Antes del 8-D y pasado un año del “Golpe de Timón”:

¿Desde cuál “Soberanía Política e Independencia Económica” se construye el “Socialismo Bolivariano del Siglo XXI”?

“(…) dirigiendo junto al pueblo siempre, y subordinado a los intereses del pueblo, los destinos de esta Patria”.

(Chávez; 8-12-2012)

1.- INTRODUCCIÓN:

La cita que introduce nuestro punto de vista en el presente documento pretende estimular un debate colectivo cada vez más necesario. Hace referencia al paradigma crítico de dirección y gobierno que pueden desprenderse de manera muy sintética en reflexiones de Simón Rodríguez sobre el aprendizaje colectivo del auto-gobierno, que desde nuestro punto de vista es el horizonte hacia el que se mueve una democracia participativa, protagónica, deliberativa y tendencialmente de ejercicio directo de la soberanía popular.

Esto nos lleva al tema central de la lógica de la política hegemónica, política que ha sido descuidada o dejada de lado por quienes siguen atados a una concepción estalinista de la política revolucionaria (en esta última, se trata de imponer y vencer, no de deliberar y convencer) inspirada en la obra de “Gramsci”: no se trata de mandar por un lado, ni de ciega obediencia, por el otro. Se trata de revestir de prestigio (de auctoritas ([1])), de liderazgo intelectual y moral a la función de Gobierno, siempre dirigiendo junto al pueblo y subordinado a los intereses del pueblo, como señaló con meridiana claridad Chávez al designar a Maduro como su sucesor el 8 de diciembre de 2012 ([2]). De manera que mientras la mayor parte de la atención pública se concentró en el rostro y nombre del sucesor, pocos dieron cuenta de las condiciones para que su legitimidad política tuviera viabilidad en el nuevo proyecto histórico.

Desde mediados del año 2013, corrientes revolucionarias del pueblo bolivariano han venido asumiendo el reclamo de un viraje hacia la izquierda ([3]) de la política  del gobierno en el ámbito económico y social asumida por el Presidente Maduro en el llamado Gobierno de Calle, demandando ir más allá de la estabilización del sistema político y social venezolano, luego de la partida física del Presidente Chávez y de los complejos escenarios que se abrieron a partir del 14 de abril de 2013. Cabe la pregunta: ¿Qué significa virar hacia la izquierda? Significaría, siguiendo la concepción sintética de Frei Betto: optar por los pobres, indignarse ante la exclusión social, inconformarse con toda forma de injusticia o, como decía Bobbio, considerar una aberración la desigualdad social. Significaría para Marx en sus pulsiones de juventud: echar por tierra todas las relaciones en que el ser humano sea un ser humillado, sojuzgado, abandonado y despreciable.” (Marx; Introducción a la crítica a de la filosofía del derecho de Hegel), y como señalo Engels en su discurso ante su partida física: “Pues Marx era, ante todo, un revolucionario. Cooperar, de este o del otro modo, al derrocamiento de la sociedad capitalista y de las instituciones políticas creadas por ella, contribuir a la emancipación del proletariado moderno, a quién él había infundido por primera vez la conciencia de su propia situación y de sus necesidades, la conciencia de las condiciones de su emancipación: tal era la verdadera misión de su vida.” ([4])

Virar hacia la izquierda, entonces, es re-encontrar la trayectoria de una praxis política situada hacia determinada dirección, contenido y alcance; más aún si se trata de una izquierda que pretende además, de acuerdo a lo contenido en el llamado Programa de la Patria, ser radicalmente democrática y revolucionaria, no simple real-politik de gobierno subordinada al interés pragmático de “mantenerse en el poder por el poder mismo”. Cabe analizar aquí la ubicación de una práctica política, sus acciones, discursos e ideas, en el contexto del análisis de un espectro político ([5]).

Ciertamente, la coyuntura inmediata al 14 de abril exigía un proceso de re-acomodo de las fuerzas sociales y políticas del campo bolivariano, en un contexto de clara ofensiva de la derecha nacional e internacional, que impulsada por su capacidad de control de recursos estratégicos de poder en el campo económico e ideológico-mediático, y dado su progresivo crecimiento electoral ([6]), estimuló una estrategia de “asedio, desgaste y derribo”, para a corto plazo intentar producir el colapso de la revolución bolivariana ([7]), bajo el supuesto psicosocial de que “su base social de apoyo” se encontraba “huérfana” de dirección y “desmoralizada”.

En este contexto y de manera correcta, en el ámbito internacional el alto gobierno enfatizó inicialmente una contra-ofensiva para lograr acuerdos y reconocimientos en el espacio geopolítico internacional, para intentar otorgarle mayor sustentación a la victoria obtenida por el campo bolivariano luego del 14 de abril del 2013.  En el ámbito nacional, se intentó una aproximación a los factores políticos “de oposición” (“los menos extremistas”), para construir una base de consensos mínimos, bajo la premisa del pleno reconocimiento de la Constitución, las leyes, las instituciones del Estado y la victoria electoral del Presidente Maduro. Se intentaba así manejar un esquema político de “pactos tácitos mínimos”, que a partir de los resultados del 14 de abril estaban completamente resquebrajados, pues aunque la ausente dirección política-partidista del proceso (sobremanera el principal partido: PSUV) no lo asuma con la mayor responsabilidad histórica: existe evidencia muy clara de una crisis electoral de la revolución bolivariana, que no es nueva ni aplicable exclusivamente el año 2013, sino que viene al menos desde el año 2007, que tuvo su palmaría expresión en el año 2010 (elecciones parlamentarias). De manera que una cosa son las maniobras para sortear una crisis, otra es el auto-engaño intencionalmente asumido. Allí está el análisis de brechas, respaldo que se maneja a vox populi, independientemente de las burdas maniobras de distracción de la atención colectiva:

Este segundo esfuerzo de logro de pactos mínimos de gobernabilidad, fue en los hechos bloqueado, por presiones extremas de los factores internacionales que apoyan a los sectores radicales de la derecha opositora ([8]), quienes se atrincheraron en la matriz de “fraude electoral” y “desconocimiento de las instituciones del Estado”, tal como siguen insistiendo desde sus principales voceros: Henrique Capriles ([9]), Leopoldo López ([10]), María Corina Machado ([11]) y Antonio Ledezma ([12]).

En este complejo cuadro de circunstancias, la dirección del proceso bolivariano intento avanzar en el ámbito económico con medidas de acercamiento a sectores económicos capitalistas ([13]), tanto fracciones financieras, productivas como mediáticas, intentando llegar a acuerdos y compromisos, al mismo tiempo que ocurría paralelamente un acontecimiento inédito en el campo ideológico-mediático ([14]): la salida del aire de algunos voceros del campo revolucionario ([15]) en el Sistema Bolivariano de Información y Comunicación. Esta última situación dejo un sabor amargo y voces de descontento en el ámbito de los movimientos sociales y colectivos populares revolucionarios ([16]).

En el ámbito socio-económico, comenzaron a surgir voces de inquietud y alerta ([17]) sobre algunos síntomas preocupantes en materia de indicadores y variables en materia económica ([18]).

Se comenzaron a percibir  graves señales de indecisión y parálisis en el equipo económico de gobierno, que hasta principios del mes de noviembre ([19]) por lo menos, influyeron en percepciones muy negativas sobre las expectativas ante el futuro económico del país. Por primera vez en muchos años, la agenda del gobierno bolivariano parece perder la sintonía necesaria para abordar las necesidades sentidas, aspiraciones y demandas del “rumor de la calle”, la población fue afectada fundamentalmente por la situación de precios y cantidades de los principales productos de la canasta básica normativa y familiar ([20]). De manera que el índice de escasez en el mes de octubre fue de 22, 4%:

En principio, sectores del alto gobierno actuaron bajo la premisa de encontrarse frente a fenómenos de desequilibrio y distorsiones, inherentes al funcionamiento específico de la economía venezolana; y que por tanto, bastaría restablecer algunos pactos y tomar decisiones parciales en materia de política cambiaria, monetaria o incentivos fiscales para afrontar un desajuste de carácter coyuntural ([21]).

Lamentablemente, la percepción de estos sectores no era correcta, y sigue aún sin dar cuenta de los enormes rezagos de carácter histórico-estructural que se han venido acumulando en el sistema socioeconómico venezolano; además en medio de una cada vez más urgente clarificación de criterios sobre la transición al socialismo ([22]), de sus fuerzas motrices y dirigentes, del carácter de clase del ejercicio de poder para asumir estas tareas políticas. Como es posible constatar, la evolución del crecimiento del PIB en los últimos 5 años, aún con todas sus insuficiencias como indicador de desarrollo integral, muestra que algo está haciéndose mal.

Incluso recientemente, el presidente del Banco Central de Venezuela, Eudomar Tovar, ha reconocido ([23]) que la economía no crecerá el 6 % que el Gobierno se había fijado como meta para el año 2013, pues sólo se ha acumulado una expansión de apenas 1,4 % en los primeros nueve meses. Si la tasa de crecimiento de la población es de aproximadamente 1,5 %, entonces la conclusión posible es que no habrá crecimiento real alguno.

En el sistema económico, los sectores que más han crecido son aquellas actividades no directamente productivas, como la banca, el comercio, las telecomunicaciones y los servicios. El Producto Interno Bruto (PIB) creció sólo un 1,1 % en el tercer trimestre, una desaceleración tras haberse expandido un 2,6 % en el segundo. De manera, que la llamada "feroz guerra económica" debe leerse con mucha atención en el contexto de una crisis mucho más profunda que toca aspectos estructurales del sistema económico, y sobre todo del comportamiento de sus principales agentes, grupos, sectores y clases.

Nos quedamos en la superficie si sólo le prestamos atención a una interpretación de la  inflación acumulada de 45 % en los primeros nueve meses del año, si la explicásemos exclusivamente en su relación con procesos especulativos o de desabastecimiento programado que efectivamente están presentes; si negásemos adicionalmente que la economía venezolana está bordeando los límites de un proceso de estancamiento productivo interno con alta inflación. Si la agricultura, la agroindustria y la industria, no adquieren un nuevo dinamismo, si el sector petrolero y sus actividades conexas no son más eficientes, si el manejo de la política monetaria y del gasto público no son revisadas, para evitar signos de despilfarro y graves filtraciones vía corrupción, no se derrotarán las causas estructurales de la inflación.

Desde el año 2009, la economía venezolana viene dando señales de alerta. Ciertamente, no hay que caer en el economicismo técnico, soslayar que  existen comportamientos propiamente políticos de los agentes económicos que inciden en variables claves, de grupos económicos de poder y del sector empresarial en alianza con factores políticos de oposición. De manera que un análisis macroeconómico convencional, requiere de una mirada de crítica a la economía política y a la política económica, y analizar la coyuntura económica en el marco de un juego de poder entre actores sociales y políticos. No hay macroeconomía sin macro-política.

