Ante el escenario,
el Ejecutivo Nacional anunció que Cubillas será investigado, pero
no extraditado, ya que posee la nacionalización venezolana. En
ese sentido, las autoridades españolas señalaron que "no es un
obstáculo para la concesión de la extradición''. La Fiscalía admitió
que Venezuela no está obligada a extraditar a sus ciudadanos a España,
pero subrayó que sí debe "cumplir el compromiso de perseguir
tan graves actos criminales'' en virtud del tratado bilateral entre
ambos países.
A la par, el
Jefe de la diplomacia venezolana, Nicolás Maduro, dejó en claro que
el Estado venezolano y el Gobierno del Presidente Hugo Chávez "nunca
y jamás han tenido relación, de ningún tipo, con esta organización
terrorista de origen vasco llamada ETA".
Cabe destacar,
que hace unos días Arturo Cubillas, acudió a la Fiscalía General
de la República para solicitar de acuerdo con el Código Orgánico
Procesal Penal, que averigüen ante las imputaciones que le han hecho,
sin embargo está a la espera que “investigue si las supuestas declaraciones
dadas por los vascos son ciertas y si es verdad que fueron obligados
a declarar bajo tortura. Hoy a más de una semana, pareciera que dos
de esas preguntas ya tienen respuesta según lo que ha manifestado el
abogado de los dos ciudadanos vascos: Les obligaron a aprenderse de
memoria una declaración en la que decían que habían estado en Venezuela
entrenando y fueron torturados para que lo hicieran”, expresó Cubillas.
Para Marino
Alvarado, abogado defensor de Arturo Cubillas, hay antecedentes del
Gobierno español que lo hacen ver como "poco serio" a la
hora de solicitar la extradición de algún ciudadano acusado de supuestos
actos terroristas. "En varias oportunidades el Gobierno de España
ha solicitado la extradición de varios vascos y no ha entregado la
documentación en el plazo de 40 días que establece el tratado de extradición
Venezuela- España".
Además. "ha
habido un manejo irresponsable del Gobierno de España que tienen que
reconocer y el Tribunal Supremo de Justicia en esos casos ha hecho lo
que manda el tratado de extradición que es no seguir con el procedimiento
porque no hay cumplimiento de la responsabilidad que tiene el Gobierno
español que es entregar las pruebas para poder abrir un proceso”.
La confabulación
Existen dos vertientes que se han confabulado en el desarrollo del caso de los supuestos entrenamientos de miembros de las FARC y ETA en territorio venezolano. Por un lado, la justicia española ha intentado convertir en un grupo de presión al Ejecutivo español, a fin de intentar promover elementos de conflictividad que perturben las relaciones con el Gobierno de Venezuela, aunado a ello los medios de comunicación social de la derecha han reforzado una campaña mediática, destinada a proyectar internacionalmente supuestos vínculos y el apoyo del Gobierno venezolano a grupos irregulares. Ambos escenarios se complementan: uno intenta otorgar legalidad y la otra credibilidad a los supuestos que se argumentan en el caso, hay q recordar que una pequeña mentira repetida mil veces se convierte en una gran verdad.
Al remontarse a la génesis del caso, hay que tener presente que las
acusaciones contra el Gobierno venezolano se basan en supuestos documentos
extraídos de las cuestionadas computadoras del fallecido guerrillero
de las FARC, Raúl Reyes, de las que se perdió la cadena de custodia
y con las que han tratado de justificar lo injustificable, lo que conlleva
a que no existan elementos verdaderos que den fe de la supuesta
vinculación entre el Gobierno venezolano con grupos irregulares.
En tal sentido, los medios de comunicación han centrado sus acusaciones
y estigmatizado en Arturo Cubillas Fontán, refugiado vasco que se encuentra
en Venezuela desde el año 1989, año en que los gobiernos de Carlos
Andrés Pérez y Felipe González acordaron la entrada en el país suramericano
a un grupo de refugiados, a fin de pacificar al país europeo. Ese acuerdo
por el que está Cubillas en Venezuela no ha sido cuestionado sino polemizada
su presencia en el país, incluso su vida personal, como si éste
hubiese entrado al país ilegalmente y peor aún si hubiese obtenido
la nacionalidad venezolana por esa vía.
La particularidad
del caso es que sobre el acuerdo entre Carlos Andrés Pérez y
Felipe González nada se dice, tendenciosamente se responsabiliza al
Presidente Chávez de otorgarle
la nacionalidad al “etarra” Cubillas, cuando hay un cuerpo de leyes,
donde una vez cumplidos una serie de requisitos, los ciudadanos (as)
extranjeros (as) pueden adquirir la nacionalidad venezolana y no es
EL PRESIDENTE, quien la otorga.
Evidentemente el tema se ha convertido en un asunto político usando como blanco a Cubillas para atacar al Jefe de Estado. La matriz es muy fácil “si Chávez no lo entrega, es porque lo protege...”. Los sectores interesados en manipular la situación jamás dirán las cosas realmente, pues para ellos las leyes se hicieron para violarlas y modificarlas a su conveniencia. Cubillas se encuentra en Venezuela por un acuerdo entre dos gobierno -en el caso venezolano de la Cuarta República- y nacionalizado por ley. El asunto no es que Chávez, quiera entregarlo o no, no es una decisión personal, no se trata de un objeto es un ciudadano venezolano a quien la ley ampara y la legislación venezolana es clara al indicar que no se podrá extraditar a un nacional. En definitiva, Arturo Cubillas está siendo utilizado para tratar de afectar al Presidente venezolano y relacionarlo con espejismos.
(*)Licenciada en comunicación social, analista político e internacionalista en Venezuela y colaboradora para este medio de comunicación
