El viernes 22 de agosto de 2008 las fuerzas sociales reunidas en torno a la defensa de la vida y la paz en la Sierra de Perijá rompimos el cerco de la muerte que el General Izquierdo Torres de la 12 Brigada de Caribe/Fuerte Macoa de Machiques y los hacendados de la zona montaron a través de seis alcabalas permanentes conjuntamente con el Destacamento 36 la Guardia Nacional, actuación soportada a través de un despliegue mediático de marcado carácter colonialista contra la nación Yukpa desde los medios de comunicación existente en la ciudad de Machiques, el diario La Verdad y sigilosa y a media tinta como es su actuar el diario Panorama.

Hoy estos acontecimientos notorios, violatorios de los derechos humanos se ventilan en las Fiscalías 20 de Machiques, 40 y 45 de Maracaibo del estado Zulia, y en Tribunales; sitios donde, como era de esperar, también las fuerzas del racismo ganadero/militar presionan para seguir manteniendo sus privilegios de clases a expensas del desconocimiento de los derechos de los pueblos y naciones indígenas que sobreviven en la Sierra de Perijá, para seguir manteniendo a la fuerza la posesión de estas tierras  originales indígenas, hoy reclamadas gracias al avance de la conciencia indígena.

Pescando en río revuelto, estas fuerzas de la muerte que asechan a las comunidades Yukpa del Yaza y a sus aliados, aprovechan momentos estelares para continuar con la represión selectiva de manera encubierta. De tal manera que el domingo 26 y martes 28 de octubre de 2008 se quebró el tenso silencio que se generó en Perijá desde finales de agosto con el rompimiento del cerco militar y el pronunciamiento público a favor de la lucha de la tierra asumida por los indígenas Yukpa por parte del Presidente de la República en el Aló Presidente del domingo 24 de agosto del 2008.

Los acontecimientos represivos del 26 y 28 de octubre fueron comentados en varios sectores de la población perijanera informando que más de 40 hombres vestidos de civiles y algunos uniformados del grupo GAES de la Guardia Nacional con acento no zuliano en el habla, con excepción de un grupo de efectivos wayuu, desplegados en lujosas camionetas sin placas en todo el municipio Machiques portadores de un basto arsenal de armas de guerra se dieron a la tarea de sembrar el terror secuestrando, golpeando y acusando a gente pobre de estar involucrados en el secuestro de un rico ganadero zuliano de apellido Machado; al respecto, en uno de los últimos artículos de prensa se informa, a pocas horas de su liberación “Son once los detenidos en operativos militares en menos de 15 días en la población de Machiques de Perijá, que se encuentran vinculados a la actividad de secuestro, al porte ilícito de armas, extorsión, robo de ganado, y expendio de estupefaciente” (Panorama, 09/11/08: 14).

Las detenciones a diestra y siniestra en la calle y la feroz represión contra la población pobre del municipio Machiques de Perijá ejercida por organismos represivos del Estado relacionada con la búsqueda del rico ganadero, se trató de esconder con detenciones “porte ilícito de armas, extorsión, robo de ganado, y expendio de estupefaciente”. Sirviendo este marco de violencia de estado para ejecutar atropellos selectivos sembradores del terror.

Uno de los espacios donde llegó la represión selectiva fue en los moradores de las comunidades indígenas asentadas en la cuenca del río Yaza sitiadas por el cerco militar del 12 al 22 de agosto luego de las acciones de recuperación de tierras por parte del pueblo Yukpa del río Yaza entre los primeros meses del año, así como a los transportistas, llamados en la zona Chirrincheros, que hace viajes al Yaza a los moradores indígenas y a los grupos sociales y ecologistas.

A dos transportistas el domingo 26 de octubre de 2008 se les detiene, los torturan arrancándoles las uñas y electrocutando sus testículos, en las afueras del municipio y  sin prueba alguna de haber trasladado al hacendado secuestrado, más que el señalamiento de otro wayuu campesino torturado de igual modo para “hablar”;  a los indígenas el martes 28 de octubre de 2008 se les secuestra, los torturan y acusan de haber vendido carne de las vacas de las haciendas ocupadas por los Yukpa en carnicería de Machiques.