Así mismo, se precisa diferenciar la política bolivariana de cambio estructural, de los intereses de los grupos económicos y los sectores sociales de base que operan en las distorsiones y desequilibrios que bloquean la triple transformación de:

a)  las relaciones sociales de producción, con su estructura de mando y división jerárquica del trabajo,

b)  las relaciones de fuerza político-institucionales que las reproducen,

c)  las fuerzas productivas; esto es, de las capacidades sociales de ampliación de inversión y la diversificación productiva requerida para impulsar un modo de crecimiento endógeno, productivo, socialista ([24]) y sustentable en el sistema socio-económico del país.

A las fortalezas institucionales de Fedecámaras, Consecomercio, Asociación Bancaria Nacional, Conindustria o Venamcham no se les derrota en el campo de los intereses de poder con un movimiento obrero, clasista y revolucionario menguado, dividido, fracturado, con un gobierno cuyo gabinete no muestre unidad de criterios políticos para avanzar en la revolución, con un aparato de estado completamente atravesado por las lógicas de los intereses dominantes. Aquí caben las advertencias de quienes analizando las tensiones del gobierno de la unidad popular en Chile, llegaron a la conclusión obvia de que llegar al gobierno no es lo mismo que controlar el poder del Estado, y que incluso en avanzar en el Poder del Estado, no implica doblegar el poder económico y social de los sectores dominantes. No es sólo con un partido electoral mayoritario, ni con la ocupación de cargos en las funciones del gobierno y del Estado que puede modificarse radicalmente una correlación de fuerzas entre clases, grupos y sectores. Y si a esto se le agrega el proceso de aburguesamiento de las fuerzas políticas propias, ocupando cargos y manejando recursos públicos, entonces el vacío programático e ideológico rinde sus saldos desfavorables. La revolución ha quedado bloqueada por una crisis de dirección revolucionaria.

Esta tarea pasa por modificar radicalmente las relaciones de fuerzas entre grupos, sectores y clases, lo que conlleva colocar como centro de la política económica y social no sólo los aspectos distributivos y redistributivos, sino la problematización de la función social de la propiedad y de las relaciones sociales de producción dominantes; esto es, la necesidad de privilegiar la transición hacia formas de propiedad colectiva y social, frente a la actual hegemonía de la propiedad privada capitalista sobre los principales medios de producción e intercambio, en el marco de los criterios posibles de economía mixta contemplados en el Ordenamiento Constitucional.

De esta forma, en esta etapa de transición al socialismo, el sistema socioeconómico venezolano no deja de presentar las tensiones inherentes de una economía mixta que intenta romper con el consenso mundial ortodoxo de corte neoliberal y la diseminación de la tesis de la “sociedad de mercado total”.  Se trata de un régimen de economía mixta alternativo y sui generis, reconocido en el Ordenamiento Constitucional vigente en función de la realización de una “sociedad justa”, de un “Estado social y democrático de derecho y de justicia” conjuntamente con el el ejercicio directo e indirecto de la soberanía popular (CRBV-Principios Fundamentales, arts. 3 y 5);  cuyas características concretas y efectivas (más allá de Normas Constitucionales que expresan cierta plasticidad para efectos del despliegue del pluralismo político), adquieren un peso específico que se inclina (en la actual práctica social) a privilegiar aún a los sectores del gran capital nacional e internacional, a sus fracciones especulativas ([25]), bajo el funcionamiento de mercados oligopólicos y de competencia imperfecta en gran parte de los rubros, ramas de actividad y cadenas de valor; razón por la cual, no basta  enfrentar estos rasgos con medidas de supervisión, fiscalización o inspección estatal o gubernamental (que intentan regular y supervisar, por ejemplo, la relación entre “Precios, Costos y Ganancias”), sino que implica pasar a considerar una modificación estructural de las relaciones de poder en el ámbito económico, que permitan lograr el objetivo de la efectiva democratización económica, así como la constitución de un área socioeconómica de propiedad colectiva bajo control de los productores sociales directos; es decir, de los trabajadores y el poder popular organizado, con la ampliación de la socialización de la propiedad y bajo los lineamientos de un claro Plan Económico y Social de la Nación. Estas tensiones atraviesan la dimensión estructural de la crisis económica.

Sin conocer el papel de la “Burguesía estéril”, y un tratamiento político clarificado sobre las relaciones con la llamada “Burguesía productiva” (sobremanera con los pequeños y medianos productores), en el proceso de transición al socialismo, será muy difícil avanzar un diminuto paso en las transformaciones de las relaciones de fuerzas:

“Una oligarquía de comerciantes y de banqueros va entonces prosperando y acumulando un poderío económico que se traduce en poderío político y se refleja en la vida institucional. No es una clase creadora de riqueza como históricamente fue la burguesía en las primeras etapas del capitalismo. Esta clase no inicia el capitalismo en Venezuela, es sencillamente la proyección colonial de un sistema capitalista foráneo más avanzado. Su papel es el de un agente de ese capitalismo, su función es intermediaria y su poder económico es derivado de otro fundamental  y mayor. Sus ingresos no provienen de una combinación arriesgada de factores de producción sino de una comisión: la comisión del intermediario que compra afuera y vende adentro. No es, pues, una burguesía productora sino una burguesía  estéril.” ([26])

La distinción entre “burguesía estéril” y “burguesía productora”  de Orlando Araujo, por ejemplo, es el punto más problemático de los diferentes esquemas de la transición al socialismo que se pretenden ensayar, pues sigue siendo parte de aquellos portavoces ideológicos de la revolución por etapas (liberación nacional, primero; socialismo, después). El mismo Araujo señaló:

“Ello explica  en cierto modo, las vacilaciones de esta burguesía y las ondas recurrentes de entusiasmo y depresión con que la estremecen las variaciones bruscas en la correlación de fuerzas que determinan el proceso social y económico del país.  Los rasgos diferenciadores que la separan de la burguesía estéril aún no han alcanzado una acentuación convincente y, por el contrario, abundan algunos rasgos que tornan ambiguos los límites: cierta propensión trepadora, cierta debilidad  oportunista, cierto complejo de inferioridad ante el gran capital y una tendencia a rehuir la postura nacionalista y sus riesgos una vez que esa postura ha rendido sus  frutos concretos en la protección aduanera, el crédito obtenido o la exoneración  concedida.”

De manera que la alta dirección político-económica de la revolución se mueve en el desciframiento de estas vacilaciones y de sus propias ambivalencias ideológicas, tratando de encontrar un “sujeto económico capitalista” que acompañe y respalde sus políticas en esta etapa de transición (para otros sectores de izquierda, este pacto ha sido un error recurrente, incluso bajo el mando de Chávez).

Otros actores sociales, cercanos al gobierno, han planteado por la vía de los hechos, la necesidad de crear una “burguesía bolivariana” ante la tendencia de rehuir la postura nacionalista de los sectores productivos tradicionales. El lema sería, a falta de burguesía nacional, construyámosla nosotros. Este nudo crítico ha sido referido por posturas críticas en intérpretes de la crisis actual tan distantes y enfrentados entre sí como Toby Valderrama ([27]), Heinz Dieterich ([28]) o Marea Socialista ([29]):

“Los reformistas, los socialdemócratas, hay que reconocerlo, tienen mucho éxito en su papel de guillotinar al Socialismo. Y este éxito tiene que ver con su "modus operandi. (…) El reformista, el socialdemócrata, no ataca al Socialismo de frente, actúa como aquellos parásitos que silenciosamente carcomen las entrañas de la víctima, cuando aparecen los síntomas ya no hay nada que hacer, todo está perdido, viene el desahucio. Nunca abandonan el nombre de "socialismo", siempre permanecen bajo ese engaño: recordemos al partido socialista español de felipillo gonzales, o al M.A.S. de Teodoro, o a los mismos adecos, miembros de ese esperpento que se llama la internacional "socialista". Nunca dicen que dejaron el camino al Socialismo, siempre van para allá. El ejemplo más claro serían los chinitos que dicen que aquello es Socialismo y su partido se llama partido comunista chino. Una función de los reformistas, de los socialdemócratas es ocultar, negar la lucha de clases, evitar que las clases explotadas disputen el poder, distraer sus luchas en cualquier cosa, menos en la política, inventan movimientos sociales, foros inocuos donde se discute y discute, años tras año… la manera de evitar la Revolución. (…) Van al capitalismo, lo profundizan, lo administran en nombre del Socialismo… proclamando que van a un "socialismo" que nunca llega. Siempre aclaran que son "socialistas"… pero "por ahora no hay condiciones", hay que acumular fuerza, dicen "estamos en emergencia hay que hacer concepciones, pero después retomaremos el camino". Cambian el nombre del capitalismo, lo llaman "productivo", elevador de las fuerzas productivas, burguesía honesta, patriota, "dan empleo". Y a los que denuncien esto como una vil trampa, los acusan de extremistas, dogmáticos, stalinistas, y cualquier descrédito.  (…) Se oculta la lucha de clases o se hace de ella un elemento inocuo, bueno para discursear. Se dice que pueblo somos todos, y así se transforma "el pueblo" en una especie de Dios, dónde no hay contradicciones, donde ricos y pobres son lo mismo. Ahora bien, una infalible manera de saber para dónde se va, son las sabias palabras de Cristo, él decía: "donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón". Lo anterior que es un criterio que sirve para cualquier individuo y también para cualquier sociedad, podemos parafrasearlo y decirle al gobierno nuestro: "Donde pongas los dólares de la renta, lo que con ellos estimules, las relaciones que con ellos construyas, allí estará tu corazón, hacia allá marcharás."” (Toby Valderrama y El equipo denominado “Antonio Aponte”)

“Más allá de las neblinas retóricas, lo que sucede hoy día en Venezuela no es más que la continua lucha hegemónica por el control del plus-producto petrolero entre diferentes fracciones políticas del capital: la neoliberal y la socialdemócrata. Esa lucha comenzó con la llegada al poder de Hugo Chávez. Desde entonces, ninguna de las dos partes ha podido derrotar definitivamente a la otra. En términos políticos es la lucha entre la histórica clase oligárquica dominante y la Nueva Clase Política Bolivariana; en cuanto al modo de producción, que es lo decisivo en toda evolución social, se trata de un conflicto intra-capitalista. Por una parte, los protagonistas de un modelo de desarrollo socialdemócrata-keynesiano --bien ejecutado en lo social, mal ejecutado en lo económico-- y por otra, los representantes de un modelo neoliberal-parasitario. Ambos modelos marcados por las características del capitalismo dependiente. Sobra decir, que ninguna de las dos fracciones de la clase dominante actual procura llegar al Socialismo.” (Heinz Dieterich)

