Esta operación militar ocurrió en la carretera Machiques-Tukuko, a la altura de la entrada a las comunidades del Yaza, en la Cuesta del Padre; más de dos mil detonaciones de armas largas fueron realizadas por efectivos del Ejercito y la Guardia Nacional por orden del General Izquierdo Torres de la Primera División de Infantería, 12 Brigada de Caribes del Fuerte Macoa Machiques, quien desde el 12 de agosto de 2008 mantenía con cinco alcabalas mantenía un cerco militar en la zona desde la disyunción Toromo Tukuko a pocos metros de la Morena hasta la entrada de la hacienda Brasil, y otra por detrás en la comunidad Tukuko a la altura de la entrada del Yaza. 

Por orden del General Izquierdo Torres, no se permitía la entrada de la prensa ni comida y medicinas que los grupos sociales y ecologistas les llevaba dada la precaria situación de salud y hambre a que fue sometido desde el mes de marzo el pueblo Yukpa del Yaza a raíz de la ocupación de la hacienda Tizina, posteriormente las haciendas Kusare y Brasil. 

Los primeros conatos represivos ordenado por el General Izquierdo Torres se iniciaron el sábado 16 de agosto cuando se retuvo por espacio de cuatro horas a un grupo de periodistas de Vive TV, Ávila TV, RNV, y de medios comunitarios asociados a ANMCLA (Asociación Nacional de Medios Comunitarios Libres y Alternativos) que vinieron de la ciudad de Caracas a cubrir la noticia de la visita por vez primera a dichas comunidades de la señora ministra indígena Nicia Maldonado, del General de Brigada Jesús Gregorio González González, Comandante Estratégico Operacional (CEO) de la Fuerza Armada Nacional (FAN), del propio General Izquierdo Torres, del Lic. Sergio Rodríguez representante de la señora ministra Yubiris Ortega de Carrizalez en la Comisión Nacional de Demarcación de Tierras Indígenas. Tanto Maldonado como González González fueron a abogar en favor de los hacendados exigiéndoles a los Yukpa que desocuparan las haciendas a cambio del financiamiento de un proyecto turístico a ubicar en las montañas de donde bajaron. 

Ganaderos y sicarios mataron al anciano Yukpa José  Manuel Romero

La situación estaba tensa a raíz de la muerte del anciano José Manuel Romero (padre de Sabino Romero Izarra cacique de la comunidad Chaktapa asentada en las tierras recuperadas de la hacienda Tizina) en el Hospital General del Sur el 22 de julio, a raíz de una golpiza que el lunes 7 de julio de 2008 el supuesto propietario de la hacienda Kusare, Alejandro Chávez Vargas, acompañado por cinco de sus peones/sicarios le propiciaron al anciano de 109 años. Luego de los golpes, más de dos semanas el anciano Yukpa permaneció callado, lleno de rabia e indignación, no quiso ir a formular la denuncia a la Fiscalía de Machiques, pero al final el médico que le practicó la autopsia dijo que murió de parásitos (después de convivir con ellos 109 años, insólito). En el marco de la paralización del proceso de demarcación del hábitat y tierras indígenas desde julio de 2006, esta muerte aceleró la toma de las haciendas Kusare y posteriormente Brasil por parte de los Yukpa del Yaza. 

En la Fiscalía duerme los expedientes

El acoso al dirigente Yukpa Sabino y de su padre: el riesgo que corre su vida, la satanización por parte de la Ministra indígena Maldonado y del Vicemisnistro del ambiente Sergio Rodríguez y la muerte del anciano fue llevado a la Fiscalía 40 cuyo titular es el abogado Víctor Valbuena y los excesos y las violaciones a los derechos humanos por parte del Ejercito y Guardia Nacional a los indígenas y activistas del movimiento social  y ecologistas fueron denunciados de la Fiscalía 45 de los Derechos Fundamentales.   

No se cumplió por parte de la Guardia Nacional, Coronel Freites, ni del Ejército, General Izquierdo Torres, la acción de protección para el Cacique Sabino Romero producto de las amenazas de muerte que ha recibido ordenada la Fiscal Yomaira Montiel encargada del caso. Esta petición fue respaldada por el Fiscal Superior Dr. Einer Biell Morales. A la final la medida la realizó la DISIP quien llegó a ir unas dos veces a la comunidad. Tampoco se le ha entregado a Sabino Romero Izarra la copia del expediente solicitada varias veces al Fiscal Víctor Valbuena, argumentando hasta tanto el no demuestre que es hijo del anciano José Manuel Romero, pese a que Sabino ha presentado su Partida de Nacimiento, que intereses se esconde detrás de este “formalismo” jurídico.  

Mucho menos la Fiscalía 40 ha llamado a declarar al ingeniero Sergio Rodríguez quien acusa a los moradores de Kasmera de haber secuestrado a ganaderos y mantenerlo escondido en la comunidad donde fue recuperado por organismos de seguridad, tan grabe acusación fue emitida en público por el funcionario del Ministerio del Poder Popular para el Ambiente en un foro realizado el viernes 31 de octubre de 2008 en el auditorio Hugo Montenegro de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia. Esta denuncia la realizó la cacique Amalia Pérez de Kasmera y sus familiares en la fiscalía 20 en presencia de la propia Fiscal Superior Damelis Brazón, el Fiscal 40 Víctor Valbuena y el Fiscal Auxiliar Emiro Araque de la Fiscalía 20. La ley no es igual para todos, o se le está protegiendo por ser este señor ahora viceministro.    

Hace uno meses se le dio sobreseimiento en los tribunales de la Villa a los imputados Kelys Amundaray, Maryluz Coromoto Guillén Rodríguez, María de los Ángeles Peña Fonseca y Tomas Antonio Becerra Ramírez, quienes fueron detenidos acusados por la Guardia Nacional en la Fiscalía 20 de Machiques y detenidos horas después de los acontecimientos del 22 de agosto de 2008 en la Cuesta del Padre en el momento de trasladar y acompañar a la Medicatura del Fuerte Macoa a Tomas Antonio Becerra Ramírez quien había quedado inconsciente de la paliza que le propiciaron efectivos de la Guardia Nacional y del Ejercito. Una victoria asistida por el abogado Leonel Galindo y orientada por la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz y la Sociedad Homo et Natura. 

A raíz de estos acontecimientos ocurridos, el domingo 24 de agosto el Presidente Chávez en el Programa Aló Presidente el se pronunció a favor de la causa Yukpa, ordenó pagar las bienhechurías de las haciendas y a la Ministra Yubiri Ortega de Carrizalez a reactivar la demarcación de las tierras del pueblo Yukpa. Hasta la fecha nada de esto ha sido posible por culpa de los intereses que se mueven detrás de esta perniciosa burocracia que conforman los once ministerios que la conforman y los malinches de turno.