robert Cox, justificó el golpe de Estado y brindó su pleno apoyo al dictador Pedro Carmona.

"Este es un ejemplo muy válido para el nuevo gobierno que encabeza Pedro Carmona, que seguramente dará vuelta la hoja, respetará la libertad de prensa y alentará la independencia judicial y así garantizará un período verdaderamente democrático."

Posteriormente, la agencia de Intercambio Internacional por la Libertad de Expresión (IFEX), órgano divulgativo de la SIP, dio cuenta de la muerte del fotógrafo Jorge Tortoza del diario 2001 a manos de "un francotirador militar que disparó desde el techo del Palacio Municipal", según lo manifestara un "periodista local" (16 de Abril de 2002), cuya identidad fue revelada posteriormente por el periodista estadounidense Al Giordano. Se trataba de la periodista de El Universal y activista antichavista, Eurídice Ledezma, quien también fue usada como "fuente independiente" por su novio, el palangrista Phil Gunson, en sus reportajes para la prensa internacional con el objeto de vincular al gobierno venezolano con los asesinatos ocurridos, violando así todo principio ético y profesional.

La SIP nunca se refirió a la descarada manipulación que hicieran Venevisión de la trasmisión de los simpatizantes del gobierno que disparaban desde Puente Llaguno defendiendo a la multitud que allí se congregaba de los disparos que realizaba la policía metropolitana del acalde Alfredo Peña al mando de Lázaro Forero, haciéndole creer a la teleaudiencia que disparaban contra la manifestación antichavista que jamás pasó por ese lugar.

Inmediatamente después del golpe, la SIP (17 de Abril de 2002) acusó al presidente Chávez de "crear situaciones antagónicas en contra de los periodistas y medios de comunicación" y ser "el responsable de las agresiones a la libertad de prensa", pero no hizo mención alguna sobre la desfachatada actuación de los medios venezolanos en los hechos de abril, sino que de manera tímida y cobarde "reclamó la atención" de cualquier acto y decisión "dirigidos a impedir que los ciudadanos estén debidamente informados."

No obstante, el papel de los medios durante el golpe que la SIP ha decidido ignorar, fue mas que evidente. En su revelador artículo, "Mi paso por un gobierno breve" (Venezuela Analítica, 23 de Mayo de 2002) el antichavista José Gregorio Vásquez, colaborador y testigo de excepción de la breve dictadura de Carmona donde se desempeñaría como Viceministro de la Secretaría, confiesa como los dueños de medios privados sirvieron de co-gobierno manejando a su antojo las decisiones políticas del dictador.

"A las 8 en punto de la mañana llegué Miraflores el día sábado… Alrededor de las 11 y media llegó Andrés Mata, lo acompañé a la antesala de la Secretaría Privada, alrededor de las 12 llegaron los demás; Alberto Federico Ravell, Guillermo Zuluaga, Gustavo, Ricardo y Guillermo Cisneros, Omar y Omar Gerardo Camero, Miguel Henrique Otero, Marcel Granier, Orlando Urdaneta, Andrés de Armas y de última llegó Patricia Poleo. Del otro lado de la mesa del Salón del Consejo de Ministros estábamos, Carmona, el Vicealmirante Ramírez Pérez, Raúl de Armas, Leopoldo Martínez, el Vicealmirante Briceño y yo. Carmona les explicó lo delicado de la situación y les pidió apoyo (…)"

"Los voceros por los medios fueron Otero y Granier. Particularmente Granier hizo una excelente exposición sobre los errores cometidos y la búsqueda de soluciones, Carmona asentía. Gustavo Cisneros tomó luego la palabra para pedirle al Presidente que dejara en manos de todos ellos la gestión comunicacional del gobierno, Carmona aceptó. Por consenso decidieron que fuese Alberto Federico Ravell el encargado de hacer las postulaciones. Alberto propuso a Gilberto Carrasquero para presidir Conatel, entonces Carmona se volteó hacia Patricia Poleo y le ofreció la OCI, pero Alberto Federico interrumpió pidiéndole a Carmona un voto de confianza y proponiendo a Fernán Frías para ese cargo, Carmona aceptó y pude ver cómo se le descomponía el rostro a la Poleo."