“(…) se ha abierto la pelea por el control y la apropiación de todos los dólares que entran al país. Para decirlo de otra forma, de lo que se trata es de la batalla política y social por el control absoluto de la Renta y su distribución y la instalación forzada de un nuevo consenso en el patrón de acumulación y un nuevo régimen político. Eso busca la oligarquía local y la nueva burguesía, relacionada estrechamente con sectores de la alta burocracia del Estado y el capital financiero. Y por lo tanto buscarán instalar un gobierno totalmente propio que les permita imponer esa nueva relación de fuerzas que pretenden conquistar. En pocas palabras: Recuperar el país que hoy no controlan como quisieran.” (Marea Socialista)

“La ruptura del consenso impuesto por la Revolución se produce por razones políticas y con objetivos económicos y políticos. Las causas son: El fallecimiento del Comandante Chávez que provoca una situación de vacío del Régimen Político. El triunfo electoral de Maduro por muy escaso margen que da como resultado un gobierno débil. La disputa interna por la supremacía en el chavismo. El vacío de liderazgo. La oligarquía tradicional, la nueva burguesía roja, provocan la guerra económica como camino a la recuperación de la Renta y el control político del país. La pelea ha comenzado. Están claros los campos pero todavía no están del todo claros los personajes. El tiempo irá mostrando cuales son los liderazgos que se consolidan en cada sector en disputa. Y al igual que durante el Sabotaje Petrolero la pelea no se detendrá hasta que tenga un ganador contundente. Al final nos espera un nuevo patrón de acumulación del capital y un nuevo Régimen Político. Si el presidente Maduro comprende la dinámica de la situación y es capaz de mantener la ofensiva recuperada con estas medidas de emergencia y profundiza en cambios estructurales, estaremos en el camino de construir un nuevo liderazgo, que está vez deberá inexorablemente ser colectivo, con la participación activa y democrática del pueblo bolivariano civil y militar, de la clase obrera movilizada y de todos los que viven de su trabajo. De lo contrario, si por ingenuidad o complicidad, se mantiene la ilusión mil veces fracasada, de que en una nueva negociación a mitad de camino de esta batalla, con los sectores especulativos y mafiosos que predominan en la personificación actual del capital, y se intenta con esa negociación volver al esquema de economía mixta, el gobierno estaría tomando una decisión suicida.” (Marea Socialista)

En consecuencia, el primer obstáculo a ser despejado sigue siendo la caracterización de las fuerzas sociales y políticas que efectivamente trabajan en la dirección de una transición al socialismo; responder a la elemental pregunta: ¿Cuál socialismo? o responder a una interrogante radical que sugieren algunos analistas: ¿Es acaso la vía bolivariana al socialismo sólo un espejismo, la proyección en pantalla de un  espectáculo-simulacro? ¿Cuál es el papel económico y político de los “sectores productivos nacionales” y de sus “representantes políticos” en esta tramoya?

Por otra parte, ante la grave persistencia y agudización de los síntomas de crisis económica estructural, producto de la acumulación de rezagos, distorsiones y desajustes económicos realimentados parcialmente por errores de política económica, se ha llegado al convencimiento desde voceros del alto gobierno, incluido el Presidente Maduro, que los actuales desequilibrios  tienen fundamentalmente como condición explicativa, un fuerte “componente político desestabilizador” (“guerra económica”) ([30]); y que sin enfrentarlos con medidas políticas integrales, sería imposible reconstruir un tejido de regulación y de intervención del Estado para afrontar las tareas cada vez más urgentes de la revolución económico-productiva. Este sería la dimensión coyuntural de la crisis.

Por lo tanto, actualmente el alto gobierno reconoce que las fuerzas de la derecha opositora han activado un plan de “asedio, desgaste y derribo” contra la revolución bolivariana ([31]) (o la estrategia de la comején o la termita: carcomer de manera invisible para colapsar una estructura), y que las medidas, tanto políticas, económicas y sociales deben revestir un carácter no ordinario, que implica reforzar a la revolución bolivariana y al Gobierno del Presidente Maduro en todos sus ámbitos (Nueva etapa política y Leyes Habilitantes dixit).

2.- ¿CUÁN EFECTIVAS SON LAS LEYES HABILITANTES SI NO SE SUPERAN TANTO EL FETICHISMO JURÍDICO COMO LA INEFICACIA SOCIAL DE LAS NORMA JURÍDICAS?

Deseos expresados en normas jurídicas no necesariamente “empreñan”. El asunto de la legitimidad, validez y eficacia de las normas es clave para superar la creencia que supone: “Basta una norma jurídica para resolver un problema social”.

Desde el Manifiesto de Cartagena, Bolívar advirtió sobre el error de pretender construir Repúblicas aéreas, con las más perfectas disposiciones jurídicas, pero completamente alejadas de las condiciones y factores que intervienen en el carácter efectivo de las prácticas, usos, costumbres, valores y hábitos de un pueblo:

“Los códigos que consultaban nuestros magistrados no eran los que podían enseñarles la ciencia práctica del Gobierno, sino los que han formado ciertos buenos visionarios que, imaginándose repúblicas aéreas, han procurado alcanzar la perfección política, presuponiendo la perfectibilidad del linaje humano.” ([32])

Y si actualmente se supone que una revolución socialista no tiene nada que ver con las dimensiones socio-ideológicas, ético-culturales, morales, psicosociales de un pueblo, entonces se ira de ilusión en ilusión, de error en error.

Transformar la sociedad para combatir la corrupción y transformar la economía, pasa necesariamente por clarificar los criterios sobre lo que el historiador inglés E. P. Thompson denomino la “economía moral”:

¿Qué tipo de comportamientos económicos se definen a partir de valores morales o normas culturales? ¿Qué tipo de interacción ocurre entre las costumbres culturales y la actividad económica?

¿Acaso la totalidad de los comportamientos económicos transcurre a partir del supuesto del Homo œconomicus; es decir, del comportamiento de elección racional de maximizadores de utilidades ante estímulos económicos, siendo capaces de procesar adecuadamente la información disponible, y actuar en consecuencia? ¿Acaso es la “soberanía del consumidor” la que decide: esto es, la capacidad de los consumidores de determinar el volumen y la estructura de la oferta a través de la demanda generada por sus decisiones de compra? ¿Qué  tipo de racionalidades sociales entran en juego en estos conflictos? ¿Estarán todos los agentes implicados en maximizar su utilidad-beneficio y a reducir los costos o riesgos? ¿Cuáles son las ideologías económicas que están en conflicto en las actuales circunstancias? ¿A partir de cuales discursos y representaciones sociales podemos hacerlas explícitas en el campo histórico de poder?

Todo el debate sobre las transiciones posibles está cruzado por profundos supuestos ideológicos que no se están asumiendo. ¿Cuál será el costo político y el riesgo de no asumirlos a medida que pase el tiempo de espera acerca de las señales de certidumbre sobre la orientación de la política pública  en el momento histórico? De allí la importancia de evaluar el tipo de señales y mensajes que se han venido construyendo a partir de las leyes habilitantes. En este punto cabe referirse al menos a los siguientes aspectos:

Aspectos formales:

• Desde el punto de vista jurídico-constitucional, es preciso indicar las leyes habilitantes constituyen una herramienta legal que faculta al Presidente de la República a dictar Decretos con Rango, Valor y Fuerza de Ley sobre las materias delegadas por la Asamblea Nacional de acuerdo al procedimiento establecido en nuestra Carta Magna que así las define: “Son leyes habilitantes las sancionadas por la Asamblea Nacional por las tres quintas partes de sus integrantes,  a fin de establecer las directrices, propósitos y marco de las materias que se delegan al Presidente o Presidenta de la República con rango y valor de ley. Las leyes habilitantes deben fijar plazo para su ejercicio”.

• La Ley Habilitante debe cumplir una serie de pasos previos para su promulgación y su posterior entrada en vigencia: desde la presentación por el Jefe de Estado del Proyecto de Ley Habilitante hasta la etapa de segunda discusión del proyecto de ley en la plenaria de la AN, en la que el proyecto  puede ser aprobado, rechazado o diferido.

• Una vez sancionada la ley por la Asamblea Nacional, se remite al Ejecutivo  para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, con el correspondiente “Cúmplase” y, con ello, su entrada en vigencia (artículo 215 CRBV). De manera que aquellos voceros, internos o internacionales, que descalifican la legalidad constitucional de la habilitante desconocen su viabilidad política y jurídica, poniendo en entredicho las instituciones del país.

Aspectos de contenido:

• Así mismo, llama la atención el alcance de las medidas habilitantes, pues hay que referirse a la segunda Ley Habilitante del Gobierno de Chávez para los años 2000-2001, la cual dictó los 49 textos legales que dieron paso a una intensificación de la campaña de desestabilización y de instigación al golpe de estado, evento que activó definitivamente el 11 de abril de 2002.

• La tercera Ley Habilitante fue solicitada en el 2007, activándose en el marco de la profunda transformación desatada con la formulación de los Cinco Motores Constituyentes que pretendieron impulsar el salto al Socialismo Bolivariano. En ese contexto, se crearon  59 normativas y su exposición de motivos señaló que: “Siendo un imperativo la profundización del proceso orientado hacia el bien común que se desarrolla en Venezuela, una vez que fuera revalidado nuevamente, de forma democrática y libre, la dirección y el sentido político que desde hace 8 años imprime el Poder Ejecutivo a todas aquellas instituciones y funciones que le competen, se hace ahora imprescindible impulsar una etapa en la que se acentúe el proceso de transformaciones en el que se halla inmersa la Nación, siendo por tanto urgente dotar al Presidente de la República, la autoridad rectora de este cambio estructural, de un instrumento jurídico que de forma expedita impulse la materialización acendrada de los principios constitucionales.” Se señaló además la necesidad de la construcción del Estado social de derecho y de justicia, garante de la plena participación del pueblo venezolano en los espacios de decisión de lo público, además de contemplar “el fomento del elemento ético como valor de máxima consideración al normar el manejo de la cosa pública”. Esta tercera habilitante contempló un conjunto amplio de ámbitos que nos permiten contrastar la agenda de problemas persistentes hasta la actualidad: a) La transformación de las Instituciones del Estado, b) La participación popular: de modo que se establezcan los mecanismos para permitir el ejercicio directo del Poder Popular; c) Los valores esenciales del ejercicio de la función pública estableciendo  sanciones a que hubiera lugar en caso de asumir conductas contrarias al interés general y/ o específico de la ciudadanía; d) Económico y social: con el objeto de transformar el paradigma económico capitalista actualmente hegemónico, dictando leyes que preserven la función social de la propiedad en sus diversas formas y clases, así como normas para el fomento de la producción y el desarrollo de la pequeña y mediana industria, de carácter regulatorio en materia de inversión extranjera (…) otorgándole una dimensión y un propósito de naturaleza colectiva al sistema productivo, de manera que su desarrollo esté regido por una visión social; e) Financiero, y tributario: requiriéndose por tanto dictar normas en el ámbito de las finanzas públicas, (…) orientando las actuaciones del sector hacia la construcción de un nuevo régimen socioeconómico, al ser un reclamo ineludible de los sectores productivos nacionales contar con fuentes de financiación confiables y socialmente comprometidas, que funcionen en clave de fortalecimiento del bien común, de la auténtica productividad y del rechazo a las actividades especulativas y/o rentistas, sin mediar bienes o servicios esenciales para la reproducción de la vida colectiva; f) Seguridad ciudadana y jurídica; g) Ciencia y la tecnología; h) El ámbito de la ordenación territorial; i) Seguridad y defensa; j) Infraestructura, transporte y servicios. De manera, que llaman la atención todos los aspectos relacionados con la transformación del sistema socioeconómico y del paradigma económico capitalista hegemónico.

