"Artículo 7.
El recinto de las Universidades es inviolable. Su vigilancia y el mantenimiento del orden son de la competencia y responsabilidad de las autoridades universitarias; solo podrá ser allanado para impedir la consumación de un delito o para cumplir las decisiones de los Tribunales de Justicia.
Se entiende por recinto universitario el espacio precisamente delimitado y previamente destinado a la realización de funciones docentes, de investigación, académicas, de extensión o administrativas, propias de la Institución.
Corresponde a las autoridades nacionales y locales la vigilancia de las avenidas, calles y otros sitios abiertos al libre acceso y circulación, y la protección y seguridad de los edificios y construcciones situados dentro de las áreas donde funcionen las universidades, y las demás medidas que fueren necesarias a los fines de salvaguardar y garantizar el orden pú blico y la seguridad de las personas y de los bienes, aun cuando estos formen parte del patrimonio de la Universidad."
Ley de Universidades.
No entiendo en qué momento de la historia, la autonomía de las universidades se convirtió en la justificación política para sustraer a las instalaciones de las mismas y a las personas que en ella hacen vida académica y administrativa, del cumplimiento de las leyes venezolanas y en la aplicación recta de las sanciones penales y administrativas que el ordenamiento jurídico prevé cuando un sujeto ha infringido el estado de derecho.
El 15 de mayo de 2005, cursaba el cuarto año de la carrera de Derecho en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, y mis compañeros de clase y yo nos dirijimos al salón a presentar un exámen de derecho civil (sucesiones), cuando un joven desconocido, lanzó una bomba lacrimógena trifásica en la puerta del salón (práctica común de algunos alumnos para no presentar exámenes), quedando todos atrapados dentro del aula (un grupo de más de treinta personas), y el pánico hizo que la gente comenzara a golpearse tratando de salir por una puerta muy estrecha (hay que recordar que en ese año, la facultad quedaba en una casa colonial con espacios muy reducidos, un antiguo convento del siglo XIX), siendo nosotras las mujeres víctimas de desmayos, siendo casi imposible bajar las escalareas (pues estábamos en e l segundo piso) con el riesgo de ser aplastadas por la gente de otras secciones que también corrían desesperadas, encontrándose entre nuestras compañeras mujeres embarazadas, y fue deplorable ver cómo llegaban las ambulancias. Mientras sufríamos esta terrible sensación de asfixia, las autoridades decanales y administrativas, simplemente escaparon cómodamnente por la puerta de un pasadizo en el que no tenían que sufrir el más mínimo efecto de los gases.
Luego, ese mismo día, un grupo de dieciséis estudiantes fuimos a la Fiscalía del Ministerio Público para solicitar que alguien investigara lo sucedido, pues pudo ocurrir una desgracia mayor, alguien muerto o lesionado, y la Fiscal Superior encargada nos dijo que no podía hacer absolutamente NADA en virtud de la INMUNIDAD UNIVERSITARIA, un término acuñado por ella, y le pregunté que si alguien moría entonces tampoco podrían intervenir a lo que ella contestó que no.
Al no encontrar apoyo en la Fiscalía, pedimos un derecho de voz en el Consejo de Facultad, en el que expusimos a las autoridades que en virtud del artículo 19 de la Constitución, ellos como autoridad del Estado, debían garantizarnos nuestros DDHH, lo cual no es algo gracioso sino una obligación; que en virtud del artículo 43 de la Constitución, ellos debían garantizarnos el derecho a la vida, pues estábamos bajo su competente autoridad; que el artículo 55 del mismo texto, teníamos derecho (como estudiantes) a la protección por parte de la Universidad como ente estatal, a recibir protección frente a amenazas o riesgo de nuestra integridad física; que el artículo 137 ejusdem, les imponía la obligación de cumplir con la Constitución y la ley, siendo responsables por su incumplimiento, entre otras normas y otras explicaciones, a lo cual, el Abogado Pablo Aure, aquél entonces Director de Escuela y hoy en día Decano de esa Facultad, respondió que no podían asegurarnos nuestra integridad física, que no podían controlar esos actos vandálicos y que eso era algo que escapaba de sus manos, es decir, las autoridades de esa facultad no podían aseguraros a los estudiantes, a los futuros abogados de ese estado, futuros transformadores del orden social, nuestro derecho a la vida porque era "algo que escapaba" de sus manos. ¿Y quién entonces nos debía proteger?, ¿nosotros mismos?. ¿Cómo?.
Y recuerdo con mucha decepción esos hechos, y hoy en día me duele ver cómo la autoridades de diversas universidades públicas hablan del respeto a la autonomía universitaria, que jamás dejarán pasar a los órganos de seguridad del Estado para que instauren el orden frente a la anarquía que hay en las universidades, y es que NADIE dentro de las universidades quieren hacerse cargo de la vida de los estudiantes; simplemente pareciera que el razonamiento es dejar que adentro los alumnos se agredan, se lastimen y mueran por enfrentamiento entre ellos porque la autonomía universitaria es más importante que la vida de los muchachos que dentro de ella sueñan con cambiar el destino de este país.
¿Quién se hace responsable de lo que ocurre dentro de las universidades?. Y es que si el gobierno central trata de imponer el orden y de frenar la ola de violencia será tidado de autoritario, y si las autoridades universitarias dejan que mueran estudiantes por falta de seguridad, ¿entonces eso es libertad?. Eso es una locura.
No sé en qué parte del artículo 7 de la Ley de Universidades, está expresamente autorizada la comisión de hechos punibles dentro de las universidades ni en qué parte esta prohibida la investigación de los mismos, tampoco se en qué parte quedan exentas las personas que allí hacen vida de sanciones que prevé la ley, y tampoco sabía que las universidades son estados dentro de Venezuela, en los que se pueden cometer todos los delitos sin que ello signifique algún castigo. Es así como en la universidad, los robos, violaciones, lesiones personales, tráfico de drogas, extorsiones y prostitución, son cosas muy comunes sin que haya alguien que defienda el bendito de estado de derecho que impone las sanciones cuando se han constatado los mismos.
Debo sin embargo decir, que duele lo que se quiere; así como duele ver a un familiar destruirse, así duele ver que las universidades se autodestruyen con la impunidad disfrazada de autonomía universitaria. Gracias a la universidad pública, soy quien soy, me ha dado herramietas para luchas por otros, pero si las autoridades universitarias se niegan a imponer el orden, serán muchos los jóvenes que no alcanzarán sus sueños, porque la impunidad gobierna en las universidades, la violencia de ambos sectores se apoderó de ellas y las autoridades universitarias se niegan a trabajar con los órganos competentes para evitar una masacre.
La vida de esos muchachos, independientemente sean de derecha o de izquierda, valen más que cualquier ideología y que una autonomía universitaria que simplemete justifica que se cometan todos los delitos que se puedan imaginar, sin que haya una autoridad universitaria, un rector, un vicerrector o una secretaria que deje de dormir, porque mataron o lesionaron a unos muchachos que creen en la universidad, para bien o para mal.
Alejandra Mujica
C.I. 16785443