En pleno sabotaje petrolero, la SIP (10 de diciembre de 2002) volvió a jugar un papel fundamental en la campaña desestabilizadora contra el gobierno del presidente Chávez al condenar los "ataques contra los medios en Venezuela", cuando estos participaban abiertamente apoyando acciones terroristas. La SIP calificó de intimidación el que ciudadanos venezolanos indignados protestaran la cobertura de noticias por parte de las plantas privadas de televisión, ignorando el legitimo derecho a reclamar "información veraz" y el cese del "terrorismo mediático" que protagonizaron los medios sin ningún rubor durante el sabotaje petrolero.

A finales de enero de 2003, cuando era evidente la victoria de las fuerzas bolivarianas sobre el golpismo encabezado por Fedecamaras, CTV y medios privados, la SIP (21 de enero del 2003) se volvió a pronunciar para rechazar los procedimientos administrativos que inició CONATEL contra las plantas privadas de televisión por su violación al ordenamiento jurídico. Asimismo, la SIP (31 de enero del 2003) calificó la situación en Venezuela de "grave y alarmante" y condenó al gobierno de dirigir una "campaña oficial" contra medios y periodistas. Posteriormente, la SIP (13 de febrero del 2003) manifestó su preocupación por "el acelerado y grave deterioro de la libertad de prensa en Venezuela" y acusó al gobierno de tener la "clarísima intención" de "controlar y censurar a los medios, a los periodistas y a la información."

En Marzo de 2003, la SIP (25 de marzo del 2003) pidió formalmente a la OEA que descalificara al presidente Chávez por su "intención de legitimarse únicamente sobre la base de procesos electorales, pero atropellando y cortando libertades esenciales de la persona y la sociedad, y violando el Estado de Derecho." Asimismo, la SIP pidió condenar al gobierno venezolano por "agredir a los medios informativos de Venezuela… con la finalidad de cerrarlos o asfixiarlos." La SIP también señaló que "la libertad de prensa y de expresión está severamente coartada", y que lo sucedido durante 2002 y 2003 en Venezuela obedecía a "un proceso sistemático dirigido a controlar el contenido de lo que se difunde a través de los medios de comunicación social, a controlar el tipo de información que la sociedad tiene derecho a recibir y, en último término, a coartar la libertad de expresión", obviando descaradamente la actuación de los medios privados durante el golpe de abril y sabotaje petrolero.

Por si fuera poco, la SIP acusó al gobierno de dirigir a los "violentos" círculos bolivarianos para que agredieran físicamente a periodistas, fotógrafos y camarógrafos, destrozaran sus equipos, incendiaran sus vehículos y exhibieran pancartas "dirigidas a intimidarlos, individualizando a sus propietarios y directores, señalándolos como 'enemigos de la patria', 'mercaderes del terror', y 'fabricantes de mentiras', tildándolos de golpistas", lo cual revela que para la SIP la única libertad de expresión que existe es la de los dueños de medios.

Los virulentos ataques de la SIP contra Venezuela se vienen produciendo de manera sistemática desde hace mas de 5 años. Todos los meses de marzo, los capos de la SIP se reúnen para condenar al gobierno de Venezuela por "cercenar las libertades democráticas.. aniquilar la libertad de expresión… y atropellar a comunicadores que expresan sus ideas e informan oportunamente" (El Universal, 15 de Marzo de 2005), pero hasta los momentos ninguna de sus predicciones apocalípticas sobre la libertad de expresión en Venezuela se han cumplido, lo cual revela que su retórica obedece mas a la propaganda antichavista que busca defender los intereses mercantilistas de los dueños de medio por encima del interés colectivo de periodistas y lectores.

Todas estas evidencias demuestran fehacientemente la "falta de autoridad moral e interés tergiversado" de la SIP para pronunciarse sobre la libertad de expresión en Venezuela y cualquier otra parte del mundo.

(*) Internacionalista