• La cuarta Ley habilitante fue formulada por el presidente Hugo Chávez el 17 de diciembre de 2010, otorgándole a la AN poderes especiales por 18 meses, ante la necesidad de atender, entre otros ámbitos, las emergencias suscitadas en casi todo el país por las fuertes lluvias. Para ello fueron aprobados 54 Decretos de Ley, entre los que destacan la nueva Ley Orgánica de Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT), instrumento con el que se restituyó la antigüedad en el pago de las prestaciones sociales, lo relativo a la Gran Misión Vivienda Venezuela.

• La Ley habilitante solicitada por el Presidente Maduro ([33]) lo autoriza para que dicte decretos-leyes en materia la lucha contra la corrupción y la defensa de la economía. El instrumento jurídico insiste como la tercera ley habilitante en dictar y reformar normas en el ámbito de la lucha contra la corrupción, orientados a fortalecer los valores esenciales del ejercicio de la función pública. Se amplía el alcance de la lucha contra la corrupción pues además de dictar nuevas normas, se pretende reformar instrumentos legales destinados a profundizar y fortalecer los mecanismos de sanción penal, administrativa, civil y disciplinaria para evitar lesiones o el manejo inadecuado del patrimonio público y prevenir hechos de corrupción. Se incluyen así mismo, temas como el combate al financiamiento ilegal de los partidos políticos y normas contra la legitimación de capitales. Llama poderosamente la atención el siguiente enunciado: “Establecer mecanismos estratégicos de lucha contra aquellas potencias extranjeras que pretendan destruir la Patria en lo económico, político y mediático; y dictar normas que sancionen las acciones que atentan contra la seguridad y defensa de la Nación, las instituciones del Estado, los Poderes Públicos y la prestación de los servicios públicos indispensables para el desarrollo y la calidad de vida del pueblo”. En el ámbito económico, se establecen normas que eviten y sancionen la fuga de divisas, emitir disposiciones en defensa  de la moneda nacional y fortalecer el sistema financiero venezolano. En materia de defensa de la economía la Ley autoriza al Ejecutivo para “dictar y reformar normas que establezcan lineamientos y estrategias para la planificación, articulación, organización y coordinación de los procedimientos, especialmente en materia de producción, importación, distribución y comercialización de los alimentos, materia prima y artículos de primera necesidad”. La Ley faculta al Ejecutivo para fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afectan la economía nacional: “Garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios seguros, de calidad y a precios justos”.

De tal manera, que revisando el contenido y alcance de las leyes habilitantes es posible cotejar la relación entre la finalidad explícita del cambio estructural y las transformaciones normativas que pretenden construir el piso jurídico de la revolución bolivariana por vía habilitante. Sin embargo, cabe destacar la relación entre dictar normas jurídicas y su aplicación, su legitimidad social, validez y eficacia.

En el país existe una larga tradición de dictar leyes que ni se aplican ni se cumplen; es decir, que no van al fondo del asunto que es la modificación de prácticas, usos y costumbres sociales, así como la actuación de los órganos del ejecutivo y de la administración de justicia; que implica dar cuenta de la efectividad real de las normas jurídicas, su real aceptación y vigencia como normas sociales y sistemas de valores efectivos que orientan la conducta de los actores sociales y políticos. Allí cabe la pregunta:

¿Cuántas veces hemos escuchado que se dictan normas para preservar los valores esenciales del ejercicio de la función pública, lucha contra la corrupción y el burocratismo; para garantizar y proteger los intereses del Estado en sus diferentes niveles de gobierno?

¿Se logrará ahora planificar, racionalizar y regular la economía, como medio para propulsar la transformación del sistema económico y defender la estabilidad económica para evitar la vulnerabilidad de la economía; así como, velar por la estabilidad monetaria y de precios, y el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de nuestro pueblo y fortalecer la soberanía económica del país? ¿Se logrará efectivamente garantizar el derecho del pueblo a tener bienes y servicios, seguros, de calidad y a precios justos?

Las respuestas a estas preguntas no tienen que ver con la existencia de la norma escrita, sino con su efectividad social.

Como vemos, estamos ante medidas no ordinarias para tomar decisiones que afectarán las correlaciones de fuerzas entre grupos, sectores y clases; pero además tendrán un impacto en diferentes ámbitos de la sociedad. ¿Se abrirán con estas medidas las vías de superación de la actual crisis o se entronizarán los factores que tiendan a reforzar un posible descalabro político, económico y social?

3.- EN ESTE PAIS DE MEMORIA CORTA, ES MUY FACIL OLVIDAR EL GOLPE DE TIMÓN:

En cualquier caso, desde nuestro punto de vista, la revolución bolivariana (si pretende sortera la posibilidad cierta de descalabro) requiere de un decidido impulso del espíritu propositivo y crítico del llamado “Golpe de Timón” anunciado por Chávez en Octubre de 2012, pues es desde esta voluntad política y perspectiva revolucionaria que es necesario recuperar las condiciones indispensables de “soberanía política” y de “independencia económica” para avanzar en el presente laberinto ([34]).

Esta visión implica clarificar de una vez por todas las ambivalencias y ambigüedades presentes en los criterios de profundización de la transición socialista que defiende la revolución bolivariana. De las concepciones y decisiones de la alta dirección del proceso bolivariano dependerá el encuentro de cursos de acción marcados por una concepción ético-política de la “eficacia política y calidad revolucionaria”.

Pero además, es fundamental que el poder popular organizado, que los trabajadores y trabajadoras, desde una visión clasista y revolucionaria, puedan pasar a mayores niveles de intervención, protagonismo y deliberación política, exigiendo la apertura de espacios y canales para la mayor suma posible de participación directa en la construcción socialista (en esta delicada etapa de consolidación y profundización de la revolución).

El peor error que puede cometerse es suponer que se puede sustituir la participación directa de los trabajadores y trabajadoras, del pueblo organizado, del poder popular, mediatizándolo con las figuras de representación burocrática, personificación estatal de los intereses capitalistas. De manera que una política económica integral requiere de la participación activa del Bloque Social y Revolucionario del Trabajo ([35]), frente a los espacios hegemonizados por el Capital (incluso en el seno de las instituciones y aparatos del actual Estado), del protagonismo del Poder Popular Organizado y del conjunto de las fuerzas contra-hegemónicas, sobre todo para clarificar la perspectiva de clase de la visión económica del Gobierno en la actual coyuntura.

Como señaló acertadamente Chávez para la caracterización de este sujeto de la revolución democrática, socialista y bolivariana, basta leer el Programa de la Patria:

“(…) el gran bloque histórico, democrático y popular integrado por los obreros y obreras, campesinos y campesinas, estudiantes, afro-descendientes, indígenas, académicos y académicas, pequeños y medianos productores y productoras del campo y la ciudad, comerciantes, transportistas, motorizados, maestros y maestras, profesionales de la salud y en general, servidores y servidoras públicos, mujeres, militares, pobladores, pescadores y pescadoras, cultores y cultoras, deportistas, líderes comunales y sindicales y de manera muy especial por la juventud venezolana.”

4.- POR UNA RE-CONDUCCIÓN RADICALMENTE DEMOCRÁTICA DE LA REVOLUCIÓN BOLIVARIANA:

Recordar un año del cumplimiento de la intervención de Chávez denominada “Golpe de Timón”, da cuenta del contraste que existe si de “logros socialistas” se habla. Es preciso señalar que la Revolución Bolivariana se encuentra en un “gran atolladero”.

Diversas voces, grupos y corrientes plantean esta inquietud, demandando un debate a fondo y correctivos efectivos para avanzar en el laberinto de una doble crisis (electoral y económica) ([36]), que puede comprometer una situación política que debe evitarse para que avance no sólo hacia una crisis temporal de gobernabilidad, sino hacia una crisis orgánica de hegemonía (ausencia de estabilidad política, legitimidad, eficacia en la acción de gobierno, desprestigio de la dirección política e imposibilidad de construir consensos básicos).

Se trata de aristas que deben resolverse conjuntamente para evitar una “crisis política orgánica”, es decir, evitar el peor escenario: un potencial descalabro del sistema de conducción gubernamental y de dirección política de la revolución bolivariana en cuestión de logros socialistas; es decir, con políticas que apunte en la transición desde el capitalismo rentista y dependiente hacia una economía política de transición al socialismo que coloque la auto-valorización del factor trabajo como eje fundamental de la construcción de una sociedad justa y con soberanía popular directa.

La apuesta colectiva es entonces, por el necesario fortalecimiento del gobierno bolivariano; pero a la vez, por un llamado firme y explícito a una re-conducción radicalmente democrática del proceso bolivariano revolucionario, que contribuya efectivamente a superar un escenario de “crisis orgánica de hegemonía socialista”.

La reconducción democrática pasa por una campaña de rectificación a fondo de los errores y debilidades en el seno de la revolución bolivariana, democrática y socialista. Sin esta rectificación a fondo: ¿Quiénes pescarán en rio revuelto?

5.- HAY UNA DOBLE CRISIS, SIN DEBATE DE FONDO EN INSTANCIAS POLÍTICAS ORGÁNICAS NO PODRÁN RECTIFICARSE LOS ERRORES:

Ciertamente, existe una percepción colectiva en el seno del magma de fuerzas que concurren en el campo bolivariano, de haberse metido simultáneamente en un gran enredo (crisis electoral y crisis económica), quedado la revolución bloqueada, estancada, empantanada, sin poder proseguir con un ritmo acelerado en una dirección certera por la senda del “Socialismo Bolivariano y Democrático del siglo XXI”.

