Divide y vencerás. Esta expresión ha sido consigna y estandarte de la política del Departamento de Estado por muchos años. Mientras en América del Sur toma cuerpo la idea de la unión, mirarnos a la cara y reconocernos como hermanos; cuando algunos de los gobernantes del área hacen esfuerzos para definir políticas comunes y complementarias, allá en el norte, sus gobernantes y grupos dirigentes, se devanan los sesos y hacen cuantiosas inversiones vergonzosas para dividirnos, debilitarnos y ponernos a pelear.
Hoy el gobierno del norte está alentando dos intentos separatistas para pescar en río revuelto. Por un lado, apoya y estimula a Kosovo, provincia autónoma de Serbia para que se separe de ésta. Del otro, está metido hasta los tuétanos en el ilegal llamado a referendo por los gobernantes de Santa Cruz en Bolivia, a favor de la autonomía.
En el caso específico de Bolivia, donde la población indígena constituye una mayoría ostensible que, en gran magnitud apoya al presidente Evo Morales y sus políticas, Bush y sus aliados han encontrado en la secesión la fórmula mágica para apoderarse de los cuantiosos recursos de aquel país.
El gobierno regional de Santa Cruz, representante de los grupos tradicionalmente privilegiados en Bolivia, ha optado por la solicitud de autonomía, lo que en lo inmediato le daría autoridad para diseñar políticas en su favor y hasta contrarias a las del gobierno nacional y, le colocaría en una posición favorable al separatismo y la división de la nación del altiplano, fundada por el Mariscal Sucre y el Libertador.
El gobierno de Evo Morales, con fundamento, ha declarado el llamado a referendo como ilegal y en efecto lo es. Y es curioso que, según una encuesta publicada en un diario de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, capital del Departamento, hoy 19 de abril, los partidarios del SI, es decir de la autonomía, llegan al 49.59 %, en tanto que los del NO al 48.88. Tómese en cuenta que dicha encuesta recoge sólo la opinión de los habitantes de la ciudad cuyos gobernantes piden autonomía, donde la oposición ha sido mayoría y que una ventaja porcentual de 0.77 no es suficiente para respaldar una petición de tanta trascendencia; y nos habla además con claridad, que en el país todo, la petición estaría ostensiblemente derrotada. Y conste que no hemos hecho referencia a las mañas de la manipulación y sesgo de la información a que nos tienen acostumbrados los medios de la oligarquía.
Para demostrar la ausencia de fundamento de la solicitud autonomista mediante referendo a aplicarse sólo en la jurisdicción del Departamento de Santa Cruz, basta con acudir a la historia de los Estados Unidos. Que es como ganarles con sus propias cartas o usar su misma medicina, sin apelar a lo que dice la normativa boliviana.
El 10 de diciembre de 1832, el presidente de aquel país, George Jackson, lanzó una proclama, cuyo contenido, por analogía puede ayudarnos al análisis y a dar respuestas a lo que ahora se intenta contra la integridad territorial y política del país sureño.
Por una Ley de los Estados Unidos – escribo de memoria – de julio del año ya citado, que aumentaba los aranceles de aduana a toda mercancía importada para proteger a los manufactureros nacionales de los productores y exportadores ingleses, desagradó tanto al Estado de Carolina del Sur, que su Asamblea pretendió desconocer la validez de la norma. Es decir, el cuerpo legislativo local, pretendió que aquella disposición promulgada por el Poder Central o Nacional, no se aplicase. Y la cosa llegó a tanto, que los sureños en aquel momento, mucho antes que se desatase la guerra de secesión, amenazaron con separarse de la Unión.
La medida del Estado Central de la Unión, perseguía justamente defender la naciente industria manufacturera norteamericana que se desarrollaba en el norte y que se veía entorpecida y ventajosamente competida por la británica. Se procuraba bajar el nivel de importaciones y abrirle espacio en el mercado a la producción industrial nacional. Para la época, la economía primario exportadora e importadora de manufacturas de Carolina del Sur, estaba atada al mercado inglés.
; En aquella proclama del presidente Jackson, se sostuvo que una parte de la nación no puede disolver su vínculo con las demás partes, en perjuicio de éstas, sin cometer un atentado. Es decir, una parte no puede decidir lo que corresponde al todo.
Bolivia, desde el fondo de la historia es una unidad y varias constituciones hasta ahora así lo han reconocido. Es más, ahora mismo, con todos los inconvenientes y desacuerdos que ello ha significado, está deliberando la Asamblea Nacional Constituyente, que si tiene, como es obvio, facultades para tomar una decisión de esa naturaleza. Porque este organismo es una representación del todo y de la soberanía del pueblo de Bolivia. O para mayor legalidad y respeto sagrado a la soberanía, el asunto correspondería a un referéndum nacional.
Pero una Asamblea o en el extremo, un referendo local o regional, que apenas representa una parte de la nación boliviana, no puede tomar una decisión de esa magnitud. Y es más, la puesta en práctica de un mecanismo de esa naturaleza constituye un delito.
Y ese principio, emanado de la proclama de Jackson desde 1832, establecido como jurisprudencia en el sistema constitucional de los Estados Unidos, también vale para el caso boliviano.
Pero es obvio que, el pragmatismo y oportunismo de quienes manejan la política de la nación de Abraham Linconl, están por encima de cualquier principio y ética. Cuando se proponen alcanzar una meta en beneficio de sus capitales y particulares intereses, se llevan por delante lo que sea, hasta aquello que forma parte de su historia, cultura, principios y motivos de orgullo.
Ya antes, por garantizarse el control del canal de Panamá, que apenas estaba en construcción, promovieron un alzamiento en territorio colombiano, que se tradujo en el nacimiento de una nueva nación o en otra división de lo que Bolívar creó.
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