Las denuncias de tortura y secuestro que formulaban las víctimas y sus familiares no  recibidas en la Fiscalía 20 de Machiques, en la Guardia Nacional, en la DISIP ni en el CICPC de Machiques, todos los cuerpos de seguridad mencionados se negaron, comentan sus familiares, a recibirles las denuncias. Esto manifiesta, ante el secuestro del ganadero Machado, el carácter de clase burgués de las instituciones de justicia que aún guarda el Estado venezolano.

La criminalización contra el pueblo Yukpa montada desde los pudientes círculos ganaderos de Machiques han llegado a tocar, además de los funcionarios de las instituciones antes nombradas, a voceros públicos del Gobierno nacional. El viernes 31 de octubre de 2008 en el auditorio Hugo Montenegro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia durante un foro, entre la Sociedad Homo et Natura y la Comisión de Demarcación de Tierras, sobre la demarcación de las tierras de los indígenas Yukpa y Barí, el ingeniero Sergio Rodríguez responde que las detenciones realizadas en Machiques no estaban vinculadas a la represión selectiva contra los indígenas por haber ocupado haciendas tal como argumentaba unas de las personas del público asistentes al foro, sino todo lo contrario que en la comunidad Kasmera los organismos policiales habían encontrado en flagrancia a unos wayuu que hacía unos seis días aproximadamente tenían secuestrados a unos hacendados en la comunidad Kasmera (esta grabado): “(…) Ahora con respecto, y en esto aquí hay que ser muy responsable, y los voy a decir, lo voy a decir, con respecto a los choferes que se dice, el hecho que ocurrió esta semana, es sencillamente porque habían unas personas y que estaban secuestradas y que estaban en Kasmera, habían unas personas que estuvieron seis o más de seis días en Kasmera que estaban secuestradas y CRUCES el comando (Comando Regional Unificado Contra Extorsión y el Secuestro) recupero unas personas ahí que tenían en manos de unos Wayuu. Señores, entonces nosotros tenemos que entender que al igual que los criollos hay gente pues que se comporta de una manera, bueno no puede decirse que son todos los Wayuu, que son todos los Yukpa, que tienen un comportamiento fuera de lo normal en la sociedad. Entonces si agarran a los ganaderos que estaban secuestrados en Kasmera, esta semana a lo mejor la prensa no lo saca ¡ve! Hoy tenemos una situación muy peligrosa, me entienden, muy peligrosa. Y es una situación donde hay que hacer una reflexión, desde aquí, desde la Universidad, porque la Universidad está trabajando en la zona, y son las áreas donde hay estudiantes de la Universidad. Entonces tenemos que tener, ver y analizar. Porque el hecho que se dio, que agarraron a esas personas, la garraron en flagrancia y se las llevaron. Eso ya está documentado completo. Entonces tenemos que ver las cosas porque de pronto en esas cosas. Porque uno de los problemas que pasa, en el caso de los Yukpa, es que hay una cantidad de problemas de orden público que enreda todo el proceso de demarcación (…)” 

Estas opiniones emitidas públicamente por el funcionario del Ministerio del Ambiente no son otra cosa que parte de la campaña de criminalización contra las comunidades Yukpa del sector Yaza por su conducta digna de decidir sin pedir permiso  en tiempos de revolución, la recuperación de sus tierras, es decir hacer cumplir la Ley autodemarcando sus tierras ancestrales invadidas por los hacendados durante la dictadura de Pérez Jiménez. Espacios estos donde hoy equivocadamente desde toda óptica el Estado pretende reconocer y dar prioridad a los derechos a los hacendados invasores a través de supuestos “derechos de terceros”, y  contra los derechos humanos de los Yukpa (que serían los derechos de primeros).  

Los hechos narrados por el técnico del Ministerio del Ambiente, ingeniero Rodríguez nunca sucedieron, es una infamia. Así lo atestiguan los moradores indígenas de las distintas comunidades del Yaza en una reunión realizada el sábado 8 de noviembre de 2008 en la comunidad Shiraji, antigua hacienda Brasil y durante  declaraciones emitidas en la fiscalía 20 en presencia de la propia Fiscal Superior Damelis Brazón, el Fiscal 40 Víctor Valbuena y el Fiscal Auxiliar Emiro Araque de la Fiscalía 20. Declaraciones al fin logradas.

Estas afirmaciones de Rodríguez no son más que el estire a la arruga colonial racial sembrada por los ganaderos/militares/INTI Maracaibo contra la nación Yukpa, que hoy carcome el Ministerio Público de Machiques y la Comisión que dirige Sergio Rodríguez, entre otras instituciones del estado burgués venezolano.   