Al leer detenidamente los documentos y discursos del Alto Gobierno Bolivariano en estos últimos seis (6) meses, es posible contrastarlos con sus acciones políticas enmarcadas en el llamado “Gobierno de Calle”, es posible contrastarlos con discursos de miembros del actual Gabinete de Gobierno, del Presidente Maduro, de la alta dirección política del PSUV, de voceros del GPP-Simón Bolívar, incluyendo las recientes declaraciones sobre objetivos y acciones enmarcadas en las medidas económicas; pero es posible percibir confusión, ambigüedad e indecisión sobre el significado del planteamiento acerca de la construcción socialista. ¿En qué consiste el Socialismo Democrático y Bolivariano del siglo XXI planteado con tanta fuerza por Chávez, como fin, objetivo y meta?

A pesar de haberse roto un período de incertidumbre y parálisis frente al tema económico, con medidas y acciones que son percibidas positivamente en los sectores populares; el balance de las medidas administrativas de supervisión, inspección y fiscalización para atacar a la “guerra económica”, implican que estamos ante los primeros pasos positivos para recuperar la senda perdida del proyecto revolucionario planteado en el “Golpe de Timón”.

Sin embargo, sería muy grave que este nuevo ciclo de re-conexión con necesidades sentidas y demandas de los sectores populares generara un espiral de ilusión/frustración, si las medidas no involucran una real transformación de las relaciones de poder en el campo económico-productivo para conquistar logros socialistas.

Pero, ¿Cómo constatar cualitativa y cuantitativamente, desde las recientes medidas, los logros socialistas que se alcanzan en esta “nueva etapa”?

Consideramos que la “transición al socialismo”, sin el comando efectivo sobre palancas económicas y políticas fundamentales por parte del bloque histórico de fuerzas contra-hegemónicas, conformado en el Bloque Social y Revolucionario del Trabajo; esto significa, poder efectivo de los grupos, sectores y clases aún explotadas y dominadas; y en general, de todos los movimientos sociales que apuestan por fortalecer el proceso popular revolucionario; en fin, por el “pueblo bolivariano organizado”; puede trastocarse en una palabra hueca (¿Qué significa socialismo?), utilizada (o manipulada) para desviar la atención de las tareas políticas de superación del capitalismo rentístico, dependiente y atrofiado, que sigue estando presentes en la sociedad venezolana (aun constatando los avances distributivos: sociales y políticos innegables de la revolución bolivariana).

Como ejemplo de las debilidades estructurales, es posible considerar que aún persisten:

a)    El fortalecimiento de fracciones capitalistas especuladoras y parasitarias, una economía controlada por oligopolios y grupos económicos de poder (viejos y nuevos), la persistencia de bolsones de miseria y exclusión social sin atención y cobertura por las debilidades institucionales de organización y funcionamiento del Sistema de Misiones y Programas Sociales, que omiten la necesidad de la mejora de las condiciones de vida y a la vez empoderar a los sectores populares (pasar del cliente-beneficiario al protagonismo-participativo);

b)    Una distribución regresiva del ingreso real del factor trabajo, dados los impactos de la inflación y las devaluaciones realizadas, con altos niveles de sub-empleo abierto y encubierto, con superbeneficios financieros derivados de comportamientos especulativos,

c)     La frágil independencia económica, la escasa diversificación productiva, el estancamiento de la producción interna, de diferentes sectores y ramas de actividad, en medio de graves  desequilibrios  territoriales y ambientales junto al predominio de políticas que refuerzan el “extractivismo” y el “desarrollismo” ([37]) que destruye patrimonios ambientales; y para colmo: una suerte de metástasis del fenómeno de la corrupción ([38]), etc.

Este cuadro de crisis estructural sigue en gran medida solapado y opacado por la diatriba mediática y política cotidiana, donde predomina las actividades de propaganda y contra-propaganda,  actividades propias de las luchas entre los actores que dominan la escena política con criterios de “pequeña política” ([39]):

“La gran política comprende las cuestiones vinculadas con la función de nuevos Estados, con la lucha por la destrucción, la defensa, la conservación de determinadas estructuras orgánicas económico-sociales. La pequeña política comprende las cuestiones parciales y cotidianas que se plantean en el interior de una estructura ya establecida, debido a las luchas de preeminencia entre las diversas fracciones de una misma clase política.”

De manera que la “transición al socialismo” debe contextualizarse en el marco específico de la superación progresiva de un cuadro de crisis histórica-estructural y coyuntural presente en una formación social dependientes, con un sistema socioeconómico atrofiado y desequilibrado, basado aun en la mono-exportación petrolera, con severas carencias y desproporciones, déficit aún no superado luego de 14 años de Revolución Bolivariana (con todos los vaivenes del conflicto político) y al menos 6 años después de proclamar el carácter antiimperialista y socialista de la misma (insistiendo en la posibilidad de avanzar en la dirección socialista en medio de debilidades evidentes del campo adversario opositor entre el segundo semestre de 2004 hasta el primer semestre de 2007).

No hay pretextos posibles. En el campo de la revolución económica productiva poco se ha avanzado a pesar de la aplicación de dos Planes Económico-Sociales de la Nación, predominando una política económica subordinada a los intereses de reproducción del capitalismo y al ciclo electoral, a urgencias y contingencias, dejando en segundo orden el cambio estructural. ([40])

Desde los iniciales planteamientos de una revolución basada en el desarrollo endógeno bajo un Modelo Capitalista Nacional Autónomo, pasando por el inevitable enfrentamiento al Imperialismo luego de los sucesos del 2002, hasta llegar a la plena asunción del carácter Socialista del proceso bolivariano, se sigue repitiendo la necesidad de salir del Capitalismo Rentístico de Estado y de la estructura oligopólica que controla circuitos económicos enteros en el sistema socioeconómico venezolano:

a)    ¿Cómo salir del rentismo? ¿Cómo recuperar la inversión reproductiva sin que esté bajo control de oligopolios y grupos económicos de poder? ¿Con cuales “agentes económicos-productivos”? ¿Cómo apalancar la economía productiva y diversificarla tratando de sacar al país de la “enfermedad venezolana” (Adriani dixit)? ¿Qué papel cumplen allí los trabajadores y trabajadoras?

b)    ¿Cómo enfrentar la dependencia económica y apalancar un desarrollo endógeno y sustentable, ahora socialista, sin una alta dependencia de las importaciones? ¿Cómo enfrentar la volatilidad cambiaria y la fuga de capitales? ¿Cómo manejar el presupuesto público en función del desarrollo humano integral, pero además de mayor poder efectivo para las fuerzas contra-hegemónicas?

c)     ¿Cómo avanzar en la transición hacia un nuevo modelo productivo socialista con una economía industrial y agrícola aún atrofiada, con débiles encadenamientos agroindustriales en manos del pueblo organizado?

d)   ¿Cómo impulsar el crecimiento, el empleo y la mejora significativa de la distribución de ingresos en un marco de inflación controlada, mejorando la eficiencia productiva y ampliando formas de consumo popular que permitan la satisfacción de sus necesidades humanas fundamentales, no la exaltación consumista y la sujeción imaginaria al “sistema de los objetos” de la ideología-cultura capitalista?

e)    ¿Cómo incorporar las innovaciones tecnológicas y científicas, presentes a escala mundial sin perder el control nacional de la soberanía científica y tecnológica? ¿Cómo incorporarse desde claros criterios de independencia económica a las diferentes áreas de integración regional y subregional?

f)      ¿Cómo abordar la construcción de un área económico-social de propiedad colectiva, que permita el desplazamiento progresivo del capitalismo y la transición al socialismo? ¿Cómo evitar que el Capitalismo de Estado inhiba la formación de una zona económica socialista?

g)    ¿Cómo supeditar la estabilidad macroeconómica al logro prioritario de los objetivos del desarrollo humano y del buen vivir? ¿Cómo escapar al desarrollismo tan presente en los capitalismos (keynesianos o neoliberales) como en las visiones del socialismo burocrático del siglo XX? ¿Cómo implantar un nuevo sistema socioeconómico que no profundice los desequilibrios sociales, territoriales y ambientales?

Estas preguntas tocan aspectos estructurales, no meramente coyunturales del patrón de acumulación en Venezuela, de su modo de articulación internacional y del modo de regulación político-institucional, con un Estado aún capitalista que está directamente comprometido a garantizar las condiciones sociales y políticas de reproducción de este mismo sistema de dominación y explotación social. De manera que las tareas de la revolución, como “cambio de estructuras” y no simplemente de algunas manifestaciones o apariencias, siguen estando pendientes.

6.- LO OBJETIVOS DE LAS MEDIDAS Y LA TRANSICIÓN AL SOCIALISMO:

Luego del año 2005 la interrogante es: ¿Qué significado tiene el llamado a la transición al socialismo bolivariano del siglo XXI? 

Entre los objetivos que se proponen las actuales medidas económicas enunciadas es fundamental reconocer el séptimo objetivo: “Romper el estancamiento en el que hemos caído en la transición económica hacia el Socialismo. Buscar los puntos de ruptura y avanzar.”

Se dice fácil, pero es en extremo complejo. ¿Qué significa eso de “puntos de ruptura”? También se señala, con cierta redundancia lo siguiente: “cambiar para lograr el equilibrio”, “Una fórmula sencilla: Transformar para equilibrar” y “No detenernos en la construcción de lo nuevo por las perturbaciones introducidas por la guerra económica”.

De manera que es posible leer en estos enunciados, un paso adelante,  valorando positivamente medidas que exigen la aplicación de la propia legalidad construida en la Revolución Bolivariana, sin distracciones ni dilaciones (sin que pueda mojarse la mano de funcionarios públicos), aunque para algunas voces críticas sea más de lo mismo, sea un paso en falso o un paso demasiado tímido.

Tampoco pueden crearse áreas de negocios comunes entre políticos revolucionarios y empresarios, en el reconocimiento (aún entrelineas) de una crisis más profunda que la exclusiva “guerra económica”. Estamos además ante una crisis económica más grave:

“(…) estancamiento en que hemos caído en la transición económica al socialismo”.

o que están mostrando las medidas es que instituciones como INDEPABIS y SUNDECOP se habían desdibujado en sus funciones, y que la legalidad estaba siendo convertida en letra muerta. La usura descarada en este último año, llega a las cifras expuestas en las recientes mensajes de cadenas presidenciales y los llamados “Noti-patria”, que en algunos casos supera el 1000%, lleva a una sencilla pregunta:

¿Por qué no se actuó antes? ¿Por qué no se había puesto coto cuando la usura era ya de 200%, 400% o 600%?

