Para quienes ya hemos comenzado a usar la frase “hace algunos años…”, que invariablemente implica haber alcanzando la edad suficiente para tener memoria vivida y no sólo leída o contada, es imposible pasar desapercibida la feroz arremetida en contra de las veintiséis leyes que por vía habilitante dictó el Ejecutivo Nacional el 31 de julio pasado.

Imposible no reflexionar sobre esta temática, máxime cuando algunos eruditos que en los medios de comunicación o en las tribunas universitarias, atacan un instrumento tan conocido y reconocido en Venezuela, que faculta constitucionalmente al Presidente de la República para legislar en diversas materias de interés nacional (numeral 8, artículo 236 CRBV).

No somos expertos en materia legislativa, pero recordamos que los señores Caldera y Pérez en sus dos respectivos gobiernos, así como Luis Herrera y Lusinchi, fueron habilitados por el Congreso para promulgar leyes en contra de los intereses de trabajadores, estudiantes, agricultores, consumidores, o sea, en contra del pueblo y la soberanía nacional.

En nuestra época de estudiantes universitarios, fue ardua la lucha contra las habilitantes que decretaban, con fuerza y rango de ley, la eliminación de subsidios agrícolas para concedérselos a la agroindustria e importadores de materias primas y productos terminados; o la liberación de precios a los alimentos y tarifas de servicios básicos, entre otras, que complacían la tesis neoliberal de no intervención del Estado en la economía, que equivalió al grito de “sálvese quien pueda”. Muchos no pudieron salvarse…

Ahora el grito viene de la oligarquía criolla y sus pitiyanquis eruditos neoliberales, que claman por la neutralidad del Estado en lo económico, a menos que le subsidie su vida de derroche y consumo superfluo. Es decir el Estado protector de la oligarquía es chévere, pero si legisla para proteger al pueblo es intervencionista, dictatorial, castro-comunista y pare de contar los apelativos utilizados durante los últimos 50 años en Latinoamérica y el Caribe, contra cualquier posición patriótica y   nacionalista. Como siempre, les falta hasta creatividad.

Algunas reflexiones son necesarias para no caer con algún intelectualoide que, como encantadores de serpientes, discursean en nuestras aulas universitarias, en la televisión, radio y prensa privados, moviendo la lengüita al son de los intereses imperiales.

Por ejemplo: ¿A quien se le puede ocurrir, que atender al sector agroproductivo como verdadero responsable de generar los alimentos, puede ser dañino para un pueblo? Por supuesto que si persiste entre el academicismo-intelectualoide la falsa creencia que los alimentos llegan al pueblo por obra y gracia de los industriales y mercaderes, pues los agricultores no debe apoyarse, sino a los eternos empresarios-chulos del Estado, que generan riqueza y bienestar. Esa es la cancioncita que les ha enseñado el capitalismo. Entendamos que esa especie de intelecto no reflexiona, no piensa…sólo repite.

Baste un sencillo ejercicio que realizamos frecuentemente con nuestros estudiantes de las carreras agrícolas para comprender la importancia del sector agroproductivo. Se trata de pensar en el tiempo que podemos aguantar sin comparar zapatos, un pantalón o ir al cine y compararlo con el tiempo que aguantaríamos sin ingerir alimentos. La respuesta es obvia.

No estamos exhortando a andar descalzos, desnudos o aburridos. Sólo invitamos a reflexionar para entender que Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria  (LOSSA), Ley de Salud Agrícola Integral , Ley de Crédito para el Sector Agrario , Ley del Banco Agrícola , Ley de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso para los Bienes y Servicios  (LDPABS), no constituyen un peligro para nadie, sino más bien por el contrario son la salvación para un pueblo y también para los empresarios honestos, que sí los hay. Sólo afectan a quienes piensan con las vísceras, con la chequera y que están dispuestos a violarlas.

¿A qué familia pobre le afectará negativamente que se puedan “establecer sujetos beneficiarios a los cuales se les otorgará prioridad en el consumo de determinados productos agrícolas,”, tal como lo establece el artículo 36 de la LOSSA?. 

Particularmente sabemos de venezolanos y venezolanas para quienes este artículo permitirá su acceso a los alimentos, pues la especulación sustentada en la libre competencia capitalista, convierte en sal y agua cualquier aumento de salario.

¿O es malo el artículo 7º de la LDPABS, cuyo numeral 1 establece “la protección de su salud y seguridad en el acceso a los bienes y servicios”? Todos sabemos que no es así.

Lamentablemente muchos economistas, sociólogos, abogados y administradores de pacotilla siguen con la idea de que el capital y el afán de lucro están por encima de la persona humana. Para ellos los señalados instrumentos jurídico-sociales, junto a los veinte restantes, son producto del castro-comunismo maluco, veneno que intenta inyectarse en los estudiantes universitarios por la irresponsabilidad con que estos acólitos del consenso de Washington y sacristanes del sueño americano, repiten en las aulas.

Ellos olvidan que los estudiantes también son pueblo y el sabio pueblo percibe que para su bienestar, ya la soberanía agroalimentaria fue habilitada…