Los secuestrados y torturados indígenas el martes 28 de octubre de 2008 son Lilia Pérez, de la etnia yukpa de la comunidad Shiraji y Deivis Morán, de la etnia Wayuu que vive en la comunidad Río Yaza (antigua hacienda Paja Chiquita), varios asistentes informan en la reunión del sábado 8 de noviembre que ellos consideran que dicho atropello fue un trabajo pagado por Tirzo Vargas presunto propietario de la hacienda Brasil y por esta razón fue interpelado por los familiares de las víctimas en su residencia en Machiques, después de negarse a atenderlos por teléfono.

La familia materna haciendo uso del derecho consuetudinario Wayuu le manifestó al señor Vargas la necesidad de acordar una justa indemnización por los daños ocasionado a su familiar.

El hacendado se niega la indemnización argumentando públicamente que Sergio Rodríguez le prohibió que llegase a acuerdo alguno porque de esa manera “los indios cogerían más fuerza”. Esta expresión racista es usada con mucha frecuencia al interior de la Comisión de Demarcación que coordina el técnico Rodríguez para no aceptarles a los representantes indígenas Yukpa y Barí los argumentos esgrimidos para sustentar sus propuestas de Auto-demarcación de sus territorios.

Los dirigentes Yukpa de estas comunidades, muy en especial la madre de Lidia Pérez, durante la reunión manifestaron un rechazo rotundo a estas acusaciones del ingeniero Rodríguez, y consideran que el funcionario del Ministerio del Ambiente no tiene porque inmiscuirse en asuntos propios de las culturas y leyes ancestrales indígenas, menos aún sumarse a la campaña ganadera de criminalización de sus luchas, así como involucrarlos sin prueba alguna en actividades de secuestro, ya que en esta frontera sometida al Plan Colombia significa muerte y represión.

La situación de las comunidades del Yaza es tensa, ahora ningún chirrinchero se atreve a llevar pasajeros para el Yaza, se corre la voz, cada día con mayor fuerza, que se está buscando la oportunidad y el tiempo prudente para ajusticiar a los Yukpas Sabino Romero Izarra, Olegario Romero, Amalia Pérez, Deisy González, Mary Fernández, Lucía Martínez, Carlos Romero Ramos y Orlando García.

Este rumor ha tomado fuerza dado el retrazo del pago de las bienhechurías de las haciendas rescatada por los indígenas del Yaza y río Negro, pago este prometido públicamente por el Presidente Chávez en el Aló Presidente del domingo 24 de agosto de 2008, más ahora cuando el Ejecutivo Nacional acaba de aprobar para las Sierra de Perijá y para las comunidades Yukpa 1.300 BF donde no se incluye dinero alguno para los pagos de las haciendas.  

Para evitar daños lamentables contra el pueblo o nación Yukpa, las ministras del ambiente e indígena y Juan Carlos Loyo director del INTI deberían gestionar el dinero necesario para pagar este año por lo menos las bienhechurías de las haciendas rescatadas por el pueblo yukpa, y de inmediato la Ministra Ortega debe sustituir al señor Rodríguez como su representante en la Comisión de Demarcación de Tierras Indígenas Yukpa y Barí, pues lo que ha hecho es avivar desde su torpe maldad la compleja situación de violencia que se vive en esta zona fronteriza con Colombia, y que se expresan además en las reuniones infructuosas realizadas con ganaderos, campesinos e indígenas por carecer de objetivos claros y al margen de los intereses de los sectores más débiles.

Esta comisión que coordina el ingeniero Rodríguez está cuestionada, no garantiza las tierras requeridas por y para los indígenas, sus propuestas son entocidas al pretender encerar en poligonales fragmentadas denominadas “tierras indígenas” a los indígenas con los ganaderos, parceleros wayuu y criollos venezolanos y extranjeros, refugiados y desplazados colombianos, y a las concesiones de carbón y fosfato de Corpozulia y de los capitales mineros imperiales.

Muchas de las reuniones realizadas sólo han servido para profundizar las diferencias marcadas entre indígenas e invasores parceleros o entre indígenas e invasores ganaderos. Esta comisión ya fue arrastrada por el aspirar de violencia incontrolable que vive Machiques, y en especial los moradores indígenas de la Sierra de Perijá.