Ciertamente lo importante es que ya se actúa, pero es preciso evitar estas desconexiones entre las demandas de la calle (llamados al gobierno a actuar) y la agenda del alto gobierno (distraída en otros temas).

En el primer semestre de 2013, la función de la regulación, administración, supervisión y sanción por parte del Estado de los agentes económicos, en aras de fomentar un intercambio de bienes y servicios “bajo criterios de equidad y justicia social”, comenzaba a mostrar su inoperancia.

En materia de acaparamiento, tampoco se había avanzado en el primer semestre, en la función específica de defensa y protección  de los Derechos e Intereses individuales y colectivos en el Acceso de las Personas a los Bienes y Servicios; de manera que la aplicación de las leyes (Precios Justos, por ejemplo) implicaba determinar los ilícitos administrativos, así como, los delitos y su penalización, junto con su aplicación por parte del Poder Público, siempre de la mano de la participación activa y protagónica de las comunidades a través de los Comités de Contraloría Social para el Abastecimiento.

Recordemos que tanto la usura como el acaparamiento de productos, se interpretaban en el contexto de medidas adoptadas en contra de la protección del salario real, como las sucesivas devaluaciones realizadas en el año 2012 y comienzos de 2013. De manera que la responsabilidad del deterioro se identificaba con la gestión de la política económica del gobierno. Esta percepción ha logrado ser parcialmente revertida.

De manera que lo paradójico era constatar que aún existiendo un conjunto de instrumentos y herramientas legales para actuar administrativamente, para regular y controlar las prácticas de acaparamiento, especulación y usura, los órganos del Estado no las estaban aplicando con rigor, sin dilaciones y sin hacerse los locos las leyes disponibles para regular estas conductas especulativas. Había estancamiento, inacción y parálisis en los órganos del Estado. La voluntad política miraba para el techo.

Por otra parte, en términos gruesos: ¿No hay estancamiento en el campo de lo político y de la política en la construcción del socialismo (poder popular organizado); es decir, en avanzar con más fuerza en la consolidación del bloque histórico popular-revolucionario (como decía Chávez en el “golpe de Timón, esto no es tarea exclusiva de un Ministerio)? ¿Cómo garantizar la participación activa y protagónica de las comunidades y del pueblo organizado en diferentes instancias de participación protagónicas presentes en las leyes que reculan estas materias económicas, si las normas parecieran huecas en su eficacia política, en su aplicación y efectividad social?

Quizás el peor error sea olvidar al mismísimo Chávez cuando señaló, siguiendo a Bolívar, sobre la aplicación de leyes inexorables:

“Pero lo laborioso no tanto está en hacer a un Pueblo legislador y, por tanto, republicano; esto es consustancial a su propia naturaleza, sino en los miles de obstáculos que colocan en su camino aquellos a quienes no les interesa que el Pueblo se dé sus propias leyes: quienes creen que nunca estará preparado para ello, condenándolo para siempre a la minoridad.

Simón Bolívar dirá en carta dirigida a Santander, el 14 de octubre de 1826: En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática (…) ¡Leyes inexorables!, grita Bolívar. La ley de todas las leyes es la igualdad, sigue diciendo Bolívar. ¡¡Leyes revolucionarias, leyes socialistas, decimos hoy!!” ([41])

Por otra parte: ¿No hay acaso estancamiento en lo ideológico-cultural (crítica al productivismo/crítica al consumismo/crítica al capitalismo), en lo jurídico (critica a los “cogollos judiciales” que son capaces de negociar o dejar pasar “ilícitos económicos”), en lo comunicacional (critica al difusionismo, a las dificultades de avanzar en una comunicación popular, alternativa y socialista)? ¿A dónde ha ido a parar el socialismo, si algunos voceros del gabinete hacen declaraciones ambiguas que parecen apuntar a un reforzamiento del “Capitalismo de Estado”, incluso en acuerdo con Corporaciones Multinacionales de países aliados; “agentes económicos” que forman parte precisamente de la estructura oligopólica dominante en el ámbito económico (presentándose si bajo un rostro humano), impulsando si algunas medidas distributivas o re-distributivas, pero sin transformar el peso específico de la matriz de relaciones sociales de poder y producción capitalistas,  su estructura de mando y división jerárquica del trabajo?

¿Cuáles son los límites de medidas neo-populistas con ropajes ideológicos de izquierda, y que tipo de contradicciones inducen en un proceso revolucionario bloqueado? ¿No es esa acaso la agenda de los reformismos más avanzados; es decir, de los sectores progresistas del socialcristianismo y de la socialdemocracia? ¿Para qué llamar a eso socialismo, democracia participativa y revolución si aún no contamos con poderosas instancias de planificación pública-estratégica con participación protagónica de los trabajadores y del pueblo organizado que permitan coordinar con mayor eficacia la superación de los desequilibrios de la estructura económica oligopólica y sus mercados de competencia imperfecta, para atacar la raíz de la desigualdad en lo social y el elitismo representativo en lo político? ¿Acaso sectores de una “nueva clase política”, con profundas convicciones representativas y burocráticas, teme perder el control jerárquico de la división política del trabajo; es decir, impedir lo contenido en la Constitución como ejercicio directo de la soberanía popular?

¿No podemos sincerar el discurso y llamar por su nombre a una nueva modalidad de regulación política como “Estilo reformista distributivo” propio del Capitalismo de Estado, lo cual genera nuevos estratificaciones sociales y políticas dominantes; o lo que se ha denominado proceso de “circulación de elites”? ¿Existe acaso una nueva clase económico-política bolivariana, que inhibe un curso más certero una aceleración del cambio en una dirección socialista, democrática radical y revolucionaria?

El estancamiento en cuestiones de Revolución, Democracia Protagónica Revolucionaria y Socialismo atraviesa todos los ámbitos, y lo más grave, repetimos, es justamente el lento avance en la construcción política del “Poder Popular Revolucionario Organizado”, así como  de aquellos espacios del “Poder Obrero Revolucionario”; es decir, la inexistencia del control socialista sobre palancas de comando  económico (comercio exterior, banca, industria, agricultura, transporte, comunicaciones, comercio y servicios); la insuficiente función de la Planificación bajo formas democráticas, populares, con visiones estratégicas, en función de fortalecer la propiedad colectiva establecida en la Constitución y en las Leyes del Poder Popular. Es allí donde se anudan los llamados “puntos de ruptura”.

¿Qué es lo que inhibe estos cambios? Aquí hay que interrogarse que cosa se entiende por Socialismo, y no desviar el asunto hacia respuestas en formato PDF-TIPS: por ejemplo: “É pale Pedro: ¿Qué es el Socialismo Bolivariano? Pues las ideas que defendía el Comandante Presidente Supremo y Eterno Hugo Chávez” ([42]).

¿Acaso esto es suficiente para salir del atolladero? Creemos que no. Hay que profundizar en el “legado revolucionario” del pensamiento socialista de Chávez, no quedarse en los clichés y fraseologías superficiales, muchas veces vacías, otras veces utilizadas para obtener prebendas manipulando, eso sí, el llamado “Discurso Chavista”. No se trata de abusar de los términos para administrar el carisma histórico de Chávez, sino de responderse a una elemental interrogante: ¿Se quiere superar o no el Capitalismo?

¿Con cuál “poder popular organizado” y con cuál “democracia socialista y participativa” se avanza hacia la transición al socialismo bolivariano, tal como se plantea en el Programa de la Patria? ¿Se ha difundido masivamente el Programa de la Patria entregado a la AN? ¿Es el mismo programa de la Patria que Chávez se encargó de levantar como su propuesta?

¿Cuál es el rol del bloque popular revolucionario como sujeto para el cambio estructural, que encarna las tareas económicas y políticas de la transición socialista en este programa? ¿Avanza la democracia socialista y participativa teniendo como eje el poder organizado de los trabajadores y del pueblo?

¿Dónde queda la presunta sinergia virtuosa entre “movimiento de masas”, la dirección política colectiva y la concepción teórica revolucionaria? ¿Son acaso tres dimensiones huecas? ¿Podemos seguir hablando de una teoría revolucionaria “infalible” y de una vanguardia política “auto-proclamada”? ¿A qué se refieren cuando se habla de “movimiento popular revolucionario” o “movimiento de masas”?

Es importante no perder el hilo conceptual e histórico de la revolución bolivariana. En el pasado reciente no hay ruinas (aunque algunos desearían que el legado revolucionario de Chávez fueran solo ocurrencias sin coherencia, o simples “loqueteras” de Chávez). Al contrario, opinamos que son fundamentaciones ético-culturales, teóricas y espirituales del cambio posible, lo que constituyó sin duda, la promesa mayor de cambio revolucionario desde el siglo XX: la revolución bolivariana, democrática y socialista.

7.- LAS MEDIDAS CONTRA LA GUERRA ECONÓMICA DEBEN REVESTIRSE DE PRESTIGIO SOCIAL Y LEGITIMIDAD POPULAR:

Todas las medidas gubernamentales para atacar la guerra económica deben revestirse de prestigio, de reconocimiento, de legitimidad; no pueden dar espacio para ser recuperadas por el sistema capitalista parasitario que pretenden combatir, ni dar lugar a que los grandes capitales intenten inhibirlas, con concesiones y favores, que llevarán al traste el pequeño impulso dado en una dirección socialista; es decir, se está luchando contra la usura, el acaparamiento y la especulación; pero no puede facilitarse el vandalismo ni formas de consumismo, que más que mejoras en el Bienestar, muestran los frágiles hilos de la conciencia socialista.

De manera que si se persiguen recuperar algunos desequilibrios con las recientes medidas administrativas, téngase presente que una revolución implica necesariamente el concurso de una “reforma intelectual y moral” directamente enlazada al cambio de mentalidades y costumbres (Gramsci dixit). Por ejemplo, la mentalidad del “raspa ollas” de cuello blanco se disemina hacia los estratos más bajos de la pirámide social, reforzando una “mentalidad de rebatiña” bajo presiones psicológicas de pánico, caldo de cultivo de hechos lamentables y repudiables de delincuencia y vandalismo bajo el formato del “saqueo de bienes de consumo”. ¿Quién le pone entonces el cascabel al gato?

Una cosa es el derecho a satisfacer necesidades sociales históricamente condicionadas, otra el vandalismo y el bandidaje, el uso de la revolución para reforzar la contra-revolución en el régimen ideológico de necesidades sociales, la exaltación de los valores-signos de la sociedad capitalista que se pretende superar.

8.- NO HAY REVOLUCIÓN SIN MANEJAR ADECUADAMENTE LAS CONTRADICCIONES INTERNAS Y SIN ENFRENTAR CON DECISIÓN A LA DERECHA NACIONAL E INTERNACIONAL:

Incluso en una revolución constitucional, democrática, pacífica y electoral, se harán patentes desequilibrios, tensiones, desajustes, conflictos y antagonismos, derivados de un proceso histórico.

Pero, ¿Si se tratase de síntomas de decadencia? ¿Qué tipo de tensiones arrastra un mayor poder de gravitación de lo viejo que no termina de morir y las debilidades de lo nuevo que al parecer, no nace con fuerza? ¿Cómo desprenderse efectivamente del “sello de la vieja sociedad” (Marx-Crítica al programa de Gotha)? ¿Cómo no darle oportunidad al retorno del monstruo fascista?

“De lo que aquí se trata no es de una sociedad comunista que se ha desarrollado sobre su propia base, sino de una que acaba de salir precisamente de la sociedad capitalista y que, por tanto, presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede.” (Marx-Crítica al programa de Gotha)

¿Cómo imaginar y pensar la transición al socialismo desde las sub-estructuras económicas, político-jurídicas e ideológico-culturales del capitalismo rentístico, dependiente y atrofiado, desde la especificidad histórica de la formación social venezolana?

Por otra parte, la construcción (en esta sociedad específica) del “poder popular organizado” y un área de propiedad pública, estatal y/o social, implica introducir severos desequilibrios en las relaciones de fuerzas entre grupos, sectores y clases; así como en el control de los medios de producción o de los factores de producción presentes en la sociedad. Esto es de Perogrullo, y contra esa posibilidad se activó desde el Imperialismo la “Fórmula para el Caos” para derrocar finalmente a el Gobierno de Allende en Chile-1973.

Por cierto, no se trata de fórmulas mecánicas para ser aplicadas como un guion sin aprendizajes, sino de sus reactualización permanente bajo el principio de flexibilidad táctica de una estrategia contra cualquier proceso de cambio revolucionario en Nuestra América. De manera que una de las lecciones de aquellos guiones es el énfasis otorgado al aprovechamiento y agudización de las diferencias y contradicciones internas del proceso revolucionario.

9.- ¿SABEMOS LO QUE SIGNIFICA “CONSTITUCIÓN MATERIAL”?:

Una revolución, aún democrática, pacífica y constitucional, sin desequilibrios, sin contradicciones de intereses, es una revolución bastante paradójica,  pero no debemos olvidan lo que significa “Constitución Material”.

El socialdemócrata alemán Ferdinand Lassalle en su texto “Qué Es La Constitución” (1872) señaló “la Constitución es la suma de los  factores reales de poder que rigen en un país (...), se cogen estos factores reales de poder,  se extienden en una hoja de papel, se les da expresión escrita, y a partir de este  momento, incorporados a un papel, no son simples factores reales de poder, sino que se  han erigido en Derecho”.

¿Cuál es la relación entre el monopolio de la decisión política y el Derecho Constitucional? ¿Cómo inciden allí los factores reales de poder?

Una Constitución que no tome en cuenta ni exprese la realidad de los poderes fácticos y sociales, de las relaciones de fuerzas que son sistematizadas en el Derecho, pierde su eficacia, legitimidad y validez. Se convierte en una Constitución aérea, nominal, escrita pero que está siendo corroída por principios, valores y normas que aplicados en la práctica, y siendo distintos a los contenidas en ella, generan un desconocimiento de facto de la misma.  

La dialéctica entre revolución y contra-revolución es parte de la dinámica inherente de este tipo de procesos históricos en los cuales la Constitución Política Escrita, puede jugar el vital papel como “dispositivo de sublimación” de los conflictos sociales y antagonismos políticos, transformando la lucha existencial en una lucha agonal; es decir, pasar del antagonismo existencial: aniquilación y negación del otro en tanto que “enemigo”, al conflicto agonal; es decir, un proceso reglado por procedimientos institucionales, donde la conquista y ejercicio del poder, es un proceso con reglas que reconocen la presencia política del otro como “adversario”, y que eventualmente podrían llegar al poder dada la posibilidad de alternancia que ofrece el recurso del sufragio. De manera que si se pretende regular el conflicto, evitando que se transforme en “antagonismo existencial”, no permita que se desconozca la Constitución, las leyes, sus instituciones, sus procedimientos y la posibilidad cierta de alternancia: el sufragio.

Cualquier activación de una matriz de fraude que sea parte de una campaña de desestabilización del estado democrático y de sus instituciones, intenta descalabrar esta arquitectura de legitimación política democrática y pasar del conflicto agonal al conflicto existencial.

¿Estamos transitando de una lucha agonal regulada por la Constitución y las leyes, a una lucha existencial, con una tendencia al “ascenso de los extremos” (Clausewitz dixit), a llevar la polarización hacia la negación del otro; donde predominaran las relaciones de fuerzas propiamente políticas y militares?

Aquí reside una distinción importante entre una revolución democrática y pacífica (o una oposición “democrática y pacífica”) en el marco de la Constitución y las leyes; y una revolución que desconoce la legalidad (una contra-revolución que tiende a optar por la no cooperación con el dispositivo constitucional y legal) que desconoce el dispositivo de regulación de los conflictos y antagonismos; es decir, la Constitución y las leyes.

A la inversa: ¿Quién se desliza primero en la transformación de un conflicto agonal en un conflicto existencial? ¿Qué consecuencias acarrea esta decisión? ¿Quién rompe las reglas de la revolución legal y pacífica? ¿Quién da el paso decisivo para pasar a un escenario constituyente, con manifestaciones de amenaza, intimidación y uso efectivo de la acción ilegal o de violencia política?

El consejo práctico es: si usted quiere hacer una revolución democrática, aprenda a gestionar políticamente el mar de contradicciones que afectan sus auto-referencias teóricas; esto no es tarea de la “cibernéticas de primer orden” ([43]). Cuídese se cualquier auto-referencia que conduzca a meterlo en laberintos. La máxima elemental es si usted considera posible o no una revolución democrática, constitucional, pacífica y electoral. Si lo considera imposible, entonces asuma su barranco constituyente, fáctico o regulado mínimamente.

En este contexto, Chávez logró un objetivo que para muchos pensadores de izquierda revolucionaria era inconcebible: derrotó a la derecha golpista sin declarar un “Estado de Excepción” y sin necesidad de “aniquilar por las armas” al enemigo. Aunque no deben confundirse, lo interesante del caso es que en los momentos de mayor tensión política, Chávez no utilizó recursos extremos. En los momentos más críticos, Chávez siempre llamó a acatar las disposiciones, principios, valores vinculados a los consensos básicos de la Constitución. Quizás por esto, aprendió luego de aquellos errores que se cometieron para facilitar los hechos del 11 de abril de 2002: ceder confianza en potenciales traidores a la Constitución.

De manera que si no se acepta la construcción de consensos básicos en el marco del reconocimiento de la Constitución y el pluralismo político, entonces el proceso se desliza gradualmente al borde entre lo agonal y lo existencial. Esto debe estar claro, para trazar las fronteras que delimitan los espacios de posibilidad del conflicto; es decir, las reglas de juego y las expectativas que de ellas se desprenden.

Insistimos: ¿Acaso Venezuela se desliza hacia un conflicto existencial definitivo entre revolución y contra-revolución? ¿Bajo qué modalidades de lucha y cuáles son sus expresiones multifacéticas? No olvidemos que el “doble poder” es un fenómeno consustancial de los procesos revolucionarios y contra-revolucionarios; y justamente la conversión del poder constituyente en poder constituido habla más del punto crítico de la burocratización, que cualquier discurso de enmienda sobre métodos de dirección y organización del gobierno.

10.- PARA (NO) OLVIDAR EL 14 DE ABRIL DE 2002 (NI DEL 2013):

Si se pretenden neutralizar los intentos desestabilizadores presentes en el año 2013, es preciso fortalecer la unidad cívico-militar desde abajo; es decir, desde las instancias y órganos de base del poder popular. Impulsar círculos o comités de trabajadores, campesinos, pobladores junto a los soldados de la revolución bolivariana para la defensa de la Constitución y el gobierno legítimamente establecido, es una tarea indispensable, si se trata de contener los planes golpistas de la derecha.

No hay que ser ingenuos ante los movimientos de desobediencia (golpe blando) impulsados desde los factores de poder de derecha, ni ante la coordinación de provocaciones de hipótesis de conflicto internacional que aparecen en sus planes.

Cuando cualquier intento de desestabilización se enfrente a la muralla de la multitud bolivariana organizada, movilizada en despliegue para la batalla, allí se verá si se deciden a violentar y desconocer el orden Constitucional, las instituciones del estado democrático y las leyes.

Por otra parte, los resultados electorales del 14 de abril de 2013, poco debatidos orgánicamente (debates referidos casi exclusivamente al segmento de votos bolivarianos que se abstuvieron o sencillamente votaron en contra de la revolución), mostraron las condiciones reales de la correlación de fuerzas electorales (un aspecto parcial del balance de fuerzas en diferentes ámbitos) entre dos bloques sociales y políticos, luego del hecho fundamental de la política en el último trimestre del año 2012 y primer trimestre del año 2013: la partida física de Chávez.

Las expectativas sobre éste último acontecimiento y su desenlace el 5 de marzo; así como la diferencia de brechas obtenidas en el 2013 frente a las elecciones presidenciales del 7 de octubre, generaron un sinnúmero de lecturas sobre la fortaleza o debilidad de la legitimidad de origen del Gobierno de Maduro.

Si no se aborda en profundidad este hecho político decisivo, no se entenderá la gravedad del cuadro económico, electoral y político. El atolladero electoral se resume en la siguiente cuestión: ¿Qué ocurre cuando las brechas se cierran o se invierten los resultados en varios espacios territoriales que constituyen pivotes de la geografía electoral del poder?

Marea de flujos y reflujos electorales. Este es el sismógrafo de actitudes, opiniones, valores y expectativas frente a las alternativas propuestas. ¿Quién se sintoniza con estas corrientes y saca las lecciones prácticas para la acción?

¿Quiénes utilizarán las estrategias conocidas de manipulación, confusión y desinformación para utilizar resultados electorales y plantear que el “soberano habló”: Maduro ya no es legítimo Presidente de Venezuela?

Es de ante-ojito el escenario que se pretenden mostrar para susurrarle al oído de sectores  militares dispuestos a dar el paso para un pronunciamiento con consecuencias golpistas, o incluso acciones con mayores grados de amenaza y uso de la violencia.

En efecto, el sistema político y social no parece abordarse de manera integral en las declaraciones de la alta dirección política de la revolución, sino como una crisis electoral por acá, y una crisis económica por allá, medidas político-electorales por un lado, medidas administrativas por otro lado.

No se está captando su concatenación desde una perspectiva integral, como se está omitiendo, el conjunto de provocaciones para generar una hipótesis de conflicto internacional, sea con Guyana, sea con factores políticos de Colombia, sea con las principales potencias occidentales lideradas por Washington. Entonces, estas manifestaciones de la crisis están concatenadas, están interrelacionadas.

Los dirigentes políticos de la revolución, al parecer, no están asimilando las lecciones de Chávez quién concatenaba de manera rigurosa eventos pertenecientes a esferas y ámbitos inter-relacionados, a las llamadas sub-estructuras: económicas, político-jurídicas, militares, ideológicas, nacionales e internacionales.

Por ejemplo, el 8-D demostrará si cuando Chávez llamo a la “unidad, batalla, lucha y victoria”, la alta dirección del proceso bolivariano revolucionario (incluyendo a todos los factores políticos del GPP-SB) estuvo a la altura del compromiso para conducir y orientar la movilización popular en la dirección correcta de la victoria, o si los medios de acción, organización, métodos, recursos, responsables, metas y finalidades fueron las correctas a la hora de abordar los nuevos desafíos electorales en un cuadro de crisis política más amplio.

Las grandes preguntas de los resultados del 8-D será: ¿Cómo afectaron las percepciones y valoraciones de la situación económica en los resultados electorales? ¿Cómo afectaron las percepciones y valoraciones sobre la acción de gobierno en materia económica en los resultados electorales? ¿Cómo afectó la llamada “guerra económica”, como política de asedio y desgaste a los resultados electorales?

Aunque las elecciones del 8-D sean para elegir alcaldes y concejales, están sobre-determinadas por consideraciones económicas y políticas de alcance nacional e internacional. Es eso lo que aprovecha la oposición para montar la tesis del “plebiscito” (factor detonante para nuevas acciones) y es eso lo que mueve al gobierno a señalar al 8-D como un día de reforzamiento de la lealtad con Chávez.

Así mismo, la reciente convocatoria a concentraciones de protesta opositoras el día 9-N, son parte de las maniobras y ejercicios previos para analizar las posibilidades de éxito de una protesta o levantamiento de calle opositor.

Este es un guion de Washington, ensayado con éxito en las revoluciones de colores y en los conflictos recientes en el oriente medio y en el norte de África. ¿Estará preparado el alto gobierno para enfrentar nuevos desafíos de calle, sin caer en las emboscadas y los objetivos perseguidos por las maniobras que configuran las estrategias y tácticas de desobediencia social presentes en el llamado guion del “golpe suave”?

Debemos estar claros, hay dimensiones políticas más amplias que están en juego, y hacerse los locos, o minimizar los desafíos, es parte de una contra-propaganda para la infantilización del movimiento de masas (el pueblo en minoridad).

La gran pregunta del 8-D es: ¿Qué dejó sembrado Chávez como legado de conciencia política revolucionaria, como disposición a la organización, a la movilización, a la lucha en la población bolivariana? ¿Habrá “arado en el mar” o consolidó una base sólida de respaldo para relanzar el proceso bolivariano revolucionario en la dirección del tránsito cierto hacia el socialismo?

Allí surge una cuestión urgente de este cuadro político. ¿Se tiene la cautela o precaución suficiente para manejar adecuadamente contra-medidas ante las acciones de instigación de contradicciones internas en el seno de la revolución?

El asunto de cómo manejar las diferencias y divergencias de criterios en el interior del campo bolivariano,  cómo gestionar  las críticas necesarias, sin ofrecerle ventajas decisivas ni estructuras de oportunidad política para que desde allí se intente descalabrar al campo bolivariano y a su gobierno es una de las tareas más delicadas de la actual coyuntura.

Sugiero que frente a las llamados “críticas desmedidas” o los “profetas del desastre” en el campo intelectual, no se deben tomar medidas de censura política (errores que ya se han tomado), retaliación y mucho menos, acciones que solo pueden denominarse como “policiales”; es preciso canalizar el debate soterrado hacia instancias orgánicas de producción de propuestas y soluciones, tanto en el terreno del pensamiento como en el seno de instancias orgánicas donde se hagan presentes diversas fuerzas sociales, corrientes y movimientos, como los factores del GPP-SB y del aparato de gobierno.

Es con un debate riguroso, amplio y abierto donde se manejan las diferencias de criterios entre fuerzas sociales y políticas revolucionarias. Lo otro es un burdo estalinismo que traduce miedo y debilidad de autoridad legítima efectiva.

El gobierno, los partidos y los movimientos deben saber procesar todos los elementos de la crítica, sus diagnósticos, sus bases teóricas, sus recomendaciones sin estigmatizaciones al voleo ni criminalizaciones infantiles. Pues la derecha se frota las manos cada vez que desde el aparato gubernamental, desde los partidos o desde los movimientos, colectivos o corrientes se comete la torpeza de no poder abordar las voces críticas en términos constructivos. ¿Cuántas veces han debito tramitarse las diferencias como si fuesen divergencias porque no existen los canales adecuados para el debate democrático de ideas?

Tampoco se puede abordar el terreno de la crítica desde los más viscerales afectos marcados por rivalidades elementales y rencillas personales. Allí cabe la frase: quién descalifica al otro personalmente, se descalifica a sí mismo como interlocutor válido en un debate donde se juega el fortalecimiento y consolidación de la revolución bolivariana.

Más allá de tomar como relevante los sesgos afectivos y personales de los actores presentes en un debate, el asunto va mucho más allá: ¿Cuáles son los problemas, los retos y las propuestas de solución?

11.- CUIDAR LA UNIDAD: DEL PUEBLO-ESPECTADOR AL PUEBLO BOLIVARIANO ORGANIZADO Y PROTAGONISTA DE SU PROPIO CAMINO REVOLUCIONARIO:

La “democracia socialista”, presente en el programa de la Patria, no puede convertirse en un señuelo, espejismo o un espantapájaros. La participación de las “masas populares”: del poder obrero organizado, del poder campesino organizado, de los pobladores, de mujeres y los jóvenes revolucionarios, de profesionales, técnicos, científicos e intelectuales a favor del socialismo en asambleas, foros, congresos, seminarios y actos multitudinarios de calle,  no puede desaparecer de la agenda política.

Sería un gravísimo error de incalculables consecuencias  que el “pueblo organizado” sea conformado a aspirar ser una pueblo-espectador o pueblo-masa de maniobra, un “gran público televisivo” o twittero (a pesar de las recientes medidas de sabotaje imperial) de la tele-política en clave socialista, o convocado como vagón de cola cuando en la alta dirección del gobierno se siente el agua al cuello. No, hay que convocar al pueblo bolivariano organizado a participar activamente en las tareas económicas y políticas de la nueva fase de escalamiento del conflicto, en función de trazar los objetivos de avance del rumbo socialista.

Desde la tele-política se teje sobremanera “pueblo-espectador”. Se requiere ir mucho más allá de la administración eficiente de una psicología política colectiva, que tiende a mantener en estado de pasividad y expectativa a los sectores populares.

Utilizar las armas melladas del capitalismo en el terreno de la “comunicación de masas”, como en el resto de los campos, no implica entonces avanzar hacia el socialismo. No puede conformarse el pueblo bolivariano  a una actitud de espera pasiva. ¿Esperar que? ¿Esperar que siga avanzando la derecha? ¿Esperar que sean los monopolios privados los que controlen y regulen la totalidad del sistema económico? ¿Esperar que la táctica de bailar pegado con algunos grupos capitalistas (a riesgo que te roben la cartera: léase presupuesto público) permita la tan manida reactivación del aparato económico?

¿Esperar que nos reconozca Washington? ¿Esperar que el capital transnacional sea nuestro salvavidas? ¿Esperar por ayuda de los países aliados? ¿Esperar que las masas “maduren políticamente”? ¿Qué ocurre con las fuerzas enemigas y adversarias mientras se espera tanto? ¿Retroceden, se dividen, colapsan, se incorporan a la revolución democrática y socialista?

Pues no, estas fuerzas avanzan, se unen y elaboran un programa de Transición post-chavista; y lo que más importante: una estrategia unificada de transición post-chavista con gran flexibilidad táctica (con varios operadores económicos, con tácticas multiformes en el terreno político, con la proyección de un liderazgo colectivo en el campo opositor, con la conquista ideológica de determinado segmento del poder constituido, incluida la FANB, con la agudización del descontento social, con el estímulo de deserciones, divisiones y provocación de factores que pretenden enarbolar banderas más revolucionaria que el mismo Chávez).

Si no fuera por la estupidez interna y los desajustes de algunos factores opositores de encarnar los roles y guiones definidos en la fórmula para el caos en Venezuela, preparada desde Washington, así como por la reciente contra-ofensiva del gobierno, las cosas estarían mucho peor.

En este contexto, la convocatoria a los comités de defensa populares de la economía podrían convertirse, junto a otras organizaciones de base del poder popular, en una importante iniciativa para salir de la movilización meramente electoral, para pasar a un grado mucho más alto de la re-politización del pueblo organizado, en tareas que se inscriben en lograr el mayor control y poder de los trabajadores y el pueblo sobre los centros estratégicos de comando económico del país.

Por su parte, la estrategia de la oposición sigue funcionando como una “estrategia de la termita”: está carcomiendo las fibras internas de las sub-estructuras de poder social: económicas, políticas, jurídicas, comunicacionales, ideológicas, culturales, militares de la revolución bolivariana, aparentemente de modo silencioso y sin rostro, pero aprovechando los nudos críticos, desventajas y debilidades de la revolución para colapsar el sistema en su totalidad.

Un punto crítico clave de tal estrategia es lograr en algún momento temporal la división-deserción de un segmento importante de dirección y/o de base de apoyo de la revolución bolivariana. De manera que la unidad bolivariana debe estar preparada para los más insólitos ataques o acciones de asedio y desgaste a su integración o cohesión interna.

De ese esfuerzo de debate orgánico y construcción de una unidad política más sólida para la movilización del pueblo trabajador organizado, depende la clarificación de criterios para salir del estancamiento reconocido. Una reconducción democrática del proceso bolivariano, puede lograr mayores grados de unidad en las fuerzas sociales y políticas que apoyan la revolución. No hay que perder de vista que sin unidad no habrá victoria alguna en el mejor de los casos, ni un control más eficaz de cualquier retroceso momentáneo. Hay que evitar a toda costa que las contradicciones propias sean aprovechadas por los adversarios y enemigos del proceso bolivariano.

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